Madres que luchan contra la violencia vicaria, integrantes de la colectiva Madre Yo Sí te creo se manifestaron frente a Ciudad Judicial para visibilizar sus historias y extender un pliego petitorio dirigido a las y los jueces que llevan sus expedientes.
Entre los juzgados señalados se encuentra el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco con residencia en Zapopan, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco con residencia en Puente Grande, la Sexta Sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
Reconocen que la autoridad judicial ha fallado en ofrecerles a ellas y a sus hijas e hijos justicia pronta y expedita, con perspectiva de género y centrada en el interés superior de la niñez. Situaciones que, denuncian, las deja en la indefensión y expuestas a la violencia de sus agresores vicarios.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Fotografías cortesía Madre Yo Sí te creo
Sara, Noemí Antón y Alejandra Benitez forman parte de Madre Yo Sí te creo, colectiva en Jalisco que reúne a por lo menos 60 mujeres que luchan contra la violencia vicaria en el estado. La mañana de este martes se manifestaron a las afueras de Ciudad Judicial para poner en evidencia a las autoridades judiciales -federales y estatales- responsables de llevar sus casos y los de sus hijas e hijos, pero que han fallado en garantizarles justicia pronta y expedita.
“Cansadas de pasar por tantas instituciones sin obtener justicia” expresaron las integrantes de esta colectiva, reunidas leyeron su pliego petitorio en el que reclaman procesos judiciales que cumplan con la aplicación de una “auténtica perspectiva de género”, así como, centrada en el interés superior de la niñez.
“Que se juzgue con una auténtica perspectiva de infancia, velando por los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se entienda que están separando a las infancias de sus madres sin tener algún elemento para justificar estas acciones” manifestaron como el punto número uno de su lista.
Historias como la de Sara, dejan en evidencia los patrones de impunidad, violencia institucional y patriarcal que ejerce el sistema de procuración de justicia para las mujeres que son víctimas de violencia vicaria en detrimento de sus derechos y sin garantizar la protección de las infancias que se encuentran en riesgo. Además de las prácticas violentas que los agresores vicarios siguen ejerciendo en contra de estas mujeres ante la complicidad que otorga la omisión y negligencia de jueces, juezas, magistrados y magistradas.
Sin fundamentos legales en su contra, las autoridades de justicia determinaron, en 2023, que Sara no podía tener a sus hijos, por lo que, le fueron entregados a su ex marido por un periodo de ocho meses. Este tiempo fue suficiente para que el progenitor consiguiera la custodia de los menores de edad.
Meses más tarde, a finales de 2023, Sara se vio obligada a “negociar” con el padre de sus hijos y cediéndole la propiedad que ambos habían comprado en el matrimonio, logró que le permitiera verlos nuevamente. Sin embargo, de manera maliciosa este hombre la denunció por el delito de sustracción de menores, pese a haberse tratado de un acuerdo en común. “Después de un feliz reencuentro con su madre en la playa” refiere la colectiva, sus hijos le fueron arrebatados una vez más en las instalaciones de Ciudad Niñez.
Este hombre intentó “conciliar” y a cambio de retirar la denuncia le pidió 30 mil pesos, lo que no sucedió.
Sara sólo ha visto a sus hijos una vez cada semana durante los últimos 17 meses en el Centro de Convivencias, mientras que, es su ex marido quien mantiene un proceso abierto por violencia familiar reclasificada a equiparada, “ni esto ha sido suficiente para proteger a los menores y regresarlos al hogar que tenían al lado de su madre”, reclama la colectiva.
Más de un año después, el 19 de abril de 2024, Sara obtuvo una sentencia a su favor, que dicta que la custodia de sus hijos le debe ser restituida, pero a nueve meses de esta determinación no se ha cumplimentado.
“Es fecha en que no se resuelve el recurso de revisión ni se reintegran los menores al hogar materno donde ellos tenían su vida, su rutina escolar y eran bien atendidos” advierten en su pronunciamiento.
A través de su pliego petitorio, las integrantes de esta colectiva han exigido alto a la revictimización que existe hacia las infancias dentro de las instituciones que deben de protegerles:
“Que nuestras hijas e hijos dejen de ser revictimizados en las instituciones que deberían protegerlos y garantizarles estar en un hogar sano y libre de violencia” señalan en el punto dos.
A ellas les queda claro lo que a las autoridades no: estas infancias, que son sus hijas e hijos, deben tener acceso a la justicia sin demoras y sin obstáculos, para evitar que se les exponga a más entornos de violencia. Y es que, como lo han denunciado en múltiples ocasiones:
“Que se entienda que los menores están siendo sometidos al mismo dominio y violencia psicológica que fue usada contra las mujeres cuando estuvieron en la relación de pareja” advierten en el punto cuatro de su pliego petitorio.
