Familias enteras, en su mayoría integradas por mujeres jefas del hogar, niñas, niños, personas adultas mayores e integrantes de comunidades indígenas fueron desalojadas violentamente por policías y sin previo aviso de sus viviendas en la colonia Floresta del Colli en Zapopan, Jalisco este miércoles 27 de abril.
Sus casas algunas de ladrillo y de dos pisos, otras más de madera y teja fueron demolidas por encontrarse en el cauce del arroyo “El Seco”, pues de acuerdo con la orden de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se trata de terrenos que por sus características competen a la federación y son “irregulares” al representar un riesgo de deslave o inundación.
Sin embargo, denunciaron las y los propietarios de estos terrenos, cuentan con documentos que avalan el derecho ejidal que mantienen sobre el espacio donde se encontraban sus viviendas, incluso, con el aval de las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan, quienes en su momento reconocieron que éstas forman parte de los planos que conforman los sectores de dicha colonia.
El operativo conjunto que llevaron a cabo con las autoridades del Gobierno de Zapopan y del estado de Jalisco, así como con fuerzas de seguridad metropolitanas, estatales y Guardia Nacional, fue nombrado “Miramar Seguro”, descripción que contrasta con lo experimentado por estas familias a las que les arrebataron de manera forzada, violenta, desinformada e insensible el patrimonio que por 6, 10, 25 y hasta 30 años habían construido.
Un día después del abrupto evento se encuentran durmiendo de manera improvisada con vecinos, familiares y hasta cerca de los escombros donde se encontraban sus casas resguardando las pocas pertenencias que les quedaron.
Por Dalia Souza / @DaliaSouza y Darwin Franco / @DarwinFranco
Solo les dieron 10 minutos para sacar de sus viviendas los 6, 10, 20 y hasta 30 años de trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio vuelto pertenencias.
Don Arturo, quien “vivía” en la calle Rosa de la colonia Floresta del Colli en Zapopan, -porque ya no puede hablar en presente de su casa-, expuso en video cómo es que elementos de la policía estatal, encapuchados y haciendo uso excesivo de la fuerza entraron a su vivienda después de forzar el portón. “Necesito tiempo para sacar mis cosas, mi herramienta” repetía una y otra vez este jefe de familia preocupado porque su casa que también es su taller y el sustento de su hogar, pero ningún agente escuchó: “es una orden” le aseguraban.
Incluso, en medio del acto, los elementos policiacos sedaron a su mascota, una pastor belga que ladraba sin cesar para defender a sus dueños. Con un dardo o eso creen porque la perra chilló antes de que quedara dormida, fue sacada de la casa por los policías.
“Lo hicieron así tan rápido para que no tuviéramos tiempo de ampararnos” replica Don Arturo a las afueras del Centro Comunitario La Colmena Miramar este jueves 28 de abril, lugar al que autoridades del Ayuntamiento de Zapopan prometieron asistir para sostener una reunión -a la que nunca llegaron-. Y es que, explica que, en medio de aquel caos, intentó interponer un amparo con ayuda de su abogado, sin embargo, éste le dijo que necesitaba al menos una hora y media para promoverlo.
Don Arturo muestra su título de propiedad ejidal, lo tiene desde que lo compró en enero de 2020; de lo contrario, menciona, no hubiese decidido edificar su casa en la calle Rosa de la colonia Floresta del Colli en Zapopan. Con poca claridad al respecto, pues las autoridades se contradicen en sus explicaciones, sabe que su vivienda fue demolida porque se encontraba a poco menos de 12 metros del cauce del arroyo “El Seco”, distancia que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) considera de riesgo. Pero, así como le dijeron a él que eran 12 metros, a otras familias les dijeron que 10 y a otras más que 15.
No hubo claridad. Según la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, una “Ribera o Zona Federal son las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias”.
