La contingencia sanitaria evidenció una asimetría en la lucha de las comunidades contra el modelo extractivo minero incluso en la región de Latinoamérica, por frecuente contubernio entre autoridades y empresas, revelan informes
Texto e imágenes: POPLAB
GUANAJUATO.- La pandemia de covid ha ejercido nuevas presiones sobre las comunidades afectadas por los proyectos mineros y, al mismo tiempo, ha creado oportunidades para que las empresas mineras y los gobiernos muchas veces trabajen juntos, violando derechos; así, mientras las familias atendían urgencias económicas y de salud, comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre dichos proyectos o dejaron de reunirse con la regularidad que acostumbraban, como fue el caso de las organizaciones alrededor de la Cuenca de la Independencia, en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Esta disposición oficial en muchos países, incluyendo a México, para prohibir a las personas reunirse y al mismo tiempo, privilegiar ciertas actividades económicas, entre ellas, la minería, puso en riesgo a las comunidades, muchas de ellas indígenas, de recibir daños sobre todo a largo plazo, no solo en el territorio sino también en la población. Estas son parte de las conclusiones de dos informes, de corte nacional y a nivel Latinoamérica, dados a conocer este martes.
En ellos se evidencia cómo las actividades mineras, durante la contingencia «solo tuvieron breves pausas en sus operaciones y en cambio, fueron rápidamente declaradas esenciales para la reactivación económica y la transición energética, y se les permitió continuar operando, lo que generó un incremento progresivo en sus ganancias, a medida que se disparaba el precio de los metales».
También hubo intentos, por un lado, de dividir a las comunidades, algo detectado en el proyecto Cerro del Gallo, de la minera canadiense Argonaut Gold en el municipio dolorense, y por otro, marginar a los defensores de la tierra que se oponen a estas narrativas.
El primero de estos informes es “La Lucha Por Lo Esencial” realizado por la REMA (Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería) con la colaboración de Acción Colectiva Socioambiental, A.C., documento relacionado al mismo tiempo con el informe regional «Sin Tregua – Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-18 y la Pandemia Minera», una investigación colectiva sobre la intersección entre la minería y la pandemia de COVID-19 en América Latina.
Ambos documentos reseñan cómo durante la contingencia las empresas mineras buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos, y recogen testimonios de cómo el distanciamiento por más de un año, en algunos casos, generó desarticulación y desánimo tanto en comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como de lugares donde la organización ha impedido su establecimiento, como ha sido el caso de la Cuenca de la Independencia.
Estas publicaciones buscan dar eco a la importancia del ejercicio de la autodeterminación, los procesos informativos permanentes y las experiencias de resistencia.
Activistas en defensa del medio ambiente, entre ellos, integrantes de Acción Colectiva Socioambiental. Foto: archivo
Organización y fuerza comunitaria
La organización Acción Colectiva Socioambiental y la Hermandad de la Cuenca de la Independencia dieron testimonio de la unidad que se ha creado para defender el territorio conocido como la Cuenca de la Independencia en Guanajuato, que abarca siete municipios del norte de este estado: Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la Paz, San José Iturbide y Doctor Mora.
Con una población aproximada de 680 mil habitantes que dependen de un solo acuífero subterráneo que ya está gravemente sobre explotado, la situación de la región se agravará si, afirman, la empresa minera canadiense Argonaut Gold logra poner en marcha su proyecto Cerro del Gallo, el cual buscaba la explotación de oro a tajo abierto.
Ubicado en la comunidad rural San Antón de las Minas, municipio de Dolores Hidalgo, este proyecto afectaría de manera directa a otras 20 comunidades, continúa la reseña de Acción Colectiva Socioambiental. Hasta antes de la pandemia, la SEMARNAT había negado en tres ocasiones distintas el permiso en materia de impacto ambiental para este proyecto. Sin embargo, la empresa presentó una nueva solicitud en noviembre de 2020, aprovechando el contexto de la pandemia.
Dado que hasta el segundo semestre de 2021 fue imposible celebrar reuniones y asambleas en las comunidades afectadas, se abrieron nuevos retos y obstáculos para la organización comunitaria por el fuerte impacto de covid-19, tanto entre los integrantes de la Hermandad de la Cuenca como entre las comunidades campesinas; así, no lograron solicitar la consulta pública que prevé la legislación mexicana en materia de evaluación de impacto ambiental. De hecho, fue hasta abril de 2021 cuando lograron tener su primera reunión. Desde entonces, un conjunto de actividades ha reanimado la organización social.
