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El Instituto Nacional de Antropología e Historia quiere expropiar sus tierras para el sitio arqueológico en Mayapán, no acepta las demandas que la comunidad hace y en contraparte ofrece 9 millones de pesos como indemnización. La mayoría considera que esto no resuelve el problema, por el contrario quieren conservar sus tierras e impulsar una administración comunitaria
Texto y fotos: Katia Rejón
YUCATÁN. – El Instituto Nacional de Antropología e Historia ofreció 9 millones 896 mil pesos y la administración del estacionamiento de la zona a 286 ejidatarios del pueblo maya de Telchaquillo, Tecoh en Yucatán. El dinero sería una indemnización por la expropiación de 14 hectáreas de la Zona Arqueológica de Mayapán, donde se encuentra el Castillo de Kukulkán que recibe anualmente un promedio de 50 mil visitantes.
“Mayapán no está en venta”, fue la respuesta de la mayoría de los ejidatarios de Telchaquillo a la oferta de Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que llegó a la convocatoria de una asamblea ejidal este 17 de noviembre en el pueblo. Sin embargo, algunos ejidatarios sí desean vender debido a la presión
Prieto Hernández dijo que esta era la tercera oferta que hacía al ejido: la primera de 6 millones, la segunda de 8 millones y planteó que a partir de esta de 9 millones ya no podría seguir subiendo el monto del avalúo que han realizado con el Instituto Nacional de Administración y avalúos de Bienes Nacionales. Y precisó:
“Yo veo muy difícil que avancemos más para allá, por eso lo que necesito saber es si van a querer o no van a querer porque el presupuesto del año que entra viene muy apretado”.
Un conflicto antaño
La zona arqueológica de Mayapán lleva cerrada al público desde el 7 de noviembre de 2023. Esto, como protesta por la ocupación de 40 años del territorio común sin ningún beneficio para la comunidad maya de Telchaquillo. Al contrario, los pobladores expresaron tratos racistas por parte de guías y autoridades de la zona arqueológica y lo que quieren es que les indemnice los años de ocupación y un convenio para compartir la administración del sitio para que el INAH pueda seguir realizando sus labores de investigación y restauración sin que el ejido tenga que ceder sus tierras.
El INAH, por su parte, busca la firma de un convenio de ocupación previa de tierras del ejido donde está la Zona Arqueológica que serán sujetas a un procedimiento expropiatorio. A pesar de que Prieto Hernández dijo en la reunión que esa visita era la “quinta o sexta” que hacía al pueblo, los y las ejidatarias entrevistadas desconocen los detalles del convenio que el INAH propone. Durante las dos horas de la “sesión informativa” (como los funcionarios llamaron a la asamblea ejidal) solo se habló de dinero. La única copia del convenio con las cláusulas y responsabilidades fue entregada por Diego Prieto a un ejidatario que la solicitó al final de la reunión.
Las hectáreas, según el documento, se destinarán para el desarrollo de proyectos de investigación, difusión y restauración de los monumentos arqueológicos. Se trata de un permiso para ocupar y usar las tierras antes de “la expedición del decreto expropiatorio que se tramitará ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”.
El últimatum de ambas partes
En su discurso, Prieto declaró que ya había hablado con el gobernador del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, para que haya beneficios para los pobladores de Telchaquillo y que la Zona Arqueológica propicie actividades para el mejoramiento de la vida de las familias. “Pero ustedes ya decidirán de manera soberana cuando gusten, como gusten. Solamente sí les quiero decir que el ofrecimiento es aplicable para el 2024”, añadió.
“La zona abrió al público en 1996 y en todo ese tiempo el ejido no ha recibido ni para un refresco”, reclamó uno de los ejidatarios durante la reunión. “No da, compañero, no da, no da”, le respondió Diego Prieto.
Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Estado ha invertido 100 millones de pesos en la Zona Arqueológica de Mayapán desde su apertura para trabajos de mantenimiento, restauración y difusión. De esta inversión, el gobierno solo ha recabado 13 millones 158 mil 285 pesos por el pago de la entrada que costaba 65 pesos por persona antes de que se cerrara. “La inmensa mayoría de las zonas arqueológicas son deficitarias, es decir, cuesta más mantener la zona arqueológica que lo que se obtiene de la cuota”, añadió Prieto. Sin embargo, a esa cantidad presentada a los ejidatarios no se le sumó el presupuesto anual que el INAH recibe para realizar esos trabajos.
Un ejidatario le respondió:
“Para eso fue creado el INAH. ¿Por qué nos echa en cara lo que han gastado?”.
Justicia histórica, la contrapropuesta de la comunidad
El 11 de agosto de 2024, pobladores y ejidatarios de Telchaquillo firmaron un acuerdo comunitario para la resolución del conflicto sobre la Zona Arqueológica de Mayapán. Realizaron ese documento en consenso y lo entregaron a las autoridades del INAH y de la Procuraduría Agraria unos días después.
El 25 de agosto, durante una visita de Diego Prieto al pueblo, el funcionario declaró “pensé que ya habían llegado a un acuerdo” refiriéndose a la expropiación de Mayapán. Como esa vez, este 17 de noviembre las autoridades del INAH no mencionaron nada del acuerdo comunitario, salvo que “ya lo habían leído”.
“Nuestro objetivo como miembros de la comunidad es lograr una resolución adecuada para esta controversia que sea adecuada para todas las partes, pero con la claridad de que no vamos a poner en riesgo el patrimonio de nuestras hijas e hijos, ni el futuro de la comunidad. La mejor manera para mantener ese patrimonio es que el sitio se encuentre bajo administración comunitaria”, dice el documento elaborado por los ejidatarios y pobladores.
Sus peticiones son:
1. Que el INAH pague lo correspondiente a 40 años de ocupación de nuestro territorio, para lo cual se deberá realizar un acuerdo por escrito que describa el monto y la información detallada de cómo se calculó dicha cantidad.
2. La venta de las tierras o de la Z.A. Mayapán no será parte de ningún acuerdo. La comunidad es propietaria de las tierras como se muestra en los planos de la comunidad y lo seguirá siendo.
3. La comunidad en asamblea general decidirá el destino de los recursos recibidos por el uso por parte del INAH de la Z.A. Mapayán. La entrega de fondos no estará condicionada a decisiones del INAH o la negociación de la propiedad de la tierra.
4. La comunidad estamos de acuerdo en la reapertura de la Z.A. bajo un acuerdo, que describa que tanto las zona de estacionamiento, el cobro de entradas, la vigilancia, los guías y todo lo relacionado con la administración del sitio será parte de un nuevo acuerdo con el INAH y será a través de los comités que la comunidad cree para este fin.
5. En el mismo acuerdo quedará asentado que todo lo relacionado con excavación, restauración, medidas de protección, cuidado, mantenimiento de las estructuras, de los monumentos históricos, etcétera, estarán a cargo del INAH, quienes deberán rendir informes a la comunidad de las actividades que desarrollen en la Z.A. a través de los comités comunitarios creados para ese fin.
6. Que en las contrataciones de personal de apoyo para las excavaciones, restauración, mantenimiento de las estructuras y monumentos históricos, los habitantes de Telchaquillo tendrán derecho de preferencia.
7. Exigimos un informe detallado de las excavaciones realizadas en la Z.A. de Mayapán que incluya la lista de piezas descubiertas, el destino de cada pieza extraída de la zona y si existen las condiciones adecuadas, el retorno de cada una de las piezas que fueron extraídas.
Ejidatarios denuncian división y corrupción
No todos los ejidatarios están en contra de la expropiación, por lo que la división comunitaria a partir del conflicto con el INAH se ha recrudecido. Los ejidatarios reclaman que hay quienes ya vendieron sus tierras, aunque no cedieron el título de ejidatarios, por lo cual “no tienen nada que defender”. Una propuesta que lanzaron en la reunión fue que solamente quienes tengan tierras en el ejido puedan votar si se firma o no el convenio de ocupación previa.
