Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
El 15 de octubre se realizó la primera reunión entre la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García, y colectivos de búsqueda, buscadoras independientes y organizaciones acompañantes.
Entre las instituciones, también estuvieron presentes las y los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Secretaría de Gobierno, de las Fiscalías especializadas en derechos humanos y en el delito de desaparición, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de las Comisiones estatales de búsqueda de personas y de atención a víctimas.
El último y único encuentro de este tipo en el estado fue el 16 de enero de 2020, cuando el entonces gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario en el periodo 2018-2024, sostuvo un diálogo con decenas de familias, aglutinadas en cuatro colectivos. Cuatro años y medio después, los colectivos son veinte y cinco y unen a más de mil familias, víctimas de violencia social, política, criminal e institucional.
Si bien hubo mesas de dialogo y sesiones de trabajo de los colectivos con Secretaría de Gobierno y con la Fiscalía General guanajuatenses en los últimos cuatro años, nunca volvieron a convocarse reuniones o seguimientos directos con el mismo gobernador, ocupado en asuntos “más importantes” y culturalmente lejano del lenguaje y las temáticas de los derechos humanos, la atención a las víctimas y la justicia.
En el sexenio, las desapariciones han crecido de poco más de seiscientas a cuatro mil doscientas, sin considerar la cifra negra de quienes no denuncian por miedo, represalias delincuenciales o desconfianza en la autoridad.
Por otro lado, como ya hemos documentado desde la academia y el activismo, de 2009 hasta mediados de este año, se registraron en Guanajuato por lo menos 660 hallazgos de fosas clandestinas con más de 1,200 cuerpos o restos individualizados en más de 30 municipios, particularmente a lo largo del corredor industrial, el Puerto Interior y la región Laja-Bajío, es decir, en las áreas de interés logístico y productivo y de mayor crecimiento económico e inversión de empresas transnacionales.
Como integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, organización académica y política de acompañamiento y fortalecimiento colectivo de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado, pude participar en el encuentro entre autoridades y colectivos. Igualmente, el Comité Internacional de la Cruza Roja y Serapaz (Servicios y Asesorías para la Paz, AC) fueron las otras dos organizaciones invitadas.
Durante más de tres horas, mediante sus intervenciones, unas cuarenta personas, buscadoras y buscadores, expusieron pendientes, avances, problemáticas y solicitudes relacionadas con la política pública y la actuación de las autoridades en materia de desaparición y búsqueda de personas, tanto en la entidad como a nivel regional y nacional, en un ejercicio de construcción y puesta en común de prioridades, agendas, balances y reivindicaciones.
Escucharlas significó, asimismo, comprender el contexto profundo, situado y vivencial, de la violencia en Guanajuato, desde territorios diversos, cotidianeidades dolientes y experiencias directas de resistencia, denuncia y defensa de los derechos.
En Guanajuato, en otras entidades federativas y a nivel nacional, las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas en investigar las desapariciones y las comisiones locales de atención a las víctimas han experimentado altibajos, avances y reveses en el intento de conformar una institucionalidad sobre desaparición y búsqueda de personas.
Por mencionar el ejemplo más notorio, después de grandes progresos y construcción de capacidades en la primera parte del sexenio pasado, varias funciones y áreas de la Comisión Nacional de Búsqueda, han sido reducidas o eliminadas, ha habido problemas serios con el manejo de cifras y registros, así como nombramientos cuestionables y francos retrocesos en el proyecto de los centros identificación humana. Así que el balance ha sido agridulce y queda allí una incógnita sobre el futuro inmediato y el papel efectivo de la institución.
Este articulado andamiaje de organismos, registros, protocolos, estándares y prácticas se echó a andar a partir de la paulatina implementación, entre 2018 y 2020, de las disposiciones de la Ley General en la materia, promulgada a finales del 2017, pero a la fecha queda todavía trunco y fragmentado, claramente ineficaz frente al reto de más de 116,000 personas desaparecidas y 72,000 cuerpos sin identificar en el país.
Tanto en los estados como en la propia Federación ha faltado una verdadera e integral política de Estado sobre las desapariciones, las búsquedas, la identificación y los procesos de reparación y justicia. El problema es doloroso, complejo y expansivo, por lo que debe entenderse y encararse de manera integral.
