Medios Aliados
En México, uno de los países más peligrosos para periodistas, los gobiernos estatales han creado instancias de protección que existen sólo en el papel porque no tienen presupuesto asignado,o personal suficiente y adecuado, ni se coordinan con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Por Samantha Páez / Colectivo Desde Provincia*
PUEBLA.- A los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado los asesinaron en enero de 2022 a unos metros de su casa, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México. Habían solicitado protección a la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, pero el trámite traspapelado y la falta de coordinación con el Mecanismo de Protección Federal fueron fatales.
Historias como la de Lourdes y Margarito se repiten en cada una de las 32 entidades federativas del país. En una investigación sin precedentes, el Colectivo Desde Provincia, conformado por reporteras y reporteros de seis estados, indagó sobre el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras.
A través de solicitudes de información a las autoridades, revisión de documentos oficiales y entrevistas con especialistas, los hallazgos fueron los siguientes: 24 estados respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas y personas defensoras, pero sólo ocho tienen un presupuesto específico, la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado en temas de libertad de expresión o de defensa de periodistas.
Los datos confirman que Guerrero, Morelos y Sinaloa son los tres estados donde las instancias de protección a periodistas están operando sin titular. También hay estados donde quienes colaboran en dichas instancias lo hacen de forma honoraria, es decir, sin recibir pago, como ocurre en: Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. Lo anterior ocurre, ya sea porque no hay presupuesto o porque esta actividad es una más de las que ya tiene a su cargo en la administración pública.
A través de 115 solicitudes de información, revisión de 143 documentos oficiales de las unidades a cargo de la protección de periodistas, el Colectivo Desde Provincia revisó los casos específicos de Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Baja California, para los cuales habló con periodistas, organizaciones civiles y responsables de las unidades.
En el occidente de México, en Jalisco hay un consejo acéfalo, sin presupuesto y con más de dos años sin sesionar desde 2018, sus integrantes solicitaron reiteradamente asignación de presupuesto, sin que hubiera respuesta positiva y con la administración estatal actual, no se han nombrado a consejeras y consejeros que continúen con el trabajo.
Mientras tanto en la parte central del país, en el estado de Puebla, tres oficinas simulan proteger a periodistas y personas defensoras de DDHH, dos de ellas dependen de la Secretaría de Gobernación, pero los recursos financieros y humanos son mínimos, y no existe transparencia en la conformación de las mismas. A pesar de esta estructura, periodistas de zonas de riesgos, como son aquellas donde existen delitos como el robo de hidrocarburos, siguen en el abandono.
La situación en Guanajuato es que existe un mecanismo de protección a contrapelo porque se creó un Atlas de riesgos para periodistas, el cual no es público y a través de transparencia se entregó testado. El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, que inicialmente integró a reconocidas activistas y periodistas, tiene recursos, pero han sido subejercidos, a pesar de la situación de violencia que ha puesto en riesgo a periodistas y personas defensoras.
Lo que ocurre en el centro de país se aguza en la costa Atlántica, en Veracruz, donde se tiene un millonario presupuesto que no protege a periodistas; el estado con más casos de periodistas a quienes se ha asesinado en México: 31, de 2000 a lo que va 2022, de acuerdo con Artículo 19 para México y Centroamérica. A pesar de que en 2012 se creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, familiares de periodistas víctimas de homicidio aseguran que la atención es insuficiente, no sólo por la falta de potestad jurídica, sino porque el presupuesto de la dependencia se invierte en salarios de sus 41 colaboradores.
Lo que pasa en el centro se extiende a los estados del norte, donde se han incrementado las agresiones contra periodistas. En Coahuila, convenios inoperantes hacen que periodistas se enfrenten a impunidad, el gobierno del estado firmó un acuerdo para instalar la comisión de prevención y protección de periodistas desde 2012, pero a la fecha no se ha concretado. La Fiscalía de Investigaciones Especializadas Atención y Protección a Víctimas y Testigos es quien se encarga de dar seguimiento a las agresiones a periodistas, al igual que para casos de feminicidios y violencia familiar, sin que hasta el momento se haya logrado el acceso a la justicia de periodistas que han interpuesto denuncias.
