Medios Aliados
Por Patricia Ramírez/ Causa Natura
La zona de refugios pesqueros de Bahía Ascensión, Quintana Roo, al sureste de México, se quedará por cinco años más. A finales de 2022, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) dio a conocer que los dos refugios destinados a la preservación de la langosta obtendrían una ampliación de tiempo.
La noticia ha significado un éxito para los pescadores de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Vigía Chico, originarios de la localidad de Punta Allen, una isla frente a la bahía, quienes son los responsables de que el refugio exista.
La cooperativa de Vigía Chico tiene una concesión exclusiva para la pesca de langosta mediante el buceo libre, por lo que desde antes de 2016 decidieron solicitar las dos zonas de refugio pesquero para la reproducción, crianza y conservación de la langosta.
Actualmente, cuentan con unas instalaciones que les permiten realizar desde evaluaciones hasta estudios de ADN sobre la especie.
“A través de estos años se formaron grupos de monitoreo. Han sido pescadores de la cooperativa y gente de la comunidad quienes manejan, obtienen datos, hacen el buceo”, explica Emilio Pérez, secretario de administración de la cooperativa de Vigía Chico.
Si bien representa un avance, la ampliación del refugio ha generado inquietudes sobre su mantenimiento ante la disminución de presupuesto para actividades esenciales como la inspección y vigilancia por pesca ilegal o irregular, entre otras necesidades como infraestructura y personal.
En el caso de los refugios pesqueros de México estas carencias son frecuentes. En Akumal, Bahía de la Ascensión, Bahía Espíritu Santo (Sian Ka’an) y Canal Nizuc, en Quintana Roo; y Puerto Libertad e Isla San Pedro Nolasco, en Sonora, no se ha otorgado apoyo gubernamental para inspección y vigilancia o implementación de proyectos de ordenamiento pesquero, de acuerdo con datos entregados por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) a Causa Natura.
De hecho, durante los años 2019 y 2020, la Conapesca no otorgó ningún subsidio a zonas de refugio pesquero.
En el caso de Bahía Ascención, durante todo este tiempo los estudios técnicos y los análisis, así como los rondines para inspección y personal, han estado a cargo de pescadores y pobladores, quienes han generado alianza con organizaciones como Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI) para recibir apoyo.
“El tema (del presupuesto y la inspección) es un problema en México. De pescador a pescador se sabe que no hay y que no tenemos la autoridad para sancionar (cuando se cometen faltas en el refugio). Sólo podemos organizarnos, hacer presencia y levantar actas”, explica Emilio Pérez.
Más santuarios, menos presupuesto
“El trabajo comunitario es esencial (para las áreas protegidas), es algo que no puede faltar. Cuando queremos buscar la posibilidad de proteger, lo primero es ir con la gente de la comunidad para generar el interés y el compromiso”, señaló Sergio González Carrillo, coordinador regional en Baja California Sur de Pronatura Noroeste A.C.
Además del decreto de ampliación de los refugios pesqueros de Bahía Ascensión, el 2022 también cerró con el decreto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para declarar 17 playas de anidación y reproducción de tortugas marinas como Áreas Naturales Protegidas (ANP) con la categoría de santuarios.
Dichos santuarios se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán y suman un total de 6 mil 637 hectáreas.
Sin embargo, las ANP también enfrentan una carencia de presupuesto. Incluso en 2022 se lanzó la campaña “Cuidar lo que importa”, en la que diversas organizaciones ambientales en México compartieron que en el presupuesto 2023 se asignaron solo 9.7 pesos por cada hectárea de ANP.
“Siempre es bueno que se decreten zonas, ya sea como área protegida o como refugios pesqueros. Sin embargo, ese decreto tiene que venir acompañado de los demás mecanismos como el financiero. Y no solamente que lo acompañen con dinero, estamos hablando de presupuesto, de personal, de infraestructura y de equipo”, explicó González Carrillo.
Para el coordinador regional las siguientes medidas para el funcionamiento de las ANP, además del trabajo con comunidades, deben enfocarse en seguir incidiendo en la gestión política para que las autoridades cubran las necesidades de las ANP, concientizar a los donantes interesados en participar y pulir la colaboración entre organizaciones ambientales.
Mientras tanto, en Bahía Ascensión, Emilio Pérez explica que su plan es seguir “tocando puertas” para hacer frente a las dificultades y mantener la función de los refugios como siempre ha sido la prioridad de la comunidad.
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