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Efrén Cortés sobrevivió a la masacre que encabezaron en 1998 los Gafes, militares de élite adiestrados para operaciones especiales en Estados Unidos. En este 2022 reconstruye las horas que se vivieron en El Charco, con 11 personas asesinadas, cinco heridas y 22 detenidas
Texto: Amílcar Juárez / Amapola Periodismo
Foto: Óscar Guerrero
CHILPANCINGO, GUERRERO.- La madrugada del 7 de junio de 1998, el 27 Batallón de Infantería cercó la comunidad de El Charco. Las botas de los militares sonaron en el techo de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez.
“¡Salgan, les vamos a dar su chilate con pan!”, gritaron los soldados.
“¡Ríndanse, perros!”, insistieron.
“¡Salgan, putos, entreguen las armas!”, retaron.
El 27 Batallón de Infantería, del entonces Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), no medió más: lanzaron ráfagas con sus armas de alto poder a las paredes de la primaria.
En la región naa´savi del municipio de Ayutla de los libres y en toda la región Montaña, había una fuerte presencia organizada del movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los aparatos de seguridad consideraron este movimiento como una amenaza en la región. Y desplegaron un plan de contrainsurgencia y militarización.
Entre noviembre y diciembre de 1997, el proyecto original del EPR se fracturó. En el movimiento insurgente en Guerrero surgió una nueva visión denominada “el poder popular”.
La fractura en esencia fue por la nueva estrategia: la lucha popular masiva ya no estaría caracterizada por las armas, por la construcción de núcleos de combate y por un Ejército.
Esa diferencia provocó una escisión en el EPR.
El 6 y el 7 de junio de 1998, en El Charco se convocó a los pueblos para consultarlos sobre dos temas: la ruptura con el EPR y su autonomía.
“Ese 7 se estaba dando una consulta para tratar dos temas: la ruptura y el aspecto de la autonomía; pero la autonomía no nada más de la parte de Ayutla sino de toda la Montaña. Se estaba replanteando sobre los municipios autónomos para que se empezara a construir una nueva forma de relación política con el estado y la Federación”, dice Efrén Cortés, uno de los sobrevivientes de la masacre.
El 6 de junio, los pueblos decidieron adherirse al ERPI; al día siguiente se abordaría la autonomía, pero eso no fue posible: los militares los atacaron.
La columna. Los civiles
Han pasado 24 años de esa masacre. Efrén Cortés sobrevivió al ataque que encabezaron los Gafes, ese cuerpo táctico compuesto por militares de élite entrenados para operaciones especiales adiestrados en Estados Unidos.
En este 2022, Efrén reconstruye esos días, esas horas que se vivieron en El Charco.
“El Ejército se encontraba en dos poblaciones cercanas denominadas El Piñal y Coxcatlán; se sabe que hubo una fuga de información, aún es difuso si se trató de una delación. El Ejército sabía que había una consulta popular donde convergen la insurgencia armada y la base social. Por eso la columna del ERPI estaba el día que se dio la masacre.
“Lo que sucede es que se da la reunión el día 6, se pide a la base que se retiren, pero la población no se quiso retirar y deciden pernoctar en el mismo sitio donde se encontraba la columna de combatientes.
“Cuando ellos llegan, llegan disparando y aniquilan a dos de los guardias (de la guerrilla) y se da el cerco, se empieza la negociación, se les dijo a los Gafes: ‘está la columna aquí, pero hay civiles’, 20 fueron detenidos, pero habían más.
“La reunión aglutinaba a alrededor de 300 personas, la mayoría autoridades comunitarias de su población, pero muchos quedaron fuera del cerco militar.
“Cuando sucede esto los responsables de la columna le dijeron al Ejército que permitieran que saliera la gente civil, los mandos del Ejército dijeron no porque si están con la guerrilla algo tienen de responsabilidad. Es esto lo que propicia que la columna del ERPI abra fuego para tratar de romper el cerco.
“Las primeras unidades que salen sí rompen el cerco, salieron dos pelotones porque ahí había una concentración muy grande de fuerzas regulares y base desarmada, se rompe el cerco y los Gafes se percatan de esto y emplean una táctica con granadas con aditivo; ahí ya fue muy difícil romper cerco porque empezaron a tirar morteros. Son estas esquirlas las que han dejado huella en las paredes de la escuela primaria.
“Las granadas fueron arrojadas al interior de las dos aulas donde se encontraban los civiles y guerrilleros lo que provocó un sinfín de heridos por las esquirlas. Es por eso que nosotros decimos sí hay enfrentamiento, pero hay ejecuciones de rendidos y de gentes desarmadas.
“La reunión se dio, si hubo una consulta social donde había una influencia del movimiento insurgente sobre un pueblo que sí apoyaba, pero bajo una lógica diferente, la Montaña desarmó el vanguardismo, la dictadura del proletariado, lo desarmó por varias cosas porque los pueblos indígenas dijeron: ‘más que revolución, tenemos que organizarnos’”.
El error. El Pitazo
—¿Cuántos combatientes estaban el 7 de junio?
—En la concentración de la consulta había cuatro columnas cada una con dos pelotones una suma de 48 milicianos con sus respectivos mandos, más la base, por eso hubo una confrontación grande porque había poder de fuego.
—¿Cuáles fueron los errores por parte de la insurgencia?
