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Por Israel Tonatiuh Lay Arellano / @TonatiuhLay
Este 3 de diciembre se cumplieron 32 años de haber sido declarado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, el día se enturbia al no haber nada que festejar, pues todavía en México estamos muy lejos de materializar estos derechos, pues si bien hay una legislación y diversas normas para garantizarlos, la opacidad, la ignorancia y la falta de sensibilidad son las principales razones que obstaculizan los mecanismos para que las personas con discapacidad tengan una vida plena en todos los aspectos de la vida social.
Uno de los principales problemas es que se continúa viendo a las personas con discapacidad desde la óptica del modelo clínico, donde se trata de personas que al tener una deficiencia física (lo cual no es una ofensa sino parte de la propia definición de la discapacidad de acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad), estas requieren una rehabilitación en el sentido de que se asemejen más a la “normalidad”, por lo que se pasa por alto las diferencias que los hacen portadores de derechos.
El enfoque clínico no reconoce a la persona sino a un paciente, el cual está excluído de derechos y en donde la visión médica elimina cualquier posibilidad de diversidad, y por lo tanto de cualquier diálogo o deliberación sobre la propia condición, su conceptualidad, su apropiación y las acciones que de esto puedan desprenderse. Cabe señalar que no sólo una mayoría de quienes han sido educados como profesionistas de las áreas de la salud adoptan esta postura, sino todos aquellos que temporalmente han coincidido con el periodo del modelo clínico-rehabilitador.
En esta colaboración quiero referirme a un caso indignante no sólo por tratarse de una situación de exclusión educativa sino por el contexto en que sucede: una universidad pública y en una carrera donde su comunidad, profesores y estudiantes, se supone se están preparando para atender situaciones de este tipo en el campo profesional: la expulsión de un estudiante con autismo de la carrera de psicología en la Universidad de Sonora (UNISON).
Este estudiante, de quien omitiremos su nombre aunque en Internet el caso está bien documentado, es una persona con condición del espectro autista. Fue su padre quien denunció ante los medios de comunicación de ese estado, que había sido expulsado de la carrera de psicología, después de que el colegio departamental de esa licenciatura hubiera tomado tal determinación ante los antecedentes del caso, pero: ¿Cuál fue ese contexto?
De acuerdo con el dictamen de ese órgano colegiado, el estudiante había cometido faltas tales como Las conductas que afecten a un integrante y/o comunidad universitaria colocando en peligro la integridad física y/o moral de las personas, o cuando la falta comentida está sancionada por el código penal” y “la realización de actos contrarios a la legalidad y al respeto que deben tenerse entre sí las personas integrantes de la comunidad universitaria”. El documento señala más adelante que “Estanmos convencidos de que el estudiante afectó moralmente a miembros de la comunidad universitaria…”. Ante esta situación su propuesta fue la expulsión.
Sin embargo, desde nuestro análisis del caso, resulta que la universidad, o en este caso las autoridades inmediatas de la licenciatura de psicología, fueron negligentes, actuaron con opacidad y terminaron violando los derechos humanos de una persona con discapacidad psicosocial.
Resultaron negligentes porque si había quejas sobre la conducta del estudiante, se debió analizar cuál era la causa, y si se trataba de cuestiones originadas en su forma de trabajo escolar, como así lo señaló su padre, se debieron haber realizado los ajustes necesarios. En otras palabras, si el estudiante se frustraba ante determinadas actividades o la organización de estas y tenía conductas inapropiadas,entonces primeramente los profesores debían mediar y realizar los ajustes necesarios correspondientes. A los estudiantes les tocaba ser sensibles ante la condición de su compañero y actuar en consecuencia, mientras que a sus padres les correspondía derivarlo a un especialista para extinguir tales conductas.
Pero ¿Quiénes son tales especialistas? Los psicólogos principalmente, por lo que aquí afirmamos que la carrera de psicología fue negligente y opaca, al dejar que la situación se saliera de control, primero al no realizar la sensibilización necesaria, ni siquiera con su personal docente; segundo, por no hacer los ajustes razonables; y tercero, por no derivarlo a un experto dentro de la propia comunidad del departamento de psicología. No es posible que expertos con un posgrado no sólo no atendieran el caso tanto académica como profesionalmente, sino que además hayan generado fobias entre los estudiantes, como puede constatarse en las diversas notas que circulan en Internet sobre el caso.
El Colegio Departamental se lavó las manos y le derivó a la UNISON un problema de violación de derechos humanos, pues al emitir una propuesta oficial de expulsión, que si bien podía ser impugnada ante el Colegio Universitario, se trató de la acción de una autoridad que va en contra del debido proceso ante una persona con discapacidad. Así mismo, lo anterior provocó una ola de rechazo y apoyo a tal determinación, llevando la discusión a los medios públicos y a la opinión de la ciudadanía que, sin tener conocimiento en la materia, se dedicó a opinar sin fundamentos, revictimizando todavía más al estudiante.
Lo anterior es sólo un caso que ejemplifica la realidad de un gran número de estudiantes con diversas discapacidades en el ámbito académico: falta de sensibilización a la comunidad escolar o universitaria, falta de capacitación docente, inexistencia de ajustes razonables y desconocimiento o violación de la política institucional de inclusión educativa. Así mismo, cuando el caso se expone a la opinión pública a través de los medios de comunicación, es necesario que estos también cuenten con el conocimiento de la condición y hasta con el lenguaje adecuado para referirse al mismo.
Si esto ha sucedido en un ámbito académico, con profesionistas de las ciencias de la conducta ¿Qué se puede esperar en los demás ámbitos de la vida social? Por ello la afirmación del título de esta colaboración: Nada se celebró este año en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Finalmente, a la fecha, la Rectoría de la Universidad de Sonora sólo se ha pronunciado, sintiéndose quizás presionada por quienes exigieron un adecuado proceso e inclusión educativa, por un análisis completo del caso para poder determinar la situación, cuestión que a más de dos meses de la resolución del Colegio Departamental del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, no ha sucedido.
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Para conocer más de este caso, puede consultar el siguiente video:
