A un año de la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, aún hay acciones gubernamentales pendientes por cumplir para hacer efectiva su implementación. Pese a ser una de las leyes del país más completas en la materia, los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familias no han sido garantizados por las autoridades en la entidad.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) junto a las familias de algunas de las personas desaparecidas en el estado, realizaron este 28 de febrero el conversatorio A un año de la aprobación de las leyes de desaparición en Jalisco, donde expusieron cuál es el panorama actual al hablar de las acciones del Estado en la búsqueda y localización de sus seres queridos.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16
Fotografía de portada Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).
La Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco fue aprobada el 25 de febrero de 2021, y entró en vigor el 6 de marzo del mismo año. Esta ley funge como garante para asegurar la protección de los derechos de las víctimas de desaparición y la de sus familias, además de especificar cuáles son las obligaciones de las autoridades estatales y municipales involucradas en la localización de cada persona desaparecida.
La señora Leticia Vásquez, quien desde 2014 siguen en la búsqueda de su hija Ericka Cueto Vásquez, desaparecida en Puerto Vallarta, Jalisco, señaló que la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco es el resultado del arduo trabajo de las familias, colectivos y demás instituciones que las apoyan.
Por otra parte, Martha García, coordinadora del colectivo Entre cielo y tierra y madre de César Ulises Quintero García desaparecido en el municipio de La Barca en 2017, comentó que esta legislación es el planteamiento de las necesidades que tienen las familias con un ser querido ausente en el estado y pretende velar por los interés y las necesidades de las víctimas directas e indirectas:
“Un logro fue que, hasta antes, siempre era un problema el que la Fiscalía nos diera copias de los expedientes, y en la Ley se manifiesta que es una de sus obligaciones. Se escuchó las necesidades de las familias”.
Aunado a lo anterior, Adriana Méndez, madre de Emilio Jesús Díaz Méndez, desaparecido en 2018, y quien es integrante del Consejo Ciudadano de Búsqueda, señaló que para ella fue una gran noticia el que se aprobara esta ley, ya que consideraban que “por fin iba a haber un avance en nuestros casos”.
Sin embargo, aún cuando la ley ya cumple un año de haber sido puesta en marcha, la realidad es que muchos artículos transitorios contemplados en el documento aún quedan pendientes, lo que “nos demuestra el rezago gubernamental que hay al respecto”, sentenció Martha Morales, quien desde 2015 siguen buscando a su hijo Marco Fregoso Morales.
Obligaciones y responsabilidades de las autoridades
Sobre este punto, Leticia Vásquez precisa que, a partir de la aprobación de la ley, ha notado una falta de coordinación por parte de las autoridades. En su experiencia y opinión, la Fiscalía del Estado “sigue replicando malas prácticas”; al tiempo que persisten “violaciones a los derechos e inseguridad para las familias”.
En cuanto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se ha seguido con el continuum de errores administrativos y, más importante aún, negligencias en la entrega de cuerpos a las familias. La señora Leticia asegura que esto se debe a la falta de presupuesto, a la falta de personal y a los obstáculos administrativos, parece que “no se sabe lo que se está haciendo”, precisa.
Otra de las graves omisiones es que las instancias gubernamentales que se encargan de la búsqueda de las personas que han desaparecido, se encuentran en su mayoría dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), lo que centraliza las acciones para localizar a las y los desaparecidos y dificulta a las familias del interior del estado acceder a la justicia. Aunado a este punto, las madres buscadoras que participaron en el panel coinciden en que muchas de las familias que buscan a su ser querido no saben ni siquiera que esta ley existe.
“No hay canales efectivos de comunicación entre estas instancias públicas y las familias, y es obvio que las familias no se van a memorizar una ley nada más porque sí, porque nadie espera pasar por esto”, puntualizó Leticia Vásquez.
Por ello, agregaron que uno de los mayores retos es la descentralización de las acciones de búsqueda: “una viviendo en Guadalajara se siente perdida, ahora imagínate a todas las que son foráneas y no saben qué hacer, cómo es el proceso; se siente perdidas y solas” señalaron.
La centralización de las instituciones de búsqueda es un grave problema, eso lo sabe la señora Leticia, quien busca a su hija en Puerto Vallarta y hasta la fecha no visto un avance significativo en su expediente, advierte que en su caso, “no hay información ni instancias que puedan apoyarla y orientarla después de este suceso”:
“Han pasado casi 7 años desde que desaparecieron a mi hija. Hasta la fecha no ha habido nada, y me dijeron un año después que no se había procedido en nada y que debía iniciar otra vez el trámite”.
En el caso de César Ulises, hijo de la señora Martha García, la centralización de estas estructuras de búsqueda representó también un problema: la denuncia y el proceso fue iniciado en el municipio de La Barca, ubicado en la región Ciénega, y, después de unos meses, Martha solicitó que el caso fuera trasladado al AMG. Después de esta petición, la Fiscalía perdió toda la documentación relacionada con su expediente de búsqueda.
