Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha / @JorgeRochaQ
A finales del mes de marzo el caso Ayotzinapa volvió a levantar una gran indignación pública a propósito del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dieron a conocer un video e información novedosa en torno al proceso de búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, hace siete años, y que eran alumnos de la Normal Superior “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.
En esta nueva entrega del GIEI, se da a conocer un video donde se muestra a miembros de la Secretaría de Marina, horas antes de la llegada de elementos de la Fiscalía General de la República, al basurero de Cocula, donde presuntamente se iban a incinerar los cuerpos de los estudiantes desaparecidos. La grabación da cuenta de la manipulación de los marinos de ese espacio, donde movieron objetos y hasta prendieron fuego. También se dio a conocer que la Escuela Normal estaba infiltrada por miembros de las Fuerzas Armadas, que en todo momento supieron los movimientos de los estudiantes desaparecidos. Por supuesto que llama la atención que hasta siete años después se dio a conocer esta información.
Luego de da a conocer estos hechos, el tercer informe del GIEI tiene varias consecuencias que detallo a continuación:
- La llamada verdad histórica, construida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ya no tiene ningún sustento, no cuenta ya con ninguna credibilidad y se comprueba una vez más, que la narrativa construida tenía por objeto deslindar a elementos de seguridad federales y a fuerzas armadas de haber participado en el evento. Esta “verdad” estuvo encaminada a culpabilizar a la delincuencia organizada y a las autoridades locales, que al parecer, también estuvieron implicados, pero en definitiva no fueron los únicos involucrados.
- Este informe expone, de forma contundente, que en este condenable hecho hubo participación y conocimiento de las Fuerzas Armadas de esa zona del país, que no sólo no contribuyeron para que esta tragedia no se consumara, sino que obstaculizaron las investigaciones al modificar espacios y no dar a conocer información clave del caso. Esto pone en entredicho la política militarista de López Obrador, de empoderar al Ejército y la Marina, no sólo en el campo de la seguridad pública, sino en otros ámbitos de la vida social.
- Aunque no podemos dejar de reconocer la actuación de Alejandro Encinas y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, la indignación de los padres de familia y de las organizaciones civiles que acompañan el caso, como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez, de los Jesuitas, es notoria y abona a la desconfianza fundada de que el caso llegue a buen término, de que se localicen a los estudiantes desaparecidos y que se finquen todas las responsabilidades pasadas y actuales sobre este asunto.
- Una constatación más, que resulta muy desesperanzadora, es que, si las autoridades civiles y militares actuaron de esta forma en un caso tan mediático y que le representó a México el repudio internacional, la pregunta que queda en el aire es ¿cómo actúan en casos que no tienen la relevancia política y mediática que tuvo Ayotzinapa? Esta situación sólo genera un clima de indefensión y vulnerabilidad para todas y todos.
No puedo imaginar lo que ahora sienten los padres y familiares de los normalistas desaparecidos, pero sin duda que siguen con hambre y sed de justicia, en un país enfermo de impunidad.
PD. Hace unos días se colocó en la arena pública el reclamo de la actuación de la policía vial y la insensata propuesta de ley que pretende que las motocicletas no vayan tripuladas por dos personas en ciertas zonas de la ciudad. Si sólo se hiciera cumplir la ley vigente y se intervinieran territorios que ahora son un catálogo de violaciones a las leyes de tránsito y movilidad, como es el mercado de abastos y sus alrededores, o en las grandes avenidas de la ciudad como Lázaro Cárdenas o Avenida Vallarta, seguramente avanzaríamos más que aprobando leyes al vapor.
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