Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha, académico del ITESO / @JorgeRochaQ
A finales del mes de abril de este año, el presidente de la República presentó su propuesta de reforma constitucional en materia electoral, que implica cambios a la Carta Magna en torno al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los organismos estatales electorales, a la composición del Congreso de la Unión y a la conformación de los cabildos municipales. Aunque López Obrador plantea una reforma electoral, en realidad estamos hablando de una reforma política de amplio calado y con muchas implicaciones para el sistema político mexicano.
Como era de esperarse, en los primeros análisis al respecto de la propuesta, se polarizaron las posiciones y unos dijeron que era la reforma política que México necesita para avanzar en nuestra precaria democracia y otros centraron su crítica en la “defensa” del INE, aduciendo que la propuesta es un atentado contra la democracia. Una vez más se mostraron narrativas parciales, reduccionistas, que nublan la reflexión y obstaculizan el debate amplio y profundo que una reforma de esta naturaleza, sin duda necesita. Otros más trataron de igualar esta discusión a lo acontecido en la reforma eléctrica, pero es necesario señalar que los contextos son muy diferentes, sólo por mencionar que en este debate no existe presiones extranjeras como sí lo hubo en las reformas a las leyes en materia eléctrica.
Desde mi particular punto de vista, es un error de análisis aceptar que toda la propuesta del presidente está bien o “tirar” a la basura todos los planteamientos que allí se hacen. Para este caso en particular, la forma de proceder más adecuada es desentrañar cada uno de los planteamientos de forma particular, porque cada asunto tiene sus propios problemas, discusiones previas y matices. Por ello mi forma de abordarlo será de esta manera, para luego hacer una valoración general. Luego entonces van mis reflexiones:
- En torno a los organismos electorales. En relación a este asunto hay tres propuestas de gran calado: la primera es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que supliría al actual INE. La segunda es la desaparición de los organismos electorales locales y de los tribunales electorales locales (en el caso de Jalisco esto implica la disolución del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco) y la tercera es cambiar la conformación del Consejo General del INEC que pasaría de once a siete consejeros y la elección de éstos a través del voto popular. También los magistrados electorales serían elegidos en las urnas y en ambos casos, las y los candidatos serían propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estas modificaciones implican reformas a la Constitución Mexicana y reformas a todas las constituciones de los estados. Al respecto de este asunto podemos decir lo siguiente: es cierto que es necesario que los nombramientos de consejeros electorales no sea un reparto de cuotas entre los partidos políticos, pero por la especificidad de las labores de un cargo de esta naturaleza, donde se requiere un expertise técnico, no parece lo más adecuado que la elección sea por voto popular. En este sentido es necesaria la formulación de un mecanismo de designación que garantice la autonomía y la capacidad técnica de las y los consejeros, incluyendo la equidad de género. Sobre los organismos electorales locales, es un hecho que en muchos casos estos organismos han sido cooptados por los poderes fácticos estatales y que su labor sólo se restringe a los procesos electorales cada tres años. Desde mi particular punto de vista es necesario discutir la conveniencia de que estos órganos sigan existiendo y que sólo se mantengan las juntas locales del INE, ya que hoy por hoy no está bien fundamentada su existencia, salvo la garantía de generar procesos de autonomía de los estados frente a la Federación. En el caso de la elección de magistrados electorales, por el conocimiento técnico que deben tener y por la autonomía que se debe preservar, la elección por voto popular es completamente improcedente, ya que existiría un riesgo muy alto de pervertir la justicia electoral. En lo que se refiere pasar del INE al INEC, si se mantiene la autonomía de este organismo y se incorpora la tarea de realizar consultas ciudadanas, podríamos hablar de una buena propuesta, pero que requiere re-pensar las labores y atribuciones de este organismo, que en este momento tiene que dar cabida a demasiados procesos, ya que, desde mi punto de vista hay una sobre regulación en materia de comunicación política, pero también le faltan “dientes” a esta instancia. Es decir, necesitamos transitar a un organismo electoral con menos procesos a su cargo, pero que éstos sean bien implementados.
- Existen dos propuestas en lo referente a los procedimientos electorales, el primero es la reducción de los tiempos en radio y televisión para propaganda electoral y el segundo es la posibilidad de avanzar en la implementación del voto electrónico. Ambas iniciativas parecen responder a demandas ciudadanas y a reflexiones de especialistas, y en principio es pertinente avanzar en estos dos aspectos, sobre todo el segundo, donde se facilita el proceso de votación y se incorpora los procesos electorales a la vida digital. Esto supone un blindaje muy importante a los comicios. En lo que respecta a la propaganda, es bien sabido que hay un hartazgo de la ciudadanía frente a la publicidad electoral, por lo que el acotamiento de espacios en medios de comunicación obligaría a los partidos a ser más creativos y contundentes en sus mensajes.
En la entrega de la semana próxima retomaré el resto de los planteamientos de la reforma político-electoral de López Obrador.
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