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Por Yeriel Salcedo
Cuidar la vida es el enfoque principal de la ley de movilidad, seguridad vial y transporte del Estado de Jalisco, en ella se establece que se debe implementar políticas y sistemas que controlen los factores de riesgo en las vialidades. Entre estos factores tenemos el exceso de velocidad, uno de los más críticos. Según la Organización Mundial de la Salud, superar los límites de velocidad no solo incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro, sino que también agrava la severidad de las lesiones. Pero también tenemos otras situaciones como pasarse la luz roja de los semáforos, invadir banquetas, ciclovías o zonas peatonales, así como ir hablando por teléfono al manejar en otras. En lo que va de este año han muerto 153 personas que caminaban y 16 que iban en bicicleta en las vialidades, según datos de los colectivos Pasos blancos y Bicicleta blanca.
Ante estas situaciones, una de las acciones para buscar reducir o frenar estas muertes son las infracciones, que se dan por no respetar lo que refiere la ley. Solo para recordar un poco el artículo 363, párrafo VIII que dice que una de las sanciones es
“A la persona conductora de un vehículo que exceda en más de diez kilómetros por hora el límite de velocidad máximo permitido, siempre que existan señalamientos en donde se anuncie el citado límite de velocidad…. En estos casos no habrá tolerancia alguna y, en consecuencia, no se deberá, por ningún motivo, rebasar la velocidad permitida”.
Y en Jalisco en el año 2023 por la secretaria de seguridad del Estado registro más de un millón de multas (1’ 011,792), según datos del INEGI. Estamos suponiendo que todas las personas que manejan ya tienen una licencia y para tenerla pasaron un examen de conocimiento de esta ley.
Y llega el Buen Fin, donde anuncia descuentos en multas vehiculares de 50 a un 75% o de un 40% de descuento al cierre del año por parte de diputadas o diputados del Congreso del Estado de Jalisco por exceso de velocidad. Dicen que es para cuidar la economía de las familias, y podría ser algo beneficio para algunas personas conductoras pero esas medidas contradicen los principios de la ley, cuyo objetivo es prevenir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito.
Los descuentos generan una percepción de permisividad. En lugar de reforzar la importancia de respetar los límites de velocidad o de no realizar acciones que pongan en riesgos a las personas más vulnerables de la movilidad, se promueve una cultura donde las reglas pueden ser negociadas o diluidas. Las infracciones cumplen una función de herramienta disuasiva. Su descuento puede desincentivar el cumplimiento de las reglas y enviar un mensaje equivocado.
Se ha dicho que las infracciones son acciones recaudatorias, pero si las personas respetan esas reglas no se recaudaría nada y lo más importante: no se pone en riesgo la vida. La ciudad enfrenta importantes retos en movilidad y seguridad vial. En un contexto donde el transporte público aún requiere mejoras, y la infraestructura para peatones y ciclistas necesita ser más segura, este tipo de políticas parecen contradecir el derecho a la seguridad vial en las calles.
Es momento de reflexionar sobre las prioridades. Garantizar la seguridad vial requiere compromiso y coherencia entre las políticas públicas y los objetivos que se buscan alcanzar. Apostar por descuentos en multas puede ser una estrategia tentadora a corto plazo, pero sus implicaciones pueden ser más costosas: más siniestros, más muertes y un retroceso en el camino hacia calles más seguras.
Es importante se reconsidere si estas acciones realmente valen el riesgo. Porque ¿Cómo ayudar a una familia en su afectación económica por la muerte de un familiar en un siniestro vial?
