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Aunque existe una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en Ciudad de México, las mujeres sobrevivientes lidian con autoridades que encasillan el delito como violencia familiar, lesiones dolosas o intento de homicidio. Jueces y juezas, además, anteponen sus creencias y estereotipos para justificar la violencia. Mientras tanto, cada día, dos mujeres se contabilizan en riesgo de violencia feminicida
Texto y fotos: Guillermo Rivera / Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.- Frente al Suzuki blanco encendido, con las palmas de sus manos como único escudo, Karla comprendió que la única forma de salvar su vida era trepar al cofre cuando el conductor, su pareja por dos años, arrancó el vehículo. A centímetros del impacto, saltó a la cubierta y se agarró con todas sus fuerzas. Nunca apartó la vista de su hijo: el niño, de un año, estaba sentado en el asiento del copiloto, con el cinturón de seguridad desabrochado. Enrique N, papá del menor, el hombre de quien alguna vez estuvo enamorada, había intentado atropellarla. El mismo que aceleró para salir del estacionamiento del edificio donde vivían y que amenazaba con llevarse al bebé.
Tumbada sobre el automóvil, Karla imploró a los dos vigilantes de la entrada: “¡Ayuda, se quiere llevar a mi hijo!”. “No podemos hacer nada” y “él es el dueño del departamento” fueron las respuestas.
En la calle, Karla se asió con más ímpetu del cofre para no caer al pavimento. El vehículo zigzagueó sobre la calle Oriente 237, colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztapalapa. Enrique intentaba tirarla. La mujer imploraba que alguien llamara a una patrulla.
Quizá porque personas atestiguaron la escena, Enrique N dio una vuelta completa y volvió al edificio. Devolvió al bebé y se marchó. Karla huyó una vez más de su agresor, quien la obligaba a regresar bajo amenazas y promesas de que iba a cambiar. Esta vez no volvería.
La agresión, ocurrida el 1 de mayo de 2019, quedó registrada en la carpeta de investigación con terminación S/D/02020/05-2019, iniciada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras la denuncia que Karla Daniela García Tello, hoy de 36 años, interpuso al día siguiente. El intento de feminicidio fue clasificado por las autoridades como violencia familiar.
Para Karla significó el desenlace de una relación en la que, acusa, fue agredida física y psicológicamente antes y después del nacimiento de su hijo. El terror arrancó cuando Enrique N revisó su teléfono por primera vez. Y avanzó en forma de insultos, empujones, golpes y desmayos provocados por sometimientos cada día más dolorosos.
Karla, al principio, pensaba que los golpes formaban parte del proceso de vivir en pareja. La primera denuncia contra Enrique N la interpuso en junio de 2018, también clasificada como violencia familiar, después de que él la mordió y estrelló su cara contra la ventana del carro, mientras ella cargaba al bebé. La carpeta se envió a archivo porque se descartó afectación psicológica.
En la entrevista, Karla rememora:
“Cuando huía, él me obligaba a regresar bajo la amenaza de quitarme al niño. Ahora puede entender que yo me estaba ofreciendo para que me matara”.
Sayuri Herrera Román, titular de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Feminicidio de la FGJCDMX, reconoce uno de los pendientes del área: concentrar las tentativas de feminicidio en la fiscalía que lidera, pues actualmente también son investigadas y judicializadas por las Fiscalía de Investigación de Violencia Familiar y por la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Ese es uno de los propósitos de la creación de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.
Un camino largo y tortuoso para llamar al feminicidio por su nombre
Hasta hace poco tiempo, sus historias de sobrevivencia permanecían anónimas. Estas mujeres, milagrosamente vivas, comenzaron a ser visibles tras largos procesos de denuncias de la violencia de género en México.
En Ciudad de México, la tipificación del feminicidio fue en 2011, pero pasaron años para aceptar que los asesinatos eran cometidos con la misma saña que en otras partes del país. Las mujeres sobrevivientes en la capital quieren que se dimensione esa violencia extrema.
