Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Los procesos electorales y los cambios de gobierno son dos momentos que guardan percepciones e intenciones que buscan reflejar cambios o nuevas oportunidades. Con la pulverización (me sumo a la propuesta que realizó el periodista Jonathan Lomelí para cambiar nuestra mirada a la polarización), existen múltiples interpretaciones para este ejercicio: por ejemplo, algunos lo verán como continuidad, otros en su gran mayoría lo ignorarán porque lo que ocurra se encuentra distante de sus vidas hasta alguna de las acciones les afecte o beneficie.
Con esa mirada pulverizada es conveniente que observemos a la entrante administración pública estatal encabezada por José Pablo Lemus Navarro, como inmersa en la contradicción, donde al mismo tiempo veremos acciones de impulso de muchos temas y en otros una continuidad donde se profundizarán grandes desafíos.
Será necesario romper la imagen de un supuesto “hombre fuerte” tan utilizada en la política que sólo ha servido para evitar la transparencia y la rendición de cuentas, para revictimizar y transportar una ideología mediática absoluta donde la acción parcial gubernamental la intentaron transformar en definitiva, lo cual encontró oposición de personas, colectivas, protestas y en el insistente ejercicio periodístico.
La observación descentralizada nos hubiera permitido dar seguimiento a la labor de personas funcionarias más cercanas en intenciones y en el quehacer hacia la agenda ciudadana, para por lo menos identificarles con sus diferencias, sin embargo, lo que ocurrió fue una invisibilidad propicia para otros, cuyas acciones dejan daños visibles, como las alcancías rateras, las cédulas de personas desaparecidas con graves retrasos, sistemas de localización de fosas totalmente realizado desde las colectivas de familias, contaminación de ríos sin incluir a los actores contaminantes, reuniones de participación que sólo servían como telón para la creación de espacios ascépticos sin dolor y como mecanismos de control político de las diferencias.
Ahora que por lo menos para ellos – no así para las vidas de las personas o colectivas- existe un corte en las administraciones, comienzan a avizorarse signos de esas contradicciones. Por ejemplo, en la agenda de desarrollo social, la gran mayoría de las personas funcionarias cuentan con trayectorias cercanas a una década, por lo que sus logros y alcances se encuentran a la vista, el principal reto es promover su agenda con una visión que se aleje cada vez más del asistencialismo por una visión de derechos humanos.
En muchos de los puestos se han colocado a actores partidistas, los cuales deberán de desaprender su aporte a la pulverización, sobre todo por las agendas que les han encomendado.
Respecto a la situación de los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos, en el caso de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, los retos se encuentran en evitar a toda costa que ese mecanismo de adelanto se convierta en uno político o de baja intensidad, ya que tiene que ver con la vida de muchas niñas y mujeres.
La subsecretaría (así en minúsculas) de derechos humanos, deberá de abandonar su visión de refugio, de agencia de foros para competir con universidades o de plataforma para actores sin un claro interés público en garantizar derechos, para realmente cumplir con la sentencia de “tomar los derechos en serio”, incluso en contra de decisiones de la propia administración que pongan en riesgo las libertades.
La mayor contradicción la encontramos en la Fiscalía General del Estado, porque la decisión tomada deja en claro que esa instancia es una sede gubernamental alterna a la del Gobernador. No se promovieron mecanismos de procesos de selección, no se exigieron estándares ni propuestas de una “Fiscalía que Sirva”, aún a pesar de que la corriente política actual proviene de una empresarial que ha sido insistente y proactiva en esos mecanismos.
Se tomó una decisión unilateral de un solo perfil, traído del pasado formado en las fiscalías acostumbradas a la dirección política y distantes de los urgentes mecanismos de rendición de cuentas. Su elección en el Congreso del Estado hace cómplice a la nueva legislatura, la cual mostró en su mayoría a una oposición complaciente con un delicado olvido para lo que fueron elegidos.
El resultado significa revalidar la época de una procuración de justicia que no está hecha para la autonomía, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, sino para el control de la agenda penal sin una ruta de vuelo, la continuidad de una máscara de eficiencia sin evidencia y sin ajustarse a los desafíos de esa institución en sus altos niveles de impunidad y que cuenta con múltiples daños en el cumplimiento de los derechos de víctimas y sus sobrevivientes.
Deberá de mostrarse en el corto plazo que su funcionamiento será acotado con el establecimiento de un consejo ejecutivo que revise y supervise su funcionamiento, además de garantizar fehacientemente que su titular y el personal favorecerá la decisión de la nueva administración al diálogo, la crítica, la apertura y la necesidad de otras formas de operación a través de la inteligencia y la depuración de su propio personal, salvo que se quiera continuar con una era de opresión que ha desencadenado graves violaciones a los derechos humanos.
Mientras tanto, ante esas contradicciones nos corresponde favorecer y abrir caminos para dialogar y al mismo tiempo exigir; reconocer, pero llamar; acompañar, pero establecer límites; porque en la sociedad se conoce lo que no debe volver a ocurrir para transitar por los caminos de la dignidad, la verdad y la justicia.
