Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
En las últimas semanas ocurrieron hechos preocupantes para la situación de los derechos humanos: la aprobación del decreto que termina por incorporar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa y la realización de la comparecencia a puerta cerrada ante el Congreso del Estado de Jalisco del Fiscal General. Los tres son ocasión para abrir la conversación y hacernos preguntas que nos lleven a la acción.
Guardia Nacional y el miedo ante la necesidad de una seguridad ciudadana.
Más de veinte años en que se abrió la oportunidad para que las fuerzas armadas participaran en labores de seguridad pública, siempre guardando las “formas” de estar siempre bajo el mando de la autoridad civil.
En la práctica, su estructura, poder y formación de sus integrantes ha provocado graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros, lo cual originó que se reformara el fuero militar para provocar que fueran los tribunales civiles los que juzgaran los delitos que cometieran, aun así, los avances han sido limitados por la opacidad con la que se conducen.
Ya hace más de diez años, asistí a un encuentro privado entre académicos y personas de la sociedad civil con mandos militares, fue un grato momento de encuentro porque se sentía la necesidad de tender puentes. La sorpresa era escuchar sus discursos en donde se resaltaban lógicas de pertenencias y grandes reclamos hacia el incumplimiento de las obligaciones de la sociedad. Como si ellos fueran una parte independiente de la propia comunidad.
Esta pequeña experiencia, muestra la importancia de los contrapesos y de la necesidad de que instituciones con gran poder al mismo tiempo se encuentren interiorizadas con enfoques desde otras visiones menos endógenas, más una estricta rendición de cuentas para que en ellas se den pasos a otros horizontes.
La creación de la Guardia Nacional nace y se desarrolla en la crisis de la seguridad pública en México, en el realce del control político y conveniencia sobre las instituciones, pero sobre todo ante la renuncia de los gobiernos locales por fortalecer a sus policías.
El desenlace legislativo sólo refleja el oportunismo y la siembra de una militarización que puede llevarnos a ciclos renovados de riesgos para los derechos humanos aprovechándose de la falta de reconocimiento de la sociedad a las policías locales y el miedo de la sociedad ante la generalización de las violencias y la delincuencia.
Será importante canalizar el miedo para convertirlo en una palanca de presión que haga que las corporaciones locales caminen a estándares d seguridad ciudadana, que respondan para lo que fueron creadas y que pongan al centro las necesidades de las personas y de quienes las integran. Ya existen organizaciones con experiencia y trabajo en ello.
Presidentes municipales, comisarios, legisladores, representantes de consejos ciudadanos, universidades y organismos de la sociedad civil, deben conjuntarse para primeramente hacer un alto y dar los pasos para el cambio, independientemente del termómetro electoral.
No hacerlo es solamente quedarse con una corporación simbólica y sin enfoque civil en los desafíos locales.
La prisión preventiva oficiosa y su falsa propaganda de protección.
Para muchas personas la prisión en contra de las personas que les han generado un daño a través del delito es su única forma de sentirse bajo control, de saber que por lo menos las personas ofensoras vivirán privaciones. Queda muy lejos el papel de los jueces y las sentencias que no reconstruyen a las sociedades o la idea de prisión que bajo el enfoque de los derechos humanos puedan atender necesidades para reincorporar y responsabilizarnos como sociedad.
Esto lo han entendido muy bien los actores partidistas quienes de forma propagandística y por intereses muy particulares, han vendido la idea de que mantener en prisión a personas en espera de una sentencia, proporciona un halo de seguridad que por cierto ellos mismos renuncian a evaluar con evidencias.
Sin duda hay delitos gravísimos por sus daños y sus efectos, por lo que es necesario que los ofensores entren en el control de autoridades, pero la generalización de la prisión preventiva coloca a cientos de personas, la gran mayoría jóvenes y con graves desafíos en cuanto a su situación de pobreza, en una especie de túnel del tiempo que los coloca en el limbo de ser responsables, sin todavía haberse comprobado su culpa mediante un juicio justo. Lo anterior favorece una comodidad autoritaria y una simulación en la responsabilidad que tenemos como sociedad en la violencia delictiva.
La discusión en la SCJN aunque se centró en la defensa de los derechos humanos y terminó más en dudas sobre los cimientos de la construcción del orden constitucional, es un signo de nuestra resistencia de mirar a todas las personas con derechos sin los cuales no se puede vivir dignamente.
Si nuestra división hace que construyamos una sociedad con una dignidad en pausa, seremos una comunidad sin futuro, a merced de un autoritarismo que puede cambiar de objetivos para utilizar la ley como instrumento de fuerza. Eso ya ocurrió en el pasado reciente. Hay que aprender de ello y exigir un mayor número de jueces garantistas, un Poder Judicial transparente y defensorías con los recursos suficientes, así como fiscalías menos burocráticas y con suficiencia en la construcción de casos en los que verdaderamente se requiera la contención.
Cuando en los Congresos, ya no hay debate sino carlas de café entre actores de poder.
En su libro sobre Teoría de la Justicia, Amartya Sen narra como en el parlamento de la India se había aplicado una determinada política sobre la distribución de alimentos que a la postre había dejado una hambruna terrible en varias regiones, aspecto que fue denunciado por un valiente periodista. El suceso dejó en evidencia que cuando los poderes públicos dejan de cumplir con su función de ser ventanas para traer y discutir realizades sociales, dimensionarlas, complementarlas para reconocer o modificar las rutas pueden generarse graves consecuencias humanitarias.
En el caso del Congreso de Jalisco, independientemente de las legislaturas, se aprecia con claridad que hoy es sólo un muro, ineficiente, con temas limitados, con excesos y sin visión de Estado, cuya función es evitar el debate.
La decisión por parte de la mayoría de diputados locales (con grandes honrosas excepciones) de que la comparecencia del Fiscal de Jalisco se hiciera a puerta cerrada por el caso de Luz Raquel Padilla, refrenda que las instituciones incluso reflejadas en la ley pueden convertirse en instrumentos privados para justificar las omisiones graves, nos dice también que los poderes pensados en el pasado para hacer que la voz y los sentimientos de las comunidades encontraran eco, hoy son nudos de silencio y de tolerancia.
Gracias a esa acción, hoy la revictimización tendrá cabida en el discurso político y la vida cotidiana, ya que la han institucionalizado. Hoy la procuración de justicia no es aquella cuyo fin es el esclarecimiento de la verdad o la protección, sino una que busca imponer, silenciar, cerrar y opinar de forma absoluta sobre las personas, no debemos permitírselo.
Afortunadamente hay organizaciones y mujeres que nos invitan a no dar marcha atrás porque lo que está en juego es nuestro propio futuro como comunidad, hay que sumarnos a sus esfuerzos.
Sigamos con las preguntas para que las respuestas sean colectivas, para el ahora y el futuro que deseamos para la dignidad de todas las personas.
