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Un tribunal redujo al mínimo la pena para el primer comisionado de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, por la entrega de miles de perfiles genéticos a un laboratorio privado en la administración de Enrique Peña Nieto. En tanto, la FGR intenta pulverizar la segunda investigación, de la que se desconoce qué rumbo tomará tras la salida de Karla Quintana.
Texto: Luis Brito, Wendy Selene Pérez y Paula Mónaco Felipe
Fotos: Miguel Tovar y María Ruíz / Archivo PdP
Hace un año, en un juicio histórico, el ex primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, fue declarado culpable por entregar 45 mil perfiles genéticos a una empresa privada. Pero el sigilo que intentaron imponer al caso sigue primando: ahora le redujeron la pena y poco informan las autoridades sobre el avance de una segunda carpeta de investigación. Novedades y claves para entender la situación actual de la investigación Traficantes de ADN.
La menor pena posible
Libre y doblemente libre está Roberto Cabrera Alfaro: con menos pena, menos multa y tal vez sin necesidad de seguir rindiendo cuentas gracias al beneficio de un tribunal.
Para entender mejor, hay que ir un poco atrás. El 30 de junio de 2022, en lo que representó el primer juicio en México por tráfico de ADN, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna lo declaró culpable de entregar por lo menos 45 mil perfiles genéticos de personas desaparecidas y sus familias al laboratorio privado Central ADN SA de CV. Una transferencia del 31 de mayo de 2017, en las oficinas de la extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS), cuando tenía el privilegiado cargo de coordinador de estrategias de seguridad pública.
La sentencia quedó en tres años de cárcel con posibilidad de sustituir la reclusión por trabajo comunitario, multa de 3 mil 019.40 pesos y 25 mil pesos para obtener libertad bajo caución.
Que no haya ido a la prisión indignó a organizaciones de derechos humanos y a una mayoría de familias de víctimas. Pero ahora se sabe que, tras una apelación de su defensa, un magistrado le achicó la condena a la pena mínima para su delito: en lugar de tres años, quedó en dos años de cárcel, una multa de 2 mil 264 pesos (menos de $140 dólares) y la oportunidad de pagar 55 mil 107 pesos ($3 mil 200 dólares) como sustituto de la pena. Y esta vez sin necesidad de hacer trabajos comunitarios.
El fallo que modifica la condena es de noviembre de 2022, de acuerdo con la versión pública obtenida por este equipo de periodistas por Ley de Transparencia. El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, en la Ciudad de México, confirmó la plena responsabilidad del ex comisionado en el delito de ejercicio ilícito del servicio público por la entrega de datos sensibles bajo su resguardo, pero alegó una “violación a los derechos fundamentales del sentenciado en el apartado de la individualización de la pena”.
“Se está incrementando una pena en virtud de circunstancias propias de la persona y no así de las circunstancias que rodearon el acto por el cual se ejerció acción penal contra el sentenciado”, afirmó el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del tribunal.
Según el tribunal, el juez Delgadillo Padierna estableció el grado de culpabilidad de Cabrera Alfaro tomando en cuenta “cuestiones personales”, como sus estudios en Derecho y sus cargos públicos, aunque esas eran circunstancias que no aludían al hecho por el que era sentenciado. Y desestimó que el ex servidor público enfrentara otra investigación por una segunda entrega masiva de perfiles de ADN, cuando ya era titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En la sentencia original, Delgadillo Padierna había determinado que Cabrera Alfaro afectó la seguridad nacional, transgredió los derechos de familias de desaparecidos y con el tráfico de perfiles “se mercantilizó el sufrimiento”. Todo esto el tribunal lo hizo a un lado.
Además, el juez instruyó una disculpa pública por parte del Estado mexicano que todavía no se ha hecho. Solicitamos detalles al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y no respondió.
Una investigación que la FGR ha querido atomizar
A más de un año de la condena contra Cabrera Alfaro, el total esclarecimiento de la trama por el tráfico de ADN de personas desaparecidas está en manos de la FGR, que ha continuado investigaciones contra otros participantes empujada por la propia Comisión Nacional de Búsqueda y por las órdenes del juez Delgadillo Padierna.
La pesquisa original empezó a partir de una denuncia presentada hace cuatro años por Karla Quintana en nombre de la comisión de búsqueda. La oficina anticorrupción de la fiscalía tomó el caso y lo dividió en dos para investigarlos por separado. Uno por la entrega de datos en 2017, que es la causa ya juzgada; y otro por una transferencia masiva en 2018, cuando Cabrera Alfaro era titular de la CNB.
Esta última carpeta de investigación inició desde 2021 y, en teoría, la FGR también investiga desde el año pasado el uso indebido de datos personales y la supuesta destrucción del USB con la base de datos que contenía los miles de perfiles genéticos en poder de la empresa, también conocida como ADN México.
La FGR trató de atomizarla para investigarla como hechos aislados, sin indagar la complicidad de otros funcionarios, incluidos sus empleados.
La tarde del 30 de marzo de 2023, Quintana representó a la comisión ante el juez Felipe Delgadillo Padierna para impugnar la intención de la fiscalía de “desglosar” los hechos.
Un video obtenido por transparencia muestra a Quintana en la sala uno del Centro de Justicia Federal, en el Reclusorio Sur de la capital, asumiendo la defensa ante las fiscales de la FGR. Quintana expuso al juez que una fragmentación no permitiría observar el “entramado de una posible macrocriminalidad” en torno de la información genética valiosa para identificar a personas desaparecidas.
