Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
La costumbre en los inicios de año es la de pensar en buenos deseos o retos por cumplir; sin embargo, parece que el aceleramiento de los conflictos entre actores políticos por intereses presentes, pero que tienen que ver con su futuro, han impedido un inicio de año diferente en Jalisco.
La criminalización de los estudiantes Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas por defender un predio público que aspiraba a convertirse en un parque público, pero que ahora por ficciones jurídicas se considera propiedad de particulares, hace visible algunos elementos de mucha preocupación para los derechos humanos en Jalisco.
Aunque existen conflictos de territorio de mayor gravedad y poca visibilidad, como los que ocurren en la zona Nahua o Wixárika de Jalisco, tomamos como referencia al antes mencionado por tratarse de una situación que debió de haber tenido otros efectos debido a la condición de los actores.
El procesamiento de los jóvenes estudiantes ocurre en un contexto de lucha por el poder político y electoral en la entidad, ambos con mensajes de intolerancia, de confrontación y de poco ejercicio de una política desde parámetros de valores democráticos que crean un clima propicio para su desahogo en espacios públicos con un alto riesgo para la libertad de expresión y de protesta.
Basta recordar la movilización institucionalizada de actores gubernamentales en el marco de la Feria Internacional del Libro a finales de 2022, en la que se buscó crear un escenario simulado de un ejercicio de derechos fundamentales que excluía el debate y las diferencias.
Se utilizan herramientas como el señalamiento y estigmatización de los propios actores, poco debate público y utilización de voces corporativas para influir en lo que ellos consideran la “opinión pública”. Nótese de nuevo el elemento de riesgo para la expresión y el debate.
Desafortunadamente por el desarrollo de la confrontación, el paso siguiente fue la utilización de otros mecanismos de poder como el control presupuestal (también sin grandes debates parlamentarios) o la toma del derecho penal como “mecanismo” para resolver los diferendos políticos y el envío de un mensaje intimidatorio que nada tiene que ver con el Estado de Derecho, ya que avisa de una dinámica de poder que busca consolidarse como instrumento autoritariode los gobiernos locales.
La propia denuncia penal presentada por Iconia, un actor económico carente de transparencia, rendición de cuentas y de prácticas de responsabilidad social empresarial en contra de los estudiantes, busca falsamente que se vea como delito aquello que en realidad tiene como origen derechos relacionados con el desarrollo y la autodeterminación de una comunidad contra los intereses individuales -por cierto sin rostro, ni nombres concretos, sólo accionistas- fortalecidos a través de los gobiernos estatal y municipal.
La preponderancia en la defensa de los “derechos corporativos” contra las carentes acciones de los gobiernos en favor de los bienes públicos y de los intereses de las comunidades de vecinos, más la invisibilidad de éstos últimos, enmarcan la actividad de los jóvenes universitarios como defensores de derechos humanos.
Por eso es de suma gravedad que se haya llevado a cabo una audiencia en el juicio penal de forma privada y sin que se tomara como contexto el quehacer de dichos defensores y de la comunidad que defiende. El propio proceso confirma que al Poder Judicial de Jalisco le hace falta mucho camino por recorrer en perspectiva de derechos humanos y autonomía para colocarse como un actor relevante que responda a los grandes desafíos.
En este sentido, es verdaderamente preocupante el silencio de la actual administración de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, porque todo indica que su reingeniería busca mantener en una cómoda suspensión susprocedimientos ante actores que colocan en riesgo a los derechos humanos en vez de desgastar su mandato paraquienes más los necesitan.
Por todo lo anterior, es urgente que los actores políticos detengan las dinámicas que hasta ahora se han impulsado para abrir otras formas de diálogo que reconozcan y reconfiguren sus diferencias.
En el mismo nivel, debe despenalizarse cualquier forma de criminalización de la protesta social y hacer un amplio reconocimiento a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos.
Para las universidades existe un llamado de atención en este caso, porque es importante evaluar su labor de incidencia y sus objetivos, incluso, reconocer cuando no se vaya en beneficio de la mayoría que más requiere de protección a sus derechos. Se espera su ayuda novedosa y creativa en la construcción de mejores discursos, propuestas y políticas públicas.
Para la sociedad es importante abandonar el respeto inactivo que nos caracteriza y que incrementa la polarización, para tener más presencia en la defensa de los bienes públicos, los mecanismos de participación y la satisfacción de las grandes necesidades que requieren ser garantizadas en las comunidades. Afortunadamente ya existen experiencias de vecinos, académicos y colectivos que ya buscan soluciones.
El inicio del año marca un camino para que la defensa de los derechos humanos se concrete desde lo local, con el rostro de vecinas o estudiantes.