Mientras que en Chihuahua hay dos mecanismos de protección con poco éxito, el primero creado en 2006 (en 2010, aprobaron el protocolo) después de una gran exigencia por parte del gremio periodístico, fue dejado en el olvido y con los años se conformó otra instancia a que se le ha dotado de presupuesto de más de 19 millones de pesos anuales en promedio, pero sin que haya resultados exitosos.
En tanto que en Baja California, el gobierno estatal reactiva el mecanismo de protección después de los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, pero sin tocar el problema de fondo: la falta de acceso a la justicia y la falta de un compromiso real por parte de las dependencias para proteger a periodistas y personas defensoras.
Lo anterior, confirma que la protección se queda en el papel en un país que encabeza, junto con India, la mayor cifra de periodistas asesinados durante 2021, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y donde ocurre una agresión contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas, según la organización Artículo 19.
De acuerdo con el CPJ de 2019 a lo que va de 2022, 17 periodistas han sido asesinados en México. En tanto que Artículo 19 apunta que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 31 periodistas víctimas de homicidio, siendo éste el sexenio más violento si se toma en cuenta que en el mismo periodo durante el mandato de Enrique Peña Nieto ocurrieron 19 asesinatos y en el de Felipe Calderón Hinojosa, 26.
Cifras del propio gobierno federal, presentadas por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en marzo de 2022, daban cuenta de 55 homicidios de periodistas durante la actual administración federal, 49 periodistas hombres asesinados y seis mujeres. Pero no son sólo los asesinatos y feminicidios los que frenan la libertad de expresión, sino también los cientos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación que ocurren cada año en el país.
En el último informe de Artículo 19 se da a conocer que durante 2021 ocurrieron 644 agresiones, siendo las autoridades del Estado mexicano las perpetradoras en por lo menos 42.5 por ciento de los casos, frente a 21.3 por ciento cometidas por particulares, seguido de partidos políticos (9.1%) y delincuencia organizada (6.5%). Las fuentes informativas vinculadas con las agresiones son: corrupción y política, con 44.2 por ciento del total y seguridad y justicia, conocida como “nota roja” en México, con 24% del total.
En 2021, las entidades con más agresiones documentadas fueron la Ciudad de México, con 100 ataques; Guerrero, con 52; Puebla, con 46; Baja California, con 44, y Yucatán, con 39. Asimismo, las agresiones más comunes ese año fueron: intimidaciones, amenazas y el uso ilegítimo del poder público.
El antecedente: un pacto sin cumplir
En mayo de 2017, tras los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach (23 de marzo) y Javier Valdez (15 de mayo), todos los gobiernos estatales, a través de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), se comprometieron a asumir ciertos compromisos a propuesta del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la voluntad política no fue suficiente para cumplir con los acuerdos.
A partir de esa reunión surgieron las llamadas “Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”, que incluían: fortalecer la estructura y los recursos del Mecanismo de Protección Federal así como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle). Otras de las promesas fue establecer un Esquema Nacional de Coordinación con las Entidades Federativas y un Protocolo de Operación.
En las peticiones de información realizadas para esta investigación, la Secretaría de Gobernación federal (Segob) negó la existencia de pruebas documentales de dicha reunión, así como otras realizadas el 22 de mayo y 2 de junio; estos papeles no fueron entregados en las solicitudes de información porque la Segob afirmó que no hay “prueba documental”.
Lo anterior, se contradice con la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en su informe “Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras” afirma que sí se tomaron acuerdos entre la Segob federal y la Conago.
Entre los acuerdos de los gobernadores también mencionaron que las Unidades Estatales de Protección debían tener un mínimo indispensable de personal, es decir, al menos cinco personas para monitoreo, coordinación y reacción inmediata. Pese a ello, sólo 13 instancias de protección tienen esa cantidad de personal, incluso, hay otras cuatro que operan con una sola persona. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, de Veracruz, es la que tiene una estructura más robusta con 41 funcionarias y funcionarios públicos, aunque su creación es anterior a la firma de estos acuerdos.