Pese a que es la antesala del feminicidio, acusan las mujeres organizadas, las autoridades encasillan las tentativas en delitos como violencia familiar, lesiones dolosas o intento de homicidio.
No morir es la primera parte: para las víctimas, enfatiza Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), “es un viacrucis” enfrentarse a los dos pilares del sistema de justicia penal en la capital: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y el Poder Judicial CDMX.
La ruta de impunidad, explica, se gesta desde que en la fiscalía no se acreditan tentativas de feminicidio porque el peritaje psicológico niega la violencia.
“El Ministerio Público no clasifica con el tipo penal correcto. Aunque hay una fiscalía especializada, siguen estos errores y omisiones”, sostiene Pérez, también directora de Justicia Pro Persona, organización civil que impulsa la justicia para mujeres.
Adriana Rubio, asesora forense del OCNF, expone que, tras una denuncia por tentativa en el Ministerio Público, aunque el médico revise las lesiones recientes y antiguas de la víctima, es común una clasificación inadecuada. Es grave, explica, porque esas heridas podrían determinar la intención del agresor de privar de la vida.
Rubio agrega: “Ese certificado, sin rigurosidad, se va a incorporar a la carpeta. Por eso son tan deficientes las investigaciones”.
El otro enemigo de las sobrevivientes, destacan las integrantes del OCNF, es el Poder Judicial. Argumentan que jueces y juezas anteponen sus creencias y estereotipos para justificar la violencia. En casos de tentativa, es frecuente que clasifiquen con otro delito o dejan en libertad a los agresores.
“Esto pone en riesgo sus vidas. Los procesos jurídicos duran años, no hay sentencias firmes. La búsqueda de justicia de sobrevivientes y madres de víctimas de feminicidio es un camino largo, tortuoso”.
Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Adriana Rubio complementa: sin perspectiva de género no se acreditarán las razones de género en un intento de feminicidio. “La única solución para que una mujer sobreviviente no sea asesinada es que el agresor no sea liberado”.
Negar la tentativa de feminicidio
La información obtenida vía transparencia revela un abismo: la PGJCDMX tiene registradas 612 tentativas de homicidio de mujeres de enero de 2015 al 18 de julio pasado, pero solo clasificó 29 casos como tentativas de feminicidio, todos de 2020 y 2021.
La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, dependienta de la PGJCDMX creada en septiembre de 2019, no tiene carpetas de investigación de tentativas de 2011 (año en que se tipificó el delito en la capital) a 2016.
Ana Yeli Pérez, del OCNF, afirma que la inexistencia es “un claro indicador de la resistencia a acreditar el delito”.
Esto cambia a partir de 2017 a julio de 2021, periodo en el que se acumularon 107 carpetas. En algunos casos, la fiscalía comenzó las investigaciones en los últimos dos daños, aunque los hechos ocurrieron antes: un logro de la exigencia de las mujeres víctimas y también un resultado del trabajo desde el área especializada.
En contraste, la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar reportó que, de 2018 a julio último, inició 19 mil 926 carpetas, de las cuales 8 mil 818 continúan en trámite.
Sobrevivientes se preguntan cuántos de estos números corresponden, en realidad, a intentos de feminicidio.
“Si sale libre, me mata”
“Soy una sobreviviente”, exclama Karla meses después de lograr la hazaña laboral de convertirse en enfermera. Con el cabello recogido, rebosante de orgullo, porta su traje blanco. Se sincera: siente que queda poco de la mujer que alguna vez fue, deportista y segura de sí misma.
No logró, subraya, que la fiscalía y el Poder Judicial reclasificaran el intento de atropellamiento como debieron: tentativa de feminicidio. En total, Karla ha denunciado cinco veces a Enrique N por distintas agresiones, todas clasificadas como violencia familiar, incluida la del intento de atropellamiento.
En noviembre de 2020, tras una amenaza, remitió al agresor al MP. “Salió libre. En ese momento supe que, si no actuaba, me iba a matar”.
La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México le otorgó cinco medidas precautorias porque determinó riesgo feminicida alto. Las amenazas seguían y la fiscalía mantenía archivadas sus carpetas. Buscó el respaldo de las colectivas de feministas que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en septiembre de 2020. Gracias a esto, su caso fue expuesto ante la Secretaría de Gobernación.
Cuatro carpetas se judicializaron y los primeros días de marzo de 2021 se efectuaron las primeras audiencias. El 8 de ese mes, hace un año, Enrique N fue vinculado a proceso. Quedó en prisión preventiva en el reclusorio Oriente. La fiscalía pide la pena máxima por violencia familiar: seis años por cada acusación.
Karla enumera las secuelas: delirio de persecución, miedo, estrés y nerviosismo extremos. Ansiedad ante cada nueva audiencia del juicio oral. “Si ese hombre sale libre, me va a matar. Mientras él siga vivo, mi vida corre peligro”, clama.
Lo que pase a partir de ahora, señala Karla, depende del Poder Judicial:
“Han sido batallas para que trabaje con perspectiva de género. Los jueces se lavan las manos. Nuestras vidas están en sus manos y es donde se nota la falta de perspectiva de género y el machismo impresionante”.
La audiencia que determinará si Enrique N es culpable o no se celebrará el próximo 24 de marzo. Karla presentó todas las pruebas. La decisión es del juez adscrito al reclusorio.
“Esto termina con tu vida en todos los sentidos. Como víctima, tienes que presentar más pruebas que el mismo acusado”. Karla reclama que la justicia se refleje en los años de la condena. Quiere que sea el tiempo suficiente que permita a ella y a su hijo rehacer sus vidas en otro lugar.
Otra solicitud de información reveló que el número de sentencias por asesinatos de mujeres y tentativas registradas por el Poder Judicial de la Ciudad de México: de enero de 2012 a junio de 2021, son 192 sentencias por feminicidios consumados, pero solo 24 por casos de tentativas.
“No es que estemos cantado victoria”
Sayuri Herrera Román se convirtió, el 8 de marzo de 2020, en la primera encargada de despacho de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio de la FGJCDMX. Lo que urge, reconoce, son medidas de protección urgentes para las víctimas y un aumento de los casos judicializados.
Para esta investigación, Herrera aceptó responder algunas preguntas de forma escrita. Una de sus conclusiones es que “la mejor protección es la vinculación a proceso de los agresores”.
La fiscal argumenta que se creó la Unidad de Investigación de Tentativa de Feminicidio ante “el elevado riesgo de que la acción del sujeto se consume”, y reconoce que algunas tentativas actualmente también son investigadas y judicializadas por las fiscalías que investigan violencia familiar y delitos sexuales.
La Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio ha obtenido 12 órdenes de aprehensión y 17 vinculaciones a proceso de noviembre de 2020 a septiembre de 2021.
Sayuri Herera agrega que están integrando investigaciones en las que es importante la calificación de las lesiones para determinar si se trata o no de una tentativa. Este criterio, sostiene, debe ser adoptado igualmente por el Poder Judicial.
Se solicitó una entrevista con Yolanda Rangel Balmaceda, titular de la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No hubo respuesta.
La titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, proporciona una cifra: mil 237. Es el número de mujeres en quienes, de enero de 2020 al 22 de septiembre pasado, se detectó riesgo de violencia feminicida. En promedio, casi dos por día.
Varias de ellas son llevadas a refugios porque han sido amenazadas con armas o sufrido un intento de estrangulamiento. Podrían sufrir agresiones que pongan en peligro sus integridades físicas y sus vidas, e incluso las de sus hijos, explica Gómez. Se detecta peligro extremo cuando una mujer, de manera cotidiana, sufre violación sistemática a sus derechos, lo cual podría derivar en un feminicidio.
Sobre las fallas y omisiones de las autoridades, responde:
“No es que estemos cantando victoria, esto tiene que continuar. Tenemos que perfeccionar protocolos, capacitar mejor. Se está haciendo”.
Ingrid Gómez Saracíbar, titular de la Secretaría de Mujeres.
Carpetas al archivo
Pasó en segundos. La aventó al sillón y la apresó con su cuerpo: las rodillas en los brazos y los pies en los muslos. Sus manos apretaron el cuello. Fabiola Pozadas Torres quedó inmovilizada. Miguel Ángel N, el hombre que conoció en marzo de 2019, aquel sujeto que se presentó como un guía espiritual y sensible, cinco meses después quería asesinarla. La cuarta agresión en pocos días, la más brutal.
Ella, una arquitecta de 39 años, con dos décadas de profesión y una empresa, estaba convencida de que solo las mujeres vulnerables eran víctimas de violencia ejercida por hombres. Cada vez que lo mandaba a volar, él volvía a aparecer, espléndido, con decenas de lesianthus para recuperar su confianza.
La primera agresión fue un intento de asfixia. “Con peritajes privados, entendí que perdí mi poder la primera vez que intentó asfixiarme. Que una persona que te dijo que te quería, te quiera matar, es devastador. Tu autoestima se va al agujero más profundo”, analiza Fabiola.
Fabiola se salvó de la cuarta agresión, el segundo intento de asfixia, porque, pese a que estaba en estado de indefensión, logró resbalar la pierna y él, probablemente, perdió el equilibrio. Pidió auxilio a una vecina. Llegó una patrulla y Miguel Ángel N se fue. Tres días después fue a denunciar ante la FGJCDMX.
Ella insistió en el intento de asfixia y en que no eran familiares, pero el caso se clasificó como delito de violencia familiar. El peritaje psicológico arrojó que no había afectación. Tampoco había registro de la inspección de los policías, hecho que denunció ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad.
La médica legista anotó cada lesión de su cuerpo y Fabiola presentó testigos, pero la carpeta fue enviada al archivo, como lo muestra el documento en poder del reportero, fechado el 30 de noviembre de 2020.
La colectiva de sobrevivientes
Carolina Ramírez Suárez sabe qué significa que tu vida cambie radicalmente. En 2014, su expareja, de quien se había separado 30 años antes, la secuestró e intentó asesinarla tras días de tortura física y psicológica. El hecho se registró en Tlalpan, cuando ella, una pedagoga y defensora de derechos humanos, tenía 52 años. Le dijo que merecía morir por ser mujer y que asesinaría a la hija de ambos.
Carolina logró hacer una llamada y fue salvada. En el hospital le hicieron una transfusión de sangre. Se estaba desangrando por las heridas provocadas por martillazos y cuchilladas. Con ayuda de una terapeuta, se recuperó: pasaron años para que lograra recomenzar su vida.
Hoy es una testigo, indica, de los fallos del Poder Judicial. Como a David Cervera, su agresor, lo arrestaron en flagrante, Carolina enfrentó un proceso jurídico de tres años que cataloga como tortuoso y complicado. Lo primero que hizo el juez fue desestimar el tipo penal feminicidio. Cinco veces, dice, jueces y magistrados le tumbaron la solicitud de reclasificación. La sentencia fue por homicidio en tentativa agravado.
Las alarmas se encendieron de nuevo cuando, en 2018 y 2019, dos de sus amigas, Ximena y Mónica, también fueron víctimas de tentativas de feminicidio. Ambos casos son de Veracruz, a donde Carolina se fue a vivir. Estaba ocurriendo en su entorno.
Ser feministas las llevó a organizarse: crearon la colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México. Poco tiempo pasó para que otras sobrevivientes las buscaran, sobre todo de Ciudad de México y Veracruz.
