“En un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello ha conllevado a una situación de crisis en la capacidad de los entes investigadores, en la independencia y en la confianza en los resultados de la investigación”, afirmó Carlos martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Esta declaración la ofreció durante la rueda de prensa de este lunes 31 de octubre, donde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dio a conocer su postura sobre los más recientes eventos en la investigación relacionada con la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Por Andrés de la Peña / @andres_dlap
Fotografía de portada por Christian Cantero / @ChristianChMalv
La rueda de prensa se celebró en el contexto de un colapso del proceso de investigación del caso, ocurrido en los meses posteriores a la publicación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) el 18 de agosto de 2022. La COVAJ se constituyó en 2018 para llevar a cabo un esclarecimiento de hechos y una investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes el 18 de noviembre de 2014.
De manera independiente (y sin relación con el informe, aclaró Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI), el 19 de agosto se giraron 83 órdenes de aprehensión contra presuntos culpables, incluyendo funcionarios públicos, miembros del Ejército y Marina, y personajes vinculados con el cártel Guerreros Unidos. De estas 83 órdenes, 21 fueron retiradas el 13 de septiembre. Entre las personas detenidas y procesadas destacó el exfiscal Murillo Karam, quien sirvió como Procurador General de Justicia en 2014, y a quien se le atribuye la llamada “verdad histórica” que dicho informe desmintió.
El 26 de septiembre, una filtración del informe sin testar reveló capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp y los nombres de decenas de personas que la COVAJ consideró como posibles responsables de la desaparición forzada. El GIEI denunció en ese momento que las capturas de pantalla nunca estuvieron en su posesión ni en manos de la representación legal de las familias de los normalistas.
Un día después de esto, Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) presentó su renuncia. Gómez Trejo admitió que no había estado de acuerdo con el proceso para girar las 83 órdenes de aprehensión y señaló que el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, había ignorado las recomendaciones de la UEILCA para llevar a cabo el proceso penal, apresurando la captura y audiencia de Murillo Karam.
El GIEI rechaza la validez de las capturas de pantalla en el informe de COVAJ
El informe que COVAJ publicó el 18 de agosto incluía 467 capturas de pantalla nuevas, y que nunca habían sido puestas a consulta del GIEI o los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. En el reporte publicado se encontraban censuradas, pero estas fueron filtradas a través de medios de comunicación un mes después.
Frnacisco Cox, integrante del GIEI, criticó fuertemente el hecho de que se hubiera filtrado esta versión confidencial del informe:
El GIEI ha sido cuidadoso, por ejemplo, de no hacer revelaciones públicas en su informe de informaciones confidenciales u otras cuya publicidad puede entorpecer la investigación hasta que dicha acciones se hayan judicializado. Las filtraciones o intentos de plantear como ciertas pruebas o versiones no contrastadas corren el riesgo de generar en el futuro mayor impunidad en el caso.
Cox dejó claro que el examen previo exhaustivo de la consistencia de las evidencias antes de que puedan ser llevadas a un proceso judicial es una condición absolutamente indispensable para que el GIEI continúe ofreciendo su asistencia técnica a México y la COVAJ.
Tan pronto como estas capturas de pantalla fueron puestas a disposición del GIEI con la publicación del informe el grupo organizó un peritaje informático forense. Dicho peritaje encontró inconsistencia tan graves en las capturas de pantalla, que el GIEI las consideró absolutamente inutilizables como parte del proceso judicial.
El peritaje encontró que no era posible garantizar que los mensajes fueran originales o auténticos, dado que los metadatos de los archivos no coincidían con las fechas en las cuales se suponía que estas comunicaciones tuvieron lugar. Igualmente, el análisis de las capturas reveló que estas mostraban diferentes versiones de WhatsApp, algunas de las cuales no existían en 2014.
Adicionalmente, los metadatos de las capturas de pantalla indican que varias capturas de pantalla se crearon antes de la fecha en la cual, supuestamente, se había dado la comunicación. Por ejemplo, el screenshot de una conversación que tomó lugar en enero de 2015, mientras que la captura de pantalla tiene una fecha de creación en 2014. Del total de 467 capturas de pantalla incluidas en el informe, 181 imágenes presentaban suficientes elementos para ser consideradas inválidas como evidencia.
