Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommmedina (X) /@FranciscoMacias (TG)
La localización del centro de explotación y exterminio ubicado en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, terminó por volvernos a recordar la grave y delicada situación en la que se encuentra la entidad respecto a los derechos humanos, así como la condición y calidad de las instituciones que deberían garantizarlos.
De entre todas las respuestas, llama la atención la propuesta realizada por Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, quien propuso a través de Salvador González de los Santos, Fiscal General del Estado de Jalisco, la creación de una Comisión de la Verdad, para colaborar con la Fiscalía General de la República y “proporcionar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones en la que participen madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, universidades, organismos de derechos humanos y observadores” (Mural, 19 de marzo 2025)
Recientemente el Gobernador de Jalisco, llamó a la “unidad social” y resaltó la importancia de la colaboración entre sociedad y gobierno, refiriéndose a universidades, colegios, organismos de la sociedad civil, barras de abogados: “Hoy es un gran momento para tocar fondo y decir: de aquí en adelante unidos todos; necesitamos que ustedes nos ayuden” (Quadratín, 26 marzo 2025)
En ambos casos, se trata de un llamado pertinente y urgente para dar respuesta a la emergencia humanitaria que desde hace ya más de 10 años existe en Jalisco, sin embargo, es necesario reflexionar particularmente desde dónde se realizan las propuestas y para quiénes, lo cual sólo puede realizarse desde la verificación del tratamiento de la verdad de la situación de las personas desaparecidas en Jalisco y los aspectos en donde se ha reflejado esa unidad en los últimos tiempos.
La historización (Ellacuría), es una herramienta que nos permite evaluar el proceso antes señalado, no solo sus razones, sino la verdad, (Unamuno) sobre todo cuando se afectan intereses graves para personas y grupos sociales.
En la grave situación de las personas desaparecidas, han prevalecido puntos de vista y posturas opuestas. Hay quienes han mantenido una situación de predominio:
Los perpetradores y la creación de un ambiente político-económico social con variables de la delincuencia organizada.
La delincuencia organizada en Jalisco, desde mucho antes de la crisis por las desapariciones de personas – desde hace más de 50 años-, encontró en la entidad recursos, territorios, contactos y elementos para crear una dinámica de connivencia con el sistema económico y con las autoridades.
En la economía se refleja en la creación de negocios con ingresos o parte de ellos, productos de lo ilícito, la financiación de giros cuya dinámica es la explotación de mano de obra, cuerpos o vidas de personas para obtener ganancias.
Se crea una seguridad donde se permite la tortura, la violencia homicida, la cooptación de instituciones de seguridad y de procuración de justicia.
Los grandes cambios en los sistemas económicos y las políticas de “combate a las drogas”, fueron moldeando el nivel de violencias y de acumulación de poder. Si algo ha quedado claro, es que actualmente esos grupos funcionan como empresas en las que buscan explotar grupos de población en situación vulnerable, en estos casos los y las jóvenes, para seguir produciendo y mantener su dinámica corporativa y de reproducción de violencias.
La guerra contra el narcotráfico provocada en el sexenio de Felipe Calderón, acrecentó en Jalisco la postura de una paz acordada con los propios grupos ilícitos, lo que fragmentó sus brazos violentos y finalmente creó la existencia de uno de los cárteles a los cuales deliberadamente se les dejó de poner atención para que fueran ellos quienes controlaran y administraran territorialmente la “seguridad” de las ciudades, así como los municipios.
Una Comisión de la Verdad, tiene que fijarse como objetivo prioritario la restructuración de las condiciones de explotación y de convivencia que ofrece el modelo económico en la entidad en sus distintos territorios, para ser ejemplo de integridad y de transparencia empresarial, eliminándose los circuitos donde el dinero ilícito potencia la necromáquina (Reguillo)
Otro aspecto es la regulación del territorio, donde será necesario fortalecer zonas y actividades económicas e iniciativas, se establezcan contrapesos y mecanismos abiertos que impidan que el uso o adquisición de propiedades o actividades productivas, terminen siendo factores de dominación, de explotación o de rutas de violencias.
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El Estado
En el contexto anterior, independientemente de las múltiples transiciones a la democracia que se han tenido en la entidad en sus distintos gobiernos a través de variados partidos políticos (PRI, PAN, de nuevo PRI, y ahora MC), en ellos han tenido una constante: el mantenimiento de una estructura en las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, frágiles en sus capacidades, sin adaptación a los grandes cambios estructurales en los temas que les atañen (derechos humanos, rendición de cuentas, justicia democrática), aisladas de la cooperación internacional por su bajo nivel de impacto y de rendición de cuentas.
A nivel interno, existen múltiples ejemplos que demuestran una continuidad en la convivencia interior de la delincuencia organizada, basta recordar que en momentos la seguridad se encontró semi militarizada en los noventas a través de mandos surgidos de las fuerzas castrenses, hoy procesados y sentenciados por delincuencia organizada, hasta la declaración de Enrique Alfaro, luego de las represiones del 4,5 y 6 de junio, en las que mencionó la mencionada infiltración de l delincuencia organizada en la fiscalía como una retórica justificativa que no derivó en ninguna intervención.
Parte de los cimientos de la procuración de justicia local se encuentran en su administración de la violencia a través de la tortura, las represiones, las violaciones a los derechos humanos de víctimas o la falta de capacidades para la atención y resolución de casos donde se involucraba a personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, el caso de las víctimas de las explosiones del 22 de abril de 1992, pasando por el asesinato de varios internos en un motín en Puente Grande en la década de los noventas o la aparición de los tráileres de la muerte.
En todos ellos, la constante fue la protección institucional, no la consolidación de la justicia, verdad o reparación.
La presencia de fiscales que garantizaban esa línea conductora se comprueba con el regreso de Gerardo Octavio Solís Gómez en el sexenio de Enrique Alfaro, señalado por permitir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a decenas de jóvenes en el marco de la Cumbre Iberoamericana, durante el sexenio de Francisco Ramírez Acuña. El actual fiscal proviene de esa inercia contextual y tiene el urgente compromiso de deslindarse de ella.
Aunque las distintas reformas hoy permiten la existencia de fiscalías relacionadas con los derechos humanos, para combatir los feminicidios o delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTIQ+, o incluso la relacionada con el combate a la corrupción, todas ellas tienen un bajo impacto en sus resultados, por su desconexión con el perfil de los titulares y su carencia de resultados concretos.
Incluso se ha establecido una Subsecretaría de Derechos Humanos o una Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas, las cuales han tenido a través de sus distintos titulares un ejercicio tímido y de una simple agencia promotora de derechos en medio de la indignidad y el horror, en claro incumplimiento de sus funciones sustantivas. Son simples plataformas político electorales o de experiencia en una hoja de vida.
Una Comisión de la Verdad, debería de promover el diseño, reforma y aplicación de una verdadera fiscalía autónoma que responda a las realidades actuales de la persecución penal, abierta a la colaboración interinstitucional y cooperación internacional, medida con estándares que venzan el endémico parroquialismo.
Fiscalías que cuenten con un modelo de persecución penal, que se sometan a la rendición de cuentas y participación ciudadana y que tenga un perfil de enfoque con atención a las múltiples victimizaciones que ocurren en la sociedad que ocasionan daños, pérdidas y el fortalecimiento de la impunidad.
Se requiere un cambio que tome en serio los derechos humanos, no sólo en su narrativa que refuerza a las actores que durante décadas han restringido y atentado contra ellos, sino fijando mecanismos ágiles de reparación, de acercamiento de la justicia, si es transicional mucho mejor y de la no repetición, a la usanza de un derecho internacional humanitario en donde las víctimas de los conflictos bélicos internos importan para todas las partes.
- Por último, se ha pasado de la negación de la existencia de las desapariciones, hasta la escucha del grito de madres exigiendo justicia o protestando en las calles, bordando para hacerse escuchar de que su lucha es por ellas y por toda la comunidad.
Caminaron, marcharon y fueron abriéndose las puertas para ser de nueva cuenta victimizadas con base en la información oficial o “extraoficial” derivada de sus propios grupos de poder, sin embargo su lucha creo un ambiente en el que tocar el tema o atender las necesidades urgentes de las decenas de colectivos que fueron surgiendo ponían en riesgo las dinámicas electorales de búsqueda de poder inmediato, lo cual se reprodujo en los municipios metropolitanos o en las distintas localidades de la entidad.
Las presiones provocadas por cientos de familias y la consolidación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, provocaron nuevos marcos legales de protección a las víctimas y la existencia de una Comisión de búsqueda que fuera más inmediata.
Sin embargo, la sola existencia de las leyes no generaron el cambio de prácticas necesarias, ya que siempre se pensó en mantener la normalidad de quienes detentan el poder, de tal manera que en cada protesta, pega de cédulas, búsqueda en terreno y cierre de avenidas se trata de una lucha por lo que se debería y pudiera ser sin haber sido desaparecido, aspecto que hoy atraviesa enteramente a la sociedad jalisciense.
La constante negación de Enrique Alfaro de la existencia de la explotación que originó la desaparición de decenas de jóvenes hasta ahora documentados, así como su insistente revictimización al trabajo de los colectivos, buscaba inmovilizar y silenciar para favorecer las constantes y simples agendas electoreras.
Su gobierno favorecía la contradicción, ya que en algunos espacios se propiciaba el diálogo franco y la atención compasiva pero a la vuelta de la esquina los maltratos, las recriminaciones y la impunidad e incluso la amenaza y el riesgo a la integridad como defensoras del derecho a no ser desaparecido.
Una Comisión de la verdad, deberá desmantelar las dinámicas de poder partidistas que impulsan la necro política y que explotan las agendas de lucha y de dolor.
Deberá buscar mecanismos transicionales para que las instancias en donde participen los colectivos, las investigaciones, las búsquedas y su reconocimiento como defensoras de derechos humanos, se encuentren garantizadas de forma autónoma fuera de los mínimos intereses de poder, con una voz en donde cada acción permita reparar y construir para el futuro.
Será urgente en pensar en la restructuración de la investigación de las desapariciones, su prevención, su erradicación y reparación bajo supuestos de delincuencia trasnacional, con medidas de conflictos armados internos reconocidos a nivel internacional, en donde las herramientas en la procuración y administración de justicia, tengan sentido no sólo para la justicia o sanción, sino para la no repetición.
Llamar a la unidad en un ambiente en que los distintos actores detentadores del poder han construido esta dinámica de opresión, implica invertir los intereses, para colocar al centro de la agenda gubernamental las situaciones de lucha y de dolor, lo cual requerirá de personas actoras que han caminado el horror, que sienten y piensen en clave de dignidad, que conozcan las entrañas del horror y soluciones complejas pero que se atrevan a instrumentarlas fuera de una caja en donde nos jugamos nuestro futuro como comunidad.
Para una Comisión de la Verdad, hay que darle paso a la compasión y al reconocimiento de lo que hemos dejado de hacer, para enseguida juntos crear la conciencia y las nuevas instituciones que se requieren.