La ex comisionada argumentó: “Esto ha sido además un hecho público, por una investigación periodística, que los hechos trascienden mucho más allá de un ex funcionario público”. Y añade: “Desde la perspectiva de la comisión nacional hay posible vinculación o vinculación directa de una empresa específica, ADN México, del personal que trabajaba en esta empresa en su momento, así como, y esto lo quiero subrayar, así como de funcionarios públicos que pudieran seguir ejerciendo labores en la propia Fiscalía General de la República”.
Durante 53 minutos, Delgadillo Padierna escuchó a Quintana y a un abogado de su equipo en la CNB relatar una serie de planteamientos y solicitudes hacia la FGR:
Que han presentado ante la fiscalía a siete familiares de desaparecidos y una persona más como testigos. Que solicitaron sin éxito que la FGR citara a comparecer a una ex empleada de Central ADN para que abundara sobre perfiles genéticos obtenidos por la empresa, datos que incluían números de carpetas de investigación de los familiares. Que le pidieron indagar si funcionarios o ex empleados de la FGR tienen antecedentes de relación con el laboratorio privado, pero la fiscalía les respondió que su solicitud es ambigua.
En silencio durante 64 minutos, Delgadillo Padierna analizó los alegatos.
Al final, encontró fundados todos los reclamos de la comisión y ordenó “acumular” en un solo expediente los hechos y no en distintas carpetas como pretendía la fiscalía.
El juez instruyó que la investigación esclarezca la sustracción de los perfiles genéticos, su utilización con fines comerciales y su posterior destrucción. “Visualizarlo como acciones aisladas unas de otras cometidas como autoría material invisibiliza la participación de la estructura gubernamental en acuerdo con particulares”, dijo el juez.
Actualmente la fiscalía está agotando líneas de investigación sin que todavía haya presentado acusaciones ante un juez, según una fuente consultada con conocimiento del caso.
Durante el juicio oral en 2022, directivos de Central ADN testificaron que Cabrera Alfaro entregó la información en una memoria USB sin un contrato y a pesar de que la empresa carecía de facultades para manejar información reservada y confidencial. Diego Ulibarri, Lilián Heredia y Mariana García Sosa dieron detalles de encuentros, diálogos y pláticas con el Estado, situaciones que no se agotan en lo ocurrido el 31 de mayo de 2017. Quedan pendientes otros asuntos por investigar de los años 2016, 2017 y 2018.
Testimonios y documentos incorporados en el juicio, partes del reportaje periodístico “Traficantes de ADN”, muestran que la empresa Central ADN también tuvo en 2016 convenio con el Laboratorio de Biología Molecular de la entonces PGR (firmado por Martha Acela Valdez González), y que ingresó computadoras a ese edificio donde corrió sus bases de datos con información de CODIS.
Central ADN utilizó los perfiles genéticos para engañar a familiares asegurándoles que podían identificar a sus parientes desaparecidos y recopiló una base de datos privada con esa información sensible. Durante el juicio, el padre de una joven desaparecida en Coahuila relató que la empresaria Mariana García Sosa pagó a su colectivo viajes de vacaciones a Morelia y Mazatlán porque buscaban su apoyo para conseguir contratos con el gobierno local.
Incertidumbre tras la salida de Quintana
La renuncia de Quintana el pasado 23 de agosto, tras más de cuatro años en el puesto, supone la salida de un personaje clave en la persecución y castigo del tráfico de ADN.
Quintana relató en el juicio oral que cuando llegó a la Comisión Nacional de Búsqueda como titular, la buscó Mariana García Sosa, directora comercial del laboratorio. Le dijo que quería “seguir trabajando” con ella como lo había hecho antes con Cabrera Alfaro y que tenía una base de datos única de perfiles genéticos de personas desaparecidas.
Doctora en Derecho y ex directora de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desconfió.
Pidió a su equipo buscar en los archivos de la comisión los documentos que respaldaran la supuesta relación, pero solo encontraron una propuesta económica enviada por Central ADN a Cabrera Alfaro por 70 millones de pesos para procesar información genética. La base de datos traficada no estaba, desapareció.
Para el primer juicio llevado en junio de 2022, la CNB contrató al abogado Javier Schütte como asesor externo. La intervención del despacho resultó decisiva en lo que a pruebas y alegatos respecta. Detalles al respecto pueden encontrarse en las crónicas del juicio, una cobertura que en esos días publicó Pie de Página.
Durante esas audiencias, Quintana fue la primera testigo en la sala de juicios orales ante Delgadillo Padierna. “Me motiva el estar aquí, el que éste mal uso de esta información genera también falsas expectativas en las familias y que no podemos estar revictimizando”, dijo la ex comisionada frente a Cabrera Alfaro.
La defensa intentó sin éxito que se descartara su testimonio, al contrario, éste sirvió para la sentencia y para que posteriormente el tribunal de alzada confirmara que el ex funcionario era penalmente responsable (aunque le haya reducido la pena).
“Si bien la testigo no estuvo en el momento exacto en que se cometió el delito, también lo es que a ésta le constan las circunstancias ocurridas con posterioridad, que robustecen la teoría del caso de la representación social”, señaló el tribunal de apelación.
Todavía está por verse qué pasará. ¿La FGR investigará a otros funcionarios o ex funcionarios?, ¿abrirá las pesquisas a todos los socios de Central ADN?, ¿tomará en cuenta a las familias de víctimas? La Secretaría de Gobernación, de la que depende la CNB, tiene un área jurídica, pero no ha representado a su propia comisión de búsqueda.
Lo que ocurra en este caso —y otras deudas como el Banco de Datos Forenses— tendría que marcar precedentes para la catástrofe que atraviesa México con más de 111 mil personas desaparecidas al día de hoy y morgues sin espacio para más cuerpos.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de de Página, se reproduce en virtud de la #AlianzaDeMedios de la forma parte ZonaDocs:
