A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que el estado de Jalisco debía crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, la omisión persiste. Esta decisión, que derivó de un litigio estratégico impulsado por la Defensoría Pública Federal y organizaciones de la sociedad civil, evidenció el incumplimiento de una obligación que ya estaba contemplada en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura desde su publicación en 2017.
Por Ana Paula Carbonell / @AnaPauCarbonel1
La falta de implementación de esta fiscalía es un reflejo de la brecha entre el marco normativo nacional e internacional y la realidad institucional en México. La tortura sigue siendo una práctica sistemática y generalizada en el país, como lo señaló el relator especial de la ONU, Juan Méndez, en su informe de 2015, en éste advirtió que los malos tratos ocurren con frecuencia en los momentos posteriores a la detención y antes de la puesta a disposición ante la justicia. Diez años después, esta realidad no ha cambiado.
El pasado 30 de enero del 2025, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), llevó a cabo un panel de análisis virtual sobre la urgencia de la creación de una fiscalía especializada en tortura en el estado. Estuvieron presentes Alán García Campos de la Organizacion de las Naciones Unidas México, Víctor Manuel Parada Picos de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública, Mauricio Tapia Maltos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con Denisse Montiel y Elena Guimaráes de CEPAD.
Una fiscalía ausente y una impunidad intacta
En Jalisco, la tortura no solo es una práctica vigente, sino que se comete en total impunidad. Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, el 40% de las personas detenidas por alguna corporación en Jalisco reportaron haber sufrido amenazas, golpes, asfixia u otros métodos de tortura durante su detención. A pesar de ello, no existe una sola sentencia condenatoria en el estado por este delito.
El problema no es solo la falta de castigo, sino la inexistencia de un mecanismo efectivo para investigar estos casos. Hasta ahora, la investigación de la tortura ha estado en manos de una unidad técnica adscrita a la Fiscalía Estatal, subordinada al Fiscalía General. Esto contraviene los estándares internacionales, que exigen que los órganos encargados de investigar la tortura sean independientes y cuenten con recursos suficientes para operar de manera efectiva.
El incumplimiento del mandato judicial
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue claro: Jalisco debía crear una fiscalía especializada con autonomía técnica y operativa. Sin embargo, en lugar de cumplir con la sentencia, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal que convirtió la anterior Fiscalía Especial de Derechos Humanos en una Vicefiscalía de Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar la Tortura. Bajo esta nueva estructura, la investigación del delito sigue dependiendo jerárquicamente del fiscal estatal, lo que perpetúa la falta de independencia y las deficiencias en las investigaciones.
Este problema no es solo de Jalisco, sino de la gran mayoría de los estados en el país. El secretario proyectista de la SCJN, Mauricio Tapia Maltos, comentó:
“Para dar un dato de cuánto de más o menos cuánto tiempo llevaban de atrasados los estados, eh les quiero destacar que el plazo que establece el transitorio de la Ley General para crear la Fiscalía especializada es desde el 25 de septiembre de 2017 y cuando se comenzó esta estrategia en 2021, más de la mitad de los estados de la de la república no habían creado sus fiscalías especializadas.
El incumplimiento de la sentencia no solo pone en evidencia la resistencia del Estado a acatar las obligaciones en materia de derechos humanos, sino que también representa un riesgo para la vigencia del Estado de derecho. No seguir una sentencia de amparo es extremadamente peligroso, y más aún cuando proviene del máximo tribunal del país.
“El tema que más nos preocupaba era la autonomía, no es lo mismo una unidad técnica que dependa del titular de la fiscalía a una fiscalía especializada, cuyo nombramiento también pasa por un control también del Congreso estatal. Esto le da mayor autonomía para investigar estos delitos que son sumamente graves”, precisó.
La urgencia de una fiscalía independiente
La creación de una fiscalía especializada no es un mero asunto de nomenclatura. Significa dotar a la entidad de una estructura que garantice investigaciones independientes, exhaustivas y diligentes. Actualmente, cada agente del Ministerio Público en la unidad de tortura tiene bajo su responsabilidad un promedio de 118 carpetas de investigación, lo que hace imposible realizar su trabajo de manera efectiva. Además, el presupuesto destinado a la investigación de la tortura en Jalisco representa apenas el 0.08% del presupuesto total de la Fiscalía Estatal.
No se trata solo de cumplir con una resolución judicial, sino de atender una deuda histórica con las víctimas de tortura. La impunidad en estos casos envía un mensaje claro: en Jalisco se puede torturar sin consecuencias. Elena Giménez, quien fue investigadora y analista en casos de desaparición forzada y de tortura en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República de 2019 a 2023, habló de los atrasos que existen en los casos actuales en el estado y lo preocupante que es.
“Entre 2019 y 2024 se iniciaron cuatro 274 carpetas de investigación por hechos posiblemente constitutivos de de tortura en la entonces unidad especial de esas solo una en digamos en en en junio de 2024 hasta junio de 2024 solo una se encontraba en etapa intermedia de investigación. Más de la mitad estaban en etapa inicial y 46% se habían enviado a reserva o o archivo temporal.” Sin una fiscalía especializada, es poco probable que estas estadísticas mejoren.
Un llamado urgente
Organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría Pública Federal y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han reiterado su llamado al gobierno estatal y al Congreso de Jalisco para cumplir con la sentencia y garantizar la creación de una fiscalía especializada en tortura conforme a los estándares internacionales. La reciente transición de gobierno en Jalisco representa una oportunidad para corregir esta omisión.
“El Comité contra la Tortura (de la ONU) cuando hizo su visita a México expresó su preocupación por las deficiencias en la investigación del delito de tortura y por la persistencia de altos niveles de impunidad y recomendó velar por el establecimiento y correcto funcionamiento de todas las fiscalías especiales, garantizando su autonomía, asignando recursos adecuados y capacitación en su personal”, comentó Alán Campos.
La tortura es un crimen que atenta contra la dignidad humana y socava la confianza en las instituciones. La prohibición de la tortura es absoluta, y el compromiso del Estado con su erradicación debe ser concreto e inamovible. Cumplir con la creación de la fiscalía especializada es un primer paso necesario. No hacerlo, es perpetuar la impunidad.
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Si te interesa escuchar la transmisión completa del pánel, puedes ver la grabación en la página de Facebook de CEPAD.
