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Derivado de una reforma, las fuerzas armadas ahora administrarán empresas y aeropuertos nacionales. Pero ¿es esta realmente su función? ¿están preparadas para esto? El investigador Jorge Luis Sierra nos habla al respecto
Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página
Fotos: Duilio Rodríguez
Entre el paquete legislativo que el Senado aprobó El pasado 29 de abril hay una reforma a la ley de aviación y de regulación del espacio aéreo que da atribuciones a las Fuerzas Armadas para administrar una aerolínea y controlar el espacio aéreo.
Esto no es nuevo. Durante la administración del presidente López Obrador se han impulsado una serie de cambios al interior de las Fuerzas Armadas. Su objetivo, dicen las autoridades, es desvincularlas de tareas de seguridad pública enfocándolas a planes de riesgo y la construcción de megaproyectos. Y, al menos desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía ya bajo su control 5 empresas para estatales que, entre otras cosas, asumieron la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Jorge Luis Sierra, periodista e investigador especializado en el estudio de los ejércitos, evalúa en entrevista estas nuevas funciones que están asumiendo las fuerzas armadas. De entrada, dice, estas tareas de administración de empresas públicas no son para las que está diseñado el ejército ni la marina.
“Yo lo veo con preocupación. Son tareas asignadas a las fuerzas armadas que van más allá de los planes de defensa que, obviamente, tienen la Secretaria de la Defensa Nacional y la Armada de México”, explica.
Normalmente las fuerzas armadas son una institución que sirven, principalmente, para defender a la nación de cualquier ataque a la seguridad de nacional. Colocar a las fuerzas armadas en tareas que son propiamente del ámbito civil es poner en riesgo a la propia institución. Le están asignado tareas que no son parte de sus misiones fundamentales”.
Los riesgos de la corrupción
Para el investigador, esta política que sigue la actual administración federal está convirtiendo a las fuerzas armadas en empresas paraestatales de administración de servicios públicos. El problema, enfatiza, está en que los cambios no van acompañados de una reforma de fondo.
Como son una empresa del propio Estado mexicano, utilizan recursos del Estado mexicano. Se vuelve una entidad sujeta a la transparencia, y a todo lo que está sujeto el uso dinero de recursos públicos. Ahora tendrían que transparentarse los contratos que hagan, y, por ende, las fuerzas armadas tendrían que abrir cualquier actividad al escrutinio público. Eso contrasta con la secrecía militar para la protección de la seguridad nacional. Es un riesgo de que estas operaciones no fueran sujetas a las leyes de transparencia, y se mantengan en una opacidad”.
Esto, advierte Sierra, expondría a los militares a ser sujetos de corrupción. Algo contradictorio para la actual administración, que ha encabezado una lucha en contra de la corrupción en todas las instancias del servicio público.
Actualmente, ninguna instancia civil o gubernamental está facultada para exigir rendición de cuentas a las fuerzas armadas. Sus empresas, por ende, no escaparían a este velo de secrecía.
“En todo caso, la creación de estas empresas va a obligar a las fuerzas armadas a abrir sus entrañas para que la gente pueda fiscalizar cómo se está administrando el dinero público”, advierte Jorge Luis.
Sin embargo, al ser empresas paraestatales con financiamiento público, desprendidos del presupuesto gubernamental, las empresas de los militares tendrían que rendir cuentas al poder legislativo. Pero esto no está establecido en ninguna de las legislaciones aprobadas.
¿Más dinero a los militares?
De acuerdo con datos recuperados por Jorge Luis Sierra, el presupuesto para las fuerzas armadas no ha crecido fundamentalmente en los últimos años, sino que se ha mantenido. Es decir, ha habido un crecimiento nominal, pero no en términos reales cuando se toman en cuenta las necesidades de renovación de equipamiento, armamento y movilización.
“El hecho de que se usen recursos de las fuerzas armadas para otros fines, es al mismo tiempo un descuido de la presupuestación para otros fines que sí son de las fuerzas armadas; como pueden ser el equipamiento, la movilización, la protección de las áreas estratégicas del país”.