En julio de 2021, sigue el testimonio, hubo preocupación cuando la empresa envió algunos directivos a reunirse con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. “El Gobernador, a pesar de no tener facultades para otorgar permisos mineros, ha generado presión sobre el municipio de Dolores Hidalgo, quien sostenía un compromiso verbal con el movimiento movilizado en defensa de la Cuenca de la Independencia para no entregar ningún tipo de permiso para la mina”.
Con el aumento en la precariedad económica de la zona rural por efecto de la pandemia, las comunidades se preocuparon e indignaron ante el hecho de que la empresa, junto con una representante de la Secretaría de Educación de Guanajuato, ofreciera útiles escolares y mochilas a niñas y niños de San Antón de las Minas, a través de su programa Argonaut Gold Becarios.
A pesar de todo, y gracias al proceso de movilización social de habitantes de las comunidades afectadas de toda la Cuenca, en octubre y noviembre del 2021, la autoridad ambiental resolvió nuevamente rechazar la solicitud del permiso ambiental a la empresa.
La última información oficial es que el gobierno mexicano no concederá los permisos para dicho proyecto, según lo declaró el pasado 26 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la conferencia mañanera en la ciudad de Irapuato.
Mapa: Atlas de Justicia Ambiental.
El informe nacional
El informe “La Lucha Por Lo Esencial” elaborado por REMA reseña seis luchas por el territorio en diferentes partes del país y abarca temas como la presión ejercida por las corporaciones transnacionales, deseosas de extraer oro, plata, mineral de hierro, carbón, litio, cobre y uranio, utilizando la entrada en vigencia del T-MEC para que la actividad minera sea considerada esencial y la profundización de la militarización durante estos últimos dos años.
Además de la Cuenca de la Independencia, hay otras comunidades mexicanas donde se resiste, lo que ha impedido el establecimiento de esta industria contaminante, en lugares como Epazoyucan en Hidalgo y Acacoyagua en Chiapas.
En tanto que en el contexto de la reactivación económica se da el aumento de la violencia en otras partes del país, como el ejido El Bajío, vecino de la mina La Herradura, en Sonora, donde se percibe el fortalecimiento de los actores armados en el control del territorio; no solo hablamos del crimen organizado, también por la creación, en julio de 2020, de la Policía Minera y el aumento de la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional en varias regiones.
Grupos de defensa ambiental de los diversos estados consultados para este documento, observaron una profundización en el control territorial por el crimen organizado a nivel local desde el inicio de la pandemia, con serias implicaciones para su trabajo, y que estimaciones oficiales indican una impunidad del 99 % en los asesinatos de defensores del territorio.
Para fines de septiembre de 2020, se graduaron los primeros 118 efectivos federales con entrenamiento militar bajo la dirección del Servicio de Protección Federal (SPF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la cual supone tener responsabilidad de resguardar instalaciones públicas, no privadas, sin embargo, estos fueron desplegados para que resguarden la mina de oro La Herradura, propiedad de la empresa mexicana Fresnillo plc., a su vez, propiedad de Industrias Peñoles.
En contraste, no se ha tomado ninguna medida para bajar los niveles de sometimiento, extorsión, desplazamiento forzado y violencia en contra de las comunidades que habitan estas mismas zonas.
Resistencia a la minería en Latinoamérica
Por su parte, el informe «SIN TREGUA. Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al covid-19 y la Pandemia Minera», publicado por la Coalición contra la Pandemia Minera, abarca estudios de casos de nueve naciones latinoamericanas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú, entre las que se encuentran algunos de los países que fueron más afectados por la covid-19, región además de grandes inversiones mineras.
El estudio regional forma parte de un proyecto de investigación colaborativa global en el que participan socios locales de 23 países documentando la amenaza de perder el agua y el territorio por los impactos a largo plazo de la minería durante la pandemia.
El informe mexicano y el informe regional, afirma un comunicado firmado por Ivette Leyva, integrante de Acción Colectiva Socioambiental, son el resultado del esfuerzo de casi dos años llevado a cabo por la Coalición contra la Pandemia Minera, un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabajan en solidaridad con comunidades afectadas por la minería.
Consulta aquí el informe completo.
*Esta nota fue realizada por POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