—Hubo un problema de exceso de confianza y que violó los principios de seguridad. El error en particular que se cometió ahí fue que las columnas pernoctaron dentro de la población. Eso jamás se debería cometer porque ahí no te puedes ni defender y si te defiendes como se intentó vine la represión sobre varias cosas. Existen indicios que alguien le dio el pitazo al Ejército que estaba muy cerca, pero eso fue un 20 por ciento, porque en un 80 por ciento fue un error de los responsables de no tomar las medidas que deben de tener una columna guerrillera. La columna guerrillera debe de moverse, nunca pernoctar tanto tiempo, tiene que moverse para evadir el cerco o la estrategia del Estado, porque el Estado siempre va estar con sus aparatos de inteligencia, con sus operativos, con sus infiltraciones.
—¿Murieron altos mandos del ERPI en el enfrentamiento?
—No cayó nadie de la dirección nacional, pero sí cayeron mandos regionales fundamentales para la región, murieron cuatro que eran fundamentales para el proceso.
—¿Existió una campaña de contrainsurgencia antes de la masacre?í
—Sí existió, después de la aparición pública del EPR en el vado de Aguas Blancas, la toma de Tecoanapa y la propaganda armada. El Estado sí consideró al EPR y a todas sus ramificaciones como un peligro para su existencia sobre todo por la capacidad de fuego. Nunca se había presentado un movimiento con esas características, con esa estructura, con esa disciplina. El Estado comenzó a utilizar una estrategia llamada Aldeas. Empezó a construir pequeñas aldeas en Coxcatlán, Candelaria, en El Piñal, en Quiahuitepec y ya no se retiran, tomaron parte de la zona serrana, para estar observando desde dentro. La masacre se da dentro de un contexto de militarización y de contrainsurgencia.
Basta recordar que al mando del batallón se encontraba Alfredo Oropeza Garnica, el encargado del plan Arcoíris empleado en 1994 en la selva Lacandona y los altos de Chiapas, en la zona de influencia del EZLN.
En El Charco también tiene una lógica de contrainsurgencia porque ellos sabían que allí había base social y no permitieron salir a los civiles, la estrategia era contener o aniquilar a la insurgencia.
El 27 Batallón Infantería llegó primero a Costa Chica a la población de Buena Vista, para esos años el batallón que se encontraba en el Tuci, en Atoyac, también era de Fuerzas especiales, posterior a la masacre se desplegó otro en la ciudad de Tlapa.
En los manuales de guerra de amplio espectro del sociólogo Venezolano Carlos Lanz sostiene que una de las estrategias es golpear a la población con temas culturales.
Antes de la masacre de El Charco se habían cometido violaciones sexuales por militares a mujeres en la región en su mayoría menores de edad, entre los 13 y 14 años, se registraron alrededor de 40 casos.
En la reunión del 6 y 7 de junio se estaba tratando ese tema, la respuesta que se iban a emplear, además de que el Ejército influenciaba con drogas y alcohol a los jóvenes de las comunidades.
—Nuevamente el 27 Batallón de Infantería, ahora en Iguala en el caso Ayotzinapa.
—Sigo sosteniendo que en el caso Ayotzinapa para mí fue una estrategia de contrainsurgencia, aunque se le ha querido quitar peso con las incorporaciones de grupos delincuenciales.
Está documentado periodísticamente que desde que salieron de la normal los iba monitoreando el Cisen, hoy CNI, lo que planteo es que si los aparatos de inteligencia los iban monitoreando y se dieron cuenta que la Policía de Iguala los detuvo y esta policía se los entregó a los grupos delincuenciales por qué no hicieron nada, si dicen que existe una coordinación entre instituciones donde participa el Ejército, la Marina la Policía Federal, las policías estatales y municipales ¿Por qué no evitaron esta barbarie?.
Ese mismo batallón que estuvo presente en la masacre de El Charco algo sabe sobre lo que pasó. Otra situación sospechosa es que ocho estudiantes eran de Tecoanapa y cuatro de Ayutla, once en total, de los cuales muchos de esos padres de familia estuvieron con nosotros.
Pareciera ser un mensaje de escarmiento.
—¿Cómo es la situación jurídica del caso de la masacre de El Charco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
—La demanda se realizó por dos argumentos: uno por ejecución extrajudicial y la segunda es por tortura. En la ejecución extrajudicial existen cinco compañeros que tienen “tatuaje”, lo que indica que fueron asesinados a quemarropa, se le denomina tatuaje cuando el hueso es quemado con la pólvora. El Estado no puede negar eso porque está demostrado que hubo ejecución, porque eso es lo vimos primero, estaban heridos, después que nos llevaron hacia otro lado escuchamos balazos, eso da entender que fueron ejecutados. No lo vimos, pero lo escuchamos. En el caso particular de Ericka Zamora (también sobreviviente) y el mío está documentado que fuimos torturados, los médicos legistas dijeron: “estos vienen bien jodidos”. Esas son cosas que el Estado no se las puede quitar.
La demanda fue recibida en 2012 por la CIDH y hubo admisibilidad por parte del Estado mexicano donde señaló que existen indicios, que se violaron muchos artículos, hay sospechas de que hubo ejecuciones extrajudiciales y está demostrado que hubo tortura. El Estado lo admite, ahora lo que estamos esperando es el informe de fondo y este busca establecer la violación de derechos humanos y ponerse de acuerdo entre Estado y víctima del caso, de no llegar a un acuerdo se turnara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es ya la segunda instancia.
En estos momentos se está esperando el informe de fondo. Lleva 10 años la demanda, pensamos que el informe saldrá a la luz a finales del sexenio de (Andrés Manuel) López Obrador o del siguiente, sabemos que es un juicio tardado. En los hechos ocurridos en la comunidad de El Charco, del municipio de Ayutla de los Libres, murieron 11 personas, cinco heridos y 22 detenidos.
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Esta nota fue realizada por AMAPOLA PERIODISMO, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
