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La avícola Bachoco arrojó toneladas de material fecal y otros residuos en el ejido de San Antonio Sihó, comisaría del municipio maya de Halachó. Antes, la empresa quemó parte de las selvas aledañas y aplicó insecticidas para disimular la proliferación de moscas y otros insectos. Campesinos y apicultores exigen la intervención de Profepa y otros organismos de control
Texto y fotos: Patricio Eleisegui
YUCATÁN. – La avícola Bachoco continúa vertiendo excrementos en la selva de Yucatán.
La práctica, que no es nueva (pues se ha documentado que también ocurre muy cerca del municipio de Kinchil) ahora ocurre entre las colmenas de abejas y las milpas cercanas a San Antonio Sihó, comisaría maya de Halachó, un municipio situado a poco menos de una hora de Mérida, la capital del estado.
En esa zona, Bachoco opera tres mega granjas avícolas que no han dejado de incrementar sus respectivos tamaños en las últimas dos décadas. Estas instalaciones, que se publicitan como grandes generadoras de empleo y sólo dan trabajo a menos de 10 personas de la comisaría, comenzaron a ubicarse en el ojo de la polémica luego de que, entre abril y mayo, se detectaran vertidos ilegales de residuos en áreas linderas a Santa María Acú, otra comunidad de Halachó cercana a San Antonio Sihó.
Profepa no hace caso a las denuncias
En ese lapso, la avícola descartó toneladas de excrementos de pollos sin autorización alguna en predios de esa comunidad. Semejante carga fétida dio pie a sendas denuncias de colectivos mayas que derivaron en una tibia intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): si bien el organismo estableció la clausura de los terrenos donde se arrojaban las excretas, lo cierto es que no sancionó a Bachoco.
Estos actos son una constante de las megagranjas en el Estado, como se dio cuenta en Pie de Página con el caso de la compañía Crío, otra avícola que avienta los excrementos en torno a la carretera que une a Mérida con Celestún.
Impune, aunque atenta al llamado de atención de Profepa, la compañía decidió trasladar su práctica contaminatoria a las tierras del ejido de San Antonio Sihó. A partir de octubre, comenzó a arrojar la materia fecal de sus mega granjas sobre las márgenes de la carretera que une a ese pueblo con Tankuché e Isla Arena, una comunidad de pescadores mayas situada ya en Campeche y a orillas del Golfo de México.
Detectados por varios vecinos de San Antonio Sihó, los vertidos cosecharon el rechazo generalizado de la población y el descontento derivó en otra denuncia contra la avícola impulsada por el colectivo de organizaciones apícolas mayas de la Península de Yucatán Kabnáalo’on. Entre otros aspectos, la alianza indígena exige una nueva intervención de Profepa, el fin de la contaminación y, por supuesto, la reparación de los daños generados.
Bachoco imita a Crío y contamina las comunidades mayas
“Bachoco empezó a tirar sus desperdicios entre el 3 y el 4 de octubre. Siempre sobre tierras del ejido de Sihó. Estimamos que ya vertió más de 100 toneladas de excremento en terrenos cercanos a la comunidad. La empresa contrató distintos camiones volquetes y empezó a dejar esos montículos en zonas bien cercanas al pueblo”, comenta a Pie de Página un poblador de la comunidad afectada.
Y añade:
“Al principio era un camión que veíamos atravesar el pueblo. Luego fueron dos por día, más tarde cuatro, y así. La empresa venía de tener una denuncia en Santa María Acú y ya no pudo hacer uso del terreno que usaba de tiradero en esa comunidad. Entonces empezó a venir para Sihó, primero utilizando los caminos de terracería y luego la carretera. Siempre quemando un poco de monte antes, como para hacerse el lugar”.
Otra fuente de San Antonio Sihó afirma que la primera voz que alertó sobre esta actividad contaminadora de Bachoco provino de los apicultores de la comunidad. “Las zonas donde están tirando esos excrementos es de suma importancia para el pecoreo de las abejas. Hay variedades de enredaderas y arbustos, incluso árboles, que se perdieron por estos vertidos que se están haciendo. Además, por los mismos excrementos comenzaron a proliferar las moscas y variedades de escarabajos que afectan gravemente a las abejas”, dice.
Al mismo tiempo, y en tanto el suelo de esa zona de Yucatán es kárstico y todo lo que se derrama sobre la superficie se escurre hacia los pozos y cenotes de agua dulce, en el pueblo señalan que varias fuentes hídricas del ejido ya presentan algún tipo de contaminación y despiden mal olor.
“Los excrementos contaminan la tierra y afectan a la milpa en tanto aumentan el PH del suelo. La tierra se vuelve tan ácida que termina quemando cualquier cultivo. El agua también ya está siendo afectada y estos residuos se están filtrando a los pozos. Esto es sumamente peligroso porque nosotros tenemos agua a sólo 5 o 6 metros de profundidad. Con las lluvias los excrementos van directo a las reservas del pueblo”, detalla un productor de chile de Sihó.
Además de remarcar que Bachoco en ningún momento tomó contacto con la comunidad para notificar su actividad, y señalar al ayuntamiento de Halachó como cómplice del descarte ilegal que lleva a cabo la avícola, el mismo campesino sostiene que la empresa incluso comenzó a limitar los movimientos de los pobladores en las selvas de la comisaría.
“Los leñadores ya no tienen la libertad para entrar al monte. Ha pasado de policías que han detenido a personas que buscan leña de árboles caídos o secos por orden de Bachoco. Estamos en una situación en la que la empresa parece poner las reglas y nos dice cómo podemos o no movernos en nuestro territorio”, enfatiza.
Denuncia de las organizaciones mayas
Tal como ocurre en Kinchil, los vertidos de Bachoco en torno a San Antonio Sihó vienen siendo denunciados judicialmente por el colectivo de organizaciones apícolas mayas de la Península de Yucatán Kabnáalo’on.
En diálogo con Pie de Página, representantes legales de esa alianza comentaron que “hay una denuncia presentada y estamos aportando más elementos y pruebas sobre lo que está haciendo la avícola en Sihó”, además de señalar que “hay una presunción de que la empresa no cuenta con autorización de impacto ambiental y tampoco de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para realizar su actividad”.
“Con independencia de que la empresa haya cerrado o no un acuerdo con algún tipo de propietario, y esto aunque se trate de tierras ejidales, lo cierto es que la avícola tiene que contar con un manejo integral de residuos. A partir de la denuncia que se presentó, Profepa debe evaluar si Bachoco cuenta o no con una autorización ambiental para hacer esos vertidos de excrementos. Estamos a la espera de un pronunciamiento por parte del organismo”, indicaron.
Los asesores legales de Kabnáalo’on afirmaron que “técnica y jurídicamente, lo que está haciendo Bachoco en San Antonio Sihó es ilegal”, y que, además de la contaminación que genera el descarte de excrementos, “existe el agravante de las quemas del monte que llevó a cabo la compañía, sobre todo en el camino entre Santa María Acú y Sihó, para hacerse espacios donde arrojar sus residuos”.
“Entendemos que hay una violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La empresa tiene que contar con mecanismos de almacenamiento, tratamiento y transportación de sus residuos a un destino final. Y éstos deben estar previamente evaluados y avalados por la autoridad ambiental. Además de este contaminante, se sabe que Bachoco también está utilizando insecticidas en las zonas donde arroja sus excrementos para reducir de alguna forma las olas de moscas. Eso añade más contaminación al aire, la tierra y el subsuelo”, explicaron.
Para luego concluir: “La empresa no ha acatado dicha medida de seguridad ordenada por Profepa y continúa con el vertimiento de desechos incluso donde ha recibido clausuras –por lo ocurrido en Santa María Acú–. Ante ello, se han presentado escritos a dicha autoridad ambiental para informar sobre esa situación. Y se ha solicitado que se de vista al ministerio público federal debido a que los incumplimientos de las clausuras ordenadas por Profepa constituyen delitos federales”.
La sumatoria de ilícitos y delitos ambientales que está perpetrando la avícola, señalan los abogados del colectivo Kabnáalo’on, requiere la intervención urgente de las autoridades y los organismos federales de control. Hasta el momento, la respuesta de quienes deben velar política y jurídicamente por la seguridad ambiental de San Antonio Sihó, sus áreas naturales y comunidades cercanas, se destaca por lo profundo de su silencio.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
