Las organizaciones R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y Social TIC han denunciado que las nuevas iniciativas legislativas en materia de seguridad pública e inteligencia presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum representan una grave amenaza para la privacidad y los derechos de la población.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
El jueves 13 de febrero, Sheinbaum envió al Congreso las iniciativas de la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” y la “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública“. Aunque el gobierno las ha promovido como medidas necesarias para combatir la inseguridad, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19 México y Centroamérica, y Social TIC advierten que incluyen disposiciones que podrían derivar en vigilancia masiva y control estatal sin mecanismos adecuados de supervisión.
Entre los puntos más preocupantes, las organizaciones señalan la creación de una “plataforma digital de usuarios de telefonía móvil”, que obligaría a registrar todas las líneas telefónicas con identificaciones oficiales, como la CURP o el RFC en caso de personas morales. En caso de incumplimiento, las líneas serían canceladas.
Esto, advierten, es una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT) de 2008 y del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) de 2020, ambos eliminados tras demostrarse su ineficacia y vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Las organizaciones recuerdan que, durante la operación del RENAUT, lejos de reducirse el crimen, los delitos de extorsión y secuestro aumentaron en un 40% y 8% respectivamente. Además, insisten en que no existe evidencia de que un registro de usuarios de telefonía ayude a combatir delitos, pues los criminales suelen usar técnicas como clonación de tarjetas SIM, uso de números extranjeros o robo de dispositivos.
Otro punto de alarma es la centralización de bases de datos bajo un nuevo “Sistema Nacional de Información”, que permitirá fusionar información biométrica, registros vehiculares, inmobiliarios, fiscales y telefónicos. Esta base de datos podría ser consultada por diversas instituciones policiales sin control judicial, lo que abre la puerta a abusos y a la utilización de la información con fines distintos a la seguridad.
Las organizaciones alertan que, sin supervisión de un ente autónomo como el desaparecido Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estos mecanismos se convierten en herramientas de vigilancia masiva, altamente susceptibles a filtraciones o uso indebido por parte de actores gubernamentales y del crimen organizado.
Ante estos riesgos, R3D, ARTICLE 19 y Social TIC hacen un llamado a la ciudadanía, legisladores y organismos de derechos humanos a rechazar las iniciativas y exigir medidas que garanticen la seguridad sin vulnerar la privacidad ni los derechos fundamentales.
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Aquí puede consultarse de manera completa el posicionamiento de las organizaciones:
