Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
A finales de cada año, la agenda de los medios de comunicación se llena de pronunciamientos por la presentación de los presupuestos de egresos tanto del gobierno federal como de Jalisco. Se pone el acento en la propuesta de los posibles aumentos de impuestos, pero se analiza poco los supuestos que se construyen a través de las planeaciones que les dan origen.
Esto tiene como resultado la construcción de presupuestos inerciales que son poco discutidos al interior de las instancias de gobierno y que permiten refrendar una serie de indicadores, que en muchos de los casos poco tienen relación con resultados de impacto.
En Jalisco, el propio Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, visión 2030 (PEDG), incluye una serie de objetivos transversales sobre los derechos humanos y la paz que deberían de ser considerados prioritarios a través de la propia presupuestación, ya que sin los recursos correspondientes sería difícil su cumplimiento.
Por eso es muy relevante la presentación que hiciera el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) sobre el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2023, en dos aspectos principales: la desaparición forzada y la tortura. (consulta el informe).
El documento permite abrir el debate sobre la forma en que se planifica y se presupuesta con el enfoque de los derechos humanos, no como una herramienta técnica más sino como una que posibilita que el Estado pueda ponderar necesidades y políticas públicas para cumplir con los mismos.
El diario NTR Guadalajara, ya nos anunciaba una pista al denunciar en la nota “ Alfaro gasta más en él que en búsquedas” (3 de noviembre), que las Unidades Administrativas de Apoyo, antes conocidas como el despacho del Gobernador, contarían con 348 millones de pesos para apoyo logístico y difusión, mientras que a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se le destinarían únicamente la cantidad de poco más de 126 millones de pesos.
Lo anterior pudiera parecer normal ante la imposibilidad de contar con los recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades, sin embargo, cuando tomamos “en serio” los derechos humanos, entenderemos que la construcción de un presupuesto que no retoma capacidades sin las cuales las personas no pueden desarrollarse en sociedad, es uno que restringirá la vida de seres humanos o de grupos de ellos, o en su caso, facilitará el incremento de riesgos, lo cual implica una grave responsabilidad.
Cuando se coloca en primer lugar a la difusión de imágenes de los actores gubernamentales, la realización de eventos festivos o la logística de eventos con una alta carga auto referencial ¿con cuáles capacidades para vivir dignamente se relacionan?
En el análisis realizado por el CEPAD, encontramos en cuanto a la grave situación de la desaparición de personas, que Jalisco es el primer lugar nacional pero que cuenta con un incremento del 8% en la incidencia de los casos. Contrario a ello y no obstante de haberse fijado un compromiso dentro del PEDG, existe un avance sólo del 43 % en las acciones del poder público en el tema y algunos de los indicadores se han determinado contradictoriamente como “no evaluables”.
No obstante, los desafíos reconocidos incluso institucionalmente, sólo se otorga un incremento de 5% al presupuesto (para pasar de más de 442 millones a 527 millones de pesos) en el tema, a todas luces insuficientes para la labor de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Otro tipo de programas necesarios como el de “Acompañar la Ausencia” que cuenta con componentes psicosociales y de atención a necesidades de sobrevivientes, ahora sufrirá de una falta de actualización del presupuesto conforme a la inflación, lo cual en este caso limita su quehacer progresivo.
Llama la atención de la disminución presupuestaria para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la inclusión de componentes imprecisos de otras áreas de seguridad que muy poco tienen relación con los propósitos sustanciales de la búsqueda.
Pareciera que estamos ante una discusión técnica, pero en realidad lo que se encuentra en juego es el acceso a la justicia y la verdad que deben verse reflejados en mayores recursos humanos, materiales y fortalecimiento institucional que hagan posible la vigencia de dichos derechos.
El presupuesto constituye una medición clara del cumplimiento de los deberes para los derechos humanos de un gobierno que dice y aspira, pero que en el presupuesto prefiere más las cámaras y el hashtag que la justicia, la participación y una ruta que ponga freno a una emergencia humanitaria.