Desde 2019, el incumplimiento quedó evidenciado, en el Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo de Protección Federal, elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que menciona “a dos años del anuncio, actualmente existen dos mecanismos locales y 12 UEP (Unidades Estatales de Protección), siendo que algunas de ellas están constituidas por una única persona que además tiene responsabilidades en varios otros temas. En 15 estados designaron enlaces con el Mecanismo de Protección Federal en la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía o en la Secretaría de Seguridad Pública. Cuatro estados no tienen ni enlace, ni UEP”.
Erick Martín Javier Salas, director general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, explicó el 3 de marzo de 2022, durante la ,mesa de lanzamiento del informe «BAJO RIESGO: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina», elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en la junta de gobierno de agosto de 2017 se autorizó la firma de convenios con los 32 gobernadores del país, a fin de que implementen acciones coordinadas y estructuradas en materia de prevención de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Detalló que si bien el convenio generaba la vinculación con las Unidades Estatales de Protección, solamente concretaron este enlace con 12 estados, pero tiene conocimiento que se crearon los mecanismos de protección estatales que no forzosamente se estaban coordinando con el Mecanismo de Protección Federal.
Sin embargo, el problema comenzó en 2018 durante las elecciones estatales y federales porque en cada una de las entidades federativas se generó una “política sin orden”, de acuerdo con Javier Salas, sin contemplar el tema de personas defensoras de derechos humanos en sus planes y proyectos de gobierno.
En palabras de Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información para la Mujer AC (Cimac) e integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, «de ese tamaño es la voluntad política de las entidades federativas, o sea cumplieron como pueden cumplir con la ley general, pero no necesariamente están interesados en realmente hacer la tarea que les toca».
Por su parte, desde la organización Artículo 19, Itzia Miravete, coordinadora de Prevención, sostuvo que el “protocolo de coordinación nacional para la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, promovido por Peña Nieto en 2017, pretendió obligar a los estados a asumir su responsabilidad de proteger a periodistas y personas defensoras, pero al final los convenios son de buena fe.
“Fue, evidentemente, un acto público frente a las protestas que estaban viendo, pero realmente no vimos en ese momento acciones más allá de los discursos, como tampoco estamos viendo en este momento acciones de los estados para frenar la violencia contra la prensa”, añadió.
El propio subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció durante una entrevista después del Foro de Libertad de Expresión, organizado por la Embajada de Noruega y Artículo 19 el 16 de marzo de 2022, que “hay mecanismos estatales que son solo simulaciones”, por ello desde el gobierno federal buscan generar una nueva Ley de protección que obligue a las entidades federativas a ser corresponsables en la protección. Pasaron los años y las acciones para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos de Peña Nieto se quedaron en el tintero.
Estados, omisos en obligaciones
De las instancias creadas en las entidades federativas, 13 dependen de la Secretaría de Gobierno o Gobernación del mismo estado; siete de las Fiscalías; tres son organismos autónomos y una más depende de tres dependencias distintas. 22 operan sin presupuesto o personal suficiente, incluso, hay instancias que laboran con personal “honorario”, es decir, que no reciben pago por ello, como es el caso de Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.
Respecto al presupuesto, según el análisis de esta investigación, ocho de las 24 instancias tienen recursos económicos concretos: la de Hidalgo es la que menos ha invertido de 2019 a 2021, con un promedio de 529 pesos diarios para la protección de periodistas; mientras que Chihuahua ha destinado casi 52 mil 472 pesos al día en el mismo periodo de tiempo, es decir, 98 veces más.
En comparación con 2019, el presupuesto asignado para 2021 disminuyó en Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua y Chiapas; en este último estado la caída fue de 452%, al pasar de 7 millones a 1.2 millones de pesos. En esas entidades que informan sobre el presupuesto no hay claridad de cómo se distribuyen los fondos, cuánto del presupuesto es para nómina y para las medidas de protección u otras actividades.
El tema presupuestal de las dependencias para proteger a los periodistas no es menor, afirma en entrevista Lucía Lagunes, porque explica que la propuesta de crear las Unidades Estatales de Protección no es mala; pero desde su punto de vista, los estados esperaban recursos federales para trabajar, porque es difícil que destinen parte de su presupuesto a este tema.
El diagnóstico de la ONU apunta que en el marco de las Acciones para la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores, de mayo de 2017:
“se asumió el compromiso de dotar a las UEP ( Unidades Estatales de Protección) de recursos para su equipamiento, infraestructura y profesionalización, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a pesar de que el Protocolo de Coordinación Nacional no prevé la asignación de recursos. Sin embargo, las UEP, que la ONU-DH consultó, manifestaron que no habían recibido de la Federación dichos recursos”.
Sobre este tema, Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante Saltillo y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas coincidió en la preocupación.
“Hay estados donde no sólo no existe capacidad institucional, sino que no tienen disposición de invertir presupuesto en la protección de periodistas y personas defensoras. Evidentemente es una tarea que ni es su prioridad ni les interesa y al mismo tiempo el propio Estado es el máximo agresor. Entonces, ya en términos ideales, suena muy bien, pero en términos reales creo que en México tristemente no estamos todavía con esa transparencia, ética, institucionalidad y fortaleza no política para poder pensar que eso va a ser viable a corto plazo”, comentó.
Sin dinero por parte de la Federación o los estados, la protección de periodistas es endeble, como el papel mojado, mientras las agresiones persisten y se agudizan.
Unidades de protección, sin infraestructura
El poco presupuesto en las dependencias hace que estos espacios estén debilitados para proteger a los periodistas, sumado a que no siempre cuentan con personal suficiente para atender la demanda de casos. En la revisión de la infraestructura de las comisiones, unidades y dependencias a cargo de la seguridad de las y los periodistas fue posible confirmar que 13 de las 24 instancias están integradas por cinco o más personas para operar, como fue la recomendación del gobierno federal de Peña Nieto.
Pese a esto, hay otras diez que cuentan con de una a cuatro personas para trabajar y en el caso de Coahuila, a pesar de contar con la Unidad de Delitos en agravio de la libertad de expresión de personas físicas y morales que ejerzan la actividad periodística, de la Fiscalía, no informaron el personal exacto que la conforma. En ese sentido, es la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz la que tiene más personal, con 41 funcionarias y funcionarios públicos adscritos.
Que haya personal no significa que estas dependencias están integradas por personas capacitadas para atender casos de agresiones contra periodistas. Si bien los perfiles de las personas que forman parte de las instancias de protección, en su mayoría son agentes policiales, policías ministeriales y personas con formación en derecho o comunicación, llama la atención que en Quintana Roo la persona titular de unidad de protección es técnica profesional en puericultura, es decir, se especializa en el cuidado de infancias. Lo mismo ocurre en Puebla, donde la jefa de seguimiento y reacción inmediata es médica con especialidad en Administración de Servicios de Salud.
Por otra parte, hay tres instancias que sí están operando, pero no tienen titular: Guerrero, Morelos y Sinaloa. Desde la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) que da seguimiento a las agresiones contra periodistas en México, Balbina Flores Martínez, representante de esta organización, explicó que son sólo 13 mecanismos o enlaces locales que están funcionando, pero incluso en esos casos donde hay una estructura mínima para operar, eso no quiere decir que estén funcionando correctamente, porque se desconoce cuáles son sus procedimientos internos, si cuentan con recursos o si han tenido alguna capacitación para funcionar.
“Eso también de enlaces se oye muy extraño porque para una situación tan grave como son las agresiones a periodistas y situaciones de emergencia, es parecido a una oficialía de partes, porque una oficialía de partes recibe y envía (oficios), pero no tienen ninguna capacidad de acción”, añadió Balbina Flores.
