Encubrimientos, dilación de la justicia, fallas en la investigación y malas praxis fueron reveladas en el sexto y último informe sobre el Caso Ayotzinapa que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), todas estas fallas son las responsables de que no se sepa nada de los 43 normalistas que continúan desaparecidos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotos: GIEI
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó, este 25 de julio, su sexto y último informe sobre el Caso Ayotzinapa, en él reveló nuevos detalles que apuntan a la implicación de las fuerzas armadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014.
Al iniciar la presentación, Carlos Beristain, integrante del GIEI, mencionó que una madre de uno de los estudiantes desaparecidos les pidió que no se quedaran con nada de información y que revelaran todo lo investigado, lo que incluye los obstáculos encontrados en la búsqueda de la verdad.
Beristain detalló que este sexto informe pone de manifiesto el nivel de implicación y responsabilidad de diversas corporaciones estatales y federales en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Según el informe, se descubrió que tanto la Policía Estatal de Guerrero como la Policía Federal estuvieron presentes en el escenario del Palacio de Justicia durante los acontecimientos. Además, se precisa que la Policía Estatal también estuvo presente en la calle Juan N. Álvarez, donde se llevó a cabo otra parte crucial de la desaparición.
Por otro lado, la Policía Ministerial, sobre la que se ha realizado una investigación insuficiente hasta el momento, recorrió todas las escenas del crimen esa noche, persiguiendo a los sobrevivientes del quinto autobús a quienes, incluso, les disparó tratando de detenerlos.
En relación con los ataques contra los estudiantes, el informe detalla cómo miembros de la policía de Iguala y la policía de Huitzuco, en colaboración con el grupo “Guerreros Unidos”, participaron en el ataque a los estudiantes, dejando un saldo trágico de muertos y heridos. Uno de los testigos identificó también a miembros de la Policía Ministerial en este segundo ataque.
El informe también destaca la presencia de agentes del Ejército Mexicano, inteligencia de la Sedena y otros militares, así como un agente del CISEN, en la zona donde ocurrieron los hechos: “Este hecho había sido previamente ocultado y negado, lo que ha generado un vacío significativo de información sobre lo ocurrido aquella noche”, resaltó Carlos Beristain.
Otra contradicción que encontró el GIEI fue en los documentos de la Sedena sobre la aparición del cuerpo torturado de Julio César Mondragón, estudiante normalista, pues mientras que un documento de la Zona Militar 35 de Chilpancingo menciona el poblado de Mexcaltepec como el lugar de aparición del cuerpo, otra versión proporcionada por el 41 batallón indica la zona del Andariego en Iguala como el lugar del hallazgo. Esta discrepancia en los informes genera dudas sobre la veracidad de la versión oficial.
Por su parte, la abogada Ángela Buitrago presentó evidencia sobre la relación de comunicación permanente entre el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C4) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sobre ello, Ángela Buitrago destacó que estas comunicaciones bidireccionales entre C4 y Sedena se basaban en un flujo constante de llamadas que conectaban a ambas entidades. En el C4, dos miembros de Sedena estaban asignados a las dos secciones, una encargada de recibir las llamadas y la otra de manipular y controlar las cámaras de vigilancia en la zona de Iguala.
La abogada señaló que estas llamadas desempeñaron un papel crucial en el encubrimiento de lo sucedido, ya que las cámaras fueron direccionadas intencionalmente para evitar capturar el paso de las camionetas con los estudiantes. Esto puso en evidencia la existencia de comunicación directa entre el C4 y el Centro de Investigación y Operaciones (CIO), una dependencia del Batallón 27 que opera como un sistema de información e inteligencia conectado permanentemente, recibiendo un flujo constante de llamadas desde la comunidad de Iguala.
“Estas llamadas nos permiten afirmar categóricamente que hubo una comunicación activa entre el C4 y el CIO, con reportes detallados al segundo de los acontecimientos en Iguala, incluyendo alarmas por disparos, detenciones y violencia”, expresó Buitrago durante la conferencia.
