Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
Una caravana recorre la carretera federal Matamoros-Playa Bagdad en el estado de Tamaulipas, al noreste de México. Son las 7:00 de la mañana del 23 de agosto de 2021 y los primeros rayos del sol atraviesan los cristales de los 18 vehículos que circulan uno tras otro. La caravana la integran familiares de personas desaparecidas, elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y del Ejército. Todos se dirigen hacia un mismo destino: el predio conocido como La Bartolina, identificado como un sitio de exterminio, el más reciente conocido en México, pero no el único.
El término “sitio de exterminio” se lo han apropiado los familiares para nombrar los lugares donde las personas son asesinadas de forma masiva y sus cuerpos pulverizados con el fin de no dejar rastro. En La Bartolina, las autoridades han encontrado media tonelada de restos óseos desde 2017, de acuerdo con los reportes oficiales. Allí, Delia Quiroa y su mamá, Isela Valdez, del colectivo Diez de Marzo, buscan a su hermano Roberto, desaparecido el 10 de marzo del 2014.
Así comenzaba un excelente reportaje, de Alondra Reséndiz con la producción de Jorge Jaramillo, titulado “Zonas de exterminio en México: el horror debe ser nombrado” y publicado por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER Noticias) el 1 de septiembre de 2021. Según el artículo, de 2009 a 2013 la Comisión Nacional de Búsqueda ya tenía registrados nueve sitios de exterminio en el noreste del país, pero los colectivos calculaban más, ya que “las familias de personas desaparecidas nombran lo que sus ojos han visto”, aunque no haya una definición legal de aquello. Delia Quiroa así lo describió: “Como un lugar donde se le roba la identidad a la gente, un lugar donde no queda nada de nadie”.
A raíz del caso Teuchitlán el debate público se ha enrarecido y hasta “partidizado”, dentro de una guerra de narrativas y disputas políticas que no han abonado a la comprensión y atención del fenómeno de la violencia y de la desaparición.
Más bien, han construido una cortina de humo que se presta para la distorsión mediática y política de las cuestiones medulares para la ciudadanía, y particularmente para las víctimas: la verdad, la justicia, la no repetición, la reparación, la memoria y el hecho de que miles de vidas, precarizadas y secuestradas por un complejo sistema político-económico-criminal, siguen siendo destruidas e invisibilizadas en todo el país.
Un eje de esta confusa diatriba ha sido la definición o caracterización de lo que fue el Rancho Izaguirre y de lo que allí fue encontrado por los colectivos de personas buscadoras, los periodistas y las autoridades.
Y es que el uso de la locución “exterminio”, especialmente de la expresión “campo o sitio de exterminio”, que no debería ser abusado, pero tampoco vedado como tal, se ha vuelto el pomo de la discordia, opacando en parte la problemática estructural subyacente a la violencia sociopolítica y delincuencial que vivimos en el país.
El uso político y “versátil”, léase tendencioso, del término “sitio de exterminio” es posible porque su definición queda desdibujada, prestándose a interpretaciones, suspicacias y manipulaciones.
Además, refiere a un amplio abanico de terribles acontecimientos de la historia del siglo XX y XXI, evocando sentidos e imaginarios extremos que no necesariamente corresponden con realidades comparables entre sí. Aun con sus límites y diferencias, hay términos que simplemente “se tropicalizan” o son apropiados desde abajo, por ejemplo, por acción de ciertos colectivos y buscadoras, a partir de nuevos contextos violentos y no con intenciones políticas particulares. La historia reciente de México así lo muestra, mientras que buena parte del debate actual sobre Teuchitlán sí ha sido dirigido a instrumentalizaciones políticas.
En el libro del 2020, “Manual de capacitación para la búsqueda de personas”, disponible gratuitamente en la página del gobierno de México, Adriana Pozos escribe:
“Las fosas clandestinas y los centros de exterminio, donde los cuerpos son disueltos, así como las cremaciones clandestinas o irregulares, son otros de los muchos ejemplos de escenarios forenses donde pueden encontrarse los restos mortales de las personas desaparecidas que mandata localizar la LGD ; allí el procesamiento científico para llegar a la identificación se vuelve más complicado y abona a esta crisis forense que parece no tener una salida fácil”.
Un proceso semejante al actual se dio, en su momento, con la definición y empleo del término “fosa clandestina”, que fue muy manoseado por los medios y la política: desde la época de Calderón, entre pactos de silencio y morbo informativo, se impuso la semántica de las “narco-fosas” y los “narco-cementerios”, que estigmatizaba a las víctimas, despolitizaba la violencia y solapaba la corresponsabilidad del Estado.
Sin embargo, “la fosa” como tal también había surgido como una palabra utilizada por familiares y colectivos en búsqueda en un sentido amplio, como cualquier sitio en que hubiese cuerpos y restos humanos: de hecho, así quedó plasmada en la Ley General en materia de desaparición y búsqueda, en la cual el “Registro de fosas comunes y clandestinas” debe incluir todos los contextos de hallazgo de restos humanos y no solo los que estrictamente se describen como “fosas” (o sea, excavaciones artificiales para inhumar cuerpos, ver artículo detallado al respecto-link).
