50 programas no hacen una política social: La nueva no-política social de Jalisco.

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Por Héctor Castañón R. / @hektanon (X) con la colaboración de José Ayala y Guillermo Woo.

La política social es una de las herramientas más importantes que tienen los gobiernos y las sociedades, para construir la justicia y la paz, particularmente en un contexto en donde la violencia y la inseguridad, consecuencia del debilitamiento del tejido social y el limitado acceso a oportunidades, constituyen la principal preocupación en nuestro estado.

El Gobernador de Jalisco presentó en días pasados un conjunto de programas sociales en el marco de lo que llamó alternadamente política o estrategia social. El escenario, la forma, el discurso y la estructura del evento de presentación refleja con claridad cómo se entiende hoy la política y los programas sociales. A continuación compartimos un breve análisis y primeras reacciones al contenido presentado a falta de un plan escrito en donde el Gobierno de Jalisco exprese con claridad los objetivos, estrategias, metas y mecanismos de evaluación de la política social.

1. El evento de presentación, realizado en un centro de espectáculos deportivos, habla de la gran visibilidad que los gobiernos buscan dar a los programas sociales. El escenario, una pasarela central fue ocupado por dos personajes principales: Priscila Franco, la actual Secretaria del Sistema de Asistencia Social (ojo, desde el nombre ya hay un sesgo de política), y el Gobernador Pablo Lemus. En el evento no se presentó un gabinete que de forma articulada trabajaría la política social; se optó por dar el protagonismo a una persona, que se dice sería la carta de Lemus para las próximas elecciones estatales, en donde la candidata tendría que ser una mujer. Esta decisión de ponerla al frente ya da un carácter electoral al acto de presentación. No sorprende, pero termina por personalizar una política que debería ser transversal a todas las áreas de gobierno.
2. El modelo de operación de estos programas sigue la pauta de lo que se ha hecho ya costumbre: los chalecos, las brigadas y las tarjetas. Este es el modelo que tanto preocupa a la oposición cuando se entiende como parte de la maquinaria de las elecciones de Estado. Lemus responde de esta manera para hacer frente al ejército de chalecos guinda que ya recorren desde el sexenio pasado el estado que hoy gobierna. Si bien el trabajo de tierra es indispensable en la operación de los programas sociales y las tarjetas sin duda ayudarán a actualizar el padrón de personas beneficiadas, queda la duda de lo que pasará con las poblaciones de calle, las no afiliadas y las migrantes, que no son votantes, pero que deben ser incluídas en los programas de atención social.
3. El objetivo central de este conjunto de programas, según una imagen presentada en el evento, es “estar cerca y apoyar a las y los jaliscienses”…. No es terminar con el hambre y la pobreza extrema en Jalisco, no es garantizar derechos sociales, no es abatir carencias y rezagos, no es avanzar progresivamente a mejorar la calidad de vida en Jalisco, tampoco es reconstruir el tejido social y garantizar las condiciones para que todas las personas tengan acceso a una vida digna. No. Ni siquiera los niños y las niñas que ha puesto Pablo Lemus en el centro de su discurso. El objetivo principal es estar cerca. De nuevo hacen surgir la sospecha de que lo que se busca con esta serie de programas, envueltos en una elaborada campaña de marketing, es el posicionamiento mediático de las marcas, los colores y las figuras.
4. Los programas tienen sentido por sí mismos, y serán bien recibidos por las y los beneficiarios. El seguro de atención médica, por ejemplo, atiende una de las principales carencias que afectan a cerca de cuatro de cada 10 jaliscienses. Si bien no es un esquema completo de seguridad social, resuelve en alguna medida aspectos importantes del derecho a la salud. Tendrá principalmente un efecto preventivo al facilitar la atención temprana de afecciones a la salud, que de no atenderse suelen complicarse y generar  gastos más significativos. No es, por lo tanto, un programa para superar la pobreza por ingresos, sino para prevenir gastos catastróficos para las economías familiares y mejorar la salud a través de la prevención de enfermedades más graves. Sin duda atiende una de las prioridades de las personas con carencias por acceso a servicios de salud.
5. El programa de útiles, uniformes, y ahora pants y tenis (¿fosfo?), sigue siendo sin duda valioso para la población escolar y las familias por los gastos que evitan y que de otra forma pueden poner en riesgo la escolarización de las niñas y niños. El programa también contribuye a generar condiciones de igualdad entre la población escolar. El monto asignado a este programa es alto y no debería comprometer los recursos destinados a otros programas que de manera más directa sirven para garantizar derechos fundamentales. No existe un derecho humano a los pants y a los tenis, como si existen otros derechos constitucionales que deben garantizarse.
6. El programa de apoyo al transporte público es también necesario, sin embargo esconde de fondo un mayor problema: el de acceso a vivienda adecuada, que implica, entre varias otras cosas, el derecho a la vivienda dentro de un contexto urbano que garantice la proximidad a los satisfactores básicos. El paradigma actual de desarrollo urbano es extremadamente permisivo y promotor de la expansión urbana, lo cual ha generado un aumento en los territorios marginados cuya población se ve obligada a realizar trayectos más largos, fragmentados y costosos para quienes menos tienen. Si bien estos apoyos ayudan a mitigar el gasto ocasionado por una injusta política urbana, la solución de fondo está en una política urbana de proximidad y de vivienda social adecuada, que reduzca el número, distancia y gasto por viajes en la ciudad, y eleve la calidad de vida en nuestros barrios.
7. Los renovados programas de apoyo a guarderías y para personas que cuidan, se fundan en la idea de que el gobierno no debería hacer lo que la ciudadanía ya hace bien, ofrece un monto de apoyo en vales para que las familias con necesidades de cuidados especiales puedan elegir a los proveedores de servicios privados o pagar a quienes se dediquen a estas labores. Dice incluso que con esto se incentiva la actividad económica. Aunque podría entenderse que esto facilita el acceso a derechos, evade la responsabilidad que el Estado debe tener para garantizar este derecho y lo delega parcialmente al mercado. Igual que sucede con la educación, el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar un piso mínimo para garantizar los derechos de las primeras infancias y personas con dificultades para valerse por sí mismas. El extremo del esquema que propone el gobernador es el de la privatización de los servicios de cuidado, con lo que se corre el riesgo de que los mecanismos del mercado excluyan a poblaciones necesitadas porque “no es negocio”.
8. La política social se presenta desvinculada de la política laboral, que es el mecanismo que efectivamente puede sacar a las poblaciones de la condición de pobreza. Como se ha dicho, Jalisco es el cuarto lugar en ingresos económicos, pero el 25 en salarios promedio. Es indispensable llamar a una mejora salarial como compromiso del sector empresarial para elevar los salarios promedio. Si bien la incidencia del gobierno estatal es limitada, los programas de apoyo con los que cuenta el gobierno deberán estar condicionados para beneficiar solo a empresas que garanticen derechos laborales y un salario digno como el que propone la Acción Ciudadana frente a la Pobreza y que ha tenido efecto en sectores empresariales de otros estados. Es posible una política salarial a nivel estado.
9. La justicia fiscal es otro aspecto fundamental para garantizar recursos suficientes para fortalecer la política social. El estado tiene las posibilidades de promover un esquema de recaudación que incida positivamente en los presupuestos destinados a los programas sociales. Es un tema que no se ha abordado y que limita los alcances de la política social. Sin una reforma fiscal progresiva no habrá posibilidades de atender efectivamente los rezagos sociales en Jalisco y en México.
10. El presupuesto anunciado de 2,400 millones de pesos debería estar dirigido a eliminar la pobreza extrema, el hambre, a la atención de todos los niños y niñas con cuidados, escuela y alimentación, salud preventiva en todos los municipios. Es urgente una política social que atienda las necesidades de nuestras juventudes precarizadas, expuestas a ser reclutadas por el crimen organizado y que al momento no reciben muestras de que son importantes para esta sociedad. Muchos optan, entonces, por desafiliarse de una sociedad que no les responde, y les sigue estigmatizando y criminalizando. 

Una política social no debe ser la que va detrás de las otras políticas pagando los platos rotos; debe guiar al resto de las para que de forma articulada cumplan el propósito principal de generar bienestar para todos y todas. Por lo tanto la política social no debe ser sectorial, sino concurrente con las políticas de prevención de la violencia, las políticas educativas y culturales para una verdadera inclusión social, la política urbana, y las políticas para el crecimiento y el desarrollo económico.

En conclusión, lo que se ha presentado no termina de articularse como política social. En todo caso se trata de una estrategia de asistencia social, pero no de una política de desarrollo social, concepto que se abandonó desde la llegada al poder de los gobiernos naranjas.

La raíz de los problemas sociales, como lo han reconocido en sus discursos tanto la secretaria como el gobernador, es la desigualdad, y la injusticia fundamental consiste en que en Jalisco, a pesar de que existen los recursos y capacidades para abatir los rezagos sociales más sentidos y urgentes, seguimos sin dar la seriedad y profundidad a la política social que el estado necesita. Esto es una grave omisión dadas las condiciones actuales, y que se debe subsanar convocando a todos los sectores sociales para trabajar en una verdadera estrategia para garantizar el bienestar socio-económico y la paz social en Jalisco.

Estamos a tiempo de replantear el marco programático y presupuestal anunciado en esa arena deportiva. Los diagnósticos que deben estar recogiendo para el Plan Estatal de Desarrollo, y para sustentar los Programas Sectoriales, nos dejan claro que lo anunciado el viernes 4 de abril no puede, y no debe ser la respuesta de Jalisco frente a la urgente necesidad de superar la pobreza, las desigualdades y el deterioro del tejido social. 

La sociedad civil, el sector académico, las instituciones educativas, las iglesias, tienen bastante más que decir respecto a la política social que Jalisco necesita. Jalisco no puede seguir aceptando la pobreza como algo normal y careciendo de un modelo de desarrollo, inclusivo y basado en el ejercicio pleno de los derechos humanos para todos y todas.