Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) /@FranciscoMacias(TG)
En la niñez hay muchos momentos en que se tienen que tomar decisiones en grupo, por ejemplo, las festividades, los lugares que hay que visitar o hasta atender una situación de preocupación. La forma en como se toman las decisiones es importante porque si la toma la persona adulta más cercana, con seguridad excluirá las necesidades del grupo.
En muchos de los casos nos vamos acostumbrando a tomar decisiones por mayoría, lo que significa que ante diversas posturas una resultará ganadora y otra perdedora. Si nos preguntamos las razones de hacerlo en algún momento nos llevará a la idea de la democracia, sin embargo, omitimos profundizar si la decisión representa o incluye las principales necesidades o si existió un proceso justo en el que la escucha, las razones y la toma de decisiones involucrara a todos.
No es entonces extraño que luego de un proceso electoral existan sensaciones potenciadas de triunfalismo y derrota, con la consecuente dinámica de grupos y de poder que actúan “representando” a los demás.
Eso se proyecta en toda la dinámica social: la forma vertical en que organizamos eso que le llamamos gobierno, sus leyes, la manera en que las aplican y su toma de decisiones, incluyendo aquellas que se aplican porque afectan los derechos de la sociedad.
Acabamos de presenciar una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que pasó con mucha rapidez en las cámaras de Diputados y de Senadores impulsada y resuelta por la nueva mayoría de Morena y sus aliados, la cual busca que no se impugnen las reformas a la Constitución, independientemente de los fundamentos o principios con los que se base, lo cual abre la puerta a que se utilice para incluir una serie de regulaciones contrarias a los derechos humanos, como ya ha ocurrido con la prisión preventiva oficiosa o la asignación de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
La Constitución se ha utilizado en distintas etapas de la historia de nuestro país por los distintos grupos de poder, es decir por las mayorías para darle contenido a sus intereses, ejemplo de ello fue en la época del PRI la forma en que se limitó durante mucho tiempo la participación de las minorías partidistas, o por ejemplo en el régimen del PAN cuando se impulsó una incompleta reforma en materia de reconocimiento de los derechos indígenas, en la última etapa, la reforma energética, lo cual muestra que es de mucha utilidad como repositorio de dinámicas de poder, no obstante que en 2011 se reconocieran plenamente por primera vez los derechos humanos.
En realidad, la Constitución debería de estar construida por grupos de personas cuya misión es construir una visión de un Estado, pero donde se reconozca los intereses reales y la existencia misma de la dignidad de las personas o de grupos de ellas, para construir una serie de límites y al mismo tiempo de garantías para cumplir con sus derechos, entre otras cosas, como la división de poderes y sus funciones, hoy en crisis por el nuevo ciclo de una mayoría reformadora dominante.
La idea principal es que la competencia del Estado encuentre su límite en el reconocimiento de la personalidad individual, es decir de los derechos humanos (Santiago Corcuera).
Aunque se trata de un instrumento legal de mucha importancia porque de él surgen leyes, reglamentos, interpretaciones y prácticas, nunca ha sido ajena a los intereses de poder, mucho menos cuando en nuestro país nos encontramos en un proceso tortuoso de transición a la democracia.
Lo anterior significa que en muchos momentos hemos contado con grandes instituciones como el Juicio de Amparo, la existencia misma de los Organismos Públicos de Protección a los Derechos Humanos o la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, pero al mismo tiempo, timidez en las sentencias,-de hecho las que el día de hoy se hacen de forma acelerada hubieran servido en su momento incluso para salvar vidas de personas en hospitales o protegerlas ante un nivel grave de desprotección a sus derechos-, desmantelamiento de los organismos o inercias o regresiones a los derechos humanos en leyes de los estados en sus propios legislaciones, como si debieran protegerse de los avances que a paso lento se han dado.
La actual reforma sobre la impugnabilidad de la Constitución se enmarca en esa historia inercial de una “autodefensa” por intereses mayoritarios provenientes de la dura partidocracia en México, desconectada del debate con argumentos complejos y con desconocimiento de la realidad social de “otras mayorías” que requieren de urgente reconocimiento y protección de sus derechos.
El debate en las cámaras del Poder Legislativo solo ha mostrado que el verdadero argumento es solo por la toma del poder por el poder de una mayoría partidista en nombre de un “pueblo” y de una neo oposición que ha colaborado en el cimiento y construcción de ese edificio que nada tiene de relación con lo que es una Constitución.
Ambos grupos hablan de los derechos humanos, lo cual comprueba su uso político para el poder como parte de un discurso partidista, de lo cual debemos tomar distancia porque lo que está ocurriendo disminuye los pocos instrumentos para el reconocimiento de estos y pocos de ellos han optado por dar ejemplo de fortalecerlos, respetarlos y garantizarlos incluso en los estados donde gobiernan.
La mejor respuesta a esa dinámica nos la han puesto los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y las colectivas de buscadoras de desaparecidos, quienes ante la existencia de esos poderes marchan, dan la palabra, convocan, reflexionan con otros, incluso con aquellos con los que tienen diferente opinión, asisten a las reuniones que les convocan, pero mantienen su propia postura, porque sus derechos son irrenunciables para buscar nuevas formas y alternativas de reconocimiento, por los que estamos hoy y los que vendrán en un futuro.
El silencio o la suma a la polarización de intereses individuales no es la opción, lo es la construcción desde lo que se puede hacer con autonomía, así se han construido exigencias que terminan en un texto de la Constitución o no, con redes de apoyo de otras personas, periodistas, universidades y comunidades interesadas en reflexionar y proponer lo nuevo que se necesita para nuestros derechos.
Es momento de recordar que hay un camino propio desde lo posible que siempre se ha construido para un futuro en el que todos los derechos sean para todos, todas, todes.
