Para trasladar las recomendaciones internacionales en materia de personas desaparecidas en México es imprescindible “sedimentar las acciones de las instituciones gubernamentales en dos ejes principales”: 1) luchar contra la impunidad que impide la rendición de cuentas y obstruye la coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno; y 2) aumentar los recursos económicos y humanos dentro de las áreas de búsqueda y prevención de este delito.
Así lo reconocieron los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias a 10 años de la publicación del informe en la materia y frente los retos y vacíos gubernamentales que experimenta el país que, hasta hoy contabiliza 98 mil 947 personas desaparecidas.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
A diez años del informe de misión a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el principal reto para el país es “la impunidad que ha prevalecido como un problema endémico” afirmó Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH México).
En un espacio de conversación organizado conjuntamente entre la ONU-DH México y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Fernández agregó que el sufrimiento de las y los familiares que se articulan, apoyan y luchan juntas es muestra de las constantes violaciones a los derechos humanos en el país: “No deberíamos ni tolerar una sola desaparición, mucho menos ahora que en todo México la cifra casi llega a 100 mil”, sentenció.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero de 2006 (año en que el gobierno federal declaró la guerra contra los grupos del crimen organizado) al 14 de marzo de 2022, han sido desaparecidas 79 MIL 569 personas, de las cuales 18 mil 983 son mujeres (23.86%) y 60 mil 319 son hombres (75.81%).
Al respecto, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que frente a esta realidad “el Estado ha renunciado a sus responsabilidades de buscar a las personas desaparecidas, delegando está labor a las familias de las víctimas”.
Por su parte, Blanca Martínez, intégrate del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, mencionó que “la violencia sistémica que está impregnada en el ADN mexicano ha llevado a las madres a tomar acciones que, en primer lugar, no deben de hacer, pero, ya que la desaparición forzada en México es una realidad, ellas actúan y realizan lo que le corresponde al Estado, un Estado omiso y ausente que viola sus derechos humanos y los de sus seres queridos desaparecidos”.
La defensora de derechos humanos añadió que en México deben existir parámetros de búsqueda con una perspectiva de derechos, pues el solo aprobar leyes “no solo no sirve de nada, sino que al no haber un impacto profundo en el sistema que logré contener las desapariciones forzadas, todas y todos estamos condenados a desaparecer”.
“Ahora solo nos dedicamos a buscar”
Mónica Ramírez Alvarado, joven estudiante universitaria, fue desaparecida el 14 de diciembre de 2004 mientras iba de camino al compus en el que tomaba sus clases. Estaba a poco tiempo de terminar su carrera profesional.
Su madre Adela Alvarado, quien también es integrante del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, compartió que no fue hasta que el grupo de trabajo de la ONU les dio asesorías a ella y otras familias que “yo supe qué hacer, porque antes sólo veíamos cómo desaparecían a nuestras hijas e hijos, pero no teníamos idea del por qué, y mucho menos de qué hacer para su pronta localización, los gobiernos solo nos decían que eran desapariciones aisladas y esporádicas”.
Con dolor y rabia, Adela recordó a su hija como una joven feliz a la que injusta y abruptamente le cortaron sus sueños y los de sus seres queridos y familiares: “no solo terminan con la vida y los sueños de una sola persona, porque detrás de la persona desaparecida habemos (sic) dos, tres, cuatro y muchas más personas que les amamos y extrañamos día con día” explicó.
“Nuestras vidas, como familiares, cambian completamente: ahora solo nos dedicamos a buscar, nos enfermamos por la tristeza, por la preocupación de no saber cómo se encuentra, de si le están haciendo algo, si está enferma; muchos compañeros y compañeras de búsqueda han muerto por la tristeza; yo no quiero morir sin saber qué pasó con mi hija. Ya son 17 años sin saber nada de ella”.
Pese a que la desaparición forzada ya es reconocida como un delito, Adela denunció que no hay disposición de las instituciones gubernamentales para articular procesos de búsqueda efectivos que detengan esta crisis humanitaria: “no se reconoce ni acepta la desaparición forzada en todos los estados, lo cual nos limita a las familias”.
Además de las claras violaciones a derechos humanos que cometen las autoridades mexicanas al no garantizar la seguridad de la población y, con ello, no realizar búsquedas efectivas que lleven a la pronta localización de las y los desaparecidos, Adela añadió que, prevalecen esquemas de violencia institucional y revictimización, más aún en los casos donde las mujeres, jóvenes y niñas son víctimas de este delito: “somos revictimizadas y más cuando la persona que está desaparecida es una mujer”, señaló.
Adela continúo diciendo que “el divorcio entre las instituciones de búsqueda y seguridad” ha generado que, en todo México, haya una tasa de impunidad de más del 90%. De tal manera que por cada mil personas desaparecidas sólo se generan únicamente 35 sentencias condenatorias.
Retos y recomendaciones
“El principal reto al hablar de desaparición forzada en México es que el Estado debe reconocer la magnitud y la gravedad de la crisis”, sentenció Luciano Hazan, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU. En ese sentido, agregó que, si bien, es importante el avance obtenido al aprobar leyes en materia de desaparición forzada “no es suficiente”.
“La crisis de desaparición que enfrenta México no es comparable con la de otros países”, manifestó.
Otro de los desafíos es la sostenibilidad, permanencia y continuidad de las estructuras conformadas por las leyes actuales en la materia. A esto se suma la deficiente articulación que existe entre las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalía del país, cuyo trabajo “no es ágil y tampoco eficaz” por la falta de coordinación y colaboración.
Asimismo, apuntaron que se requieren de fuerzas de seguridad interna con perspectiva de derechos humanos, ya que, hasta ahora, la militarización del Estado “sólo ha traído consigo que la cifra de personas desaparecidas crezca”. Recordaron que en 2018 (año en que Andrés López Obrador tomó posesión de la presidencia, e instauró la Guardia Nacional) han sido desaparecidas 34 mil 470 personas (8 mil 570 mujeres y 25 mil 690 hombres).
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció también que la crisis de desapariciones forzadas ha traído consigo otra crisis: la forense, una que hasta la fecha contabiliza 50 mil personas sin ser identificadas dentro de los servicios forenses del país. Atender esta nueva y dolorosa problemática, expresaron implicará al Estado mexicano la asignación de recursos humanos y económicos en esas áreas.
Finalmente, consideraron que la perspectiva humanitaria debe atravesar cada una de las acciones que se establezcan para localizar a las casi 100 mil personas desaparecidas en el país, siempre teniendo en el centro a las víctimas y sus familias:
“No se debe avanzar desde una mirada triunfalista, sino desde una idea que ayude a erradicar esta grave crisis de inseguridad y desesperación” concluyeron.