En Guanajuato, como ahora en parte sucede con “campo de exterminio” y “campo de adiestramiento”, en el pasado, particularmente antes del 2020, la existencia de fosas clandestinas había sido negada por la fiscalía y el gobierno, hasta que los protocolos nacionales (como el PHB, el de búsqueda) incorporaron su definición y, además, en los hechos fue imposible ocultar su presencia en decenas de municipios, gracias a la labor y difusión de parte de las buscadoras y la sociedad civil.
El show político-mediático en curso ha ido marginando la exigencia de las víctimas y de la sociedad de que las fiscalías hagan razonablemente bien su trabajo, de que, más allá de medidas reactivas, se retome el diálogo permanente sobre la búsqueda de las y los desaparecidos, de que se sepa quiénes fueron detenidos y asesinados allí y se dé con los culpables y sus redes de protección dentro del Estado y la economía.
Una complicación de Teuchitlán es la temporalidad: entre testimonios de víctimas, cateos previos y prospecciones de familiares de personas desaparecidas, hablamos de lapsos temporales distintos en que ese inmueble fue utilizado, investigado o explorado.
- El 5 de marzo fue el descubrimiento que se hizo viral, sobre todo gracias a una fotografía y transmisiones en vivo impactantes, por parte del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, pero el sitio había sido prospectado en enero también por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco.
- El 18 de septiembre de 2024 personal de GN y SEDENA ingresaron al rancho, en donde detuvieron a diez personas y encontraron a una sin vida. Entre septiembre y marzo desconocemos lo que haya sucedido, pues se supone que el terreno iba a ser resguardado por la fiscalía local pero no lo fue.
Su uso, así como el de lugares parecidos en localidades cercanas como Tala, Guadalajara o Tlajomulco, por parte de grupos criminales, muchas veces en contubernio con agentes policiacos, hacia atrás en el tiempo se remonta a años anteriores, pues hay testimonios y evidencias de ello, por lo menos, desde el 2012.
Finalmente, la FGR tiene una enorme responsabilidad en esclarecer los hechos históricos y recientes y ojalá que su enfoque no se base en el aislamiento y extracción del caso de su contexto, sino en el combate a redes criminales e interinstitucionales de larga data y alcance.
El académico italiano Thomas Aureliani, en su capítulo “Breve historia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila” (2018), relata como:
“En octubre de 2016 se dio a conocer el hallazgo de lo que el propio grupo denominó un campo de extermino, en el ejido Patrocinio del municipio de San Pedro de las Colonias. En un predio de 47 hectáreas de terreno se han localizado miles de fragmentos de restos óseos. El hallazgo se logró gracias a que un pastor de la zona comunicó en forma anónima que en ese sitio Los Zetas incineraban personas. Desde entonces y hasta la fecha, Grupo VIDA ha revisado decenas de predios en los municipios de la Laguna, entre los que se encuentran Estación Claudio, Ejido San Antonio el Alto, Ejido San Antonio de Gurza, Ejido el Venado y el Ejido Santa Elena, y se han localizado miles de restos humanos, la mayoría calcinados e incluso carbonizados. Es importante mencionar que los miembros de Grupo VIDA han adquirido una experiencia importante en labores de búsqueda. Incluso, muchos de los integrantes ahora tienen más experiencia en el uso de herramientas y en la identificación de restos óseos, que varios funcionarios y peritos”.
En todo el país el tipo de instalaciones que podemos considerar como campos de entrenamiento criminal y, eventualmente, espacios de desaparición, ocultamiento y asesinato masivo de personas, han aparecido y han sido documentados por los menos desde los primeros años de la mal llamada “guerra al narco”, declarada por Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006.
En 2016, la académica colombiana Carolina Robledo, citaba en un paper científico una conferencia de Pietro Ameglio del 2015, en que el historiador y activista mencionaba que:
“Aunque no existe en México una declaración oficial de guerra en términos formales, algunos indican que sí hay ‘actos de guerra’, entre los cuales se encuentran el exterminio en masa y los asesinatos selectivos”.
Se trataba y se trata, entonces, de microespacios o territorios de excepción, de impunidad persitente, que, si bien no son aprontados y gestionados directamente por fuerzas estatales como en los casos más conocidos del siglo XX, por ejemplo, los campos de la Alemania nazi o de Argentina en la última dictadura militar, sí configuran graves y seriales violaciones a los derechos humanos e implican en muchos casos la omisión, autorización y aquiescencia de aparatos del Estado o servidores públicos.
El citado reportaje del IMER explicaba que:
“Un integrante del colectivo Milynali Red comentó a los medios Elefante Blanco y A dónde van los desaparecidos que desde 2012 encontraron lugares a los que llamaron sitios de exterminio porque ya no se les podía llamar solo fosas clandestinas. En 2016, integrantes del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) reportaron un sitio de exterminio en el pueblo Patrocinio, en la comarca lagunera de Coahuila. Desde entonces circulaba el término “zona de exterminio”, pero el gobierno del exmandatario Rubén Moreira no aceptó que los hallazgos tuvieran tal dimensión. El filósofo George Steiner dijo que lo que no se nombra, no existe. Y en el contexto de desaparición forzada, nombrar es fundamental para generar procesos de memoria, verdad y justicia”.
El colectivo Milynali Red ha trabajado extensivamente el tema de los campos de exterminio en México. Fundamental para nuestro presente es esta premisa en su página:
En México la desaparición de personas es parte del entramado de violencia estructural que posibilita el control y la explotación de territorios y seres humanos. Las buscadoras, como respuesta de vida, ocupan las plazas con denuncia y futuro, pero también las fosas o los sitios de exterminio donde utilizan el tamiz o la pala o la varilla o las manos para cernir y localizar el eco que dejaron sus familiares. Milynali Red, en estos cinco capítulos, ofrece memoria y compromiso a un México de olvido y violencia.
Tal vez se conozca poco, pero el grupo elaboró un Protocolo Estandarizado de Búsqueda Ciudadana en Sitios de Exterminio con el fin de 1) registrar la memoria del Colectivo durante su intervención en estos lugares al sur de Tamaulipas, de la mano de servidores públicos, y 2) distinguir los sitios de exterminio de las fosas clandestinas, aunque son parte del mismo contexto.
Cuando no hay claridad en las definiciones y un afán político detrás de manifestaciones aparentemente sinceras de interés o solidaridad, los diferentes actores de poder, medios, políticos y autoridades, primeramente, pueden distorsionar fácilmente el lenguaje y sus referentes empíricos, pueden omitir cumplir con sus atribuciones y deberes, negar cifras y registros, o desviar la discusión.
En un intento clarificador, en cambio, en 2021, fue la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien nombró públicamente La Bartolina, Tamaulipas, entre otros, como un lugar de exterminio, siguiendo la descripción que ya daban las familias buscadoras.
A partir de saberes y memorias locales en La Bartolina, por ejemplo, Milynali caracterizó estos sitios de exterminio en el norte de Tamaulipas como lugares empleados por la delincuencia organizada para desaparecer cuerpos y evitar la identificación forense, dentro de un área geográfica determinada, con más de dos fosas clandestinas, montículos de restos calcinados, que pudieron alojar campamentos de integrantes del crimen organizado.
Quizás la definición legal más cercana a lo que sería un lugar de exterminio, pero no coincidente en sí con este concepto, sería la de contexto de hallazgo de restos humanos del tipo destructivo, o sea, según el PHB, “cuando lo que se haya localizado sean sitios en los que se realizó un esfuerzo deliberado por degradar o destruir clandestinamente restos humanos. Los contextos de hallazgo destructivos se subclasificarán a su vez en: i. Cremación clandestina, cuando se haya usado exposición térmica para degradar o destruir los restos; ii. Degradación química, cuando se hayan usado reactivos corrosivos, abrasivos o de otro tipo para degradar o destruir los restos; iii. Otros”.
Si el marco nacional no ayuda mucho, en cambio el artículo 7.b) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define exterminio como “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Y se trata de crímenes de lesa humanidad cuando se cometen contra una población civil de manera generalizada (masiva) y sistemática (serial), como parte de una política (plan) por parte de un Estado o de una organización (actores no estatales) que esté en condiciones de operar como un Estado, con control de facto y libertad de acción y movimiento en un territorio determinado.
La discusión sobre si un grupo paramilitar como el Cártel Jalisco Nueva Generación en ciertas regiones tenga o no tal capacidad la dejo a las y los lectores. Independientemente de cómo, cuánto y cuándo las autoridades federales y estatales mexicanas reconozcan o definan formalmente las características de sitios, fosas, hallazgos y fenómenos sociales y criminales, los políticos y las agencias estadounidenses, así como los sectores internos más oportunistas, seguirán utilizando instrumentalmente cualquier cosa con tal de perseguir sus propios intereses.
Lo sistemático, lo masivo y lo impune de las violaciones a derechos humanos implicadas en un sitio de exterminio, el ataque contra un sector particular de la población, la capacidad organizativa, de planeación y de control territorial de la organización perpetradora, junto con la voluntad de ocultamiento y destrucción de los cuerpos y las identidades de las víctimas, en determinados espacios de concentración y desaparición de personas, son unos de los rasgos que me parecen determinantes.
Esto no implica, con base en evidencia y transparencia, sin fines sensacionalistas, dejar de nombrar el horror que vivimos desde hace décadas y empatizar con las víctimas para buscar en conjunto salidas, transiciones verdaderas a la justicia y la paz.
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Post Scriptum. Señalo un hilo de la red X que lancé al respecto y que detonó esta reflexión:
#Teuchitlan
1. Según lo declarado por el fiscal Gertz Manero, en el contexto de hallazgo de tipo “destructivo” (como lo define el Protocolo Homologado de Búsqueda) había restos humanos óseos fragmentadosSigue hilo
— Fabrizio Lorusso (@FabrizioLorusso) March 21, 2025