En realidad, enfatiza el investigador, crear estas empresas a cargo de las fuerzas armadas son una medida política que, no necesariamente, inyectará mayor presupuesto a los militares.
También, dice, hay un problema de diseño.
“No dudo que las fuerzas armadas tengan capacidad para administrar empresas, pues las fuerzas armadas están capacitadas en administración. Lo que pasa es que las fuerzas armadas están especializadas en administración militar. Para administrar una empresa, como tal, que no sea militar, ahí si ya no sé qué tanta capacidad tengan. Yo no he visto en los programas de estudio que tengan una especialización en otro tipo de administración que no sea la militar. Entonces no es lo mismo. Las personas especializadas en administrar una empresa no necesariamente tienen la capacidad para administrar a un ejército, para entender la capacidad de defensa, la construcción de fuerza. Eso no se tiene en una empresa privada. En cambio, una entidad militar tiene que saber necesariamente del diseño de la fuerza. Eso no ocurre, no está ocurriendo así”.
Esto, añade,, “es una debilidad en términos de política pública”; pues también pone a descubierto una deficiencia en el ámbito civil para soportar la construcción y administración de los megaproyectos a cargo de las fuerzas armadas.
“Prácticamente es una medida que viene desde el ámbito político, y que viene también del ámbito civil, para cumplir con una demanda de administración que no puede ser cubierta por el personal civil, y que se usa al personal militar para esa deficiencia civil. Entonces ahí es cuando ocurre una debilidad en términos de la política pública”.
Reforma militar: alcances, pendientes y retos
Durante los últimos sexenios, particularmente desde la guerra contra el narcotráfico inaugurada por Felipe Calderón, las fuerzas armadas ocuparon un papel central en las estrategias de seguridad pública en el país.
Esto, como lo demuestra el paso del tiempo, se tradujo en una creciente espiral de violencia que incrementó exponencialmente la tasa de homicidios. También multiplicó los casos graves de violaciones a derechos humanos, y aumento las cifras de personas desaparecidas y víctimas de desaparición forzada.
La estrategia de la nueva administración del presidente López Obrador, traducida en su frase “abrazos, no balazos”, propuso un reordenamiento del funcionamiento militar. Su misión era sacar a los militares de la confrontación directa a los grupos criminales. Su objetivo era llevar a las fuerzas armadas a una estrategia de desarrollo nacional.
La nueva figura que asumiría las tareas de seguridad pública era la Guardia Nacional, una fuerza civil intermedia entre la policía común y las fuerzas armadas.
Esta idea no era nueva, y sus intentos vienen desde sexenios anteriores. Sin embargo, nunca se había consolidado del todo debido a la corrupción de estas policías y sus desvíos.
La idea ideológica del presidente López Obrador era utilizar a las fuerzas armadas alejadas de esa misión que los estaba haciendo violar derechos humanos, y que los estaba confrontando con la misma población, ocasionando fricciones con una parte de la sociedad, sin lograr los objetivos de reducir la criminalidad organizada. Entonces, el objetivo era llevarlos a un campo de desarrollo y dejar a la Guardia Nacional encargada de esa confrontación. Esa era, a grandes rasgos, la estrategia o política militar de esta administración. Lo cual, teóricamente, no estaba mal”.
Sin embargo, aunque la transformación de las fuerzas armadas sigue siendo un pilar de las nuevas políticas públicas en el sexenio de López Obrador, lo cierto es que aún estamos muy lejos de una reforma militar. Una que realmente modifique estas estructuras.
“El problema es que ha habido una presencia de prerrogativas militares que siguen existiendo a pesar de que el país está cambiando. Las fuerzas armadas siguen conservando todavía esas prerrogativas que existen antes de la transición. Estas son, por ejemplo: que las fuerzas armadas siguen teniendo una autonomía relativa en la definición de las políticas militares. Siguen teniendo una autonomía relativa en la definición de su mando. Su mando es castrense, y no tiene un mando civil intermedio entre el presidente y las fuerzas armadas. O sea, no hay un mando, un ministro de la defensa civil intermedio, que pueda, de alguna manera, formular las políticas públicas relacionadas con la entidad militar. Un mando que pueda ejercer un puente de entendimiento”.
