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La Fiscalía del Estado tardó dos semanas en obtener la identidad del cuerpo del menor hallado en la basura del Cereso: fue desenterrado de un cementerio de la CDMX; ya hay responsable, sostiene la autoridad
Texto: Sam Nolasco/ LadoB
Foto: Imagen Google Maps
PUEBLA.- El Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en Puebla es una olla de presión sin válvula de escape.
Tiene una sobrepoblación de 102.9 por ciento, según información del gobierno federal. Es decir, viven ahí hacinados más del doble de reos que debería contener, y el 62 por ciento no tiene sentencia dictada. Organizaciones que trabajan con población en estado de reclusión, como Reinserta AC, hablan incluso de autogobierno al interior del penal.
En comunicado que difundieron en redes sociales el pasado 13 de enero aseguran que dentro de su perímetro se organiza de todo: Desde servicios de prostitución, con la entrada de trabajadoras sexuales; manufactura y consumo de estupefacientes, y hasta un sistema de apuestas; en el que ingresan perros de pelea a la cárcel y salen como cuerpos inhertes desechados en bolsas de basura.
El portal e-consulta difundió hace unos días videos que muestran la realidad de autogobierno al interior del penal, con personas usando teléfonos celulares o consumiendo drogas.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que la Comisión Nacional de Derechos Humanos difundió en 2019 (el de 2020, el más reciente, no incluye información del penal de San Miguel) califica al penal con 6.6 sobre 10 puntos posibles y con tendencia a la baja. Aún dentro del semáforo amarillo, pero apunto de pasar al rojo. Una calificación que ha venido decreciendo en los últimos diez años.
“Cuando tienes estos niveles de sobrepoblación vas a encontrar muchas deficiencias en el actuar. Está totalmente rebasada la autoridad si hay el doble de personas de las que debe haber; y las condiciones seguramente son deplorables”. Así habló José Pablo Balandra, coordinador de la asociación civil Reinserta que trabaja con el sistema penitenciario, en entrevista con LadoB.
Un hallazgo que rompió el alma de miles
En ese lugar de desecho en el que desfilan perros de pelea, cuyas mordidas no les alcanzan para salvar sus vidas, un cuerpecito de bebé fue encontrado el 10 de enero de 2022. Lo halló un reo que recolectaba botellas de pet, aunque se presume que pudo ingresar al menos un par de días antes. Hubo que esperar doce días, casi dos semanas, desde que se difundió la noticia para saber el origen del neonato, y el nombre por el que lo conocían sus padres. Y fue principalmente el trabajo de la organización Reinserta la que permitió la identificación.
“Apenas corrieron a un jefe de custodios que estaba inmiscuido en temas de trata y prostitución de mujeres y de niñas, obviamente el cuerpo de un bebé que tiene una incisión para entrar a un penal no una visita normal. Hay protocolos para que los niños ingresen a los penales obviamente en este caso no se siguieron”.
Niño Ayala Peralta, como aparece en el acta de defunción con folio 210164529 que periodistas capitalinos difundieron en redes sociales. Falleció el día 5 de enero a los tres meses de edad en el Hospital Pediátrico Iztacalco (medios y redes también se refieren a él como Tadeo). El documento consigna como causas de muerte una hemorragia aguda pulmonar, coagulación intravascular diseminada y un choque séptico.
🚨 Esta es el certificado de defunción del bebé que fue localizado muerto en basurero dentro del penal San Miguel, #Puebla
El menor murió, fue desenterrado y su cuerpo ingresado sin vida a la cárcel
La historia es trágica. Está llena de preguntas que deben responder autoridades pic.twitter.com/XaOeWueT8Z
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 22, 2022
Sus padres acudieron hasta el 21 de enero a la Fiscalía del Estado de Puebla a reconocer el cuerpo de su hijo. Explicaron a Saskia Niño de Rivera, presidenta de la asociación Reinserta, que “fueron amenazados al ver que el cadáver de su bebé ya no estaba” en el Panteón Civil de Iztapalapa, donde lo despidieron en sepultura un día después de su muerte.
La afirmación de la activista fue confirmada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta institución envió su primera ficha informativa quien en la madrugada del 21 de enero; ahí notificó que el administrador del panteón de San Nicolás Tolentino, de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, había hecho una denuncia de una “probable exhumación ilegal y desaparición de cuerpo de un menor”.
Fue, finalmente hasta el 22 de enero que la Fiscalía de Puebla se pronunció: “el resultado obtenido de la prueba genética el día de hoy, es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del Centro Penitenciario de Puebla el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo”, informó el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal.
La #FiscalíaPuebla informa avances de la investigación que se realiza para conocer la identidad del menor de aproximadamente 3 meses de edad hallado sin vida en el CERESO de San Miguel, y sobre quién y cómo introdujo el cuerpo.
📄 Comunicado: https://t.co/owklOe6LtO pic.twitter.com/l3YpevFGzB
— FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) January 22, 2022
El funcionario mencionó que la Fiscalía tenía conocimiento del cuerpo desde el 10 de enero, y que después de realizar entrevistas a los funcionarios de la penitenciaría hallaron al responsable de introducirlo en la cárcel, pero sin dar más detalles.
Días antes la única información que se tenía del terrorífico hallazgo era lo que iba soltando y de forma tardía el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, que no se mostró inmutado por el hecho, y que al contrario, amenazó con callar a quienes dieron cobertura y seguimiento al tema, dando una que otra lección de periodismo. “Se van a silenciar, se va a esclarecer”, dijo en su conferencia del 21 de enero, sin dar más información del hecho paradigmático.
“Este hecho desnuda las fragilidades del Estado mexicano y sus instituciones para garantizar el derecho a la vida y a la justicia. Es un caso paradigmático porque nos muestra que las redes de macrocriminalidad en Puebla siguen intactas nos referimos a los operadores criminales, pero también a las redes de corrupción institucional y al mundo empresarial que se beneficia de ello”, comentó para este medio Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
Interés político por encima del interés superior de la niñez
Al tiempo de que algunas asociaciones reaccionaron al tema del bebé del Cereso en Puebla, otra noticia relacionada con un bebé se hizo viral. El 17 de enero el gobernador de Nuevo León y su esposa presumían fotos con un niño que no era suyo y hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) subió a la permanente de la Cámara de Diputados una misiva para informar de las investigaciones que harían, y así fincar responsabilidades al gobernador Samuel y su esposa Mariana. Sin embargo, el Niño Ayala Peralta no tuvo esa suerte.
Este caso en el que están involucrados dos estados, dos gobiernos de acuerdo con Juan Martín Pérez, alcanza para una acción federal, además de que se suma exponencialmente:
“un secreto a voces del autogobierno en el Cereso de San Miguel un cálculo político que están haciendo sobre la vida de un bebé y ese cálculo político es cuidarse entre los gobernantes de Morena y la capturada Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
En un vaivén de cortesías políticas entre las comisiones de derechos humanos, la CNDH desistió el 20 de enero como observador y protector de los derechos universales del bebé que llevaba 10 días desaparecido (al no saberse su origen, ni identidad).
“La CNDH no investigará el hallazgo del bebé muerto en el Penal”
Cuando no transgredir con la autonomía de los organismos locales se vuelve + importante que proteger y velar por el interés superior de los niños, refleja que algo tenemos que cambiar como sociedad. #JusticiaBebé pic.twitter.com/LTuDNLfjAF
— Saskia Niño d Rivera (@saskianino) January 20, 2022
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) envió una carta (que se subió a redes sociales) exigiendo a la CNDH “se inhibiera de conocer de los hechos ocurridos en San Miguel”; esto, después de un primer comunicado, el 14 de enero, donde la CNDH exhortó a la Fiscalía realizar la investigación con apego a los derechos del menor.
Lo lamentable, opinan activistas y organizaciones como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, es que la CNDH renunció a su facultad de atraer el expediente de la investigación, en la que solo le corresponde avisar para velar el derecho a la verdad y a la justicia del sujeto, ya que el Estado es garante de protegerlo aunque esté muerto.
Así es como durante doce días a Niño Ayala Peralta se le negó el derecho a la vida y el derecho a la no discriminación.
“Casi lo reducen a una maleta de transporte de drogas y esto viene de la propia filtración de la fiscalía y funcionarios. No es una maleta de traslado de droga, es una persona víctima que está sufriendo discriminación post mortem”, concluyó el coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
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Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.