La comunidad también denuncia corrupción por parte del comisario ejidal Gregorio García y el comisario municipal Alfredo Ancona. Compartieron un audio en el que el mismo Diego Prieto afirma que el comisario ejidal le pidió medio millón de pesos presuntamente para la entrega de firmas para la expropiación y que no ha habido transparencia para todos y todas las ejidatarias en las reuniones que han tenido con las autoridades ejidales.
“El señor me pidió directamente si le daba medio millón de pesos y yo me molesté mucho. Lo regañamos y le mandamos a decir que no va a haber ningún centavo por fuera”, dice Prieto en el audio.
De hecho, la asamblea para la que fue convocado Diego Prieto este 17 de noviembre no se formalizó debido a que había sido organizada con irregularidades.
Por ejemplo, la convocatoria, que en un inicio fue para «una segunda asamblea», aunque la primera no se realizó y no existe ningún acta que lo corrobore. De hecho, la Ley Agraria establece que la primera convocatoria se debe hacer con 8 días de anticipación de la primera asamblea. Para una segunda, establece la ley, se debe haber llevado a cabo la primera asamblea, o en su caso, constar con un acta donde se indique que no se realizó. Solo si se cumplen estos requisitos, se puede realizar una segunda convocatoria. Sin embargo, el comisariado ejidal pegó las dos convocatorias juntas y con un día de anticipación para la primera que, además, no se realizó porque las autoridades ejidales no asistieron.
“Otro problema de la convocatoria es que tiene puntos muy ambiguos. Por ejemplo, dice que es una asamblea informativa, pero al mismo tiempo se van a tomar acuerdos sobre esa información. Muchas veces se plantea así justamente porque esa misma ambigüedad da pie a manipulación en el levantamiento de actas”, explicó Flavio Ayuso, uno de los abogados que acompaña a los ejidatarios.
Agregó que el convenio que ofrece el INAH debió haberse compartido y difundido públicamente como parte de la información previa y culturalmente adecuada. Sin embargo, además de que no se compartió con los ejidatarios, el lenguaje del convenio es “legaloide” y técnico.
Una solución comunitaria
El bloqueo a la Zona Arqueológica de Mayapán fue realizado por ejidatarios y pobladores el 7 de noviembre de 2023. Por eso, el pueblo reclama que haya un acuerdo comunitario y no únicamente con el ejido.
En la reunión del 11 de agosto de 2024, cuando llegó Diego Prieto a Telchaquillo pensando que ya existía un acuerdo con los ejidatarios, un grupo de mujeres y niñeces se plantaron con pancartas en la Comisaría Ejidal. Una de las líderes de la protesta fue Lucero Flores, maestra de maya de Telchaquillo quien coordina un espacio comunitario para la promoción de derechos culturales y humanos en el pueblo.
“Ha habido saqueos en la zona arqueológica por parte de empleados. Se llevan las piezas que no están registradas y las comercializan por fuera. Además, comenzaron a cobrarnos a nosotros. Hace años hubo un acuerdo para que todo habitante de la comunidad pudiera entrar libremente a Mayapán, pero cuando llegábamos acompañados de otras personas nos regañaban y cobraban la entrada acusando que hacíamos labor de guías de turistas”, dijo Lucero Flores en entrevista.
Agregó que el convenio comunitario que prepararon fue una respuesta a la recabación de firmas que el comisariado municipal y ejidal intentaron hacer casa por casa en agosto de este año. “En ese entonces, el comisario pasaba a la casa de los ejidatarios diciéndoles que firmaran para que les dieran su dinero, pero no conocían el convenio”.
Tanto el comisario ejidal, Gregorio García, como el director del INAH, Diego Prieto, ven el conflicto de la expropiación como algo que le compete únicamente al núcleo ejidal. A pesar de que la mayoría de los ejidatarios se han organizado como pueblo. En esta última reunión del 17 de noviembre, el comisario ejidal presionó para que la reunión fuera a puerta cerrada y los ejidatarios no cedieron: se hizo en el espacio de siempre, con pobladores de Telchaquillo presentes.
En la reunión se acordó que habría una convocatoria en los siguientes días para una asamblea en la que se profundizará sobre el convenio y la votación.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
