Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
El título de esta columna de opinión lo tomé de la imagen del periodista Mario Marlo para ZonaDocs, durante la cobertura por la protesta por una vivienda digna en Ciudad Creativa Digital, en el marco del Primer Foro de Vivienda 2022.
El cuestionamiento me pareció oportuno porque las modificaciones de la ciudad se aprecian a simple vista, ya sea por las molestias de sus desarrollos durante su construcción o porque cada vez más se escuchan inconformidades de vecinos o asociaciones de colonos que sufren daños y pérdidas hasta de su estabilidad hasta emocional.
Se escuchan casos en que encontrar respuestas en las autoridades municipales para controlar las irregularidades en la construcción, termina en un suplicio y en el inicio de largos juicios en las que se privilegia el formalismo jurídico, más que impulsar la reparación para personas o comunidades.
La impresión es que los nombres cotidianamente en idioma inglés de los desarrollos, por cierto contradictorios con los estragos que generan en sus alrededores, hoy son signo de imposición, intranquilidad y de acumulación de poder.
Las respuestas se vuelven urgentes, también ante el escenario en que la visión de los derechos humanos la tornamos hiper individualista al grado de sólo medir las “libertades fundamentales”, como si no existieron los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los que buscan garantizar la dignidad a una colectividad.
Los debates se vuelven cerrados porque la mirada es la de un derecho a la propiedad cuya arqueología la podemos seguir hasta las civilizaciones antiguas creadoras de un derecho totalmente estamental y excluyente, es decir, sólo para aquellas personas que tenían ciertas condiciones – no ser esclavo por ejemplo- y que no corresponde con una vivencia actual de una democracia en la que se incluyen los derechos humanos.
Irónicamente si actualizáramos lo estamental, hoy diríamos que se trata de emprendedores relacionados a una dinámica especulativa financiera, ligados a ficciones corporativas para lo cual la responsabilidad personal es inexistente y con grandes vinculaciones con quienes toman decisiones, ya sea por parentesco o porque la misma inversión abre la puerta a la obscuridad de los conflictos de intereses – ¿se acuerdan de aquella gran relación empresarial que inició con un partido de Basquetbol y concluyó en un megaproyecto de parte del Gobierno de Jalisco?-.
Por eso, es importante reiterar que el derecho a la vivienda no se trata solamente de la propiedad sino que tiene relación con un nivel de vida adecuado, lo cual implica aspectos más allá de las cuatro paredes, ya que implica garantizar la salud, necesidades psicológicas de la vida privada y espacio personal; necesidades de seguridad y protección contra distintos tipos de inclemencias hasta llegar a la construcción de relaciones sociales importantes, las cuales hoy se cree que se fortalecerán con la existencia de un gimnasio, alberca o terraza pero sin ninguna vinculación con la comunidad donde se desarrollan los edificios.
El derecho a la vivienda adecuada, se encuentra considerado en el artículo 25 (1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 11(1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diversos momentos en la progresividad de este importante derecho, se ha llegado a conclusiones importantes, como por ejemplo que el Estado debe de utilizar todos los medios posibles para garantizar vivienda aceptable y no onerosa (comenzamos con los incumplimientos); adecuada en cuanto a las necesidades y contextos en los que se requiera su adaptación y sobre todo en condiciones de no discriminación. (Ver Observaciones Generales 4 y 7 del Comité del PIDESC).
Me detengo un poco en este punto, porque la especulación inmobiliaria que se vive en Guadalajara, aunque compleja y obediente a las reglas del mercado- lo que sea que eso sea-, tiene efectos que excluyen a cientos de personas del goce y disfrute de este derecho, simplemente porque los desarrollos favorecen una determinada situación económica o condición social, que la gran mayoría de la población no pueden acceder..
Por tanto, los subsidios, inversiones, licitaciones o decisiones que realizan gobiernos municipales o el del Estado en este aspecto, implican decisiones discriminatorias, sobre todo porque no cuentan con una política pública de vivienda adecuada, accesible, disponible y asequible con enfoque de derechos humanos, el cual es obligatorio para cualquier autoridad.
Lo comprueban las propias declaraciones de ciertos actores políticos, los cuales a propósito de lo que ocurre con las construcciones en las inmediaciones de Ciudad Creativa Digital para rentas especulativas, piensan que su función es favorecer mercados a través de “manos invisibles” (lo diría Adam Smith) o del “échele ganismo” inexistentes y no la de garantizar, proteger y promover los derechos humanos.
Es verdad que muchos de nuestros derechos humanos, aunque reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carecen de garantías específicas y terminan siendo meras retóricas, por eso la manifestación de hace unos días es uno de los elementos importantes de activación que nos permite iniciar un camino para concretar este derecho incumplido e iniciar una ruta que incluya en la deficiente reglamentación o planificación municipal, límites y prerrogativas para las comunidades que incidan en la regulación del territorio y en el desarrollo de la ciudad.
Es momento de que los derechos de aquellos vecinos y comunidades sean reconocidos como justiciables, como un esfuerzo de reparación genuino y con un mensaje claro de controlar un mercado, el cual ve ingresos, inversiones y especulación, donde hay seres humanos con vidas y necesidades, en las cuales por cierto mucho pudieran hacer bajo otros paradigmas de desarrollo humano.
Es momento de construir edificios donde habiten los derechos humanos.