Los registros del C4, que comprenden un total de 3 mil 900 registros, son particularmente relevantes, ya que 2 mil 890 de ellos corresponden a los días 26 y 27 de septiembre, fechas clave en las que se produjeron los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes. Estos registros detallan la llegada de los estudiantes, la toma de autobuses, los disparos y las lamentables pérdidas de vidas.
Asimismo, la abogada resaltó que la Sedena reportaba esta información no sólo a sus superiores, sino también a órganos de búsqueda e inteligencia alternos que operaban en las zonas donde ocurrieron las desapariciones.
“En estas comunicaciones, quedó evidenciada la coordinación entre la Sedena, el CIO y el Secretario de Seguridad Pública, lo que sugiere que estaban en constante conocimiento de la situación”, añadió Buitrago.
El análisis de nodos, un enfoque para correlacionar información a través de comunicaciones arrojó datos cruciales sobre el Batallón de Infantería 27.
Según el informe, durante el período en cuestión, este batallón mantuvo comunicaciones con múltiples entidades, entre ellas, la Comandancia de Iguala, la Policía Ministerial de Iguala, la Comandancia de Cocula, la Policía Municipal de Iguala, el Ayuntamiento de Iguala, la Novena Región Militar y la 35ª Zona Militar.
La intensidad de estas comunicaciones sugiere una clara alerta y alarma, indicando una comunicación permanente entre dichas entidades.
De acuerdo con Buitrago, también se encontraron comunicaciones con personas no identificadas, algunas relacionadas con radios taxis o taxis durante los acontecimientos. Aunque sus nombres no fueron publicados en el informe debido a la naturaleza de la investigación, por lo que el GIEI instó a la Fiscalía General de la República a identificar a estas personas para esclarecer los hechos.
Carlos Beristain presentó información sobre la participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante la Noche de Iguala, estas declaraciones se basan en el testimonio de un testigo protegido, información que ha sido verificada y contrastada por el GIEI.
Lo que confirma la participación del CISEN, instancia sobre la que se pretendió ocultar su involucramiento en detenciones y procesos de interrogatorios, lo que arroja serias sospechas sobre posibles violaciones de derechos humanos y falta de transparencia en sus acciones.
Beristain, además, detalló que la información del agente ha sido entregada a la Fiscalía para su debida investigación.
Ángela Buitrago, resaltó la gravedad del impacto que han sufrido los familiares debido a la falta de verdad, justicia y asistencia humanitaria en estos años. Enfatizó que la reparación integral no puede ser un sustituto de la verdad y la justicia, sino una forma de reconocimiento de la responsabilidad y dignidad de las víctimas.
Asimismo, precisó la importancia de evitar la revictimización y la estigmatización, y subrayó que la atención adecuada en salud es un derecho y responsabilidad del Estado, no un favor o beneficio secundario.
Buitrago también hizo un llamado a seguir ajustando criterios y recomendaciones con las autoridades correspondientes para garantizar la reparación integral y la no dependencia de directrices políticas cambiantes, sino de un compromiso independiente.
Por su parte, Carlos Beristain destacó la persistente insistencia en negar la verdad, lo cual ha impedido avanzar en el caso:
“El informe presentado ha llegado al límite de lo investigable como asistencia técnica, y si no hay cambios, el trabajo del GIEI no podrá continuar.”
El GIEI también expresó su preocupación por la institucionalización de la mentira como respuesta, lo cual consideran inaceptable. Además, destacaron la importancia de proteger a los fiscales que han trabajado en el caso, ya que se enfrentan a amenazas y amedrentamientos en un sistema opaco y complejo.
El GIEI concluyó sus declaraciones con la esperanza de que se logre avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de la desaparición de Ayotzinapa, pero también con la advertencia de que, sin cambios significativos, la lucha por la verdad podría verse comprometida.
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Este este enlace puede consultarse de manera íntegra el sexto Informe:
https://drive.google.com/file/d/1_mRYLO9soOW5RoV8dLP2y1CkjlP8PIH1/view
