Medios Aliados
Por Patricia Ramírez/Causa Natura Media
En la mina de carbón Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, los transformadores dejaron de funcionar desde horas antes. Los días previos hubo quejas de los mineros por una acumulación de gases que no se atendió. Aún así terminaron su turno cerca de la madrugada y se cruzaron con sus compañeros que entraban a la siguiente jornada. Fueron 65 de ellos quienes no volvieron a salir.
Tras 17 años de aquella explosión la madrugada del 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, perteneciente a Grupo México, el rescate de los restos no se ha concretado. Y a menos de un año de terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue con retrasos, de acuerdo con la información reportada por familiares.
Un plan que incluye medidas de reparación como la renovación de deportivos o construcción de un parque de béisbol en vez de las medidas solicitadas por las familias como la renovación de equipo y abastecimiento de medicamentos en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 24 de Nueva Rosita correspondiente al municipio.
Al desastre de 2006 le ha seguido el derrumbe en la mina Lulú en Múzquiz, municipio de Escobedo, que dejó dos muertos en 2009 en la misma región; la explosión en el Pozo 3 de BINSA en Sabinas, donde fallecieron 14 mineros en 2011; la muerte de 10 mineros sepultados en el pozo de carbón de El Pinabete, también localizado en Sabinas, el 3 de agosto del 2022; y el accidente en una transportadora en la mina El Mezquite, localizada en el mismo municipio, que dejó la muerte de dos obreros en pasado julio.
Asimismo, la organización Familia Pasta de Conchos ha reportado a lo largo de estos años desde inundaciones hasta explosiones en las minas de la llamada región carbonífera que comprende los municipios de Juárez, Melchor Múzquiz, Progreso, Sabinas y San Juan de Sabinas, al norte de México.
Un plan sin avances
Omar Ballesteros es hijo de padre, abuelo y bisabuelo mineros. Desde que era niño escuchaba que en su pueblo Barroterán, ubicado en la región carbonífera de Coahuila, dedicarse a la minería era motivo de orgullo. Un trabajo por el que se podía dar la vida.
“Siempre habían accidentes o muertes de mineros. Veía como mis amigos se quedan sin un primo, sin un papá, sin un familiar y eso era normal. Nos hacían creer que las muertes eran algo que tenía que pasar porque es natural que las minas exploten. Nunca se nos explicó que en realidad se necesitaban medidas de seguridad”, recuerda.
Omar creció con historias de desastres mineros. Desde antecedentes como las minas de Guadalupe que explotaron el 31 de marzo de 1969 y acabaron con la vida de 153 trabajadores hasta el desastre de Pasta de Conchos. La realidad lo motivó a unirse a la organización de familias que buscan justicia por sus fallecidos.
“Ha cambiado un poco la perspectiva de los habitantes. Antes la organización hablaba de clausurar alguna mina por las pésimas condiciones de trabajo y los pobladores contestaban que no, que cómo se atrevían a querer cerrar su fuente de empleo. Ahora esos mismos habitantes empiezan a exigir que se castigue a los responsables, que se resuelva lo que pasa en las minas. Sí hemos tenido un cambio de mentalidad”, cuenta Omar Ballesteros.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos había tenido reportes de fallas en la seguridad desde el año 2000. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se encontraron 43 violaciones a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas, varias de extrema urgencia, que fueron omitidas por las autoridades.
Tras la explosión de la madrugada del 19 de febrero del 2006, Grupo México comenzó las labores de rescate en Pasta de Conchos logrando sólo recuperar los cuerpos de Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo. Casi un año después, el 4 de abril de 2007, la empresa decidió que se suspendían sus trabajos con el argumento de que los rescatistas estaban en riesgo.
También dijo que los mineros habían muerto calcinados, aunque la autopsia de los dos rescatados señaló que la causa fue asfixia. Sobre los responsables hasta la fecha no hay alguna sanción o detención. En 2012, con el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no se dio continuidad, la entonces Procuraduría Federal de la República (PGR) cerró la investigación a favor de la versión dada por Grupo México.
Las familias llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010. Y fue hasta 2018, con el informe de admisibilidad No.12/18 Petición 178-10, que se señaló que no se han determinado las causas de la explosión, la recuperación de los cuerpos ni la presunta responsabilidad de servidores públicos. Un proceso que debería ser promovido por el Estado.
Por lo que en 2019, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que se apegaría a los establecido de manera internacional. Y fue con esto que en 2020 surgió el Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos que consiste en la indemnización para los deudos, entrega de viviendas, medidas de mejoramiento urbano, construcción de un memorial y, principalmente, el rescate de los restos de los mineros fallecidos.
Parques de béisbol como remediación
El rescate en esta ocasión está liderado por la CFE, comenzó en 2021 con el objetivo de llegar al punto donde se podrían encontrar los fallecidos para el primer cuatrimestre de 2024.
En estas labores ya no participa Grupo México. El último comunicado de la empresa fue en 2020 mediante el que indicó que se entregaría el título de concesión de la mina Pasta de Conchos y sus instalaciones. Esto como una respuesta a la solicitud del presidente López Obrador para que las instituciones federales pudieran disponer del sitio y reanudar los trabajos de rescate.
“Para nosotros fue muy desconcertante que el presidente decidiera que CFE estuviera a cargo del rescate en Pasta de Conchos. Y nuestra oposición es porque (CFE) no tiene minas de carbón ni experiencia en rescate minero y prueba de eso es que el trabajo es un desastre”, dice Cristina Auerbach, presidenta de la organización Familia Pasta de Conchos.
En mayo pasado, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que se había reiniciado la excavación en las rampas de acceso y ventilación a cargo de la empresa Obras Mineras y Tiros del Centro S.A. de C.V, bajo la supervisión de la CFE. Las obras se habían frenado debido a problemas con trabajadores de la empresa anterior en la que se difundió en medios problemas con faltas de pagos y medidas de seguridad.
