Absuelven a Diego N, acusado de violencia digital contra estudiantes del IPN

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Un tribunal de la ciudad de México absolvió a Diego N, el exestudiante del IPN que alteró y vendió fotografías de sus compañeras de clase para hacerlas parecer desnudas. El caso es paradigmático, pues era la primera vez que la justicia mexicana podía castigar el uso de la tecnología para violentar a las mujeres

Texto y fotos: Andrea Amaya / Pie de Página

Un tribunal de la Ciudad de México absolvió a Diego N, el exestudiante del IPN que alteró y vendió fotografías de sus compañeras de clase para hacerlas parecer desnudas. Esta era la primera oportunidad para que la justicia mexicana pudiera castigar el uso de la tecnología para violentar a las mujeres. Sin embargo no lo hizo.

La decisión llegó después de una audiencia de más de 5 horas —presidida por el juez  Francisco Salazar Silva—, en la que el joven tuvo que comparecer ante la justicia por vender fotografías editadas de sus compañeras para hacerlas parecer desnudas.

Al momento de su detención (2023), las autoridades encontraron en posesión de Diego un total de 166 mil 900 fotos y más de 12 mil videos. Todo este material consistía en imágenes de mujeres desnudas —sus compañeras de clase—, y la mayoría había sido modificada con Inteligencia Artificial.

El caso era paradigmático y podría haber sido un precedente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, pues era la primera vez en el país en el que la Ley Olimpia podría aplicarse para castigar el uso de la tecnología con fines de difundir material íntimo de una mujer, una práctica recurrente en todo el país.

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Aunque a Diego lo absolvieron de dos acusaciones, en su contra restan otras 6 carpetas de investigación, la mayoría por el delito de violación a la intimidad sexual, y una más por trata de personas en la modalidad de almacenamiento de material fotográfico de menores de edad realizando actos sexuales reales.

En este contexto, Diego no saldrá de prisión hasta que se desahoguen todos los juicios en su contra.

Sentencia, reflejo del pacto patriarcal

Tras conocer el fallo,  la activista Olimpia Coral publicó un mensaje en sus redes sociales, diciendo que, si no hay justicia, «habrá revolución».

Por su parte, las jóvenes afectadas, a través de un comunicado, expresaron que esta sentencia absolutoria no es justicia, sino complicidad, y representa la viva manifestación del pacto patriarcal:

«Nos paramos aquí, no como víctimas, sino como sobrevivientes de un sistema que protege al agresor y revictimiza a quienes denunciamos. Nosotras éramos solo alumnas que querían vivir su vida universitaria. Pero Diego N. tomó nuestras imágenes, las manipuló, las convirtió en armas y las usó para explotarnos sexualmente».

Las jóvenes —todas estudiantes del IPN— enfatizaron que Diego no actuó solo, pues «hubo quienes pagaron, compartieron y celebraron su violencia». Y añadieron:

«Esto no es solo un fallo, es un mensaje del juez Francisco Salazar Silva al mundo, quien ha dicho que la violencia digital contra las mujeres no importa, que nuestras vidas y dignidad son un precio aceptable para proteger a los agresores. Pero nosotras no aceptamos ese mensaje».

Una lucha que acuerpa

En entrevista con Pie de Página, Samantha Zaragoza, doctora en Ciencias Sociales del Área de Mujer y Relaciones de Género de la UAM Xochimilco y profesora investigadora de la UACM, reflexionó sobre la importancia de este caso.

Desde su perspectiva, que este caso de violencia digital llegara a un juicio oral es el resultado de la lucha de un movimiento articulado, fuerte y políticamente fortalecido, cuyas demandas colocan a las mujeres en el centro de la agenda pública. En sus palabras: “Los avances para lograr que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia son el resultado de la lucha del movimiento de mujeres y el movimiento feminista: de trabajadoras, estudiantes, administrativas y docentes que han puesto el tema de las violencias en primer plano, no el Estado ni las instituciones”.

La académica añadió que este juicio oral fue posible gracias a la presión de las ocho chicas que denunciaron el caso. La deficiente actuación del sistema de justicia obligó a las víctimas a seguir insistiendo, hasta que buscaron el apoyo de Olimpia Coral Melo para asesorarlas, lo que permitió un trabajo más articulado.

Enunciar las violencias, una forma de reparación

De acuerdo con la profesora de la UACM, los objetivos de la Ley Olimpia son, por un lado, el reconocimiento de la violencia digital y, por otro, la tipificación de este delito, que son dos momentos distintos pero complementarios.

Para Samantha Zaragoza, colocar las causas que originan el delito es una forma de resarcir la violencia digital:

“Diego N. está siendo sentenciado por tres situaciones, y eso me preocupa, porque en ocasiones se desdibuja mucho la información proporcionada por el Estado y los medios de comunicación. Por un lado, es presunto responsable de cometer un delito de violación a la intimidad sexual, al elaborar contenido sexual íntimo, ya sea real o simulado. Pero también existe una carpeta que se abrió el 9 de marzo por trata de personas, en la modalidad de almacenamiento de material de menores de edad. Creo que una forma de resarcir es poner en evidencia las causas que originan este juicio, por eso es único, porque es la primera vez que se dimensionan críticamente los diferentes delitos que se desprenden de la violencia digital”.

Y afirmó que una manera de resarcir estas violencias es enunciando la gravedad y la dimensión del acto que cometió Diego N.:

“Esto nos permite señalar el hecho de cómo se puede resarcir el daño, en la necesidad de denunciar todas las violencias que se interceptaron en los cuerpos y en las vidas de estas chicas, desde acoso, amenazas, vulneración, difusión de contenido sexual. Todas estas expresiones de la violencia se entrecruzaron y recayeron sobre la vida y cuerpo de estas chicas”.

La académica concluyó en que otra manera de resarcir el daño de estas violencias es el acompañamiento por parte de las instituciones más allá de la cárcel para el agresor y la reparación en términos económicos:

“Las instituciones educativas tenemos que dar acompañamiento puntual a las víctimas en todo sentido. Este acompañamiento es acompañarlas frente a las instituciones de impartición de justicia, porque no es lo mismo que una estudiante se presente en el MP sola, a que vaya acompañada por un representante de la oficina de abogados generales de la institución en un proceso de denuncia frente al Estado. Ambas instituciones tienen la responsabilidad de acompañar a las víctimas de violencia”.