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El Estado Mexicano excluyó del Registro Nacional a más de 6 mil personas desaparecidas en seis estados y aprovechó la llamada estrategia generalizada de búsqueda para eliminar al menos 162 casos más. Estas acciones reflejan una grave falla en la gestión de la crisis de desapariciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una desconexión entre las autoridades y las familias afectadas.
Por Lauro Rodríguez y Martha Guillén / El Suspicaz
Lourdes Ruíz está convencida que un comando armado en complicidad con policías desapareció a su hijo José Marcos Maldonado. Ese 22 de julio de 2015 se lo llevaron junto a otras dos personas. Los vecinos recuerdan el sonido de las sirenas de patrullas en el lugar y la irrupción violenta a plena luz del día, una escena que se volvió cotidiana en Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio de Jalisco.
El 13 de agosto de 2020 la historia se repitió. Hombres armados se llevaron a su hija de 33 años de edad, María de Lourdes Maldonado Ruiz. “Ese día, volví a morir”, dice Lourdes, quien recuerda que su nieta, de apenas ocho años de edad, presenció el momento.
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, fundado por Lourdes y más buscadores, emprendió una campaña de difusión en la que animó con inteligencia artificial las cédulas de búsqueda para contar las historias de las personas desaparecidas.
A casi 10 años de la ausencia de Marcos y cinco de María de Lourdes, solo ella figura en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno de México (RNPDNO); el nombre de él nunca fue integrado. La estadística oficial indica que, hasta el primer semestre de este año, 113.037 personas están registradas como desaparecidas. Sin embargo, esta investigación realizada por El Suspicaz y CONNECTAS evidencia que al menos 6.133 desaparecidos no están incluidos en este registro.
Este dato se desprende de un análisis donde se contrastó la información del RNPDNO con una colección obtenida mediante web scrapping de las cédulas de búsqueda emitidas por las autoridades locales de seis estados (Jalisco, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Tabasco) entre 2019 y junio de 2024. Estos son los únicos estados en los que CONNECTAS detectó repositorios públicos de las cédulas de búsqueda activas en los portales de sus Comisiones Locales al corte del 30 de junio, por lo que solo estos se pudieron contrastar.
La insistencia para incluir a Marcos en el Registro fue rechazada por las autoridades locales de Jalisco. Lourdes dejó plasmado todo el proceso desde el primer intento de interponer su denuncia en su libro Hasta Encontrarles. Crónica de una esperanza en Jalisco: Lulú, madre buscadora, publicado este año.
“Seguramente lo levantaron (desaparecieron con violencia). Espere tres días”, le dijo a Lourdes el agente del ministerio público que recibió su denuncia. Pero eso no es aceptable para ella. En entrevista añade que “el gobierno no quiere que nos demos cuenta de quiénes estuvieron participando y por eso no quieren que salgan a relucir los nombres. ¿Te imaginas desaparecer en varias ocasiones a un desaparecido?”.
Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es la responsable de administrar el sistema. Las comisiones locales y fiscalías de los estados tienen como obligación reportar cada caso de forma inmediata. Sin embargo, esto no sucede como indica el protocolo, en el que se especifica que la finalidad de esta herramienta es “apoyar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, la investigación de los delitos cometidos en su contra, y la identificación de restos humanos”.
Si una persona está integrada en el Registro, sus datos son cruzados con otras bases de información como la de personas fallecidas, beneficiarios de programas sociales, detenciones, hospitalizaciones, internamientos, entre otras más, con el fin de saber si fallecieron, tuvieron algún cambio de residencia sin notificar a familiares, o incluso fueron detenidos e incomunicados por las autoridades penitenciarias, lo que se ha dado en México y, por lo tanto, esto ayuda a agilizar los procesos de localización a nivel nacional.
El caso más grave es justamente el de Jalisco, donde desaparecieron a José Marcos. Este estado reconoce que desde marzo de 2022 dejó de actualizar datos en el Registro Nacional con el argumento de que no tiene el control de toda la data correspondiente a la entidad federativa y pretendían realizar cambios como eliminar presuntos casos duplicados o modificar el estatus de desaparecido a localizado y no pudieron. En su lugar, crearon una plataforma propia, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que centraliza su recuento, pero desconecta la información de otras bases a nivel nacional.
