A pesar de los compromisos gubernamentales para atender la crisis de derechos humanos en Jalisco, activistas denuncian el aumento de desapariciones, violencia de género y el uso de tecnologías de espionaje en el estado. Desde organizaciones civiles, señalan la falta de diálogo con las autoridades y la priorización de intereses políticos que vulneran a víctimas y defensores de derechos humanos.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografías: Shiebi Aguliar / @ShiebiAl
En Guadalajara se llevó a cabo el foro “El derecho a defender derechos humanos en la región Occidente: riesgos y desafíos”, donde representantes de diversas organizaciones civiles y defensoras, reunidas bajo la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todes” (Red TDT), alzaron la voz para visibilizar el contexto de violencia e inseguridad en el que operan, así como los retos y urgencias para proteger los derechos humanos en México.
Víctor Hugo López, de la Secretaría Ejecutiva de la Red TDT, explicó que esta articulación reúne a 87 colectivos distribuidos en cinco regiones y con presencia en 23 estados del país. “Estamos aquí para reconocer el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y expresar nuestra preocupación por el contexto de riesgo en el que laboran defensores, periodistas y activistas, quienes enfrentan crecientes amenazas por su labor en favor de la justicia y la libertad de expresión”, comentó.
Durante el foro, Víctor Hugo López abordó la situación de violencia generalizada en la región Occidente, especialmente en estados como Guanajuato, Colima, Michoacán y Jalisco, donde la presencia del crimen organizado, en alianza con corporaciones y sectores gubernamentales, ha provocado un aumento en las desapariciones forzadas, desplazamientos y el despojo de territorios. “Vemos una reorganización en las economías legales e ilegales que impacta gravemente a las comunidades, a la vez que estamos siendo testigos de la normalización de la violencia en estos estados”, indicó Víctor Hugo López.
Otro punto crucial fue el análisis del papel de las instituciones públicas en la defensa de los derechos humanos. María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), destacó la falta de independencia y eficacia de las comisiones de derechos humanos tanto a nivel nacional como estatal. “Hacemos un llamado para que el Estado mexicano elija a personas realmente comprometidas y defensoras de derechos humanos, y no a figuras al servicio de los poderes gubernamentales”, afirmó.
González Valencia también abordó la problemática de la macrocriminalidad en la región y la relación de fuerzas policiacas y de la Guardia Nacional con grupos criminales, quienes son percibidos por la comunidad como agentes que perpetúan la violencia. Además, subrayó la relevancia de la lucha feminista en la defensa de derechos humanos, mencionando que la violencia hacia las mujeres en la región ha incrementado alarmantemente.
Por su parte, Alejandra Ignacio Álvarez, representante de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, abordó la compleja situación de violencia y desplazamiento que enfrentan diversas comunidades en el estado, derivada principalmente de la expansión de actividades industriales como los monocultivos y la minería. Según comentó, “algunas de las cosas que hemos detectado en el estado es un incremento en la violencia derivado de temas que tienen que ver con los monocultivos y la minería principalmente, lo cual ha generado una situación de inseguridad y un desplazamiento forzado de muchas familias y personas en diferentes regiones”. Esta situación de violencia, enfatizó, está también marcada por la falta de intervención efectiva de las autoridades locales.
Ignacio Álvarez subrayó además la falta de acceso a la justicia y la carencia de avances en investigaciones de violaciones graves a derechos humanos. Ejemplificó esta situación recordando la desaparición de su compañero José Gabriel Pelayo, de la cual ya han pasado siete meses sin respuestas, y el asesinato de otro compañero hace más de un año en la zona conflictiva de la sierra Costa de Michoacán. “El Estado ha fallado en garantizar la seguridad en áreas de alta violencia y también existe una notable ausencia de avances en los procesos de investigación de graves violaciones a derechos humanos”, señaló, en referencia a la violencia que se extiende sin control en distintas áreas del estado.
La activista también destacó la falta de supervisión sobre actividades empresariales en la región, en especial las relacionadas con los monocultivos y la minería, las cuales, según denunció, han generado un ambiente hostil para los habitantes de Michoacán.
También subrayó el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, una evidencia alarmante de la crisis humanitaria en el estado. “Jalisco se ha colocado también en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de los cuerpos exhumados en fosas clandestinas”, señaló, en referencia a las cifras publicadas por la Plataforma Ciudadana de Búsqueda en Jalisco.
Chimiaak expresó su rechazo hacia la reciente aprobación del dictamen para crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas en el estado,debido a que este proceso se realizó sin un diálogo adecuado con las familias de personas desaparecidas y sin la evaluación de los riesgos que esta decisión implica. “Esta situación evidenció tanto la falta de voluntad política como la insensibilidad y la priorización de intereses particulares”, mencionó, subrayando además la falta de análisis en los procesos legislativos que deberían enfocarse en la protección de los derechos humanos.
Otro tema de relevancia en la intervención de Chimiaak fue la violencia de género en Jalisco. Explicó que, a pesar de las instituciones y estructuras desarrolladas para atender a las mujeres, los indicadores de violencia de género no han disminuido. “Si bien se han desarrollado ciertas instituciones para la atención a las mujeres, observamos que las cifras de violencia de género no parecen disminuir”, expresó, resaltando que la violencia familiar y comunitaria se ha intensificado en un contexto de aumento en el consumo de drogas y el crimen organizado.
Finalmente, la representante del CEPAD abordó el uso de programas de espionaje digital en Jalisco, que en los últimos años han amenazado la privacidad y seguridad de defensores de derechos humanos y periodistas. Señaló que, a pesar de la promesa del gobierno de no adquirir nuevas tecnologías de vigilancia, “entre el año 2019 y 2023 se invirtieron más de 126 millones de pesos en la compra de dos programas de software de vigilancia digital”, lo cual evidencia una creciente tendencia hacia la represión y control de la ciudadanía.
El foro concluyó con un llamado a las autoridades para reforzar los canales de diálogo con las organizaciones defensoras de derechos humanos y cumplir con su compromiso en la garantía de estos derechos. Los organizadores señalaron que, ante la falta de atención y el peligro latente que enfrentan, continuarán presentando una agenda política que refleje las demandas y retos que afectan a México en esta materia.