“Ahí viene personalmente mi preocupación, pensemos en el mecanismo que tiene Baja California donde han asesinado a tres periodistas se ha dicho que existe en tema de discurso, pero en términos reales no existe, a pesar de que el Gobierno del Estado tiene trabajando ahí a dos o tres personas, apenas iba a presentar el mecanismo, pero ya existía, claro, sin técnica, sin capacitación, sin presupuesto y aquí tenemos las consecuencias de solamente trabajar en discurso”, concluyó Alberto Xicoténcatl.
Es así que las unidades de protección, como meras oficialías de partes, como encargadas del papeleo y los trámites, cuestan vidas de periodistas.
Capacitar en lugar de proteger
Sin presupuesto y sin plan de trabajo, las pocas comisiones en funcionamiento se concentran en dar capacitaciones. En total, diez instancias de protección reportaron la realización de 372 talleres y cursos, pero no todos ellos fueron dirigidos a periodistas o personas defensoras. En el caso de la Fiscalía de Sonora, por ejemplo, las 17 capacitaciones fueron para funcionarias y funcionarios públicos, siendo los temas principales: derechos humanos, nuevo sistema penal acusatorio, teoría del caso, acceso a la justicia, integración de carpetas de investigación, tortura y desaparición.
Los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca y Puebla informaron de la realización de talleres o capacitaciones, pero no detallan los temas que se abordaron. Coahuila reportó la realización de 260 capacitaciones, pero no especificó si fueron tomadas por periodistas, personas defensoras o funcionarios públicos.
En la Ciudad de México impartieron 21 talleres de autoprotección para personas defensoras y periodistas; en Guanajuato se centraron en la autoprotección, seguridad digital y la creación de mapas de riesgos; en Guerrero, las capacitaciones se enfocaron en informar cómo es la incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y cómo opera, pero también hubo una enfocada cobertura electoral.
En Quintana Roo hubo un taller sobre seguridad digital y en Veracruz los cursos y talleres versaron sobre: perspectiva de género; herramientas digitales y desinformación; aspectos técnicos y conceptuales del servicio público; primeros auxilios psicológicos; hostigamiento sexual, y derechos humanos y herramientas para periodistas.
Si en el tema de talleres y capacitaciones son pocas las instancias que se han abocado a estas actividades, aún son menos las que han generado informes o diagnósticos sobre su trabajo, en este caso únicamente las dependencias de Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Puebla y Veracruz los han elaborado.
Sin embargo, hay documentos sobre los diagnósticos realizados por las unidades o comisiones de protección que al buscarlos directamente con el personal o en las páginas web no son ubicados. Es el caso del Diagnóstico de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado de Puebla, presentado en julio de 2019, que no es posible ubicar en el sitio oficial del gobierno estatal. Lo mismo ocurre con el Atlas de Riesgo de Guanajuato, que para consultarlo fue necesario pedirlo vía transparencia y cuando lo entregaron fue testado.
Los estados sin unidad
Aún con la fragilidad de no tener presupuesto, personal capacitado o estructura para proteger a los periodistas, los estados mencionados anteriormente tienen, al menos, una dependencia que en el papel, en las leyes, está diseñada para resguardar a los periodistas.
Hay casos, en los que ni siquiera se han abierto estas oficinas, se trata de Aguascalientes y Querétaro, que al momento de hacer solicitudes de información respondieron que no cuentan con alguna unidad especial, comisión, fiscalía o mecanismo para la protección de periodistas y personas defensoras.
En el Estado de México fue hasta febrero de 2022 que instalaron el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México, un año después de promulgada su ley estatal de protección y cinco años más tarde firmar los compromisos con Peña Nieto.
Otras cinco entidades, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Nuevo León y Tabasco, se declararon incompetentes para responder si existía alguna instancia encargada de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la estructura del Poder Ejecutivo. El gobierno estatal de Yucatán, por su parte, declaró la inexistencia de información al respecto.