A su vecina del número 107 de la misma calle Rosa, la señora Maribel, también le quitaron todo. Su casa de dos pisos quedó apenas en escombros, sobresale una zapatera, un peluche, un colchón y los vidrios de algo que parece ser una ventana. A unos metros quedaron sus pertenencias: una estufa, la lavadora, el refrigerar y otras cajas de las que no se distingue su contenido. Ahora permanecen resguardadas por otra vecina que teme también pasar la misma desgracia.
Ella, como Don Arturo, cuentan con documentos que avalan el derecho ejidal que mantienen sobre su propiedad, de aquí que exijan a las autoridades de los Gobierno federal, estatal y municipal la restitución de lo que les arrebataron. No sólo “lo que se pueda” o “una parte”, sino en su totalidad, ya sea a través de una reubicación digna o el pago de lo correspondiente a sus terrenos y lo invertido en sus construcciones, cuya suma podría ascender a más de medio millón de pesos.
Ana también tiene en su poder los documentos de propiedad que la hacen dueña del ejido donde se encontraba su casa. Relata que desde las 4:00 a.m. del miércoles fueron “envallados”; nadie podía salir y nadie podía entrar al sector que sería demolido.
Al igual que a Don Arturo y a la señora Maribel, no tuvo en sus manos la orden de desalojo y demolición hasta que terminaron de tumbar su casa. La mayoría de las familias menciona que los papeles llegaron después que las máquinas. Cuando por fin se los dieron pudo darse cuenta que las autoridades tenían estos documentos desde el 21 de abril. Y es que, contrario a lo que aseguran las autoridades sobre haber sostenido reuniones previas con las y los vecinos, a ella, a su familia y a otras personas no se los notificó nadie hasta el día en que les despojaron de sus hogares.
Otras familias denuncian que, aunque se los entregaron previo a la demolición, les advirtieron a modo de amenaza que “o los leían o se ponían a sacar sus pertenencias”. Algunos más señalan que la notificación les fue entregada por la tarde noche del mismo miércoles.
El uso excesivo de la fuerza que utilizaron los policías del estado, metropolitanos y antimotines este miércoles 27 de abril para desalojar y derribar las casas de las familias de la colonia Floresta del Colli no sólo quedaron en las puertas, portones y muros. María tiene moretones en sus brazos y muñecas como producto del forcejeo y sometimiento que ejercieron en su contra elementos policiales quienes querían impedir que ella regresara a su casa. No fue la única, otros habitantes también señalan haber sido tomados por la fuerza.
A ella y a otras mujeres, en su mayoría madres de familia con hijos e hijas menores de edad, les indigna la criminalización de la que también fueron víctimas “pareciera que estaban buscando algún líder de un cartel, mientras nosotras solo defendíamos nuestras casas”. Además, les parece contrastante cómo es que esta vez sí pudieron organizarse para desplegar todo un operativo de seguridad, cuando la mayoría del tiempo son ignoradas al denunciar hechos de inseguridad y violencia.
Doña Clementina trabaja a destajo para una empresa que fabrica partes de ventanas, le pagan 90 pesos mexicanos por cada millar de pequeñas piezas que ensambla, con esto mantiene a su hijo, un joven con enfermedad renal crónica, trasplantado, que requiere diálisis y que ahora ha quedado en la calle junto a su madre. Narra que, aunque le pidió a los elementos de seguridad y personal de Protección Civil que esperaran mientras pedía ayuda a su familia previo al desalojo, cuando llegó, sus pertenencias estaban en la calle. Y, si bien, les imploró que le dieran tiempo, que entendieran la situación de su muchacho, de manera insensible le manifestaron que no tenía otra opción más que abandonar su vivienda.
– “Y si me quedó aquí” les refutó,
– “Pues se va con todo y casa” le dijeron.
“No es justo que se lleven tantos años de trabajo” sentencia doña Clementina.
