Desde el año 2011, las y los comuneros de Mezcala han sido injustificadamente acusados por el delito de daños a las cosas, esto tras haber retirado una torre que fue colocada de manera ilegal en por Guillermo Moreno Ibarra, empresario que invadió su territorio.
Tras la determinación judicial donde se les fueron devueltas las tierras despojadas, la comunidad de Mezcala ahora exige al Poder Judicial de Jalisco se reconozca que la actuación de los comuneros constituye a un ejercicio de sus derechos humanos y, por tanto, sus 10 compañeros deben ser nombrados inocentes.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
Fotos: Mario Marlo / @MarioMarlo
La Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, localizada en el municipio de Poncitlán, concluyó el 4 de octubre de 2022, la lucha por recuperar las casi 20 hectáreas del cerro El Pandillo que les fueron despojadas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra.
Durante lucha, 10 comuneros fueron acusados de cometer el delito de “daños a las cosas”, la denuncia fue interpuesta en 2011 por Moreno Ibarra, luego de que la comunidad determinara quitar de una torre de metal que fue colocada por el empresario invasor.
Al reconocerle a la comunidad indígena la propiedad legítima de las tierras que les fueron despojadas, las y los comuneros de Mezcala consideran que no hay razones jurídicas para mantener vigente el proceso legal en contra de sus compañeros; por tanto, exigieron al Poder Judicial emitir una declaratoria de inocencia para cada una de las personas señaladas en la denuncia.
A través de un comunicado de prensa, la comunidad de Mezcala señaló:
“Esta lucha a lo largo de los años ha dejado consecuencias negativas para los habitantes de la zona, tanto en la salud, como desplazamientos forzados y rupturas de los lazos comunitarios. Además de estas consecuencias, también han sufrido de criminalización por defender su territorio (…) Por culpa de la demanda, diez integrantes de la comunidad han tenido que enfrentar un proceso penal en su contra por el delito de daño en las cosas, el cual se ha alargado por más de 10 años”.
Además declararon que:
“Durante este periodo, las y los integrantes de la comunidad han recurrido a los tribunales locales y federales en los cuales no solamente no han encontrado justicia, sino que, además, nunca se les ha reconocido como comunidad indígena y, por tanto, los derechos que como pueblos originarios tienen”.
En consecuencia, las y los comuneros de Mezcala, acompañados por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), en febrero emprendieron un Procedimiento Especial de Reconocimiento de Inocencia el cual está en trámite en la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Especializada en Justicia para Adolescentes, este recurso legal tiene como objetivo que:
“Se reconozca que la actuación de las diez personas comuneras que retiraron la torre de fierro instalada en la tierra invadida, constituye el ejercicio de sus derechos humanos y, por tanto, se debe reconocer que no cometieron delito alguno”.
Será en los próximos días, cuando las y los magistrados de la Décima Sala dicten una resolución; por tanto, las y los comuneros de Mezcala esperan que el Poder Judicial “acabe con las injusticias que durante años han vivido las personas comuneras”, pues consideran que a éstos se les debe de devolver: “la tranquilidad que les han arrebatado durante más de diez años”.
Este Procedimiento Especial de Reconocimiento de Inocencia está bajo la responsabilidad de los magistrados José Luis Gutiérrez Miranda, Antonio Fierros Ramírez y Federico Hernández Corona, a éstos, les exigieron que:
- Reconozcan que las personas acusadas injustamente del delito de daño en las cosas por Guillermo Moreno Ibarra, son integrantes de una comunidad indígena y, por tanto, garanticen los derechos humanos que como personas indígenas tienen.
- Juzguen bajo una perspectiva diferencia y de derechos humanos, tomando en consideración los principios, derechos y lineamientos establecidos en el Protocolo de actuación para quienes implantes justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Determinen que las personas comuneras son inocentes del delito que se les acusa, ya que las acciones realizadas fueron en el ejercicio de los derechos que tienen como integrantes de la comunidad indígena Coca de Mezcala.
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