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Se cumplen 10 años del crimen de la periodista veracruzana sin una investigación que apunte a su trabajo periodístico como posible causa del asesinato. El propio presidente del país prometió impulsar la reapertura de la investigación, pero no lo ha cumplido.
Por Norma Trujillo Báez / La Marea
*Foto de portada: revista Proceso.
Hace una década asesinaron a la periodista veracruzana Regina Martínez Pérez y la Fiscalía de Veracruz concluyó que el crimen no tuvo relación con su trabajo periodístico, hace un año y medio el presidente de México se comprometió a reabrir la investigación, cosa que no ha sucedido.
Hoy Regina sigue sin justicia.
Solo ha quedado el rompecabezas judicial armado por tres instancias: la Agencia Segunda del Ministerio Público de Xalapa; la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y en Atención de Denuncias contra Periodistas, que pasó a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (antes Procuraduría), que llevó adelante 155 diligencias y 56 dictámenes periciales sobre el caso.
Y mientras tanto, el caso venía siendo investigado, en paralelo, por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que fue la que finalmente solicitó la acción penal y reparadora del daño contra Jorge Antonio Hernández Silva como “probable responsable” del delito de homicidio calificado y “robo calificado”, perpetrado en contra de la periodista.
La Jueza Tercera de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa lo encontró penalmente responsable y lo sentenció a una pena privativa de libertad de 38 años de prisión, resolución que fue apelada por la defensa del acusado, consiguiendo apenas unos meses después su liberación.
Ángel Martínez Pérez, hermano de Regina, y la Procuraduría estatal, promovieron un juicio de amparo ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal que consiguió ratificar la primera sentencia. Así, José Antonio Hernández fue reaprehendido a finales de 2014, y purga la condena de 38 años recibida en primera instancia.
Quien continúa en libertad, y prófugo, es José Adrián Hernández Domínguez, “el Jarocho”, quien, para algunas autoridades policiales, habría sido asesinado.
Pero las autoridades dicen que cuando José Adrián Hernández Domínguez, alias “el Jarocho”, sea detenido, se cerrará el caso del homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Así la Procuraduría General del Estado de Veracruz confirmaría su hipótesis, planteada desde que fue encontrada sin vida en su vivienda: que se trataba de un crimen pasional, que no hay necesidad de investigar su trabajo periodístico como posible causa del crimen.
El desorden y la falta de seriedad en la indagación que hizo el Ministerio Público quedó en evidencia cuando el grupo Águila 7 de la Agencia Veracruzana de Investigaciones fue enviado a las calles aledañas de la vivienda de la corresponsal de la revista Proceso. En su patrullaje los elementos de esa dependencia encontraron una persona que daría sustento a la acusación contra El Jarocho, y su supuesto cómplice Jorge Antonio Hernández Silva.
10 días después del crimen, Diego Hernández Villa, un albañil de 42 años, fue abordado por los Águila 7 y, en su comparecencia voluntaria, relató: “estaba yo tomando unas cervezas en la calle Plutarco Elías Calles y como a las 10:00 cerraron la tienda El Puente. Vi que pasaron dos tipos de los cuales a uno le dicen el “Jarocho”, de nombre Adrián. Tiene unos tatuajes en el brazo izquierdo. Lo conozco porque su esposa es mi conocida… Sé que se droga. Yo sé que no tiene un trabajo pero anda en el parque Juárez con los maricones, es de los que se llaman mayates. Es una persona violenta y siempre anda en compañía del Silva (Jorge Antonio Hernández).
Sin embargo, el posible vínculo de su trabajo con el móvil del crimen jamás fue investigado por la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado de Veracruz). Por el contrario, lo que hicieron fue investigar a los periodistas colegas de Regina, dirigiendo la investigación hacia los amigos como una hipótesis del homicidio.
La falta de coordinación entre la Procuraduría local con la Procuraduría General fue solo otra muestra de la incompetencia con la que se abordó la investigación. En el expediente judicial consta que la Procuraduría local se negaba a compartir las huellas digitales encontradas, al haber sido los primeros en intervenir en la escena del crimen. Según la hipótesis pasional, Regina estuvo departiendo con los asesinos.
De haber sido así, habría mucho material genético que analizar. Sin embargo, la Procuraría local, después de meses, solo envió una fotocopia de una sola huella para su análisis. No hay mucho trabajo técnico que revisar en el expediente del asesinato de Regina Martínez. Menos un trabajo forense estricto.
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Este trabajo se publicó originalmente en La Marea:
