Un análisis realizado por el académico Víctor Manuel González Romero, mostró que los homicidios y desapariciones en Jalisco disminuyeron durante las primeras semanas de la administración de Pablo Lemus en comparación con las de Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval. Sin embargo, el también exrector de la Universidad de Guadalajara, señaló inconsistencias importantes en las bases de datos oficiales utilizadas para medir estos fenómenos, lo que dificulta evaluar la magnitud real de la violencia.
Por su parte, Ana Chimiak, co-directora del CEPAD, advirtió que los datos preliminares no son suficientes para identificar tendencias consolidadas ni para evaluar la efectividad de las políticas públicas. Subrayó la necesidad de garantizar transparencia en la recopilación y análisis de las cifras y de adoptar un enfoque integral que incluyera tanto los casos recientes como los de larga data.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
En una nota reciente publicada por El Informador, se destacaron los hallazgos de un análisis realizado por el académico y ex-rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, donde se muestra que, en lo que va de la administración de Pablo Lemus, los homicidios y desapariciones han disminuído a 3.9 en comparación con los 5.7 durante la gubernatura de Enrique Alfaro.
Víctor Manuel explicó para Zona Docs que la metodología que utilizó para analizar las cifras de homicidios y desapariciones en Jalisco se basa en tres fuentes oficiales por cada problemática, aunque señaló inconsistencias significativas en las bases de datos. Para homicidios, indicó que los datos más confiables provienen del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuya información se basa en actas de defunción, pero su rezago es notable, ya que los registros más recientes corresponden a 2023. En segundo lugar, citó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se publican mensualmente con un retraso de hasta 50 días. Finalmente, mencionó las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que, si bien, se actualizan diariamente, son las menos confiables, dado que presentan variaciones significativas.
Víctor Manuel González Romero se ha dedicado a publicar en su perfil de la red social X, análisis estadísticos sobre la incidencia delictiva en el estado, puntualmente, ofrece informes continuos sobre el incremento o disminución de los casos de desapariciones y homicidios, a través de la revisión de bases de datos públicas de información.
Fotografía de la inseguridad en #Jalisco.
21Ene25. pic.twitter.com/tcABt5Ktom— Víctor Manuel González Romero (@VMGlezR) January 22, 2025
En cuanto a las desapariciones, Víctor Manuel destacó que la fuente oficial nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dejó de recibir información de Jalisco en marzo de 2022, lo que impide realizar comparaciones posteriores con otras entidades. Por otro lado, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, implementado recientemente, presenta inconsistencias importantes, como la clasificación de datos en rangos de edad en lugar de edades específicas y la falta de información detallada como ubicación o contexto de la desaparición.
Además, mencionó que los datos diarios obtenidos de las cédulas publicadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco son incompletos, ya que en algunos casos las familias solicitan no difundir información.
Así mismo, desde su análisis de las cifras, señaló que en el caso de los homicidios se observa una disminución en el promedio diario al inicio de la administración de Pablo Lemus. Según datos preliminares de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el promedio de asesinatos diarios se encuentra en cuatro, en comparación con los 5.7 registrados durante la administración de Enrique Alfaro y los 4.3 de Aristóteles Sandoval. Sin embargo, aclaró que esta reducción debe interpretarse con cautela, ya que los datos aún son preliminares y no incluyen información actualizada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En cuanto a las desapariciones, Víctor Manuel destacó que las cifras más recientes no permiten hablar de una disminución en los casos. En diciembre de 2024, se registraron 124 personas desaparecidas sin localizar, el número más alto para ese mes desde 2019. Sin embargo, señaló una tendencia en la localización de personas, aunque esta ha sido irregular. En diciembre de 2024, se localizaron 193 personas, frente a las 211 en el mismo mes de 2023. El académico insistió en la necesidad de evaluar estas cifras con reservas, considerando las inconsistencias en las bases de datos y el contexto limitado que ofrecen para comprender la dinámica de la violencia en el estado.
Igualmente, remarcó que aún es prematuro interpretar las cifras actuales como una tendencia consolidada a lo largo del sexenio.
“Yo creo que todavía es muy pronto para decir que hay alguna tendencia ya que, como mencioné, los datos de asesinatos, todavía no hay del Secretariado Ejecutivo ni del INEGI, los que hay son nada más de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana”, explicó.
En lo que respecta a las desapariciones, agregó que “existen los datos de diciembre del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, pero obviamente todavía los de enero no los tenemos, entonces es muy pronto para tener una tendencia“. A pesar de la disminución en comparación con administraciones previas, Víctor Manuel destacó que “tener cuatro asesinatos por día o 4.1 desaparecidos por día como son los datos para esta administración siguen siendo muy altos“.
Víctor Manuel agregó que, además de las cifras de incidencia, es fundamental evaluar indicadores como la impunidad para determinar si un gobierno tiene un impacto real en la disminución de problemáticas complejas.
“Sin lugar a duda, el indicador más importante para saber si un gobierno está haciendo algo sería el de impunidad, y para esto México Evalúa mide el índice de impunidad, en donde Jalisco es el segundo lugar a nivel nacional con una impunidad de 99.12 en todo tipo de delitos. Esto quiere decir que de cada 100 delitos que tiene conocimiento la autoridad, en 99 no se hace nada”, afirmó.