Volviendo a Guanajuato, cabe destacar que la reapertura de un diálogo, con tiempo y posibilidad para escuchar e interactuar, entre grupos sociales, buscadoras, acompañantes y representantes del Estado, representa un punto de arranque positivo.
Por otra parte, de entre los distintas propuestas y ofrecimientos por parte de las autoridades y de la gobernadora, destacan la realización de sitios de memoria, un grupo especializado de protección a buscadoras, el fortalecimiento de las células o grupos municipales de búsqueda, el aumento de presupuesto a las comisiones de búsqueda y de víctimas, un modelo transversal de atención a las víctimas que involucre a todas las dependencias y secretarías para que haya un acceso preferente a las buscadoras, apoyo a proyectos “de vida” o “productivos”, y programas de salud mental, particularmente para las infancias.
Sin embargo, habrá que prestar atención sobre todo a los tiempos y modos concretos de la realización en cada uno de los planteamientos, al respeto del principio de participación conjunta de las familias, al seguimiento puntual del tema delicado de la memoria y de los lugares y archivos que la forman y conservan, y, finalmente, al hecho de que las intenciones se conviertan en beneficios estructurales, durables, no revictimizantes y ágiles de movilizar para las personas buscadoras, más allá de enfoques asistenciales.
Otra propuesta desde el gobierno ha sido la de apoyar a los colectivos que quieran constituirse como asociaciones civiles, lo cual se puede leer en la óptica gubernamental de establecer alianzas, pero también formas de control para con organizaciones y movimientos, a través del financiamiento de proyectos o de la inclusión en mecanismos burocráticos.
Por un lado, como sucede en muchos otros contextos de la acción colectiva y social, puede ser beneficioso contar con la calidad de asociación donataria y recibir ciertos ingresos, así como tener la posibilidad de participar directamente o sostener postulaciones en convocatorias de distinta índole, incluyendo puestos en observatorio ciudadanos, a veces relacionados con el entorno político.
Por otro lado, esto puede significar una carga relevante para la agrupación, si todavía no cuenta con las capacidades o la estructura como lo suficientemente rodadas y sólidas para gestionar administrativamente una asociación civil. Y, podría acarrear tensiones internas entre las y los integrantes si no se manejan con cuidado todos los aspectos en las tomas de decisiones, la composición y el aspecto financiero de la asociación. Normalizar la lucha
Hablo, en el título de esta entrega, de “agenda estatal” y “agenda nacional” porque el proceso guanajuatense y las demandas colectivas sobre la crisis de las desapariciones y nuestro preocupante “panorama forense”, aplican al ámbito local, al macrorregional del Bajío y Occidente, y, desde luego, aun con matices, a todo México.
Justamente, al respecto, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, de la mano de algunos colectivos, ha estado trabajando en una agenda que, aunque detecta necesidades de larga data, traza rutas de discusión y propuestas con vistas a este inicio de sexenio. Aquí un punteo de lo principal.
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- Una Política de Memoria que, de la mano de familiares y colectivos, se estructure a partir de y vaya más allá de la construcción de un Sitio o Jardín de Memoria en Salvatierra, y que incluya reparación del daño, como parte de una serie de mecanismos hacia la paz, la justicia, la verdad y la no repetición. El tema es delicado en cuanto implica el reconocimiento de las responsabilidades del Estado en la crisis de derechos humanos y en las violencias sociopolíticas que afectaron la comunidad.
- Un Plan Estatal de Exhumaciones de fosas comunes municipales, que reconozca la crisis forense y, además, construya capacidades para la búsqueda en sitios como pozos, cuerpos de agua y otros contextos de difícil acceso.
- Independencia o mayor autonomía de los servicios periciales, que dependen de la fiscalía, pero que son regulados por ley como atribución del Congreso estatal, lo que implica modificar la Constitución del estado y crear el Instituto de Ciencias Forenses de Guanajuato.
- Crear un Mecanismo Estatal efectivo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que incluya a las buscadoras como defensoras y constructoras de paz, en coordinación con el Mecanismo federal y organizaciones internacionales. Esto implica reformar la Ley y asignar un presupuesto suficiente.
- Evaluar plazos de duración y funcionamientos de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), a 4 años de su creación. Las áreas de atención psicosocial, asesoría jurídica, desburocratización de trámites y apoyos, y el foco sobre niñez y adolescencia se señalan como claves para la CEAIV.
En el caso de la CEBP, se plantea y demanda que integre y publique el Registro de personas desaparecidas y el de fosas comunes y clandestinas, y los análisis de contexto. Varias instancias, representativas de colectivos a nivel regional y nacional, como la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, piden que los Programas Estatales de Búsqueda sean estratégicos, revisables y que tengan un enfoque regional, interestatal e interinstitucional. Igualmente, es básico dotar a las Comisiones de suficiencia presupuestaria, recursos infraestructurales y humanos.
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- Creación de dos Programas: uno, de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de la desaparición, responsabilidad de CEAIV, y otro de prevención y erradicación de la desaparición de niñas y mujeres, en el marco de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres decretada por CONAVIM en diecisiete municipios de Guanajuato.
- Es preciso realizar un balance crítico y una hoja de ruta y de atención ad hoc sobre cómo están avanzando (o no) los procedimientos de Acciones Urgentes ante la Organización de Naciones Unidad en Guanajuato, ya que, si bien un actor central en su seguimiento es la fiscalía estatal, las implicaciones y los compromisos que este tipo de casos afecta al Estado mexicano como tal y conlleva obligaciones internacionales para todos los niveles de gobierno.
- Finalmente, cualquier mesa de diálogo debe mantenerse en el tiempo y progresar hacia espacios de trabajo e incidencia de parte de la sociedad civil organizada y, en este caso, claro está, de las familias y personas buscadoras, sus colectivos y vocerías, lo cual significa adoptar metodologías participativas, más allá de la necesaria escucha, encaminadas a una toma de decisiones cada vez más compartida y consensuada.
Por ello, la periodicidad de los encuentros y el alto nivel decisional de las y los funcionarios presentes no basta. Además, involucrar en estos ejercicios también a presidentes municipales y al poder judicial, para “bajar” los temas con otros interlocutores institucionales importantes, abonaría a una mayor coordinación, sensibilización e impacto de las mesas hacia futuro.
Para cerrar esta columna, profundizo un poco sobre el tema de la memoria. En 2020 en Salvatierra fueron encontrados los restos 80 personas en 65 fosas en un predio cercano al centro del barrio de San Juan. Desde 2021 familias del colectivo Ángeles de pie por ti y acompañantes de sociedad civil trabajan para que el predio, que definen como un sitio de exterminio, se transforme en un jardín de la memoria. En campaña, la ahora gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, prometió cumplir con esta demanda junto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, después de que, por tres años, el proyecto fue pospuesto con pretextos como la insuficiencia de fondos o la indolencia del dueño del predio. El colectivo Ángeles de Pie Por Ti ha manifestado algunos puntos y solicitudes al respecto, retomando aspectos de la experiencia internacional y nacional, como el Informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico publicado en agosto de este año, para una agenda mínima sobre la construcción de un lugar de la memoria en el contexto complejo de la violencia en Guanajuato, común a tras regiones del país en las últimas dos décadas.
Es importante que haya un reconocimiento público de graves violaciones a derechos humanos en el lugar y de las responsabilidades del Estado, junto con la promoción de formas consensuadas y periódicas de dignificación de las víctimas directas, así como el pleno respeto de la memoria construida y en construcción desde, por y para el colectivo y la comunidad en estos años. La formulación de mecanismos de esclarecimiento histórico que abran camino a la verdad, a la justicia, la reparación, y la no repetición, deben conciliarse con aspectos prácticos como la autonomía de gestión, la suficiencia de recursos y el apoyo a iniciativa de memoria.
Lo anterior debe de darse bajo el principio de no interferencia y de invulnerabilidad de los sitios de memoria ciudadanos en el espacio público. con reconocimiento oficial de que son relevantes para la visibilización de violaciones a derechos humanos, el debate público y la construcción de la memoria colectiva y la paz. Deben ser valorados y preservados los archivos históricos y de la memoria relacionados con el sitio, la violencia y la resistencia en Salvatierra, con las vivencias de las víctimas directas e indirectas, de las y los sobrevivientes y de la comunidad ante las desapariciones.
Esto es para que el sitio de memoria sea parte de un proyecto más amplio de reparación, con verdad y justicia, y de otras medidas, pactadas con las familias y organizaciones en distintos municipios, tanto en Guanajuato como en muchos otros espacios dolientes del país.
