Desde Mujeres
Por Mariana Peregrina / @MarPEMont / @DesdeMujeres
Este fin de semana pasaron dos acontecimientos que deberían haber generado una mayor – y mejor – respuesta por parte de las autoridades mexicanas: la desaparición de María Ángela Olguín en la estación “Indios Verdes” y su reaparición en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; y la resolución por parte del Juez Teódulo Pacheco Pacheco de que Juan Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, para continúe en arresto domiciliario su proceso por intento de feminicidio.
Empecemos revisando el caso de María Elena. El 9 de septiembre de 2019 rociaron a María Elena con ácido al interior de su casa. No fue hasta meses después que atraparon a Rubicel H., a Ponciano H., y a Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue diputado en Oaxaca y con quien María Elena Ríos mantuvo una relación laboral que se transformó en sentimental (la cual estuvo cargada de diversas violencias) desde 2017 y hasta 2019. Los primeros dos fueron quienes llevaron a cabo el ataque tras haber recibido un pago por parte del exdiputado, quien fue catalogado como el autor intelectual del intento de feminicidio.
Desde que inició el proceso judicial, María Elena ha denunciado que tanto ella como su familia han recibido diversas amenazas, y que temía que Juan Antonio saliera de prisión, pues podría llevar a cabo atentados contra ella o sus seres queridos. Tras un engorroso (y violento) viaje por el sistema judicial mexicano, el cual estuvo lleno de omisiones por parte de las autoridades a cargo de su caso, el 22 de enero de 2023 el juez Teódulo Pacheco determinó que el exdiputado pudiera continuar su proceso en arresto domiciliario y no en prisión preventiva, como diversas organizaciones, instituciones, autoridades y personas – incluida María Elena, su familia y diversas activistas – recomendaban y pedían.
“Esta resolución alienta la situación de vulnerabilidad y latente riesgo en que se encuentra María Elena Ríos y su familia, y en ese sentido, envía un mensaje de impunidad y revictimización”, mencionó en un comunicado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De igual forma, la defensa de María Elena en el caso ha denunciado la existencia de evidentes agresiones, violencias institucionales y parcialidades a favor del agresor a lo largo del proceso, así como en la más reciente resolución del juez Pacheco. Por esto, se teme que el caso de María Elena quede en impunidad.
Ahora revisemos el caso de María Ángela. El 19 de enero se encontraba con Rocío Bustamante (su mamá) en la estación del metrobús capitalino “Indios Verdes”, mientras esperaban a su papá, quien las llevaría a casa pues ellas se habían quedado sin dinero para el pasaje. Mientras Rocío iba al baño, Ángela Olguín desapareció sin dejar rastro, y minutos después apagaron su teléfono celular.
A pesar de la insistencia por parte de Rocío hacia las autoridades para que la dejaran revisar las cámaras y ver qué había pasado con su hija, recibió una respuesta negativa. Fue entonces cuando su familia decidió iniciar un plantón en Insurgentes Norte, la avenida que da hacia la carretera México-Pachuca, y éste duró hasta las 8:00 de la noche del día siguiente. De igual forma, comenzó una importante movilización en redes y en diversos medios para compartir la ficha de búsqueda de Ángela.
Tras mucha presión, las autoridades revisaron las cámaras y fue cuando vieron que alguien se llevó a Ángela por la fuerza, jalándola del brazo. Las manifestaciones continuaron, la ficha de búsqueda y la historia de la desaparición de Ángela Olguín se viralizó tanto en redes como en medios, lo cual incendió la opinión pública.
Tras 48 horas de incansable búsqueda, Ángela Olguín fue localizada en un basurero en Ciudad Neza, Estado de México, con claros signos de violencia. Su familia se enteró de su localización mientras seguían exigiendo que las autoridades hicieran todo lo posible por encontrarla con vida. La forma en la que actuó la familia Olguín fue clave para generar que fuera liberada y localizada.
Si bien los dos casos parecen ser abismalmente distintos, podemos ver en ellos muchas similitudes, desde la viralidad de ellos hasta la forma en que las autoridades han respondido. En un país donde suceden 11 feminicidios al día, se vive extrema violencia contra las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, es impactante que las autoridades no tomen más cartas en el asunto o no le den la importancia necesaria al seguimiento de casos de violencia feminicida, de violencia institucional y de desaparición forzada, por mencionar las más notorias en los dos casos. Es de llamar la atención que, a menos que un caso se viralice en redes sociales, las familias o amistades de las mujeres o niñas víctimas de algún crimen o violencia logren cerrar una vialidad tan importante como Avenida Insurgentes Norte, o se lleven a cabo manifestaciones o presión en medios, las autoridades y el elefante que es el sistema de justicia mexicano no se ponen en marcha. Además preocupa que en ambos casos la respuesta social haya sido “pero sobrevivió”, como si el ser víctima de desaparición forzada que reapareció o de intento de feminicidio fuera algo qué agradecer.
En México, las mujeres vivimos con miedo, pues sabemos que, en caso de ser víctimas de algún delito, si nuestro caso no se viraliza lo suficiente es probable que quede impune. ¿Cuántas mujeres, jóvenes y niñas no permanecen desaparecidas sin que sean buscadas más que por sus familias y amistades? ¿Cuántas no han sido víctimas de feminicidio y otras violencias, sin que se investiguen sus casos y sus agresores vean la cara de la justicia? Por eso, podemos concluir que la justicia y las instituciones no están de nuestro lado. Por eso, debemos seguir exigiendo #NiUnaMenos.
Aprovecho este espacio para recordar que #TeBuscamosWendy.
