Expertas y expertos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos junto con la Universidad IBEROAMERICANA presentaron el informe: “La Guerra Interiorizada: De los crímenes internacionales a la vida pública de México”, el cual recopila las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte del Estado Mexicano en el marco del combate al narcotráfico, y cuyo saldo se hace evidente en la persistencia de delitos como: tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
Ilustraciones: CMDPDH
“En 15 años se vendió la idea de que todos teníamos un enemigo en común, por eso se nos interiorizó la idea de que los militares combatían ese mal, pero en estos 15 años no ha sucedido nada; la guerra contra las drogas continúa y no se han reducido los criminales; al contrario, se han multiplicado”, precisió Jorge Luis Amaya Lule, coordinador del informe “Guerra Interiorizada: De los crímenes internaciones a la vida pública de México” de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Este informe analiza la violencia que se ha generó desde diciembre de 2006, fecha en la que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa decidió emplear a las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico.
Utilizando diversas bases de datos de instituciones de seguridad pública, solicitudes de acceso a la información y 324 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la CMDPDH asegura que bajo la adopción de un modelo de seguridad militarista, en el marco de la mal llamada “guerra contra las drogas”, el Estado Mexicano cometió: tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, pero no sólo eso sino que estos delitos de lesa humanidad se justificaron en aras de la seguridad nacional.
El informe “Guerra Interiorizada: De los crímenes internaciones a la vida pública de México” representa la investigación que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) realiza para explicar los efectos de la militarización de la seguridad en el país y cómo ésta ha invisibizado la violencia a tal punto que la hemos interiorizado como sociedad. Las primeras investigaciones fueron: “Huellas Imborrables” (2017) y “Entre la brutalidad y la impunidad” (2019).
De acuerdo a Jorge Luis Amaya Lule el propósito de este informe es ir más allá de la denuncia de que “Fue el Estado” para indicar “Quié del Estado fue responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2021”, esto para llevar a comparecer a los criminales que llevaron estos lamentables actos.
El informe se divide en tres subtemas:
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- Del Militarismo y lo Militarizado: 15 años de una guerra interiorizada
- La persistencia de los patrones de violaciones graves de derechos humanos
° Tortura, los ataques sistemáticos contra la población.
° Desaparición, una crisis que no se detiene.
° Asesinato, el más costoso de los fracasos.
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- La Guerra Interiorizada: todos los militares en las calles
En la primera parte, se precisa sobre el por qué la militarización se ha convertidos en ese fenómeno necesario, pues para muchas personas “el modelo militar representa gloria, pero para otras personas representa opresión, tiranía, violación grave a los derechos humanos”.
“En este ahondar lo que entendemos por militarización, qué entendemos por militarizado y por qué ese tipo de cosas nos deben de preocupar. Su explicación va desde lo más básico: origen y formación, pues no sólo hablamos de militarización cuando vemos militares en las calles, hablamos de militarización desde el momento en que un policía civil usa armamento militar, desde que los protocolos de acción y coacción son de corte militar”, explicó.
El Informe, además, brinda los indicadores para poder medir el nivel de militarización de un estado, esto conforme las nociones teóricas de Peter Kraska, quien diferencia este proceso en las dimensiones: material, cultural, organizativa y operacional.
El segundo apartado del Informe es “La persistencia de los patrones de Violaciones Graves de los Derechos Humanos”, este capítulo recoge las cifras oficiales de los crímenes graves contra los derechos humanos, de estos tres crímenes graves (tortura, desaparición y asesinato).
Itzel Coca, autora del Informe, mencionó que al momento de pedir las solicitudes de infomación sobre estos delitos a distintos órganos de seguridad existieron muchas alteraciones e incumplimientos, pues dan información sólo de administraciones actuales, alegando que la información de cifras de anteriores sexenios ya no está; además abogaron que no están en la obligación de brindar esa información, entre una serie de pretextos para no presentar los verdaderos números de víctimas.
Un punto clave antes de analizar las cifras es saber que en mucho de los casos una persona que fue torturada también pudo haber sufrido otro tipo de violencias y delitos, y en el peor de los casos, incluso, ser víctima de tortura, desaparición y asesinato.
Sobre la tortura, el Informe menciona que en 227 recomendaciones de la CNDH se denuncian actos de tortura cometidos a mil 038 víctimas; de éstas, 571 personas, fueron imputadas por la comisión de algún delito.
En general, en estos últimos 15 años, se han presentado 49 mil 051 denuncias por tortura, de éstas, “casi la tercera parte (15 mil 909) corresponden exclusivamente a los últimos tres años”; es decir, durante la actual de López Obrador, presidente que niega que su gobierno viole los derechos humanos de las personas.
De estas denuncias, el 68% se presentaron en fiscalías o procuradurías estatales y el 32% en la Fiscalía General de la República.
En el análisis realizado, las Fuerzas Armadas fueron las principales perpetradores de tortura con 523 casos;, seguida de la Policía Federal (324), policías estatales (177), secretarias de Seguridad Publica (177) el Instituto Nacional de Migración (135), policías estatales ministeriales (86), y policías municipales (39).
También destacaron que este delito tiene un alto componente de género:
“Hay una incidencia mayor de la tortura psicológica en contra de las mujeres, más del 60% de las mujeres que están contenidas en las víctimas de estas recomendaciones, atraviesa una victimización de tortura psicológica, mientras que la tortura física y sexual son más comunes en hombres, esto porque hay mecanismos diferentes de cómo las autoridades interactúan con las poblaciones cuando tiene contacto con ellas” agregó Itzel Coca.
En general, la Marina fue la institución más señalada por sus actos de detención y traslado de personas detenidas.