En entrevista para esta investigación, el subsecretario Alejandro Encinas reconoció que parte del problema es la omisión de las entidades federativas, la falta de políticas de prevención, la nula investigación de las fiscalías locales de los crímenes contra periodistas y activistas y, desde luego, la impunidad.
De allí la idea de crear un Sistema Nacional de Protección, integrado por dependencias federales y por autoridades estatales.
«No queremos comisiones ni mecanismos a modo de los gobernadores, tienen que estar sujetas a las normas y protocolos del Sistema Nacional, tienen que cumplir los mismos patrones y protocolos desde su integración, hasta el establecimiento de las medidas de protección», agregó el funcionario federal.
Segurizar la protección a periodistas
No basta con asignar recursos materiales y humanos, las instancias de protección, afirma Itzia Miravete, coordinadora de Prevención de Artículo 19, y explica que lo que se necesita es un enfoque de protección integral para atender riesgos físicos, pero también los psicoemocionales y digitales.
A pesar de ello, las medidas de protección más recurrentes por parte de las instancias estatales son: brindar escoltas, números de emergencia, rondines policiales, vigilancia en domicilio, otorgar botones de pánico o dispositivos GPS, envío a un refugio temporal o extracción y reforzamiento de seguridad en vivienda o instalaciones. Aunque sí hay organismos que tienen medidas como la asesoría jurídica y psicológica, atención médica o apoyos económicos, no son las más comunes.
Para la activista estas medidas son tendientes a segurizar la protección de periodistas, es decir, a ver a reporteras y reporteros como objetos a los cuales proteger y no como a personas sujetas de derechos.
“Las personas que manejen, tanto el mecanismo federal como los estatales, no pueden tener una mirada de securización. No tiene que ir encaminada hacia militarizar, hacia llenar a la persona de chalecos antibalas y refugios, porque lo que necesitamos hacer y es algo que se ha recalcado mucho: las personas que están en riesgo tienen que ser vistas como sujetas de derechos y no pueden ser vistas como objetos de protección”, explicó.
En el informe Bajo Riesgo: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina (Brasil, Colombia, Honduras y México), de RSF, también señala que en ese sentido «es precisamente el enfoque restringido a la seguridad física e inmediata del beneficiario, en detrimento de la implementación de planes de protección integral, el que más críticas recibe por parte de los atendidos por el mecanismo”.
A través de una revisión de las respuestas de las entidades federativas a las solicitudes de información hechas por el Colectivo Desde Provincia, se encontró que seis de las instancias de protección sólo ejecutan las medidas y que es el Mecanismo de Protección Federal que las dicta.
En ese sentido, la mirada de segurización inicia en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, basta con analizar las medidas implementadas que vienen en su último Informe estadístico, de abril de 2021: las más implementadas son el botón de asistencia (también conocido como botón de pánico) y número de contacto de emergencia.
Ante esta situación “se vuelve urgente la necesidad de reforzar las capacidades de análisis sobre las causas de fondo del riesgo y la adopción de medidas políticas que las aborden y desactiven”, como señala el Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo de Protección Federal.
Mecanismo tampoco garantiza la protección
Una de las principales medidas que dan a nivel federal a los periodistas que requieren protección es asignarles escoltas, que los acompañan a su trabajo, casa o a cualquier actividad, una de cada tres entidades aplican este tipo de acciones. Sin embargo, estos escoltas suelen pertenecer o a la policía estatal o municipal, las mismas que han sido identificadas como los principales agresores en los estados.
El Mecanismo de Protección Federal se decanta por brindar botones de asistencia, también conocidos como botones de pánico, el 20% de las medidas extraordinarias y el 19% ordinarias consisten en ello. Pero, como dice Hilario Cruz, de Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Puebla, el aparato no siempre funciona.
Ésta es una de tantas críticas que ha habido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que ha llevado a que organizaciones internacionales y nacionales hayan realizado diagnósticos y estudios al respecto. Pero como comentó Balbina Flores en la mesa de discusión “Agresiones a periodistas en el contexto del combate a la corrupción”, organizada por Iniciativa Sinaloa y el Border Hub en febrero de 2022, “el mecanismo de protección en México está sobre-diagnosticado, hay una gran cantidad de estudios, sería interesante revisar para hacer aportes muy concretos”.
