#HastaEncontrarles
Han pasado tres décadas desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, para conmemorar esta fecha, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONUDH México) realizó un panel para analizar cómo se encuentra esta declaración que está por cumplir 30 años, cuál es su vigencia y panorama en un país marcado por la desaparición de más de 106 mil personas.
Por Josué Ibarra/ @josueibarrasala
México, un país con más de cien mil personas desaparecidas, un país en que este delito cometido por particulares o por agentes del estadon (desaparición forzada) está más que vigente, con ese marco la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ONUDH México) decidió conmemorar con mirada crítica los 30 añosde la Declaración de la ONU sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/133, 18 de diciembre 1992
Para hablar de ello, la Oficina del Alto Comisionado convocó a Irma Orgen del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México; Gabriela Citrioni y Santiago Corcuera, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariones Forzadas e Involuntarias, quienes cuestionaron -a la luz de la terrible desgracia mexicana- qué tan vigente es o no esta declaración, cuál es su impacto en México y si funciona o no para combatir al delito de la desaparición forzada.
Gabriella Citrioni inició el dialogo compartiendo que la declaración de la ONU fue un primer resultado y una primera victoria de los familiares de personas desaparecidas que llevaban años luchando contra la desaparición forzada.
“La declaración se venía pidiendo eso desde los años 80, no es que se pidiera una declaración como tal, pero sí se pedía que la comunidad internacional reconociera la existencia del fenómeno, definiera el fenómeno y brindara respuesta… La declaración fue el primer instrumento para lograr esto”.
La integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariones Forzadas e Involuntarias también hizo hincapié en como hoy en día la Declaración sigue teniendo puntos de fuerza que no tienen otros instrumentos y que vale la pena rescatarlos, no sólo porque sea el primer documento que define lo que es desaparición forzada (antes de 1992 no existía ningún documento que la definiera), sino porque al hacerlo se le hizo como un delito de lesa humanidad, con lo que abrió el camino para poder denunciar las miles de desapariciones que, lamentablemente, habían sido cometidas en el mundo.
“El artículo primero de la declaración reconoce algo que yo creo se debería repetir cada mañana por parte de todos aquellos que trabajan en el tema de desaparición forzada, es un ultraje contra la dignidad humana, esto puede parecer -quizá- retórico, pero reconocerlo como tal, lo ubica en cómo se tiene que abordar este fenómeno”, menciono la integrante de la ONU.
Al mismo tiempo invitó a ver a la desapariciones forzadas más allá del aspectos jurídico para centrarse también en sus consecuencias sociales: “Si se vuelve a leer la Declaración en la multiplicidad de violación de derechos humanos, ahí no se mencionan los derechos económicos, sociales y culturales, era 1992 y no teníamos todo esto claro”.
Por su parte, Irma Orgen quien es fundadora del colectivo “Uniendo Cristales” y es integrante del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, comenzó haciendo mención de la grave situación que vive México en desaparición forzada, al tener más de 106 mil personas desaparecidas en el país. Para ella, los retos y carencias que tiene México son:
“De entrada es el incremento alarmante en las cifras de las desapariciones, la impunidad, las agresiones, el acoso, hostigamiento hacia las familias buscadoras, las madres, periodistas, defensores de derechos humanos, la falta de prevención, la falta de atención con perspectiva psicosocial, las re victimizaciones, además hay una crisis forense con más de 52 mil personas fallecidas sin identificarh. También hay un deficiencia de coordinación entre instituciones; por ejemplo, las fiscalías se escudan en su autonomía para no cumplir con sus obligaciones legales y piensan que por colaborar con otras instituciones porque pierden autonomía, pero quienes perdemos las oportunidades de encontrar a nuestros familiares somos nosotras y nosotros”.
En materia de justicia, mencionó Irma que existen sólo 36 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en todo el país, lo cual considera terrible, pues “la Fiscalía General está dando un ejemplo vergonzoso a las estatales, estas fiscalías están rebasas e inoperantes pues no tiene los suficientes recursos humanos ni materiales para responder a la crisis”.
Algo que también se replica en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia que juega un rol deficiente en la representación jurídica ante las fiscalías, sin dejar de mencionar que denunciar sigue representando un riesgo para la integridad de las víctimas.
“Queremos dejar muy claro que la participación de las familias en las investigaciones es crucial, no porque tengamos la obligación de hacerlo, como suele suceder, sino porque tenemos el derecho de coadyuvar en todo lo relativo a los procesos de búsqueda, así como supervisar el avance o retroceso en las investigaciones” agregó Irma.
En materia legislativa precisó que hace falta la homologación de la Ley General de Desaparición con las leyes que debieran existir en todos los estados: “Pedimos que las reformas no se realicen sin consultar a las familias, como ha pasado en algunas ocasiones”.
Otro reto para quien busca a Marco Antonio Orgen Maldonado – quien fue desaparecido el 17 de noviembre de 2013 en Tenango de las Flores- es la falta de presupuesto designado para la búsqueda de todas las personas desaparecidas del país: “Es fundamental que las instituciones involucradas estén dotadas de los recursos necesarios para poder cumplir con sus funciones y no caer en simulaciones”, concluyó.
Para finalizar Santiago Corcuera quien es exintegrante del grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, agregó algunas observaciones relacionadas al carácter internacional de la Declaración, pues ésta ha hecho que los problemas de desaparición que suceden en ciertos países sean de interés mundial:
“Que importante es la Declaración que se adoptó un 18 de diciembre de 1992, muy tardíamente, pues ya se hablaba de desapariciones en Chipre en el 78. Es importante recordar de que este 18 de diciembre se cumplen estos importantes 30 años; fecha en que también honramos a todas las víctimas de este delito”.
***
Para poder disfrutar de la transmisión completa pueden hacerlo a través del siguiente enlace:
