#Anuario2021
Por Luis Sánchez Barbosa / Territorio
El 2 de enero del 2019, a menos de un mes de tomar posesión de su cargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que solicitaría un estudio para evaluar el impacto que tendría para su gobierno salir del Convenio de Coordinación Fiscal. El reclamo venía antecedido por una reducción de recursos por parte de la Federación y del arreglo político que beneficiaba al partido en el poder como resultado del proceso electoral del 2018.
Las tensiones entre los gobiernos locales y el federal no eran nuevas, los llamados a revisar el pacto fiscal tienen sus antecedentes en los años noventa y han permanecido vigentes durante los gobiernos de la alternancia. Pero la irrupción de la pandemia recrudeció el conflicto por los recursos pues metió presión a las finanzas públicas, los gastos en salud y hubo una reducción de la recaudación por la poca actividad económica. Además, frente a las medidas económicas anunciadas por el gobierno federal y el impacto del malestar generalizado, los gobiernos estatales formaron un bloque opositor para solicitar soluciones económicas, distintas a las anunciadas por el presidente, para contrarrestar, dijeron, las pérdidas de empresas y empleos.
En este ambiente político de creciente conflictividad, en septiembre del 2020, los gobernadores de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Colima y Aguascalientes, anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por considerar que ya no era un espacio de diálogo y anunciaron la creación de la Alianza Federalista (AF), un grupo crítico y con la pretensión de ser contrapeso para discutir el pacto fiscal, la recaudación de impuestos de la federación y la repartición del dinero hacia los estados.
De esta forma, los gobernadores buscaban recuperar su papel protagónico frente a la presión de los recortes y la reducción de aportaciones. Pues los efectos de la crisis económica y sanitaria reflejada en la pérdida de empleos, cierre de empresas y deterioro en la calidad de vida de las personas, pesaba enormemente sobre la gestión de los gobiernos locales.
Grupo fugaz y a modo
Así, en octubre del 2020, el gobernador Alfaro anunció la organización de una consulta ciudadana para conocer la opinión de las personas sobre la permanencia de Jalisco en lo que llamó una relación abusiva con la federación. En noviembre de ese año le encargó al periodista Enrique Toussaint la conformación de una mesa “ciudadana”, con el objetivo de proponer un mecanismo de participación para consultar a la población su opinión. La mesa, decidida por Toussaint, se conformó por académicas, empresarios, funcionarios y activistas entre los que estaban Lucía Almaraz, Armando Cruz, Cecilia Díaz, Isaura García, Javier Hurtado, Marisa Lazo, Mauricio Merino, Carlos Moreno, María Marván, Carlos Moreno y Carmen Villarreal.
En sus primeras reuniones definieron su nombre, Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal y algunas reglas internas como la integración de tres comités: Constitucional, Fiscal y de Comunicación; el origen de los fondos que provendrían de donaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada, y el tope de máximo 20 mil pesos por donación personal y de 500 o 600 mil pesos para todo el proyecto.
Finalmente, a principios de este año le entregaron al gobernador Enrique Alfaro cuatro acuerdos para buscar un trato justo en materia fiscal. Propusieron que el congreso trabaje para redefinir los acuerdos con Jalisco y la nación; que el grupo haga un mapa fiscal en el que se especifique cuánto pagan los jaliscienses de impuestos, a dónde se distribuyen, cuántos de esos recursos nos regresan y en qué se gastan; y por último, consolidar “un verdadero federalismo mexicano, para dejar atrás décadas de centralismo”.
En febrero de 2021, el gobernador presentó al Congreso de Jalisco una iniciativa de reforma constitucional que contemplaba la creación del Sistema Tributario Estatal, para fortalecer las capacidades de recaudación del estado y la propuesta de transferir al Poder Ejecutivo las atribuciones del Poder Legislativo de celebrar y terminar convenios de Coordinación Fiscal con la federación. Aunque eso se contraponía con lo que establece la Ley (Federal) de Coordinación Fiscal que señala que el acuerdo debe de ser celebrado o terminado por los Congresos locales.
El gobernador solicitó al Congreso que congelara la iniciativa hasta que se realizara una consulta ciudadana que solicitaría al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.
Las acciones parecían muy pertinentes pero contrastaban, como explicaba el académico Andrés Barrios, “con las afirmaciones sesgadas del gobernador cuando mencionaba que por cada habitante CDMX recibe $19,100 de gasto federalizado, contra los $12,400 que se reciben por jalisciense, sin aclarar que CDMX contribuye con el 60% de los ingresos tributarios, y el 40% restante lo contribuyen los 31 estados restantes de la república.”
Aunque se esperaba que el grupo Nuevo Pacto: Equidad y Solidaridad Fiscal realizara un análisis más completo que los discursos del gobernador, conforme se acercaba el periodo electoral, perdió relevancia y nunca pudo justificar su utilidad, más cuando se trata un tema de interés público respaldado públicamente por el gobernador.
Una de las propuestas del grupo, que nunca se concretó, era ofrecer al gobernador una mirada más amplia de la realidad económica. Hasta la fecha, de sus propuestas solo se ha consolidado la consulta pública y aún no hay información clara sobre el manejo de sus recursos, la cantidad de sesiones que tuvieron en el 2021 ni la metodología con la que trabajarían para hacer el análisis de impuestos. Es decir, no hubo transparencia en sus decisiones y ni rendición de cuentas, lo que terminó por restarle legitimidad.
El capricho caro de la consulta
Así, el 5 de mayo de 2021, y en pleno proceso electoral, el gobierno de Enrique Alfaro, dio a conocer que durante tres fines de semana, del 20 de noviembre al 12 de diciembre, los jaliscienses podrán responder a la pregunta “¿estás de acuerdo en revisar la política fiscal del estado para que el congreso de esta entidad federativa decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocien nuevas condiciones o se den por terminados?”.
El anuncio de la consulta, se dio tras más de un año de discusiones políticas en las que Alfaro ha criticado la repartición de recursos por parte de la federación y en el que aseguró que urge cambiar el modelo del pacto fiscal para que sea equitativo para todos los estados. El discurso político del gobernador ha sido que la consulta pública es una manera de involucrar a los ciudadanos y permitirles decidir algo de interés estatal y nacional. Y aunque se ha manejado con la postura de involucrarles, la información sobre el tema ofrecida desde el gobierno estatal se publicó hasta octubre, después de casi tres años de declaraciones, sesgos y opacidad. Por lo que el esfuerzo de informar parece no ser suficiente para que todos los ciudadanos comprendan a profundidad el pacto fiscal.
Algunos especialistas criticaron la postura confrontativa de Enrique Alfaro pues en la realidad Jalisco depende casi por completo de los impuestos federales. Por ejemplo, cada 100 pesos que tiene el estado, 91 vienen de la federación. Es decir, el gobierno no ha demostrado capacidad de recaudación ni mecanismos suficientes para ser un poco más independiente.
Incluso, han cuestionado las verdaderas intenciones del gobernador en un tema que pareciera solo tener intereses políticos y bajo un contexto de conflicto entre el gobierno estatal y el federal que se ha gestado desde el inicio de ambas administraciones. “El gobernador ha usado lo del pacto para reclamar a la federación más recursos y una mayor participación del estado en el presupuesto. Es legítimo que el gobierno lo haga, pero falta ver cómo se va a organizar”, comentó José Bautista Farías, maestro en política y gestión pública.
“Esta es una discusión en la que se ha decidido abiertamente ser imprecisos y engañosos con la información. No estamos ante una consulta popular, sino ante un intento de legitimación política. No les está saliendo eso de movilizar la opinión pública a su favor.”
De acuerdo con el experto en participación ciudadana y rendición de cuentas, el pacto fiscal sí es un tema relevante para la ciudadanía pero es necesario ofrecer más información antes de convocar a una consulta pública. No todos los ciudadanos dominan los temas económicos y es responsabilidad de las autoridades ofrecer tanto las ventajas como las desventajas del tema.
La propuesta desde el estado era generar foros de consulta previos a la votación en donde se explique el tema más a detalle, aunque los foros no fueran lo suficientemente extensos ni accesibles para todos los que necesitaban participar.
Además, en el contexto de la necesidad de una construcción de capacidades institucionales locales, de mayor transparencia y rendición de cuentas, 22.5 millones de pesos que es lo que costará la consulta popular, son un despropósito.
¿Para qué un nuevo arreglo fiscal para Jalisco?
Las aportaciones y participaciones son la fuente principal de recursos para la mayoría de estados, municipios y alcaldías. Por ejemplo, según datos de México Evalúa, en 2019, las transferencias federales en promedio representaron 84.9% de los ingresos totales estatales, mientras que los ingresos propios representaron sólo el 15.1%, entendidos estos como la suma de aprovechamientos, contribuciones de mejora, derechos, impuestos y productos. Curiosamente, contrario a lo que declara el gobernador, en 2021 el crecimiento de las tranferencias fue de 0.6% y en 2022, se espera que los recursos federales aumenten 9.9%, al pasar de 109,464 millones de pesos en el 2021 a 120,334 millones de pesos.
De acuerdo con el académico Andrés Barrios, los niveles de bienestar de países desarrollados son impulsados por la capacidad que tienen sus gobiernos locales de recaudar sus propios impuestos, por ejemplo, la recaudación local representa alrededor del 55% en Canadá, o el 50% en Alemania, a diferencia del 5% que aporta Jalisco a sus propias finanzas. Esto quiere decir que Jalisco tiene que crear sus propios impuestos para que el Estado aumente sus capacidades de respuesta para garantizar los derechos a la ciudadanía. De ahí que las entidades federativas y municipios, para hacer frente a sus carencias, necesitan hacer un mayor esfuerzo fiscal, con el que incrementen su recaudación local.
En un ejercicio hecho por Nuestro Presupuesto, un esfuerzo ciudadano por vigilar las finanzas estatales, muestra que de no haber eliminado el impuesto por tenencia en 2012, actualmente el estado habría tenido ingresos por 40 mil 696 millones de pesos. Además, si durante el año pasado se hubiera cobrado este impuesto, el dinero habría sido suficiente para combatir la COVID-19.
En cambio la pandemia no ha ayudado a la dependencia económica que se tiene de la federación y la salida fácil por la que varios estados han optado es la deuda, algo que hizo Jalisco al adquirir 6 mil 200 millones de pesos en mayo del año pasado pero que no necesariamente soluciona si no tiene con qué pagarse.
Sin embargo, para los especialistas, el modelo más efectivo es el que busca la cooperación entre estados y la solidaridad. Un ejemplo, según explicó Carlos Brown, codirector del Instituto del Sur Urbano, es Estados Unidos y su federalismo de “pastel marmoleado”, es decir, que los gobiernos locales, estatales y nacionales no actúan por separado y sus responsabilidades administrativas se correlacionan.
Sin duda el arreglo federal requiere mejoras y más si no considera la pobreza y la desigualdad ni su equilibrio. Pero proponer una distinción entre algunos estados que aportan más en impuestos que otros; o, como lo han dicho los gobernadores de la Alianza Federalista, “los del norte sostienen a los del sur”, es una idea que no va a generar resultados positivos a nivel nacional.
“En lugar de ponerlos a competir, ponlos a cooperar, si la reforma se abre para tratar de acentuar los regionalismos y la xenofobia al interior de nuestro propio país creo que estamos yendo en la dirección equivocada”, resaltó Carlos Brown.
En noviembre de este año, a unos días del inicio de la consulta, el gobierno anunció que para 2022 espera captar 137,119 millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos 2022 que presentó el Ejecutivo estatal al Poder Legislativo. Según el proyecto, la captación estatal estimada asciende a 16,785 millones de pesos, cifra que supone un incremento de 19.6% en comparación con el 2021 y que se pretende captar a través del aumento de la tasa impositiva del Impuesto sobre Nómina (ISN). Falta ver que ese compromiso trascienda lo político.
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