El proceso de judicialización pinta mal
Ángela María Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario, dejó en claro que, aunque las judicializaciones iniciadas por la UEILCA eran completamente independientes del informe de la COVAJ (y que, por tanto, no utilizaban como evidencia las capturas de pantalla espurias), el proceso de judicialización está en un pésimo momento.
Esto debido a que, con la dimisión de Omar Gómez Trejo, junto con diversos funcionarios partícipes de la investigación, la UEILCA no tendría la capacidad completa para presentar las pruebas y evidencias requeridas en los procesos penales.
Por eso, Ángela María Buitrago insistió en que es necesario implementar medidas de protección para el personal encargado del proceso. También estableció que es urgente la presentación de toda la información que el Centro Nacional de Inteligencia y la SEDENA siguen ocultando al GIEI.
“El GIEI ha pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la presentación de toda la información de dichos archivos y el acceso al lugar donde se encuentran, sin la cual se obstaculiza la búsqueda de los desaparecidos”.
El más reciente informe del GIEI: “Ejército tenía relación estrecha con Guerreros Unidos”
El GIEI es un grupo de expertos surgido de común acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa el 18 de noviembre de 2014, y el Estado mexicano. Se creó con el mandato de esclarecer la verdad sobre el caso. El más reciente informe de este grupo se publicó en abril de este año.
En este documento, el GIEI reveló que, con información entregada por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) ─gracias a la intervención del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas─, el Procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam, con asistencia de personal de la Secretaría de Marina, había actuado de mala fe para tergiversar la evidencia sobre la desaparición de los normalistas.
Ahí se demostró que el Procurador General plantó evidencias, torturó a presuntos culpables para obtener testimonios específicos, y ocultó información sobre el conocimiento que diversas dependencias tenían sobre los hechos del 2014 conforme estos ocurrían. Igualmente, el grupo evidenció que el Ejército y la Marina de México habían identificado al GIEI como un grupo “disruptivo” con el propósito de “descalificar al gobierno mexicano, denostar a la PGR e inculpar, aún sin sustento, al Ejército Mexicano”.
Ese último informe de GIEI mostró pruebas incontrovertibles que inculpan irremediablemente a diversos elementos del Ejército y Marina, así como a funcionarios de seguridad de orden federal (en gran medida miembros del CISEN y la Fiscalía General de la República), las fuerzas de seguridad de diversos municipios y las corporaciones de seguridad del Estado de Guerrero.
Terminó el mandato de GIEI, y proponen una medida transitoria
Carlos Martín Beristain refirió que el mandato del GIEI en México estaba próximo a concluir, por lo cual su operación no podría continuar. Sin embargo, habiendo extendido su estadía un mes para realizar el peritaje de las capturas de pantalla, el grupo decidió hacer una propuesta: dejar a dos de sus miembros por dos meses para realizar una evaluación global del caso, dar seguimiento a los familiares, y facilitar el paso de responsabilidades a la UEILCA.
Sin embargo, dejó en claro que, para continuar recibiendo este apoyo técnico, el gobierno de México tendría que cumplir con las condiciones impuestas en la conferencia: tomar una determinación radical de hacer el examen previo de la consistencia de toda prueba que pueda ser llevada a una decisión judicial. Es decir, no presentar más evidencias sin su debido cuidado.
Carlos Martín mencionó: “Se juega en Ayotzinapa la credibilidad de las instituciones. México tiene una oportunidad de demostrar que la voluntad política, junto con la independencia y la consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman en este caso y en otros muchos de los miles que se han dado en el país”
Concluyendo su participación, declaró:
“Hay un sistema de investigación e impunidad que hay que cambiar en México y la desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad de las víctimas”.
Aun así, el GIEI celebra los avances que se han logrado en la investigación, como la eliminación y esclarecimiento de diversas versiones falsas y mentiras que el Estado Mexicano elaboró para ocultar la verdad. El grupo considera que la investigación está suficientemente fortalecida, que ha presentado pruebas fehacientes contra la “verdad histórica”, y que aún puede brindar justicia.