Este hecho, particular en el caso mexicano, hace que las políticas militares sean negociadas directamente entre los mandos castrenses y el presidente de la república. Esto, sin embargo, parece que no cambiará pronto, pues hay una falta de capacitación al interior de este gabinete federal.
“La administración mexicana actual, como es la primera vez que gobierna desde la presidencia, carece y ha carecido de asesores adecuados. Los miembros de la administración presente apenas están ingresando a las escuelas de administración militar. No contaban con una capacidad de asesoría suficiente como para crear esa idea que tenía el presidente de alejar a las fuerzas armadas del combate a las drogas y contra la criminalidad. De convertirlas en algo diferente, donde hubiera más transparencia, más rendición de cuentas, donde las fuerzas armadas tuvieran un papel en la democracia del país”.
Esta falta de capacitación ha hecho que la política militar entre en un campo de aparente improvisación, dice Sierra. El presidente está copiando modelos de otros países, como Cuba o Centroamérica, donde las fuerzas armadas nacionales se encargan de los ámbitos del turismo o de los proyectos de desarrollo a través de empresas para estatales.
“El presidente está tomando de diferentes modelos y no alcanza a construir un modelo propio. Ya le queda muy poco tiempo, y yo veo que hace falta una definición estratégica de la transformación de las fuerzas armadas. De alguna manera, si Morena no continúa en el poder, muchas de estas políticas van a ser reemplazadas por otras al término de este sexenio. Tampoco nada nos garantiza que un presidente, o presidenta del mismo partido, vaya a continuar con las políticas de López Obrador. Habrá sido un movimiento de la transformación mexicana temporal, transitorio, que de alguna manera detenga el crecimiento de la profesionalización de las fuerzas armadas. Es algo realmente complejo, no es fácil de solucionar”.
Para el analista, la solución estriba en construir un modelo transexenal de reforma a las fuerzas armadas. En este modelo, analiza, tendrían que incorporarse los pendientes que están quedando en esta administración: darle a las fuerzas armadas una reforma militar a fondo que, entre otras cosas, cree un marco jurídico distinto. Que se establezcan sus objetivos y misiones de forma clara, ante las nuevas necesidades nacionales. Y también, que se asigne un presupuesto acorde a esto.
“Falta una estrategia de defensa adecuada para las circunstancias contemporáneas que tiene el país. Esa estrategia de defensa tendría que ser transexenal, una estrategia a 30 años, y tiene que ser algo que esté por encima de los cambios en la política, de quién quede en el poder, y de qué partido viene. Tiene que haber una transformación de esa naturaleza, y ese es el problema, que no la hemos visto todavía”.
La reforma que debería ser
Entonces, ¿qué papel deberían tener las fuerzas armadas en el país? ¿Se puede pensar, realmente, en un modelo de transición que modifique su papel en la realidad nacional?
La respuesta se agota en plantear una reforma que debería ser, y que sin embargo no está ocurriendo.
Pero una cosa es clara, por su esencia, no se puede desmilitarizar la política militar en México. Lo que sí se puede, es desmilitarizar la política de seguridad pública.
“En el sentido de la definición de la política militar hay que agregar un componente civil que ayude a los militares a desarrollar sus propias políticas en consonancia con los objetivos nacionales. Que dejen de verse como una fuerza armada que autodefine sus necesidades, y pasar a una discusión mucho más nacional, basada en el interés nacional”, reflexiona Sierra
La reforma militar que necesita México, concluye, tiene que ser “una reforma militar abarcadora, integral, que de un nuevo marco jurídico al país. Eso no se ha logrado todavía. Es un gran pendiente”.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página, se réplica en virtud de la #AlianzaDeMedios de la que forma parte ZonaDocs:
