Desde hace más de una década, el uso de tecnologías digitales para la vigilancia de las comunicaciones en México ha crecido exponencialmente. Sin embargo, lejos de implementarse con controles democráticos, esta práctica se ha desarrollado en un entorno de opacidad, abuso e impunidad, así lo revela el informe El Estado de la Vigilancia, recientemente publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Luis Fernando García, director ejecutivo de la organización y la abogada Ana Gaitán hablaron sobre los hallazgos principales del informe.
Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1
El Estado de la Vigilancia, fue elaborado por un equipo multidisciplinario de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D). Es el resultado de años de investigación, litigio y solicitudes de acceso a información. Fernando García, director ejecutivo de la red destacó en la presentación del documento que muchos de los datos obtenidos requirieron litigios ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y juicios de amparo. A pesar de estas dificultades, lograron documentar patrones de vigilancia ilegal que afectan a periodistas, activistas y ciudadanía en general.
Normas y realidades: Un abismo preocupante
El extenso informe, de 150 páginas, aborda los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la vigilancia de las comunicaciones, así como las leyes nacionales que regulan estas prácticas. En teoría, las medidas de vigilancia deben cumplir con principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, la realidad en México es muy distinta.
De acuerdo con el informe, en México existen diversas formas de vigilancia, desde la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempo real hasta el acceso a metadatos almacenados por empresas de telecomunicaciones. Aunque muchas de estas medidas requieren autorización judicial, el informe revela que en la práctica una gran cantidad de solicitudes se realizan sin control efectivo, facilitando el abuso y la discrecionalidad por parte de las autoridades.
Un crecimiento alarmante en la vigilancia
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es el incremento exponencial en las intervenciones de comunicaciones privadas.
- 2017: 656 intervenciones aprobadas por el Poder Judicial.
- 2023: 10 mil 626 intervenciones aprobadas.
Esto significa un aumento de 540% en seis años. A pesar de estas cifras, la R3D advierte que la vigilancia podría ser aún más extensa de lo que muestran los datos oficiales. Comparaciones entre los registros de empresas de telecomunicaciones y las respuestas de fiscalías estatales revelan discrepancias alarmantes, lo que sugiere la existencia de solicitudes no reportadas y prácticas irregulares por parte de las autoridades. Es preocupante porque estas medidas suceden sin que nadie se entere.
“La mayoría de las medidas de vigilancia de comunicaciones se llevan a cabo de manera secreta y con mucha opacidad y pues cuando las autoridades pueden hacer este tipo de medidas de manera secreta, eso también da a pie como para muchas arbitrariedades, discrecionalidad y abusos”, comentó Ana Gaitán.
De esta forma, es clave que el Estado se adhiera a los estándares internacionales de derechos humanos y que, si hay medidas de vigilancia de comunicaciones, deben ser precisadas en las leyes de forma clara y detallada.
“Las personas no nos enteramos de cuándo estamos siendo vigiladas y lamentablemente la mayoría de nosotras estamos siendo vigiladas y entonces nuestro derecho de debido proceso, de derecho de audiencia, o de acceso a la justicia se ve limitado al no ser notificadas”, precisó Gaitán.
En el informe se revela la manera en la que el spyware, software utilizado con el propósito de monitorear o vigilar, ha evolucionado y cómo las regulaciones legales se han quedado atrás. El rápido avance de la tecnología significa que es un proceso cada vez más automatizado, con medidas antifraude y difícil de identificar.
“Yo creo que la imagen que la mayoría de la gente tiene la intervención de comunicaciones privadas es que hay una persona de carne y hueso escuchando en tiempo real las llamadas de una persona. Desde hace décadas eso no sucede así, las llamadas se se graban y un operador puede revisarlas de manera manual o ya con la tecnología automatizadamente y encontrar información relevante para el atacante de esas intervenciones de comunicaciones privadas”, explicó Fernando García.
La vigilancia va más allá de la percepción común, donde se cree que ésta se queda en el monitoreo de llamadas telefónicas. En realidad se trata de toda la información que nuestros dispositivos recopilan sobre nosotros: nuestra ubicación en tiempo real, chato, fotografías, información de calendario, contactos.
García mencionó que también implica datos a los que como personas usarias no se tiene acceso. Alguien utilizando spyware puede escuchar conversaciones aunque no sean en llamada, por ejemplo, puede captarlas con el micrófono del celular. Y como pasan tan desapercibidas, estás medidas van en contra de la ciberseguridad de las personas.
Geolocalización y control social
Otro de los hallazgos del informe es el uso continuo de software de espionaje como Pegasus. “Pensamos que con la llegada del actual gobierno estas prácticas cesarían, pero encontramos evidencia de que Pegasus ha seguido siendo utilizado por instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para vigilar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos”, indicó García.
En el informe se detallan casos específicos donde el spyware fue utilizado contra personas involucradas en investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y corrupción gubernamental.
Aunado a ello, el documento detalla sobre el uso de tecnologías de geolocalización sin autorización judicial. “Las fiscalías accedieron a información de geolocalización en al menos 13,890 ocasiones sin cumplir con los requisitos legales, lo que indica una violación sistemática de derechos”, precisó García. En algunos casos, personas han sido asesinadas días después de ser rastreadas con estas herramientas, evidenciando el peligro de su mal uso.
Corrupción en la adquisición de tecnologías de vigilancia
Uno más de los problemas que se mencionan en el informe es la falta de transparencia en la adquisición de tecnologías de vigilancia. “Las compras se realizan a través de empresas intermediarias sin experiencia en ciberseguridad, con procesos de adjudicación directa y sin ningún tipo de control público”, denunció García.
La documentación analizada por la R3D revela sobreprecios millonarios en estos contratos y la frecuente desaparición de registros oficiales. En algunos casos, incluso se han declarado inexistentes contratos que han sido previamente expuestos en investigaciones periodísticas.
Hacia un control democrático de la vigilancia
La vigilancia de las comunicaciones en México no solo afecta a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas que manejan información sensible. Afecta a todas las personas.
“Hay un todo un sistema en el que está sostenido el capitalismo de la vigilancia, que es el sistema de publicidad digital básicamente en donde hay una serie de subastas en tiempo real para ver qué anuncios te aparecen”, explicó García.
Los datos personales se vuelven parte de subastas masivas donde las empresas compiten por información privada para vender más cosas. Es una vigilancia masiva que si fuera hecha por el Estado sería claramente vista como completamente ilegal e inconstitucional.
El informe no solo documenta abusos, sino que también plantea propuestas para establecer controles democráticos sobre la vigilancia de las comunicaciones. Entre ellas, destaca la necesidad de una supervisión judicial efectiva, mayor transparencia en las solicitudes de información y la notificación a las personas vigiladas una vez concluida la investigación, tal como lo establecen los estándares internacionales.
Algunas de las recomendaciones y propuestas son las siguientes:
- Una moratoria sobre la adquisición y uso de tecnologías de espionaje, hasta que existan regulaciones claras y mecanismos de supervisión efectivos.
- Reformas legislativas que limiten y regulen la intervención de comunicaciones, asegurando que solo se utilicen en casos justificados y bajo estrictos controles judiciales.
- Transparencia total en la adquisición de tecnologías de vigilancia, con licitaciones públicas y auditorías independientes.
- Sanciones efectivas para los abusos en la intervención de comunicaciones, castigando penalmente a las autoridades que realicen espionaje ilegal.
- Derecho de notificación a las personas vigiladas, para que puedan defenderse legalmente y exigir justicia en caso de uso indebido de estas tecnologías.
“Lo que la realidad nos ha demostrado es que es un problema sistémico y que aún si hoy tú te sientes inmune a la vigilancia ilegal porque simpatizas con el gobierno en turno, en el futuro puedes lamentar mucho su posición como muchos lo están lamentando. Si tú no crees, bueno, yo no soy defensor de derechos humanos, yo no soy periodista, a mí qué me afecta. Eh, ya hablamos de cómo nos afecta a todos”, concluyó García.
La publicación de El Estado de la Vigilancia es un llamado de atención urgente. Si bien, el uso de tecnología en investigaciones criminales y de seguridad nacional puede ser necesario, su implementación sin controles efectivos representa una amenaza grave para los derechos humanos y la democracia en México.
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Para conocer más sobre el informe, puedes leerlo completo en el sitio web de R3D.