Igualmente, Víctor Manuel enfatizó la necesidad de realizar análisis de contexto detallados y precisos para interpretar las cifras de seguridad, evitando que se utilicen para minimizar la magnitud de los problemas o para presentar un éxito prematuro. Señaló que es crucial comparar datos específicos, como las desapariciones de un mes en diferentes años, para entender las tendencias. También destacó la importancia de garantizar la confiabilidad de las cifras, lo que requiere que el gobierno cumpla con las leyes de reporte al Registro Nacional y Estatal de Personas Desaparecidas, asegurando que la información sea completa, oportuna y de acceso abierto.
Por su parte, Ana Chimiak, co-directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), concordó en que un mes y medio es insuficiente para medir la efectividad de las políticas públicas en problemáticas complejas como la desaparición de personas y los homicidios. Según explicó, las cifras a corto plazo pueden estar influenciadas por factores coyunturales, como el cambio de gobierno en Jalisco, que pudo haber generado una transición en la operación y registro de datos. Además, señaló que las fluctuaciones mensuales en las cifras de violencia dificultan atribuir una tendencia sostenida en periodos tan breves, especialmente en diciembre, donde la temporada festiva podría afectar tanto la incidencia delictiva como el registro de los casos.
Ana advirtió sobre el riesgo de interpretar reducciones iniciales como avances significativos sin un análisis de tendencias a mediano y largo plazo, ya que esto podría desviar la atención de las causas estructurales de estas problemáticas. También expresó preocupación porque tales declaraciones puedan centrarse en generar una percepción de éxito en la ciudadanía en lugar de abordar acciones profundas y estructurales.
Sin embargo, dijo que la reducción inicial en las cifras puede ser alentadora si se logra consolidar a través de políticas públicas efectivas que realmente impacten de manera positiva a lo largo del tiempo, además señaló la importancia de garantizar transparencia en la metodología para sistematizar, recopilar y analizar los datos, asegurando que estos sean abiertos, verificables y confiables, tal como lo establece la legislación en materia de desaparición.
Así mismo, enfatizó la necesidad de que las autoridades no se limiten a presentar cifras, sino que expliquen con claridad las estrategias implementadas, sus avances y resultados. Añadió que las estadísticas deben complementarse con análisis cualitativos que aborden patrones, causas estructurales y la perspectiva de las familias y víctimas, quienes muchas veces no se ven reflejadas en los números. También recordó que una baja en las cifras no necesariamente implica una mejora, ya que podría ser resultado de problemas como subregistros o menor denuncia debido a la desconfianza en las autoridades.
Además, alertó sobre el riesgo de simplificar la interpretación de estas cifras, lo que podría desviar la atención de las acciones necesarias para abordar las raíces estructurales de la problemática.
Por otro lado, Ana dijo que la priorización de casos recientes por parte de las autoridades refuerza la revictimización y el desinterés percibido por las familias con casos de larga data. Según sus palabras, esta situación “fortalece aún más los impactos y afectaciones que viven las familias al no recibir las respuestas por parte de las autoridades y sentir un constante desinterés por la búsqueda de sus familiares, como si sus casos, a pesar de la lucha incansable y la exigencia continua de garantía de derechos, fueran olvidados”.
Esto genera en las familias una sensación de impunidad, abandono y desconfianza, y puede ocasionar divisiones entre quienes reciben atención inmediata y quienes llevan años esperando avances en sus casos. Ana recordó que “todas las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas, y todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral, sin importar el tiempo que haya pasado.”
En este contexto, colocó nuevamente al centro la importancia de avanzar hacia políticas públicas que aborden tanto los casos recientes como los de larga data. Señaló como prioridad la consolidación de un Programa Estatal de Búsqueda que contemple estrategias y metodologías con un enfoque diferenciado. También resaltó la necesidad de fortalecer las operaciones del Centro de Identificación Humana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuyo objetivo es atender casos de larga data mediante procesos de identificación humanitaria y multidisciplinaria. Esto incluye técnicas aplicadas a restos esqueletizados encontrados en panteones municipales y fosas comunes, acciones que son esenciales dentro del proceso de búsqueda.
Por último, Ana explicó que la transparencia en la construcción estadística de desapariciones es un componente esencial para garantizar derechos, fortalecer la confianza en las instituciones y diseñar políticas públicas efectivas. Ana afirmó que “sin transparencia, no existe rendición de cuentas ni hay un camino claro hacia la verdad, la justicia y la reparación integral.”
Subrayó que la claridad en cómo se construyen las estadísticas, transmitida tanto a las familias como a la sociedad en general, aumenta la credibilidad gubernamental, limita las percepciones de manipulación y evita el uso político distorsionado de las cifras. Lo cual es crucial frente a acusaciones y sospechas hacia los gobiernos estatal y federal en cuanto al registro y manejo de casos de desaparición.
También recordó que la transparencia fortalece el Estado democrático de derecho, ya que “el acceso a la información constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia y las garantías de derechos”. Esto incluye proporcionar datos abiertos, precisos y creíbles sobre la magnitud y el contexto de las desapariciones, lo cual no solo fomenta la rendición de cuentas, sino que también permite evaluar las acciones institucionales, mejorar los registros, coordinar procesos interinstitucionales y promover la participación activa de las familias y la ciudadanía.