Hasta ahora, las obras apenas van en una cuarta parte. La rampa de acceso tiene un avance de 22% y la rampa de ventilación de 23%, lo que para familiares de Pasta de Conchos es un panorama decepcionante. A esto se suman omisiones a exigencias como el acceso a justicia, el castigo a responsables y medidas de no repetición.
“Sigue implícito que se posponga el derecho a la verdad. Las familias siguen sin saber cómo murieron y qué fue lo que pasó realmente porque el rescate no avanza. Incluso en el documento que se hizo sobre la reparación del daño no viene el tema de la justicia, no se ha llamado a cuentas a la empresa y resulta muy desconcertante que el Estado asumió toda la responsabilidad”, señala Cristina Auerbach.
Sobre otras medidas del Plan Integral de Reparación y Justicia en Pasta de Conchos como la indemnización el gobierno ha reportado tres obras en los municipios de Múzquiz y San Juan Sabinas. La primera es la renovación y ampliación del Polideportivo Palaú y la construcción de un campo de béisbol infantil; la renovación de la Plaza Central de Nueva Rosita; y la renovación de un módulo deportivo en la localidad.
“Las familias pedían que ese dinero se invirtiera en la clínica del IMSS que corresponde a esta región porque no hay neumólogos, no hay incubadoras y como todas las clínicas del Seguro Social tienen un déficit de medicamentos. Y no, decidieron hacer parques de béisbol, incluso hay un parque que están haciendo en un pueblo (Palaú) donde no hay familias afectadas”, explica Cristina Auerbach.
A esto se suma que la construcción del Memorial para víctimas pretendía realizarse sin haber terminado el rescate. Por lo que familiares se opusieron a continuar estas obras.
Familiares de Pasta de Conchos durante visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2020. Foto: Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro.com
Reparar los daños
Los desastres en la región carbonífera de Coahuila no sólo han impactado la forma de pensar de sus pobladores. También cada vez son menos los jóvenes que van a las minas a trabajar, como es el caso de Omar Ballesteros.
“Durante mucho tiempo se presumía que ser minero es lo máximo porque ahí no entra cualquiera. Había cierto machismo en los carboneros y se entiende porque así es como fuimos educados mediante la narrativa de los empresarios sobre el orgullo minero. En mi caso no quería (dedicarme a esto), pero también sabía que aquí no había otras fuentes de empleo”, cuenta Omar.
Por lo que decidió emplearse en la segunda opción de trabajo en la región: las maquiladoras. Recuerda que en su momento, sus compañeros de escuela le decían que no querían ir a las maquiladoras porque eran para mujeres y que a las minas se va a demostrar valentía. Pero a pesar de los comentarios, el joven decidió emplearse durante tres años para reunir el dinero suficiente que le permitiría viajar a la Ciudad de México para tomar unos cursos de cine.
“No es sencillo. Te estoy hablando de que me salí de las maquiladoras en el 2018, luego me fui a la Ciudad de México, regresé otra vez a las maquiladoras, luego volví. Entonces ir y venir, ir y venir, es muy feo desapegarme de la tierra, desapegarme de mi familia para poder ir a buscar otros horizontes porque lo único que hay aquí es muerte y explotación laboral”, dice Omar Ballesteros, que actualmente estudia Comunicación gracias a una beca que consiguió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Sin embargo, la organización Familia Pasta de Conchos, a la que sigue perteneciendo Omar, ha podido documentar cómo las condiciones laborales para los mineros aún son inseguras. Dentro de la lista de casos que se han visto se encuentra la contratación por outsourcing, la falta de seguridad social, las nulas salidas de emergencia dentro de las minas o de servicios básicos como el acceso a agua potable.
“Muchas veces ni siquiera tienen uniformes especializados, es decir, pareciera que el ser minero implica nada más tener casco, botas y una lámpara que medio funciona para que puedas trabajar”, señaló Omar Ballesteros.
Por otro lado, también se encuentran los impactos al medio ambiente. De acuerdo con el estudio Perspectivas de la industria del carbón en Coahuila de WWF México, el uso de carbón para generar electricidad tiene impactos en la formación de lluvia ácida, en la toxicidad de sistemas acuáticos y en la calidad del aire que afecta la salud humana, principalmente, los sistemas respiratorio y cardiovascular.
El Observatorio de la Laguna ha documentado que en Coahuila la principal enfermedad que afecta a la población es por infección en las vías respiratorias.
“No hay ninguna voluntad por parte de los empresarios para que las cosas cambien ni voluntad política por parte del Estado para que las cosas se hagan de forma que los mineros no tengan que dejar su vida ahí. Porque están los que mueren, pero también están todos los mutilados, todos los enfermos, que andan en los pueblos con sillas de ruedas, con tanques de oxígeno, como almas en pena con pensiones de mil pesos al mes”, señaló Cristina Auerbach, presidenta de la organización Familia Pasta de Conchos.
A esto, Omar suma que para que realmente exista una transición que permita mejorar las condiciones de la región carbonífera, cuya principal fuente de ingresos aún son las minas y pozos. Sostiene que debe existir un acompañamiento por parte de todas las autoridades y organizaciones pertinentes.
“Nosotros juzgamos que la minería es mala porque ha dejado muerte y contaminación, pero no vemos que también es una fuente de empleos que si se cierra, no hay nadie que acompañe a sus pobladores. Todos los candidatos políticos dicen que van a diversificar la economía, pero eso no se ha visto en el transcurso de ninguna administración”, concluye Omar.
***
Este artículo fue originalmente publicado en Causa Natura Media.