Es por ello aquí sólo se mencionan los instrumentos que han evaluado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y sus resultados, sin perder de vista que es esta instancia federal la que dicta las acciones de al menos seis unidades de protección estatales:
- Una investigación de Fundar, Centro de Análisis e Investigación de 2016, evidenció la falta de transparencia del ahora extinto Fideicomiso para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, también de los contratos con RCU Sistemas, quien se encarga de dotar a las personas beneficiarias de las medidas de protección.
- En Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del estado mexicano, realizado por Espacio OSC en 2017, se aborda cómo la rotación de personal del mecanismo impide que haya personas capacitadas que atienda los casos, de la falta de transparencia en el manejo de recursos y de la privatización de los servicios de protección.
- El Diagnóstico sobre el Funcionamiento del Mecanismo, elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en 2019, señala que los principales fallos tienen que ver con la coordinación, desde las propias instancias federales, pero también con las entidades federativas. Asimismo, con la falta de prevención y que el compromiso institucional de protección provenga desde la presidencia de la República, para que así sea replicada por las gubernaturas y titularidades de las diferentes instancias.
- Bajo Riesgo: Cómo superar las deficiencias de los programas de protección de periodistas en América Latina (Brasil, Colombia, Honduras y México), de RSF publicado en 2022, apunta que en tanto la actual ley de protección no es vinculante, los estados y municipios no se ven obligados a actuar. También que existe una participación limitada de órganos federales en la Junta de gobierno del Mecanismo de Protección Federal.
- En el diagnóstico Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentado por la CNDH en 2022, deja de manifiesto que hay casos urgentes que no se han atendido como tal y que por lo mismo tampoco se aplican las medidas con la inmediatez requerida. Además de la falta de una política estatal, ejemplo de ello es que 18 entidades no cuentan con leyes de protección para periodistas y personas defensoras.
Para esta investigación solicitamos en llamada telefónica y vía correo electrónico la versión oficial del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sobre la falta de coordinación con los estados y que las instancias de protección locales son inoperativas. La respuesta fue que se confirmaba la recepción de la solicitud y que se turnaba al área correspondiente, sin que hasta el momento se haya dado respuesta.
Ante esta situación la Secretaría de Gobernación federal ha propuesto elaborar una nueva ley general de protección, para ello se han realizado desde enero hasta junio de este 2022 ocho foros regionales en Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Jalisco y Michoacán, donde se buscaría recoger propuestas de organizaciones de periodistas y activistas en los estados, con miras a elaborar con ello una iniciativa.
Al respecto, Encinas señaló durante una entrevista «es evidente que los foros regionales van a hacer insuficientes dada la trascendencia de este tema, pero si logramos conjugar una propuesta que surja de los foros sometida a la discusión de un parlamento abierto en el Congreso, creo que podemos construir un instrumento legislativo con mucha legitimidad».
Para que ello se concrete es necesario pasar del papel a las acciones porque la protección integral no sólo se trata de incluir la perspectiva de género e interseccionalidad o adoptar un enfoque de derechos humanos, sino que -como se menciona en el documento Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión-, se base en cinco aspectos: prevención, protección, investigación, reparación y garantías de no repetición.
Cuando ocurra esto, entonces, dejarán de ser comisiones de papel y se convertirán en espacios que garanticen la protección y vida de periodistas para que no se impongan las zonas silenciadas de información en el país.
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El Colectivo Desde Provincia está conformado por Mely Arellano, Alfonsina Ávila, Patricia Mayorga, Camelia Muñoz, Samantha Páez, Raúl Fernando Pérez, Elizabeth Rivera, Karen Rojas, Sandra Segura y Bryam Torres.
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Colectivo Desde Provincia y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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La investigación ha sido publicada originalmente en LADO B: https://www.ladobe.com.mx/comisiones-de-papel/.
