Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha, académico del ITESO / @JorgeRochaQ
La reforma al Poder Judicial se ha convertido en un fuerte conflicto entre poderes y se han dicho miles de cosas al respecto, por un lado, algunos auguran la muerte de la democracia en México y otros señalan que ahora tendremos un sistema de justicia eficaz y eficiente. Las narrativas que abonan a un lugar o a otro de poco sirven para entender lo que está pasando en el Poder Judicial y no ayudan a dar seguimiento a los aspectos más críticos de la misma. El texto que ahora comparto es un intento por clarificar algunos aspectos claves y ayudar a entender, fuera de la polarización política que inunda al país, lo que significa esta reforma que sin duda afectará la vida pública de México.
¿Se necesitaba una Reforma al Poder Judicial en México?
Definitivamente si se necesitaba una reforma al Poder Judicial, la experiencia de la mayoría de las personas es que la justicia en México no era expedita, ni transparente, ni justa. Prácticamente todos los estudios de impunidad en México señalan que más del 90% de los casos caen en esta categoría, además informes de organismos internacionales de Derechos Humanos expresaban que en México había un serio problema de independencia de las y los jueces, además que en algunas entidades se detectó un grave problema de nepotismo y a esto hay que agregar que algunos jueces y magistrados tenían condiciones de privilegio por condiciones laborales excepcionales y salarios exorbitantes.
El Poder Judicial en México no tiene ningún arraigo en la sociedad y la gran mayoría de la población desconfía en ellos y esta es una de las razones por las que las personas no denuncian los delitos y se mantiene una elevada cifra negra. Aunque hubo algunas actuaciones ejemplares, tampoco podíamos afirmar que el Poder Judicial fuera un contrapeso político consistente a los otros dos poderes y finalmente los magistrados de la Suprema Corte de Justicia eran propuestos por los presidentes de la República y este mecanismo no garantizaba su independencia del poder ejecutivo. Por todo lo mencionado anteriormente, sí era necesario dar un paso en un sentido profundo de cambio.
¿Cuáles son los aspectos claves de la reforma?
La reforma al Poder Judicial que se aprobó en el primer mes de la actual Legislatura Federal tiene cuatro aspectos fundamentales: la elección por voto popular de jueces y magistrados; la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acorta, en número de integrantes (pasa de 11 a 9) y en tiempo de encargo (pasa de 15 a 12 años), además los magistrados no podrán ganar más que el presidente de la República y no tendrán pensión vitalicia; se elimina el Consejo de la Judicatura Federal y se crea el Tribunal de Disciplina Judicial que se encargará de evaluar el desempeño de las y los juzgadores, investigará casos donde se viole la ley y en su defecto pedirá el juicio político; y además se crean los jueces sin rostro, sobre todo para investigar casos donde se involucre a la delincuencia organizada.
¿Se hizo el procedimiento adecuado para la reforma?
Aunque la discusión mediática del asunto fue muy larga, el proceso legislativo para aprobar la reforma al Poder Judicial fue extremadamente rápido, es decir, entre que se presentó en la cámara de origen a que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sólo pasaron 15 días. Por supuesto que esto provocó serios problemas, primero porque no existió el debate público que amerita una iniciativa de esta envergadura y porque no se hicieron cambios que mejorarán la propuesta legislativa. El proceso fast track de la reforma provocó que muchas personas implicadas e interesados en el tema fueran excluidos del proceso, y tampoco la ciudadanía terminó de comprender las implicaciones de estas reformas. En este sentido podemos hablar de un proceso desaseado, vertical y autoritario.
¿Cómo se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados?
El Instituto Nacional Electoral (INE) en los años 2025 y 2027 hará un proceso de elección de jueces y magistrados a lo largo y ancho del país. Se conformarán un comité de evaluación para validar la candidatura de personas que vengan propuestas por el Poder Ejecutivo Federal, por el Poder Legislativo Federal y por el propio Poder Judicial de la Federación, las tres instancias podrán proponer candidatos que el comité evaluador aprobarán y son los que serán votados y votadas en las urnas. Se empezará con las plazas vacantes y con los jueces, magistrados y ministros que renuncien por su propia cuenta. Hay que decir que este proceso supondrá un reto logístico muy grande para el INE y para la ciudadanía misma.
El primer comité evaluador electo es el siguiente: Mónica González Contró, directora del IIJ UNAM; Emma Meza Fonseca, magistrada de circuito; Emilia Molina de la Puente, magistrada de circuito y presidenta de la asociación mexicana de juzgadoras, Wilfrido Castañón León, magistrado de circuito; Luis Enrique Pereda Trejo, catedrático y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.
¿Qué pasa con los poderes judiciales de los estados?
A partir de la publicación de la reforma al Poder Judicial (15 de septiembre de 2024) los Congresos Locales de todos los estados del país, tienen hasta 180 días para realizar sus respectivas reformas al poder judicial estatal, que tienen que ir acordes a los cambios que se hicieron en la reforma federal. Esto supone que se hará el mismo proceso de elección que seguramente tendrán que realizar los institutos electorales locales. Es posible entonces en el año 2026 los habitantes de cada estado elegirán a sus jueces y magistrados locales.
¿La reforma garantiza que los cambios resolverán los problemas de este poder?
Esta es la pregunta más importante al respecto de la reforma al Poder Judicial en México. Si atendemos al diagnóstico presentado en la primera pregunta, podemos responder que si y que no. Los cambios a la composición de la SCJN nos hacen suponer que los privilegios que tienen los actuales ministros si serán acotados y tendremos un Poder Judicial más austero. Sobre la supervisión del desempeño de jueces y magistradas y magistrados tendremos que ver cómo funciona el Tribunal de Disciplina Judicial y si efectivamente logra que los integrantes del Poder Judicial actúen conforme a derecho, esto es una moneda al aire en este momento.
En lo que se refiera a bajar la impunidad, esta reforma no garantiza que eso suceda porque no se realizó una modificación constitucional paralela que asegurará que la Fiscalía General de la República sea verdaderamente autónoma y que realice sus funciones de forma apropiada. Múltiples informes de organizaciones civiles y de académicos dan cuenta de que las fiscalías no funcionan como deberían y esto genera que el sistema de justicia en México no cumpla cabalmente con sus responsabilidades. Este hueco puede provocar que los niveles de impunidad que hoy existen no bajen de forma considerable.
Finalmente, el voto popular para elegir a jueces y magistrados no garantiza su independencia, ya que poderes fácticos de cualquier tipo (políticos, económicos o del crimen organizado) pueden influir en los procesos electorales de jueces y magistrados y con eso lograr que “sus candidatos” sean electos para los cargos. Un problema adicional es que esta forma de arribar al cargo cancela de facto la carrera judicial, ya que ahora no serán los méritos los que ayuden a designar a jueces y magistrados. Por otro lado, los jueces sin rostro suenan como una solución atractiva para los casos donde el crimen organizado está implicado y esta forma de llevar los procesos garantizaría la seguridad de los juzgadores, sin embargo expertos en derechos humanos y organismos como la ONU han señalado que esta fórmula puede provocar graves violaciones a los derechos de las personas. El análisis general nos lleva a decir que el problema de esta reforma, es que se cambiará todo, pero es probable que no cambie nada.
Todavía faltan procesos al respecto y seremos testigos de las resistencias y oposiciones de los actuales miembros del poder judicial. Habrá que estar muy atentos a lo que viene.
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