A estas situaciones se suma la falta de capacitación y sensibilización del personal en los Ministerios Públicos, “no hay amor hacia su profesión, no tienen empatía”, dijeron las familias. “Nosotras somos víctimas de un sistema que descuidó a nuestros hijos, y ahora no quieren ayudarnos a que vuelvan a casa”, añadió Adriana Méndez.
En su opinión, las experiencias que han tendido con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco “no han sido positivas”, ya que, advirtieron que “los proceso han sido muy lentos, no reciben notificaciones sobre cómo va el avance en sus casos (la cual es una obligación que marca la Ley), no reciben servicios de atención psicológica y hay una notoria carencia de asesores jurídicos”.
Sobre el papel que ha despeñado el gobernador, Enrique Alfaro, Leticia Vásquez denuncia que “se sigue ‘alzando el cuello’ diciendo que los índices de inseguridad han ido reduciéndose, y cada que aparece una persona dice ‘lo encontramos’”.
Es importante precisar que desde que Enrique Alfaro ocupó el cargo como gobernador en 2018, han sido desaparecidas 2 mil 655 personas, mencionaron las familias.
De acuerdo con el CEPAD, las autoridades han incumplido en el cumplimiento de los siguientes ordenamientos previstos en los artículos transitorios de la ley:
- Presentar lineamientos para la conformación y funcionamiento de las Células de Búsqueda Municipales.
- Emitir el Reglamento Interno de la Comisión de Búsqueda.
- Emitir el Reglamento Interno de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas.
- Expedir el Reglamento de la Ley de Personas Desaparecidas.
- Dotar a la Comisión de Búsqueda Personas del Estado de Jalisco de infraestructura tecnológica necesaria para el inicio de operaciones del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
- Dotar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de infraestructura tecnológica necesaria para el inicio de operaciones del Registro Estatal de Personas Fallecidas No Identificadas y el Banco Estatal de Datos Forenses.
- Dotar a la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas de infraestructura tecnológica para el inicio de operaciones del Registro Estatal de Fosas.
- Crear dentro de la Comisión de Búsqueda de Personas todas las áreas previstas en la ley.
- Implementar y armonizar marcos jurídicos en virtud de la ley, especialmente en materia de panteones y asignar recursos suficientes para este fin.
- Realizar ajustes presupuestarios necesarios.
Otra de las deudas pendientes es la opacidad en la información, pues aunque entre los artículos transitorios de la ley se señala que debe existir información pública viable para las familias en páginas de gobierno, las familias terminan accediendo a estos datos “gracias a los colectivos e instancias civiles”, remarcó Leticia Vásquez.
Las madres buscadoras coinciden en que la acción inmediata que debe seguir a la desaparición de una persona, además de su búsqueda sin demora, es el rastreo del teléfono celular de la persona víctima, sin embargo, hasta ahora, no se han creado áreas específicas dentro de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para realizar esta acción: “Queremos encontrar a nuestros familiares, pero a ellos no les importa. Nos apuramos a hacer las leyes para que nos ayudarán a encontrarlos, pero ellos no tienen la voluntad de hacerlo”, denunció la señora Leticia.
Sobrevivir día con día
La señora Adriana reconoció que la acción más importante para encontrar a sus seres queridos es que exista voluntad política de parte de las autoridades: “el gobernador debe de tocarse el corazón, porque lo que vivimos es terrible, y aún así nos pisotean. Eso no es justo”.
Por otro lado, añadió que lastimosamente han sido condenadas a sobrevivir en medio del dolor y la tristeza por no saber en dónde están sus hijos e hijas: “Todas las mamá estamos enfermas, y yo no quiero morirme sin encontrar a mi hijo”.
Leticia Vázquez afirmó que no sólo se llevaron a sus hijos, sino también la alegría y el bienestar de sus familias. Además, viven en la constante incertidumbre de no saber “si está vivo, si está muerto, si lo torturan, si come, si está enfermo, y esto es de todos los días”.
Por último, la señora Martha García aseguró que el gobierno sabe cuáles son las necesidades que tienen las familias buscadoras, pero hacen caso omiso: “la situación en Jalisco es una crisis de seguridad que todos conocemos, menos el gobernador”.
Consideraron que a todas las madres buscadoras “las han obligado a ser activistas sociales”. Este papel lo realizan frente a la omisión e inacción de las autoridades obligadas y a pesar de los malestares físicos que les invaden. Hay quienes, incluso, padecen estrés, ansiedad, depresión, diabetes, cáncer o dermatitis, las cuales, mencionaron “son enfermedades que obviamente el gobierno no cubre”.
Aún así, ellas siguen día con día sobreviviendo en medio de un Estado ausente e indiferente, que, incluso a un año la puesta en marcha de la Ley de personas desaparecidas, siguen sin cumplir cada una de sus obligaciones hacia con las familias y las víctimas de desaparición y desaparición forzada:
“Sin importar los antecedentes, todos y todas tenemos derecho a ser buscados” finalizaron las madres.