En cuanto a la desaparición forzada, segundo crimen más graves dentro de Informe, se analizaron 102 recomendaciones de la CNDH, los resultados fueron los siguientes:
- Al menos 375 víctimas.
- Estos actos suelen iniciar con detenciones arbitrarias, cerca del 75%.
- La Fuerzas Armadas como principales perpetradores (173) seguidos de grupos de crimen organizado (106)
- Este crimen abarca 24 entidades del país, con mayor intensidad en entidades del norte del país.
Adicionalmente, se precisa en el Informe:
“en 73 ocasiones se justificó la victimización de las personas con la alegación de que portaban armas. Todo lo anterior concuerda con las imputaciones de delitos, ya que en 92 casos se iniciaron carpetas o averiguaciones en contra de las víctimas de desaparición, siendo la acusación más común la de delitos contra la salud (61 procesos), seguido por la posesión de armas o cartuchos (50 imputaciones) y en tercer lugar la acusación de delincuencia organizada o asociación delictuosa (31 casos); el resto de las investigaciones aluden a secuestros, robo de vehículos u otros delitos”.
Después de la supuesta comisión de ilícitos:
“la razón más frecuente para la victimización en casos de desaparición forzada son los diversos operativos llevados a cabo por las autoridades, pues 78 casos corresponden a desapariciones en el marco de operativos conjuntos, operaciones dirigidas u operaciones de erradicación de enervantes”.
De acuerdo a la CMDPDH, este tipo de operativos:
“implican una planeación y control de las acciones llevadas a cabo por los elementos de las fuerzas de seguridad de manera tal que las desapariciones (y el resto de las victimizaciones) realizadas en estas actividades no pueden considerarse fortuitas ni simples daños colaterales, sino como parte de una política específica y táctica, dirigida a justificar los resultados de estas mismas acciones”.
En cuanto a los asesinatos, el Informe presenta las siguientes estadísticas:
- En 109 recomendaciones de la CNDH refieren al asesinato de al menos 453 víctimas.
- Al menos 79 víctimas extranjeras.
- Las razones más comunes invocadas por las autoridades relacionan a las víctimas con el crimen organizado.
- Solo en 17 ocasiones existía un proceso legal en su contra.
- El principal perpetrador fue el crimen organizado (173), seguido de las Fuerzas Armadas (147), policías federales (31), policías estatales (31) y policías municipales (9)
- Existen casos en, al menos,23 estados del país.
Sobre el actuar de las autoridades, el Informe denuncia que:
“La razón que más se repite para justificar el asesinato de una persona, de acuerdo al contenido de las recomendaciones, es que se relaciona con actividades del crimen organizado: 102 personas se consideran víctimas colaterales de actos criminales, mientras que a 74 personas se les acusa de haber cometido un crimen o ser partícipe de crimen organizado; sin embargo, solo una de estas víctimas tenía un proceso penal, lo que indica que, previo a la victimización de estas personas, las autoridades no tenían elementos para acusarles de algún delito”.
Aunado a ello:
“Las autoridades alegan que se defendieron de una agresión para justificar el asesinato de 140 víctimas, 57 de las cuales también fueron acusadas informalmente (sin proceso) de participar en algún crimen y 90 murieron directamente durante el enfrentamiento”.
“88 víctimas fueron asesinadas en el marco de un patrullaje, 60 de las cuales murieron directamente en ese hecho. En otros 67 casos las víctimas se encontraron con las autoridades en cumplimiento de operativos conjuntos, operaciones dirigidas u operaciones de erradicación de enervantes, ya sea en enfrentamientos o como bajas colaterales”.
Como cierre a este apartado, la CMDPDH señala que desde el sexenio de Felipe Calderón, habían más de 55 mil 517 elementos de las Fuerzas Armadas desplegados para realizar tareas de seguridad; sin embargo, a la mitad de la administración de López Obrador, en 2021, había más de 190 mil 699 elementos con adiestramiento militar realizando labores propias de seguridad civil, de los cuales 90 mil 023 se encuentran adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, mil 064 a la Secretaría de Marina y 99 mil 612 a la Guardía Nacional.
Finalmente, en el tercer apartado del informe titulado: “La guerra interiorizada: Todos los militares a las calles” se cuestiona la narrativa de la militarización de la seguridad y lo que ésta ha implicado:
“El haber generado la necesidad de militarización viene de la interiorización de la idea de una guerra, en la que se identificó como enemigo a los grupos del crimen organizado y se estableció como objetivo el abatirlos y detener su proliferación, propuesta que a más de 15 años no ha cumplido con sus metas. Por el contrario, ha tenido consecuencias atroces como lo hemos expuesto”.
Pero no sólo eso, bajo esta idea se nos ha vuelto “normal” ver militares en las calles:
“En este proceso la cantidad de elemen-tos militares en las calles fue creciendo mes con mes, y se volvió parte de la cotidianidad de la vida mexicana, cada vez era más común ver convoys de policías locales y federales acompañados y comandados por fuerzas castrenses. A 15 años de su ejercicio parecería normal ver elementos con subfusiles y otras armas de alto poder alrededor de las plazas públicas, bajo la abominable idea de que la paz se procura mediante materiales de guerra”.
Sin embargo, precisa Itzel Coca: “No se puede traer paz al país con una estrategia de guerra”.
Por lo tanto, lo que señalan es que para cambiar este adverso panorama se requiere:
“Desmantelar este sistema y construir alternativas a partir de evidencia y a través de canales y prácticas democráticas, incluyentes y diferenciadas para responder a los contextos y necesidades de las comunidades que han sido afectadas y vulneradas en estos largos años de oprobio y violencia”.
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Para poder leer el informe completo, puedo hacer entrando al siguiente enlace.
