01 de septiembre de 2020.Manifestación de familiares de desaparecidos en la sede de la Fiscalía General del Estado en Lagos de Moreno, Jalisco; en el marco de la desaparición de Mauricio Rodríguez Ramos, joven de 15 años desaparecido el 4 de agosto de 2020.Foto: Celia Serrano
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Del 15 al 26 de noviembre de 2021, una delegación de cuatro miembros del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU visitó 13 estados para conocer la situación real de las desapariciones en el país. Su conclusión es contundente: “En México, servidores públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones forzadas”.
Para terminar con ello instó al Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, a “crear acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y una política nacional para prevenir esta tragedia humana”.
Por Redacción ZonaDocs
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, esta es una de las conclusiones a las que llegó el Comité CED tras su visita a México y que ahora pueden leerse en el Informe que presentó este 12 de abril.
En la lectura de este documento además señalaron que:
“Los Estados en parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
A estas conclusiones llegaron luego de hablar no sólo con familiares de víctimas de desaparición sino también con funcionarios públicos y dependencias que tienen como obligación la búsqueda de las y los desaparecidos, así como con las instituciones encargadas de investigar del delito, prevenir las desapariciones y detener a los perpetradores de este delito de lesa humanidad.
El informe además detalla las tendencias recientes, causas fundamentales y desafíos actuales que experimenta el país en razón de las miles de desapariciones forzadas que aquí se han cometido. Desapariciones que no se detuvieron desde que el Comité visitó el país, pues desde su estancia se pasó de 95 mil 121 desapariciones a 98 mil 884; es decir, 3 mil 763 personas desaparecidas más en el país.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité.
Además, durante la presentación del informe el Comité señaló que es alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas, la cual precisa “fue facilitada por la impunidad casi absoluta en la comisión de este delito”.
Y para muestra indicaron que hasta noviembre de 2021: sólo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, pues “entre el 2 y el 6%, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional”.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, denunció el Comité.
En consecuencia, entre las recomendaciones dadas por el Comité al Estado Mexicano señaló que éste “debería implementar de manera urgente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas”.
Cuestión que sólo se logrará si se
“fortalecen los procesos de búsqueda e investigación, se brindan apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y se asegura la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas”.
El Comité además hizo un llamado a México para que se eliminen los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes, pero también instó para que “se aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
Carmen Rosa Villa durante la presentación del Informe (Foto: ONU DH).
Crisis forense persistente
De igual manera, el Comité expresó su preocupación por la crisis forense que vive el país, ya que conforme datos oficiales en el país existen 52 mil personas fallecidas sin identificar dentro de fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Sobre el tema, el Comité indicó que, si bien, hay avances institucionales como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Plan Nacional de Búsqueda, éstos no han sido debidamente implementados para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Sobre dónde están estas personas fallecidas sin identificar, el Comité precisó que en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León se concentra el 71,73 % de los cuerpos no identificados.
Al respeto, lo que le preocupa al Comité es que “no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”, lo que ocasionaría que, según varios expertos entrevistados por el CED, a que “en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día“.
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Para ver de manera íntegra la presentación del Informe puede hacer aquí:
