El Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado denunció en rueda prensa las imprecisiones y omisiones que presenta el boletín de prensa emitido por el Gobierno de Jalisco, respecto a la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco a un año de su aprobación.
El documento que funge como “informe de avances” menciona el presunto cumplimiento de los artículos transitorios de ley y acciones en torno a la búsqueda de personas que, de acuerdo con las familias y organizaciones de derechos humanos, ha sido parcial, incompleto o nulo.
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano, además a provecharon el espacio para dar a conocer las acciones que llevará a cabo este año frente a la crisis de desapariciones que impacta a la entidad.
Por Andrés de la Peña Subacius / @andres_dlap
A pesar de que ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco y la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda señaló en rueda de prensa este jueves 3 de marzo diversas carencias y omisiones en su implementación.
Martha Leticia García, integrante del Consejo y del colectivo Entre Cielo y Tierra explicó que el discurso contenido en el informe de avances presentado por el Gobierno de Jalisco, a través de un boletín de prensa, “no se traduce a las acciones y menos a los resultados”, sobre todo, respecto a la disposición del Gobierno del Estado de colaborar con familiares de personas desaparecidas y garantizar el cumplimiento de la nueva ley.
En torno a la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, que establece el procedimiento por el cual las y los familiares de personas desaparecidas pueden acceder a los derechos de sus seres queridos ausentes, expuso lo siguiente:
“Las familias siguen enfrentando obstáculos para primero entender y, segundo, acceder al procedimiento de declaración especial de ausencia. Aunque la Comisión de Búsqueda, la Fiscalía Especial y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) son las autoridades responsables de informar a familiares sobre este procedimiento Para muchas familias, esta información no es accesible”.
Sin embargo, el Consejo reconoce que varios organismos del sistema, incluyendo la CEAV, no operan correctamente debido a que las cargas de trabajo rebasan sus recursos:
“De parte del Consejo extendimos la preocupación sobre el presupuesto asignado para la Comisión antes de la aprobación del proyecto de Egresos para el año 2022 y, lamentablemente, nuestras observaciones no fueron tomadas en cuenta”.
| Presupuesto para la Comisión de Búsqueda de Personas y la CEAV de 2020 a 2022 | |||
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| Comisión de Búsqueda | $29,112,961.00 | $39,652,052.00 | $41,204,409.00 |
| Comisión de Atención a Víctimas |
N/A |
$43,085,403.00 | $49,124,034.00 |
Martha Morales, integrante del Consejo y del colectivo Por Amor a Ellxs también se sumó al pronunciamiento sobre los recursos asignados a la atención de declaratorias especiales de ausencia:
“El consejo observa que las dificultades para su implementación se relacionan con la ausencia de recursos, la poca priorización y acciones muy lentas aunque hubo una apertura por parte de algunas legisladoras, dichas reuniones no se tradujeron en una modificación considerable del presupuesto”.
El boletín del Gobierno del Estado informa que se hicieron los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley de Desaparecidos. Sin embargo, la consejera Martha Morales sostuvo que “la realidad es muy distinta”, sobre todo para la CEAV y la Comisión de Búsqueda, añadiendo que “además, todas las instituciones encargadas siguen sin capacidad de revertir la sobrecarga de trabajo”.
A esto se suma que el Comité Coordinador, la cabeza del Sistema Estatal de Búsqueda, no ha celebrado sólo dos sesiones: una de instalación en 2021 y una ordinaria en marzo.
En entrevista, Anna Karolina Chimiak, Consejera Ciudadana y co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) explicó por qué no se han celebrado las reuniones ordinarias que marca la misma Ley de Personas Desaparecidas: “creo que la cuestión tiene que ver con la voluntad política y también priorización de las acciones por parte del Gobierno del Estado de Jalisco”, manifestó.
Martha Morales explicó que, en la única sesión ordinaria del Comité, se tomaron decisiones sobre el reglamento de la Fiscalía Especial ignorando la Ley de Personas Desaparecidas y al mismo Consejo Ciudadano. Como resultado, buscarán una reforma de los mecanismos de participación para dar mayor peso a las familias.
El boletín del Gobierno del Estado también mencionó la capacitación de 101 células de búsqueda municipales, aunque aún no se han diseñado y publicado los lineamientos para su conformación, capacitación y operación.
Anna Karolina Chimiak comentó al respecto que “estas células no pueden operar sin la aprobación de sus lineamientos de creación y operación, y esos lineamientos no han sido aprobados aunque ya existe un borrador es muy importante que tengan un alto grado de preparación y capacitación, además de los criterios de independencia en cuanto a su actuar”.
El Consejo Ciudadano solo ha tenido conocimiento sobre las células de Zapopan y Guadalajara, que ya se estaban conformando al interior de las Comisarías antes de la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas. En ese sentido, advirtieron que “no han visto ni conocido a las otras 99 células que el Gobierno de Jalisco presume”.
La consejera Angélica Vargas, también del colectivo Por Amor a Ellxs, comentó sobre la diferencia entre el discurso de la administración del estado y la realidad de las familias:
“Se ha observado que, aunque las autoridades han manifestado tener una buena disposición para trabajar con familias y colectivos en la realidad, la mayoría de las familias siguen teniendo las mismas dificultades”.
Entre los obstáculos que persisten a decir del Consejo están: negativas de las autoridades para realizar acciones de búsqueda o brindar acompañamiento a las familias, negaciones del acceso a las carpetas de investigación, tardanzas en la confronta de perfiles genéticos, abandono de casos de larga data y procesos lentos o burocráticos para la entrega de restos de personas identificadas.
Por su parte, la consejera Martha Leticia García reprobó los discursos emitidos por el ejecutivo estatal, Enrique Alfaro, respecto a las labores realizadas por familias de personas desaparecidas en la Primera Brigada de Búsqueda en campo en Jalisco, llevada a cabo del 21 al 26 de febrero:
“También nos gustaría señalar con preocupación el reiterado hostigamiento y las declaraciones de desprestigio que han vivido las familias frente a su lucha y las acciones de búsqueda tan solo en días pasados, se pudo observar cómo el Titular del Ejecutivo puso en duda el trabajo del colectivo Madres Buscadoras de Sonora; trabajo que ha tenido, lamentablemente, varios resultados positivos”.
El 22 de febrero, el Gobernador Enrique Alfaro había desacreditado a la brigada diciendo diciendo “hay que tener mucho cuidado con estos esfuerzos de grupos que llegan de no sé dónde a hacer no sé qué. Yo lo que le pedí a la Fiscalía Especializada y a la Comisión de Búsqueda es que tengamos mucho cuidado porque luego ese tipo de acciones que tienen la buena fe de las familias pueden estar también acompañadas de otro tipo de agendas que no conocemos”.
Al día siguiente, tras una rueda de prensa convocada por los colectivos de búsqueda, la administración estatal celebró una reunión con el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y demás integrantes de las agrupaciones de familiares. El Gobernador hizo una publicación por la tarde presumiendo haber ofrecido todo su apoyo al colectivo sonorense, y mencionando únicamente que hubo “información que generó malentendidos”.
En entrevista, la consejera Anna Karolina Chimiak expuso su lectura del suceso: “las familias han señalado que el Gobernador ha tenido, por mucho tiempo, las puertas cerradas para ellas. Lamentablemente se ha visto más la apertura de parte del Gobernador y del Ejecutivo cuando existe una presión mediática, y eso, evidentemente, fue una muestra de una situación así: escaló la presión, se tuvo que responder de parte del gobernador para mitigar los daños y es por esto que se realizó esta reunión”.
Finalizó expresando que “incluso la forma en la que se realizó esta sesión: con las cámaras prendidas, tuits en redes sociales para mostrar que esa reunión efectivamente se llevó a cabo. También mostró que, al final, es lucrar políticamente con el tema, y no tanto atenderlo desde el compromiso serio y responsable con la problemática”.
Este año, el Consejo buscará continuar su labor como órgano de consulta en la implementación de las leyes sobre desaparición. En este sentido, resaltaron que los procesos de mayor prioridad para el Consejo, y aquellos que supervisarán ─desde su facultad de asesoría al Comité Coordinador─ serán:
- La emisión de criterios y medios de verificación para la capacitación del personal relacionado con acciones de búsqueda.
- La construcción y aprobación del Programa Estatal de Búsqueda, que lleva 8 meses de retraso.
- La emisión de los Reglamentos de la Comisión de Búsqueda y la Ley de Personas Desaparecidas.
- La emisión de lineamientos para las células de búsqueda municipales.