La postura de la colectiva es la misma: el Poder Judicial deja libres a los agresores. “Salen y te rematan”, resume Carolina.
Ahí está el caso de Abril Pérez Sagaón: el juez Federico Mosco liberó a Juan Carlos N, pese a que Abril lo denunció por intentar apuñalarla. El juez clasificó como violencia familiar. En noviembre de 2019, dos hombres asesinaron a Abril a balazos. Mosco y otro juez, Luis Alejandro Díaz Antonio, fueron cesados por liberar al presunto autor intelectual del crimen.
Carolina dice que se requieren mecanismos de sanción para jueces. Mientras tanto, adelanta, seguirán tomando de forma pacífica la FGJCDMX y el Poder Judicial, como ha sucedido en las últimas semanas y meses. Consideran que así, solo así, conseguirán la atención de las autoridades.
En los últimos meses del año pasado, jueces de Veracruz liberaron a los agresores de Ivonne, quien sobrevivió a un ataque con arma de fuego, y de Mónica, víctima de un intento de asfixia. Contribuyeron las fallas de las investigaciones de la fiscalía.
Carolina sentencia: “A los jueces, a las autoridades, no les importan nuestras vidas. Contamos casi tres años comprobándolo”.
El agresor, libre
La terapia salvó a Fabiola. Hablar una y otra vez de lo que ocurrió aquella madrugada, pese a las recaídas emocionales, la fortaleció. No ha logrado, expresa, restablecerse.
Roxana Medina, perito con perspectiva de género y académica de la UNAM, enfatiza que un tema pendiente del sistema jurídico es la reparación del daño. Cuando sobreviven a un intento de feminicidio, las mujeres padecen secuelas psicológicas, físicas, emocionales y de salud.
“Empeora si los agresores, libres, continúan amenazándolas. Nada de esto se toma en cuenta cuando se dictan sentencias”, expone.
Fabiola denunció el estancamiento de su caso en redes sociales, en enero de 2021. La fiscalía retomó su carpeta. En marzo, el caso de judicializó. En la audiencia inicial, el inculpado quedó en prisión preventiva. Tras la reapertura de la investigación, se envió la carpeta a la fiscalía especializada.
Todo estaba listo para acusar a Miguel Ángel N de feminicidio en grado de tentativa, pero el magistrado Salvador Ávalos Sandoval lo liberó. Él es uno de los jueces que determinó que Lesvy Berlín, la joven asesinada en Ciudad Universitaria, se había suicidado. Su argumento fue que el delito estaba clasificado como violencia familiar, delito no considerado grave. Miguel Ángel N apeló y Ávalos ordenó la suspensión temporal del proceso. Salió libre el 25 de agosto pasado. A Fabiola no le notificaron. Se enteró de forma extraoficial.
Varias mujeres iniciaron la campaña en redes “Que no te quiten el aliento”. Recordaron que la asfixia es uno de los modos más comunes en los feminicidios y por eso lanzaron una pregunta al magistrado Ávalos Sandoval: “¿Por qué le parece normal asfixiar a una mujer?”.
Fabiola recuerda que el Poder Judicial tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “No estamos pidiendo un favor. Existen leyes claras al respecto”.
Fundamentar la acusación de tentativa de feminicidio le tomó dos años.
“He gastado todo en esto. La decisión del juez me aplastó. He recibido una amenaza por teléfono tras su liberación. ¿Qué sigue?”.
Fabiola, sobreviviente de feminicidio.
El proceso se reanudó porque el acusado incumplió la condición de comunicarse directa o indirectamente con la víctima. El 29 de octubre pasado, tras el cierre de la investigación, el Ministerio Público reclasificó el delito como tentativa de feminicidio. Un logro de Fabiola. El presunto agresor está prófugo.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página:
Las sobrevivientes de feminicidio se enfrentan a la Fiscalía y al Poder Judicial
