Conceptos claros, sanciones administrativas y no involucrar a las autoridades estatales y municipales fueron algunas de las recomendaciones de defensores y periodistas de Jalisco para la iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por Mariana Recamier y Jessica Padilla
La principal recomendación que hicieron defensores de derechos humanos y periodistas que trabajan en Jalisco para incluir en la iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue que la aplicación de esta norma y el Mecanismo de Protección no estén a cargo de las fiscalías del estado ni las autoridades municipales ni estatales porque, denunciaron, en diversas ocasiones fueron estas entidades quienes los agredieron.
Algunos activistas y comunicadores, incluso, sugirieron que tanto la ley como el mecanismo sean llevados por un organismo descentralizado y autónomo; esto ocurrió como parte del séptimo diálogo para impulsar la iniciativa de Ley General de Prevención y Protección que impulsa la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y que se realizó el 30 y 31 de mayo en el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco.
Entre quienes participaron estuvieron madres que buscan a sus hijos desaparecidos, activistas medioambientales, personas indígenas, redes de colectivos y periodistas; todos coincidieron en que la protección que les han brindado no ha sido buena, así como tampoco han sido ejemplares las sanciones contra quienes les han agredido y hostigado.
Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo durante la segunda jornada que estos foros eran una primera etapa para tomar las opiniones de defensores y periodistas y a partir de esas consideraciones redactar un borrador de la iniciativa de ley que posiblemente entreguen en septiembre u octubre al Congreso de la Unión.
El discurso gubernamental señaló que 2022 fue el año con mayor inversión en el mecanismo de protección; sin embargo, tras las deficiencias, periodistas propusieron que en lugar de buscar operar con una partida presupuestal, se pida un porcentaje anual del presupuesto federal para que el recurso aumente conforme a la inflación y este porcentaje no sea disminuido tan fácilmente por alguna nueva administración.
Algunos defensores coincidieron en que lo primero que se debe hacer es comunicar con claridad el funcionamiento del mecanismo, sus alcances y las posibles medidas. También solicitaron que se capacite a las corporaciones de seguridad que protegen a las personas inscritas, como la Guardia Nacional, porque ha sucedido que no tienen información detallada sobre cómo opera el mecanismo ni acerca de las personas protegidas.
Otra de las peticiones de los defensores fue mejorar la metodología y el marco teórico con el que se hacen los análisis de riesgo para aceptar o rechazar a alguien en el mecanismo.
“Ellos no hacen un análisis de riesgo como nos lo han hecho otras organizaciones e incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos (de Jalisco). No analizan vulnerabilidades, riesgos y peligros que tenemos, sino simplemente hacen una relatoría resumida de los hechos que ya denunciamos y con eso deciden si incluirnos o no en ciertas medidas físicas o políticas de seguridad”, explicó uno de los activistas que propuso revisar los filtros del mecanismo.
Además, los defensores consideraron que las decisiones que se toman mediante el mecanismo no priorizan ni incluyen las necesidades que ellos expresan. Es por eso que pidieron que este protocolo se active de acuerdo con las vulnerabilidades comunicadas por los afectados, como pueden ser las capacidades de reacción de una organización.
Por otra parte, algunos periodistas propusieron que la ley incluya una concepción amplia de términos como periodista, tanto para abarcar a todos los trabajadores de la cadena informativa, independientemente de la relación laboral o la existencia de remuneraciones, como a aquellos que realizan esta actividad de forma complementaria a otras.
El gremio periodístico también solicitó ampliar la concepción de las medidas de prevención en la ley para, por ejemplo, promover políticas públicas que combatan la precarización laboral de los periodistas, además de que se reconozca y dignifique la labor de los defensores.
Periodistas y defensores sugirieron a las autoridades del foro contemplar sanciones en la ley, a lo que Enrique Irozque contestó que esto no era posible. Ahí fue cuando una periodista le recordó al funcionario que otras leyes generales, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sí contemplan sanciones a los funcionarios que las infrinjan.
Tras escuchar estos argumentos, Irozque se comprometió a considerar un capítulo de sanciones para los servidores públicos que agreden a periodistas o defensores.
También se retomó la importancia de las sanciones políticas y económicas como modelos de prevención a más agresiones, ya que el mismo mecanismo identifica como agresores a los funcionarios públicos.
Otros periodistas sugierieron que en la ley se tomen en cuenta delitos relacionados con el género como el acoso sexual a mujeres periodistas. También comentaron que las instituciones religiosas son agresoras de periodistas en algunos municipios de Jalisco.
Los periodistas también pidieron que se considere regular la publicidad oficial en la iniciativa de ley para que los empresarios de los medios de comunicación no coloquen a los periodistas en situaciones de riesgo con la intención de manipular a los gobiernos, además de incluir la figura de la cláusula de conciencia y la del secreto profesional para que los periodistas puedan negarse a cubrir hechos que por su naturaleza sean inseguros cuando sus medios de comunicación no les ofrezcan condiciones de seguridad, ya que varios periodistas aseguraron que han sido utilizados como “carne de cañón” por sus medios de comunicación y quienes terminan amenazados o vulnerables son ellos.
Defensores de comunidades indígenas al norte de Jalisco expresaron su inconformidad tras las medidas cautelares que suele promover el mecanismo para llevar a víctimas a refugios, esto debido a que ellos esperan que no sean ellos quienes tengan que salir de sus territorios sino que las autoridades hagan su trabajo de investigación y detengan a quienes los quieren obligar a irse de sus comunidades para apropiarse de sus terrenos, explicaron que esa no es una solución para ellos porque necesitan defender sus territorios en ellos y esas medidas son ineficaces para ellos.
Este foro se sumó a otros encuentros para discutir el mismo proyecto de ley. Las sedes en las que ya se realizaron diálogos fueron: Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California. Las próximas discusiones serán en Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León.
*No se incluyeron los nombres de los periodistas y defensores que hicieron las propuestas por su seguridad
