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Por UJRM Jalisco / @UJRMJalisco
El transporte público es un pilar fundamental en la vida de la clase trabajadora. Para miles de jaliscienses, representa mucho más que un medio de traslado: es el puente entre sus hogares y su derecho al trabajo, la educación, la salud, etc. Sin embargo, este servicio, esencial para el desarrollo colectivo, ha sido históricamente marcado por la instrumentalización de las clases dominantes como otro medio de ganancias, donde los derechos de la ciudadanía quedan relegados. El transporte no debe ser tratado ni como un negocio ni como un privilegio, sino como un derecho fundamental, una herramienta para la equidad y el desarrollo social digno que le corresponde a todos y todas.
El legítimo rechazo hacía un aumento en la tarifa del transporte público.
El pasado 6 de diciembre, Pablo Lemus, asumió oficialmente el cargo como gobernador de Jalisco, administración que concluirá en 2030. Durante el período del proceso para las elecciones de gobernanza en Jalisco, la población ha manifestado una creciente preocupación que afecta a la gran mayoría de los diferentes sectores del estado: ¿Habrá un aumento en la tarifa del transporte público?
Este tema ha ganado relevancia y agitación tras los recientes ajustes tarifarios en el estado de Nuevo León, donde el costo del transporte público subió de 12 a 15 pesos, lo que ha abonado a la creciente preocupación entre las y los usuarios jaliscienses. Un incremento en las tarifas indudablemente generaría un gran descontento, especialmente entendiendo el contexto socioeconómico poblacional, donde los aumentos en el costo de servicios básicos impactan directamente en los bolsillos de las familias.
Aumento de tarifa ≠ transporte de calidad
La posibilidad de un aumento en la tarifa del transporte público en Jalisco vuelve a estar sobre la mesa con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Lemus. Los transportistas, a través del vicepresidente de la Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público, Ricardo Verdín, ya han manifestado su intención de abrir un diálogo con las autoridades estatales para justificar un incremento en el precio del pasaje.
La última alza, cabe recordar, se dio en 2019 bajo la administración de Enrique Alfaro, cuando la cuota pasó de 7 a 9.50 pesos, lo que representó un aumento del 36%.
Sin embargo, la realidad cotidiana es que los usuarios pagan 10 pesos, ya que las máquinas de cobro instaladas en las unidades no entregan cambio. Este desfase ha representado un constante disgusto para la población y es que “en octubre del 2023, tan solo el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) acumuló 37 millones de pesos en cambio no devuelto (https://n9.cl/w7kkk)”, una cifra que deja en evidencia la falta de medidas para resolver las deficiencias técnicas del sistema.
El pasado 22 de octubre, la Secretaría del Transporte sostuvo una reunión con representantes del gremio de transportistas en la que “se reiteró que no habrá incremento en la tarifa del transporte público en esta administración (https://n9.cl/9ouodg)”.
Por su parte, el gobernador Lemus aseguró que, al menos en 2025, el costo del pasaje permanecerá sin cambios. Sin embargo, dejó la puerta abierta a futuros ajustes, exponiendo que factores como la inflación y el precio del petróleo podrían hacer que se reconsidere esta política en el mediano plazo (https://n9.cl/vwg6i9).
Sobre el tema de los excedentes derivados de la tarifa de 10 pesos, indicó que los recursos hasta ahora permanecen congelados en cuentas bancarias concentradoras y que ya se cuenta con un plan para su utilización, aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre los proyectos o cómo será utilizado ese dinero.
Vale la pena recordar que en 2019, el gobierno de Alfaro justificó el incremento tarifario como una medida necesaria para mejorar el servicio. Pero lo dicho por el exgobernador no se vió reflejado en los hechos. Las condiciones del transporte público se mantuvieron precarias y los operadores de ruta no recibieron mejoras salariales ni laborales. La narrativa del “mejoramiento del servicio” resultó ser una promesa vacía que no se tradujo en beneficios tangibles para los usuarios ni para los trabajadores del sector, situaciones como falta de unidades en diversas rutas, tiempos de espera que llegan a exceder los 40 minutos son de las más comunes.
La organización por un transporte digno
Frente a este historial, surge una pregunta legítima: ¿Qué tan creíble es que un nuevo aumento, de llegar a concretarse, realmente esté destinado a mejorar la calidad del transporte público? La experiencia reciente nos invita al escepticismo.
En un estado donde la población ya ha expresado múltiples inconformidades sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos y las deficiencias operativas, resulta urgente cuestionar cualquier intento de justificar un alza bajo el mismo discurso desgastado.
El transporte público es un servicio esencial, pero también un reflejo de las prioridades de los gobiernos. Si bien, el sector necesita recursos para poder operar óptimamente, es indispensable que haya rendición de cuentas y mejoras reales antes de pedir más dinero al bolsillo de la clase trabajadora. Nuestros derechos, como lo es un transporte público eficiente, no están a disposición de los intereses de ninguna clase política, no se negocian, si no que, por el contrario, se defienden ante cualquier intento de pasar sobre ellos.
Es momento de organizarnos y crear juntas y juntos un futuro digno para todos los trabajadores. Desde la Unión de la Juventud Revolucionaria de México te invitamos a unirte a la lucha de la clase obrera, para defender nuestros derechos y construir la revolución proletaria. ¡Fortalezcamos nuestras comunidades y demostremos que la unidad del pueblo es nuestra mayor fuerza!