“Es importante precisar que, con base en el nombre y datos de la persona desaparecida, el sistema del RNPDNO detecta registros como posibles vinculados, posibles reincidente o posibles duplicados”, dijo Víctor Hugo Ávila Barrientos, director de la Comisión de Búsqueda de Jalisco en un informe específico concedido vía transparencia para esta investigación, quien añadió que, cuando eso ocurre, “el sistema no cambia su estatus de ‘pendiente de localizar’ a ‘persona localizada’ de manera automática”.
En su argumento añade que ya tienen mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda para solucionar los problemas detectados. Hasta que no resuelvan, Jalisco continuará integrando los casos solo en su registro estatal.
El resto de estados contemplados en esta investigación no explican claramente cuál es el motivo por el que incumplen el protocolo, entidades como Veracruz reconocen que no siempre pueden hacer envíos en tiempo real por falta de personal, y otros, como Puebla, afirman que sí hacen el registro de forma inmediata tras tener conocimiento del caso. Pero, junto con Jalisco, subregistraron a 5.971 personas que están desaparecidas y nunca fueron incluidas en el sistema y, entre agosto de 2023 y junio de 2024, borraron al menos 162 nombres que estaban en la plataforma, pero fueron eliminadas posteriormente sin explicación alguna y sin haberlas encontrado.
Para Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización civil que acompaña a familiares de personas desaparecidas, con estas prácticas se busca “evitar que los casos se hagan mediáticos, mantenerlos en la impunidad, y no esclarecerlos o no encontrar a las personas desaparecidas”. “Ha sido siempre lucha de las de las autoridades, que los menos casos posibles se hagan mediáticos y de qué manera se puede controlar eso con discursos oficiales”, añade.
Si no están, no existen
Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en México. Según el Registro Nacional, hasta el primer semestre de 2024 la cifra oficial era de 14.890. También es la entidad con mayor subregistro: las autoridades locales no incluyeron a 2.137 personas desaparecidas y borraron a dos más. Esto significa que, por cada siete desaparecidos registrados en el sistema, hay uno que no está incluido.
El análisis de la data obtenida refleja un patrón más amplio de subregistro en el estado, en los últimos dos años. Entre marzo de 2022 y junio de 2024, el Registro Nacional reporta 466 casos de personas desaparecidas en Jalisco, registrados principalmente por familiares o autoridades federales. En contraste, el registro estatal documentó 4.116 desapariciones, de las cuales más de dos mil cuentan con una cédula de búsqueda activa, el resto no, aunque siguen figurando como no localizadas. En resumen, el sistema nacional muestra únicamente el 11,32% de las denuncias activas en ese periodo en Jalisco.
El panorama de Jalisco se replica en otras entidades como Veracruz, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Tabasco. En conjunto, las seis entidades acumulan 40.336 personas desaparecidas que sí están integradas en el Registro Nacional, lo que representa el 35,68% del total nacional. Pero también, suman 6.133 personas desaparecidas que no han sido incluidas, lo que significa que por cada siete registros realizados, uno no se llevó a cabo.
Si el subregistro de 6.133 personas desaparecidas en estos seis estados fuera una entidad federativa, sería la sexta con más casos oficiales en el país.
Christian Téllez Padilla es uno de los nombres borrados en Veracruz. A él lo busca su familia desde que fue desaparecido de manera forzada el 20 de octubre de 2010 en el municipio de Poza Rica. Hasta agosto de 2023, su nombre aparecía no una, sino siete veces en el Registro. La falta de coordinación entre las autoridades provocó que este dato estuviera septuplicado dado que varias dependencias estatales y federales, por su cuenta, cargaron la información a la plataforma. Pero, un año después, fue borrado sin explicación.
El 12 de julio de 2024, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz volvió a difundir su cédula en redes sociales. Incluso el 9 de diciembre de 2020 hubo un acto en el que el Estado Mexicano, por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se disculpó públicamente por tres desapariciones forzadas, entre ellas la de Téllez Padilla. “¿Cómo es posible que a las autoridades no les importemos? Con su indiferencia, la autoridad gubernamental ensucia la pérdida de nuestro familiar”, dijo su madre, María Eugenia García Padilla a la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos I(dh)eas.
Se buscó a la Comisión de Búsqueda de Personas de Veracruz vía correo electrónico para conocer su postura, pero no hubo respuesta.
Christian y 161 personas más de estos seis estados fueron borrados durante la llamada estrategia nacional de Búsqueda Generalizada que emprendió el Gobierno de México en 2023 con el objetivo de confirmar la desaparición o localización de personas integradas en el Registro Nacional.
En los resultados difundidos el 27 de diciembre del año pasado por Luisa María Alcalde, entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se informó que localizaron a 16.681 personas: 3.945 en visitas a casa, 4.134 en reportes de defunción, 8.405 por reportes de autoridades locales, y 197 en centros penitenciarios. Ahí reconoció que la búsqueda está focalizada solo a “los casos que forman parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”. Pero Christian no fue localizado a pesar de que lo quitaron del registro.
En la rueda de prensa mañanera, Alcalde defendió su gestión e insistió en que “no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición y todos los registros cuentan con una estrategia para poder seguir con la búsqueda”. Sin embargo, la revisión hecha por CONNECTAS evidencia que sí borraron nombres del sistema nacional.
“Hasta qué punto podemos creer o confiar que la estrategia tiene el objetivo de búsqueda, más allá que ha sido sumamente riesgoso que esta estrategia se construyó y se implementó coincidiendo con el cierre del sexenio y además, cercano al periodo electoral. Hasta qué punto esta herramienta o esta estrategia no tiene el objetivo de buscar, sino que cuenta con objetivos más de carácter político de control, de manipular y de minimizar el problema”, cuestiona Chimiak.
Adicionalmente, en ese mismo periodo, la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo tres plataformas diferentes del Registro Nacional y cada una con datos distintos. En total, la organización Data Cívica, en su informe A quienes nos faltan: Datos para encontrarles, documentó seis bases de datos o plataformas lanzadas desde 2012.
Una esperanza para encontrarlos
La máxima difusión de la desaparición por medio del Registro Nacional o una cédula tiene una carga significativa que las familias describen con una sola palabra: esperanza. Gracias a una ficha de búsqueda, hay personas que han podido regresar sanas y salvas.
Un caso de éxito ocurrió el 25 de abril de 2024. La comisión local de búsqueda de Jalisco recibió un reporte anónimo desde Tonalá, un municipio vecino a Guadalajara. Una mujer vio a una adulta mayor deambular por las calles y le llamó la atención pues recordó haber visto su rostro en una cédula de búsqueda. Resultó ser María de Jesús de 71 años, quien logró regresar a casa tras tres meses desaparecida.
“A través de una llamada al teléfono de esta comisión, una mujer dijo que había visto en redes sociales la cédula de búsqueda de María de Jesús y al parecer, se encontraba deambulando por calles del municipio de Tonalá. De inmediato, personal de esta comisión en coordinación con la cédula de búsqueda del municipio de referencia, implementaron un despliegue operativo para buscar a la señora por la zona que dijeron haberla visto, dando con su paradero en Avenida Camichines, de Tonalá. Una vez que le brindaron las primeras atenciones, se dio aviso a sus familiares, quienes de inmediato se trasladaron al lugar de la localización para reunirse con la señora María de Jesús, gracias a la información que brindó la ciudadana”, describió el reporte oficial.
Ante una posibilidad como esta, los buscadores hacen todo lo que está en sus manos para la máxima difusión. La familia de Ronaldo González Aldúñez, desaparecido con violencia el 21 de junio de 2022 en Tonalá, Jalisco, tardó dos años con tres meses, pero logró incluirlo en el Registro Nacional el 20 de septiembre de este año, aun en contra de las autoridades de ese estado que se negaron en repetidas ocasiones a realizar el procedimiento.
Para la familia, la ausencia de su nombre en este sistema por más de dos años redujo las posibilidades de encontrarlo.
“Por ejemplo, si Ronaldo fue detenido contra su voluntad en cualquier estado o herido e ingresado en una institución de salud, no tuvimos la oportunidad de dar con su paradero porque oficialmente no estaba desaparecido al no estar en la plataforma del Registro Nacional, entonces con qué iban a comparar su nombre o sus rasgos para saber si lo estábamos buscando”, explica su tío Edgar Aldúñez Chávez.
Él tiene la certeza que el gobierno de Jalisco decidió, en su momento, no registrar a Ronaldo y a más de dos mil personas desaparecidas para cuidar la imagen del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a nivel nacional.
“Manipularon y maquillaron la cifra de desaparecidos (en el Registro Nacional), eso provocó que la estadística bajara para hacer creer que las autoridades estatales estaban trabajando, cuando no es así (…) Ahora tengo una lucecita de esperanza, aunque pequeña para poder encontrar a mi sobrino. Un día voy a recibir una llamada de las autoridades o de alguna persona que haya visto su fotografía en el Registro Nacional y me dirá dónde está, ya sea vivo o muerto”.
Mientras tanto, al igual que decenas de familias en Jalisco, cada fin de semana los familiares de Ronaldo acuden a lugares de alta concurrencia de personas para pegar su cédula y que pueda ser visible.
De acuerdo a los casos revisados, la información obtenida en esta investigación muestra que las autoridades aplican criterios variables para la emisión de las cédulas. Pese a argumentar vía transparencia que la seguridad de la familia y la víctima es uno de los principales motivos para definir la pertinencia de publicar o no la ficha, reconocen que no elaboran análisis de contexto o riesgo para medir el nivel de amenaza que representa publicar o no una cédula de búsqueda. Su justificación es que la Ley General no les obliga a elaborar este tipo de documentos.
Veracruz y Guanajuato justifican que la decisión final la dejan a la familia, mientras que Jalisco, Estado de México, Tabasco y Puebla no aportan mayor explicación.
“Su caso es confidencial”
La confidencialidad es un derecho para no difundir la desaparición por motivos de seguridad o cualquier otro que consideren necesario. Para amplificar la difusión a nivel nacional, la familia debe firmar un consentimiento por escrito. Si una persona desaparecida tiene una cédula oficial emitida por una autoridad local, significa que el reportante dio su autorización para la máxima propagación y sus datos deberían ser públicos.
El Registro Nacional contiene 39.299 casos catalogados como confidenciales, es decir, el 34,77% del total de nombres y fotografías de personas desaparecidas no son públicas. En esta investigación se detectaron al menos 4.765 casos en los seis estados incluidos que, pese a contar con cédula activa, aparecen como confidenciales.
Tal es el caso de Jaime Adrián Ramírez Solís, desaparecido el 18 de septiembre de 2020 en Zapopan, Jalisco. A él se lo llevaron junto con Karla García y Kenia Pérez, ambas mujeres trans. Para su madre, María de Jesús Solís Aguilar, esto es una invisibilización equivalente a que su hijo haya sido borrado del Registro.
“Hice la búsqueda en el Registro y no aparece la foto ni ficha de mi hijo. Nunca firmé para que fuera confidencial. Tiene que ser lo más visible que se pueda. Da coraje y da rabia que sigan queriendo tapar el sol con un dedo, queriendo desaparecer a tanto desaparecido. Nos pone muy triste porque al invisibilizarlo se evidencia que ni siquiera se está buscando”, recrimina la buscadora.
El Estado de México es el que tiene más casos con cédulas activas, pero confidenciales en el sistema nacional, un total de 2.691, seguido de Jalisco con 1.026, Veracruz con 684, Puebla con 271, Guanajuato con 84, y Tabasco con 9.
Jorge Ramírez Plascencia, investigador del Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que esta catalogación de confidencialidad, pese a que las familias autorizaran la máxima difusión del caso, refuerza el hecho de la desaparición para que no haya publicidad del delito. “Es un desastre y una paradoja”, asegura.
A medida que se profundiza en las cifras y políticas oficiales de búsqueda, queda en evidencia una realidad compleja: miles de desaparecidos no forman parte del Registro Nacional, lo que limita las posibilidades de localizarlos y obstaculiza los esfuerzos de las familias que buscan respuestas.
Aunque la administración actual ha implementado la estrategia de Búsqueda Generalizada, la omisión de nombres y la falta de coordinación entre autoridades ponen en duda su efectividad y reflejan una gestión que, a los ojos de los afectados, sigue siendo insuficiente. En este contexto, la cifra de desaparecidos sigue siendo un enigma, y cada número representa una historia de ausencia y esperanza interrumpida.
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Créditos de la investigación
Investigación: Lauro Rodríguez y Martha Guillén
Edición: Fabiola Chambi
Acompañamiento Editorial: Equipo CONNECTAS
