En Jalisco, entre los años 2000 y 2022, se han denunciado 322 quejas por la violación a los derechos humanos de personas defensoras de los derechos humanos y de personas periodistas; así lo informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el marco del séptimo díalogo para impulsar la iniciativa de “Ley General de Prevención y Protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas” que impulsa la Sub Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Ahí frente al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, quienes ha solicitado ayuda al mecanismo de protección o quienes ya forman parte de éste reclamaron el que arriben a Jalisco a solicitar propuestas para una nueva ley cuando han sido incapaces de defenderles de las agresiones que han sufrido.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Fotos: @EspacioOsc
El sentir de molestía y desencanto de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Jalisco frente a funcionarios de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación fue evidente, pues antes de pensar en nuevas propuestas para una ley general de protección, coincidieron, que es necesario que el Estado Mexicano asuma su incapacidad para defender y proteger a todas aquellas personas que están enfrentando amenazas o riesgos, los cuales, también señalaron, tienen como principales agresores a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
Estos señalamientos ocurrieron durante el primer día del séptimo diálogo para impulsar la iniciativa de “Ley General de Prevención y Protección ante agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas” que impulsa la Sub Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, misma que busca recabar en la entidad la opinión de las y los posibles beneficiarios de una propuesta de Ley General que, a decir del titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos, buscará resarcir la alta impunidad que existe en torno a los crímenes cometidos en la materia.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a mayo de 2022, en el país han sido asesinados 58 periodistas y 105 personas defensoras de los derechos humanos; en ambos casos, la impunidad es grande porque de los 58 crímenes cometidos contra las y los periodistas sólo existen siete sentencias, lo que da una impunidad del 87.93%; en cuanto a las personas defensoras, la impunidad es del 99%, pues de los 105 homicidios sólo hay dos sentencias.
Y ese nivel de impunidad es lo que se denunció fuertemente por quienes asistieron en el diálogo, pues para ellas y ellos, la existencia de una ley o de un mecanismo de protección no ha implicado un cambio real ni en sus denuncias ni en todas las situaciones de riesgo que padecen de manera sistemática tanto por hacer un periodismo crítico como por su defensa de los derechos humanos, principalmente, con aquellos vinculados a la defensa del territorio y el medio ambiente.
En el caso de Jalisco, 4 de cada 10 quejas por violación a los derechos humanos de personas defensoras se concentran en los 11 conflictos socioambientales vigentes en el estado; en sus casos, señala la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), las agresiones físicas y las desapariciones forzadas son las violaciones a sus derechos más denunciadas.
Las víctimas, en su mayoría, provienen de comunidades indígenas; un ejemplo de estas luchas se dan en Ayotitlán, San Lorenzo Azqueltán o San Juan Bautista de La Laguna. La última de estas agresiones ocurrió el pasado 19 de abril, cuando fueron desaparecidos los comuneros Catarino Aguilar Márquez y Noé Aguilar Rojas, quienes afortunadamente fueron localizados con vida.
Aunque quieres acudieron al séptimo diálogo eran muy conscientes de que la ley o los mecanismos de protección que puedan derivarse de ésta no detendrán per se la violencia que padecen o han padecido, aprovecharon la oportunidad para señalar lo poco que les ha servido las medidas de protección que les ha dado el Estado Mexicano para hacer frente a las amenazadas o riesgos derivados de su labor; primero, porque quienes se las dan u otorgan son, en muchas ocasiones, sus propios agresores: “¿Con qué cara nos piden confianza ahora? Si muchas veces nos dejaron solos o ante riesgos evidentes rechazaron nuestra incorporación al mecanismo?”, expresó un defensor que ha estado cercano a las luchas urbanas por su territorio.
En Jalisco, a la fecha, el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación cuenta con 81 personas defensoras de derechos humanos (46 mujeres y 35 hombres), y ocho personas periodistas (2 mujeres y 6 hombres) adscritas y beneficiarias con medidas de protección.
Varias de estas personas presentes en el diálogo indicaron que su situación, en realidad, no ha cambiado, pues los riesgos persisten y desde el mecanismo no hacen un acompañamiento cercano.
Además enfatizaron que analizar la ley y el mecanismo de protección ayuda, pero lo que habría que cambiar es el enfoque de y secutitización de la labor de periodistas y defensores de derechos humanos: “No queremos que las personas periodistas y defensoras sean vistas como objetos de protección, sino vistas como personas defensoras y periodistas que ejercen sus derechos: el derecho a defender derechos humanos. Necesario un enfoque de protección integral”, señaló un integrante de la Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Por su parte, otra de las periodistas participantes fue crítica al señalar que el problema no es que la anterior legislación no sirva: “Lo que no ha funcionado es su aplicación y los funcionarios públicos que han tenido que aplicarla, ahí ha estado la falla”.
Otras de las fallas, aseguraron varias y varios de los asistentes, radica en la opacidad, así como falta de transparencia y rendición de cuentas del Mecanismo Federal y el Mecanismo Estatal de Protección de Jalisco, pues no se tiene información pública y de libre acceso sobre su funcionamiento.
Aunque hubo un reconocimiento al diálogo propuesto por las autoridades federales, las y los participantes le recodaron a los actuales funcionarios que la ley vigente es producto de un trabajo social y colaborativo que no se ha implementado a cabalidad; por ello, emitieron el siguiente cuestionamiento: “¿Cómo proponen llevar la propuesta de Ley General cuando no han sido atendidas las acciones previas contempladas?”.
¿Qué propone la nueva Ley General de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas?
Actualmente, la Secretaría de Gobernación, a través de la Sub Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, está realizando diálogos regionales en diferentes ciudades del país para abordar la reforma legal, la cual busca modificar el marco normativo que define las competencias de los distintos órdenes de gobierno e instituciones públicas para proteger a las personas defensoras y periodistas que se encuentren en riesgo debido al ejercicio de su actividad.
La Secretaría de Gobierno, en esta iniciativa, busca crear un Sistema Nacional de Protección, la elaboración de un Protocolo Nacional de Actuación, realizar un Registro Nacional de Agresiones e implementar un Programa Nacional de Prevención. En cada una de estas acciones que se “establezca con claridad la corresponsabilidad y competencias de las instituciones del Estado Mexicano en materia de protección”.
Pero lo más importante es que se transite de un mecanismo federal, como el que ahora se tiene, a un mecanismo nacional con resoluciones vinculatorias; es decir, que tengan carácter de obligatorio.
De acuerdo la último informe del Mecanismo, éste cuenta con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de los estados del país. Y, actualmente, sólo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección: Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.
En cuanto a leyes de protección a personas defesoras de derechos humanos y periodistas, sólo 17 de las 32 entidades federativas cuentan con una ley local en la materia. Jalisco publicó su ley, el 24 de junio de 2012.
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