La decisión de las autoridades fue determinante y así como demolieron casas de ladrillo, bloque y cemento, lo hicieron también con las pequeñas viviendas de madera y teja que ocupan, en su mayoría, personas que han sido orilladas a habitar estos sitios entre la precariedad y la marginación. En algunos casos, se trata de comunidades indígenas que migraron a esta ciudad en busca de una mejorar sus proyectos de vida. Sara, Juana y otras mujeres indígenas provenientes de Paracho, Michoacán narran que, aunque reconocen que ocuparon los cauces del arroyo El Seco, es injusto lo que les hicieron.
A ellas no sólo les derribaron sus casas y las desalojaron violentamente, también las discriminaron diciéndoles “indias” y asegurándoles que no tenían ningún derecho sobre sus viviendas. Tampoco les proporcionaron un traductor o personal que les pudiera leer el documento de desalojo que les entregaron, ya que algunas de ellas todavía hablan sus lenguas originarias o no saben leer.
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De la colonia Floresta del Colli salen y entran una y otra vez camiones de carga identificados con la leyenda Obras Públicas del Gobierno de Zapopan, mientras cientos de personas esperan que se les dé una respuesta ante sus exigencias: la restitución del precio total de sus viviendas (terreno y construcción), la reubicación y la indemnización de los daños que les ocasionaron.
Además, demandan que se les ofrezca un sitio digno donde alojarse, ya que hasta el momento han sido obligados a dormir donde han podido, albergados por vecinas y vecinos -que también temen ser desalojados- o, frente a sus pertenencias y a un costado de los escombros que quedaron de sus casas, previendo que la inseguridad y la rapiña les quite lo poco que les queda. Los sitios habilitados por el gobierno municipal no cumplen con las característicasque necesitan las familias para que, en la medida de lo posible, puedan continuar con su diario cotidiano.
Este el resultado del programa “Miramar Seguro”, que contempla el retiro de 86 viviendas que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha considerado “irregulares”, tras identificar que se encuentran muy cercanas al cauce del arroyo “El Seco”, afluente que durante julio de 2021 sufrió varios eventos de desbordamiento y terminó con las viviendas de más de 275 familias de 20 colonias de Zapopan, Jalisco – cifra oficial de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos-.
Participaron elementos de Protección Animal de Zapopan, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, funcionariado del Ayuntamiento de Zapopan, funcionariado de la Conagua y del Gobierno del Estado, además de Policías del Estado, Policía Metropolitana, Guardia Nacional y policías antimotines.
De acuerdo con los documentos entregado a las y los habitantes de estas viviendas, la acción forma parte del “Proyecto de delimitación de la Zona Federal Arroyo Grande”, y pese a que se establece que la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, a través de su titular, Enrique Ibarra Pedroza tenía conocimiento del plan desde el 21 de abril de 2022, estos no fueron notificados de acuerdo con sus testimonios.
“Por ahora” detendrán demoliciones
Tras la reunión entre los vecinos afectados por las demoliciones de sus casas y las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan se llegó a un acuerdo de que “por ahora y en lo que resta del año, ya no serán derrumbadas más casas”; sin embargo, esta acción dependerá del monitoreo que la CONAGUA realice del caudal del arroyo en la próxima temporada de lluvias.
Esta determinación evidencia, como señalaron vecinos de La Floresta, que no existía un plan o diagnóstico para determinar que viviendas incumplían lo que determina la Ley General de Aguas, así como también deja ver que se tenía nula información sobre la ocupación de las viviendas, pues en Sesión del Ayuntamiento de Zapopan, el edil Juan José Frangie declaró que la decisión de apoyar el desalojo le costó trabajo tomarla, pero que se decidió a realizarlo porque había “pocas viviendas habitadas”, algo que resultó ser falso.
En total, las autoridades municipales, estatales y federales demolieron 42 viviendas.
Que dice el nefasto de Alfaro
Que responda el ladrón de Alfaro como él invención del presidente municipal