Para estas madres, es vital que las autoridades encargadas de garantizarles la justicia lo hagan con perspectiva de género, pues les resulta “inaudito” que progenitores que mantienen denuncias penales en su contra por violencia queden a cargo de sus hijas e hijos. Es inverosímil, refieren, que el Estado considere que son las personas más aptas para la guarda y custodia de estas infancias.
Prueba de este patrón reiterado de parte de las autoridades de justicia es el caso de Noemí Antón, quien para 2022 había presentado varias denuncias por violencia en contra de su ex pareja y padre de sus hijos, quienes en ese momento tenían 1 y 2 años de edad.
Pese a las denuncias, este sujeto de nombre Carlos “N” la atacó en la vía pública, como una represalia. La lesionó con una navaja en el cuello, la fosa renal y la mano. A decir de la colectiva, “al ser paramédico de profesión, él sabía que estas heridas son graves y ponen en riesgo la vida”. Escapó del lugar después de que Noemí activara el pulso de vida que llevaba consigo.
Carlos “N” se encuentra en prisión preventiva y, si bien, el delito por el que fue detenido y encarcelado corresponde al de feminicidio en grado de tentativa, la Sexta Sala del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, a través del Toca 564/2022, decidió reclasificar a lesiones.
“Si se permite que el delito se reclasifique como lesiones, se reduciría la pena al agresor de Noemí y aumentaría la impunidad a delitos graves como éste, dando a los agresores luz verde para continuar ataques de este tipo, aunque las amenazas incluyan a dos menores” reclama Madre Yo Sí te creo.
Tras la reclasificación, Noemí decidió iniciar un juicio de amparo (497/2023) ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, pero le fue negado. “Actualmente el Segundo Tribunal Colegiado encargado de la revisión de amparo 119/2024 determinó reponer este último juicio de amparo, en dicho Juzgado Sexto de Distrito De Amparo en Materia Penal” explicó la colectiva.
No obstante, frente a estos procesos abiertos, denuncia Noemí, Carlos “N” le sigue amedrentando y amenazando por medio de mensajes. En estos le advierten que su integridad y la de sus hijos están en riesgo.
“Que se tomen en cuenta los antecedentes de violencia los cuales fueron en aumento; las denuncias previas, ya que no fue la primera vez y observar que los mecanismos de protección, restricciones y hasta el pulso de vida no detuvieron las agresiones; es intento de feminicidio, no lesiones” señalan en el punto número sies de su pliego.
Finalmente, Alejandra Benitex denunció en 2022 a su expareja por violencia familiar y, como represalia, el hombre decidió interponer una demanda en su contra haciendo uso de mentiras, para obtener la custodia provisional de sus hijos. Ya que estas presiones no surtieron efecto, cinco meses después fue demandada nuevamente, “yo no retiré la denuncia penal en su contra, la cual era la condición para que me retirara las dos demandas y tener un acuerdo de custodia compartida” explica Alejandra.
La violencia avanzó, pero la justicia no. Su ex pareja le negó ver a su hijo durante un mes entero y la obligó a pagarle una pensión alimenticia. Luego de un año, en octubre de 2023, las autoridades judiciales determinaron resolver a favor del padre de su hijo, otorgándole la custodia definitiva e incluida en ésta la asignación del pago de gastos y costes y pensión alimenticia definitiva con retroactivo. Esto sin tomar en cuenta que ella ya llevaba un año pagando al progenitor.
Alejandra apeló la determinación ante la Cuarta Sala del Supremo Tribunal del Estado y falló a su favor, no obstante, su expareja interpuso un amparo, aludiendo que éste es violatorio de los derechos de un menor de 11 años.
“Si vieran por los derechos del menor, resolverían de una vez” señaló Alejandra.
Los casos de Sara, Noemí Antón y Alejandra Benitez, afirma la colectiva Madre Yo Sí te creo, exponen la realidad de cinco niñas y niños en estado de riesgo, tres de ellos separados de sus madres de manera innecesaria y dos que pudieron perderla “en manos del que se dice su padre”.
“La justicia no es pronta ni expedita, estos tres casos llevan de 2 a 3 años, mientras los únicos que ganan son los abogados que se aprovechan de procesos judiciales dilatando las resoluciones cuando son a favor de los menores y sus madres. Así mismo, los progenitores demuestran que son capaces de levantar denuncias, interponer demandas y dañar el vínculo madre-hijo con tal de tomar venganza en contra de nosotras, las madres, lastimandonos con lo que más nos duele: nuestros hijos, nuestra libertad y nuestra integridad”.
“Hoy levantamos la voz por todas y todos, porque los hijos de una son los hijos de todas. Dejamos constancia de que mamá está aquí, mamá no te abandonó, mamá te ama y mamá no se rinde”, concluyeron.